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 Por
primera vez, en las cárceles federales habrá tratamientos para
adicciones efectuados por profesionales externos al Servicio
Penitenciario. Hoy se firma un convenio entre el Ministerio de Justicia y
la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción, en cuyo marco se
iniciará una experiencia piloto con grupos de detenidos. La otra pata del
programa es impedir el ingreso de sustancias ilícitas a los
establecimientos, para lo cual la Secretaría de Asuntos Penitenciarios ya
empezó a usar sofisticados métodos de detección. Esto permitirá “dar
una respuesta definitiva a la sospecha de que el propio Sistema
Penitenciario hace entrar drogas”, según el secretario de Prevención,
Lorenzo Cortese. Aunque no hay datos ciertos sobre adicciones en prisión,
la secretaria de Política Criminal, Patricia Bullrich, estimó que “la
mitad de la población carcelaria está en contacto con drogas ilícitas”.
El Ministerio de Justicia, además, hará una encuesta para establecer
cuántos detenidos se volvieron adictos después de haber ingresado en la
cárcel.Cortese –secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SeDroNar)– y Ricardo Gil Lavedra –ministro de Justicia– firmarán esta tarde el “convenio de cooperación para prevenir adicciones y rehabilitar drogadependientes en las cárceles federales”. Inicialmente, se formarán grupos de unos 50 pacientes, que serán reunidos en pabellones específicos y atendidos por equipos de ocho profesionales, que incluirán médicos, psicólogos y asistentes sociales. “Primero haremos una experiencia piloto con unos pocos grupos, cuyos integrantes serán seleccionados: los programas durarán entre 12 y 15 meses, de modo que convendrá incorporar a detenidos a quienes les falte aproximadamente ese tiempo para completar su condena, lo cual permitirá hacer seguimiento de los resultados una vez fuera de la cárcel”, precisó Cortese a Página/12. El primer desafío será propiciar en los detenidos la voluntad de incorporarse a esos grupos. La secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, observó que “hoy los presos que aceptan tratamientos son rechazados por los demás, que los ven aceptando la regla de los otros, los agentes penitenciarios. Esperamos que el trabajo de los especialistas del SeDroNar nos ayude a cambiar esta cultura”. De todos modos, subrayó Cortese, “este trabajo no tendrá sentido si la cárcel sigue generando nuevas adicciones”. Según el titular de la Secretaría de Prevención, “el encierro carcelario es en sí mismo una condición propicia para que las personas busquen escape en las drogas. Si esta demanda es asistida externamente, el problema no tiene solución”. Por eso, “la implantación de controles efectivos para evitar la entrada de drogas durante las visitas permitirá dar una respuesta definitiva a la sospecha de que el propio Sistema Penitenciario hace entrar drogas”. Bullrich respondió que la solución sólo podrá alcanzarse “mediante las actuales tecnologías de detección (ver recuadro) y en los nuevos establecimientos carcelarios: actualmente en las cárceles de Caseros y Villa Devoto hay una situación de descontrol, donde no se puede determinar si la droga entró en una visita, o como ‘paloma’ arrojada a una ventana desde el exterior, o de otro modo”, admitió la funcionaria. “En las nuevas unidades –agregó Bullrich–, los pabellones están aislados, y un buen sistema de control en las visitas permitirá que la droga no entre, o lo haga en ínfima cantidad, por esa vía. Entonces, y esto ya lo he hablado con las autoridades del Servicio Penitenciario, las responsabilidades se van a delimitar claramente”. La Secretaría de Asuntos Penitenciarios efectuará además una encuesta “para determinar cuántos detenidos llegaron ya con adicciones y cuántos se hicieron adictos en la cárcel: será un cuestionario anónimo, sobre una muestra representativa”, explicó Bullrich.
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