 �El Ejército no ha sido, no es, ni será una asociación ilícita.� La advertencia fue clara. El Estado Mayor que conduce el teniente general Ricardo Brinzoni quiere evitar que se involucre a la institución en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. �Si alguno de sus integrantes cometiera un ilícito, lo hace en su condición de individuo y bajo su entera responsabilidad�, remarca un comunicado firmado por el coronel Juan Carlos Bertolini, jefe de prensa castrense. Ayer, a sólo dos días de que el general y ex jefe de la fuerza, Martín Balza, fuera considerado �organizador� de una asociación ilícita por el fiscal federal Carlos Stornelli, el Ejército difundió un texto donde aclara que confía en que la Justicia discernirá �entre los actos individuales y los institucionales�.
Los altos mandos castrenses ven con preocupación el impacto que puede tener la causa que investiga la exportación ilícita de armas de Fabricaciones Militares (FM) a Croacia y Ecuador. Ayer, el Ejército aseguró en forma oficial que �confía plenamente� en la actuación judicial. En el mismo estilo, el ministro de Defensa Ricardo López Murphy recalcó ayer que �la confianza en la Justicia preserva las instituciones, al Ejército y a todas las Fuerzas Armadas�. �Yo confío en que la Justicia proceda y resuelva este problema y deslinde con claridad las responsabilidades�, afirmó en una escala de su viaje a Río Gallegos.
La causa que lleva adelante el juez federal Jorge Urso volvió a primer plano cuando el martes el fiscal Stornelli pidió el procesamiento y la prisión preventiva del general Martín Balza. Según la acusación, el ex jefe del Ejército fue el �organizador� de la asociación ilícita que concretó la venta ilegal de material bélico porque, como jefe de la institución, era el responsable y custodio de los bienes. Stornelli imputó a Balza por los delitos de �asociación ilícita en grado de organizador, malversación de efectos del Estado, falsificación de documento público y falsedad ideológica�. En su defensa, el general que se define como �un jubilado� argumentó, por enésima vez, que Fabricaciones Militares (FM) depende orgánicamente del Ministerio de Defensa y no del Ejército.
�Este no es un tema institucional, no se lo puede tomar de otra manera�, remarcó ayer a Página/12 el coronel Bertolini, vocero castrense. Además del ex titular del Ejército, también tienen pendientes pedidos de procesamiento el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga -presunto �jefe� de la organización delictiva�, el ex subjefe del Ejército Raúl Gómez Sabaini y el ex secretario general de la fuerza, general Ernesto Bossi, entre otros.
La investigación judicial puede complicar el futuro del general que reprimió a sangre y fuego la última rebelión carapintada. Ante esta situación, el vocero de la fuerza, coronel Bertolini, enfatizó a este diario: �Sobre Martín Balza corren las generales de la ley como para cualquier otro militar�. El mismo general que cuando se despidió de sus camaradas de armas repitió con insistencia: �El Ejército no participó de ninguna operación de venta de armas, ni legal ni ilegal. No entregó absolutamente nada para vender, tampoco nadie lo solicitó. El Ejército ni asesoró, ni elaboró, ni firmó ningún decreto de venta de armas�.
Informe: Martín Piqué.
El fiscal versus el general
Por Eduardo Tagliaferro
�En todo el expediente judicial, no hay ninguna foja en la que se mencione a Balza como integrante del grupo que realizó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia�, sostuvo el propio general Martín Balza, luego de que el fiscal Carlos Stornelli reclamó su prisión preventiva y procesamiento. La categórica frase de Balza puso las sospechas en el funcionario judicial. Sugirió que mentía, y que los verdaderos motivos que lo llevaban a acusarlo eran extrajudiciales. El fiscal, por su parte, aseguró que �había puesto al descubierto las mentiras hechas por Balza a lo largo de cinco años de instrucción judicial�. El acusado y el acusador se enfrentan más allá del expediente, algo lógico cuando lo que está en juego es la libertad, el honor o el esclarecimiento de un hecho de corrupción.
Cuando algunos ex integrantes de las Fuerzas de Paz en los Balcanes señalaron que lo habían alertado sobre la aparición de armas argentinas en la región, Balza primero lo negó y después sostuvo que en realidad él había sido el primero en informar esto. Cuando la Justicia puso en duda el convenio que justificaba el faltante de armamento en sus unidades, el ex general se limitó a decir que él no lo firmó. Más de 87 containers estuvieron depositados en una unidad militar antes de ser exportados, centenares de camiones se movilizaron desde varios puntos del país rumbo al puerto, donde las armas serían embarcadas, y nadie sospechó nada. Nadie dio el alerta al jefe del Ejército.
Para un general que tuvo un fuerte poder en la fuerza y que más de ocho años acompañó al gobierno de Carlos Menem, sus dichos y justificaciones actuales son tan sólo una defensa. La verdad hay que buscarla en las pruebas y en la gran cantidad de fojas que se acumularon durante estos cinco años. Las pruebas pueden ser interpretadas pero difícilmente puedan ser negadas. |
Dinosaurios que salieron del mar
En línea con el pronunciamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que cuestionó la investigación de la justicia federal por el robo de bebés, el �Grupo de Almirantes Retirados�, encabezado por Carlos Porlaschi y Alberto Barbich, salió ayer a rechazar los procesamientos y detenciones que existen contra miembros de las Fuerzas Armadas por apropiación de menores durante la dictadura militar. Para los almirantes sólo se trata de testimonios de �personas vinculadas al terrorismo�.
�Hay quienes se empeñan en querer demostrar que las Fuerzas Armadas planificaron un sistema tendiente a sustraer menores de diez años�, dicen los almirantes y destacan que apenas un �grupo de oficiales y jefes de las Fuerzas Armadas está procesado� en esas causas desde hace más de un año. Siguiendo el razonamiento de que un delito es más o menos importante de acuerdo a la cantidad de imputados que tenga, los represores sostienen que se trataba de la misma causa en la que �un juez redujo los 194 casos de su acusación a sólo 34�. �Esos 34 casos son perfectamente rebatibles �se jactan los almirantes�, pese a la forzada interpretación que pretendió darle el juez, más interesado en la repercusión mediática de sus actos�, aseguraron. Pero no todo es dureza en estos marinos, en un acto de demostración de la bondad que existe en su corazón, el �Grupo de Almirantes Retirados� aseguró que �si hubiera habido un plan sistemático, habría sido justamente para devolver menores a sus familiares y no para retenerlos�.
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