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UN GENERAL CLANDESTINO DIRIGE EL DESEMBARCO MILITAR EN LA SEGURIDAD INTERIOR
El Estado Penitencia

De la Rúa dijo que las investigaciones judiciales por el contrabando de armas comprometen sólo a individuos y no afectan el prestigio del Ejército. Pero ocurre que uno de los comprometidos es el segundo jefe de la SIDE, un general clandestino que a veinte metros de la Casa Rosada organiza el ilegal retorno militar a la represión interior.  Al mismo tiempo se ponen en marcha otros dispositivos de represión de lo que el ex ministro Jaunarena llama “indisciplina social”. Sobre las ruinas del maternal Estado Providencia se edifica un paternalista Estado Penitencia, tendiente a inducir mediante la amenaza penal la aceptación de empleos precarios y bajas remuneraciones.

Los militares volverían a ejercer la ahora ilegal represión a los conflictos sociales.

Regreso: La Gendarmería ha hecho saber su disgusto al verse desplazada por el Ejército en campos de su competencia. También hay malestar político por este regreso castrense al mercado de la Seguridad Interior.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) El gobierno nacional está poniendo a punto dispositivos para la represión de lo que denomina “indisciplina social”. Esto incluye la sanción de nuevas leyes, la coordinación de esfuerzos entre la Nación y las provincias, los intercambios de inteligencia y la actuación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, con el pretexto de combatir el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo. Los ideólogos del Estado Penitencia que se edifica sobre las ruinas del Estado Providencia son Fernando de Santibañes y el general Juan Ernesto Bossi, jefe y subjefe de la Secretaría de Inteligencia del Poder Ejecutivo. 
A tono con los planes que ambos están urdiendo, Bossi desarrolla sus tareas en forma clandestina, en lo que es especialista. Hace dos décadas estuvo destacado en misión a Bolivia, al tiempo del golpe de los narcoroneles que derrocaron al gobierno constitucional e instauraron una dictadura represiva, responsable de secuestros y asesinatos. Del arma de Artillería, igual que los jefes del Estado Mayor Conjunto y del Ejército, generales Juan Carlos Mugnolo y Ricardo Brinzoni, Bossi es la avanzada de las Fuerzas Armadas en su intrépido desembarco en las playas políticas de las que se habían replegado luego del aplastamiento de la última rebelión carapintada, hace diez años. Esto ha motivado la protesta de la Gendarmería, que se siente desplazada por el Ejército en campos de su competencia. También hay sectores del Frepaso, de la UCR y del PJ inquietos por esta situación, que cuenta con el aval del presidente de la República, asesorado por su hermano político, el almirante Basilio Pertiné. 

“Indisciplina social”

Aparte de la ofensiva castrense, los preparativos para la represión tienen otros dos niveles: la criminalización de los reclamos colectivos por la política económica vigente y el reforzamiento de las medidas penales contra cada uno de los individuos miembros de esas poblaciones. Algunas de las poleas de transmisión de esta razón represiva son el Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, partidario de la ampliación de facultades policiales y del endurecimiento de las leyes procesales y penales, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien ahora preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, y el actual titular de Defensa, Ricardo López Murphy. Jaunarena incluyó en la agenda de la Comisión de Seguridad de Diputados, el análisis de los planes de contingencia en materia de seguridad y defensa civil. El primer rubro lo ejemplificó con los cortes de rutas y lo que llamó “indisciplina social”. En el segundo, mencionó interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas. Esta es una de las puertas legales de acceso para el retorno militar a la seguridad interior.

Pobreza y migraciones como amenazas

El mes pasado, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, López Murphy enumeró las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad. Entre ellas “la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas”, el terrorismo internacional, el narcotráfico, “el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional”. Añadió que los militares debían “comprender los cambios de la naturaleza del conflicto” y “la forma integral en que el instrumento militar contribuirá a apoyar la decisión política”. El ministerio de Defensa también eliminó de su página en Internet el “Libro Blanco de la Defensa”,donde se exponía una serie de definiciones coherentes con las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, y está trabajando ahora en una nueva versión de colmillos afilados. López Murphy, economista jefe de FIEL, aplica como ministro algunas de las recomendaciones sobre la reforma militar que formuló ese grupo de presión ultra neoliberal. Allí se planteaba que el ministro de Defensa debía ser el representante de los militares en el gabinete, para lo cual le bastaba con cinco asesores. Las decisiones que se tomaban en las subsecretarías debían delegarse en el Estado Mayor Conjunto, añadía. Esta planificada renuncia a la conducción civil del instrumento militar fue el tema de un cruce de opiniones entre López Murphy y los miembros de la Comisión de Defensa del Senado, quienes le recriminaron el desmantelamiento del ministerio, que impedía gestionar la postergada reestructuración castrense. También le pidieron cuentas por el anunciado establecimiento de un Estado Mayor del Mercosur para el combate contra narcotráfico, terrorismo y contrabando. Respondió que sólo se pensaba a largo plazo en la creación de organismos de evaluación estratégica. Se produjo entonces un tenso diálogo.
–Le preguntamos esto porque tenemos perfecta conciencia de la presión de Estados Unidos para involucrar a nuestros militares en la lucha contra el narcotráfico. Como bien sabrá todos nosotros nos oponemos, y estamos seguros de que usted comparte esa idea –le dijo, mirándolo fijo, el capitán de navío Roberto Ulloa, senador nacional por Salta.
–La ley me limita. No voy a avanzar más allá de lo que dice la ley –se defendió el ministro. El objetivo de máxima es modificarla, pero entretanto ya se ha comenzado a forzar su interpretación.

Santiengáñez

El viernes, De la Rúa coincidió con Brinzoni y declaró que la investigación judicial por la venta clandestina de armas comprometía a individuos pero no afectaba “el prestigio de la institución ni el honor de sus integrantes”. Lo notable es que uno de los principales individuos comprometidos es quien organiza las reuniones semanales de la Central Nacional de Inteligencia, CNI. Dos días antes el fiscal Carlos Stornelli dictaminó el procesamiento de Bossi por tentativa de estafa procesal reiterada en tres oportunidades, falsedad ideológica y encubrimiento de los delitos cometidos por una asociación ilícita. Como secretario general del Ejército, cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre pasado, Bossi demoró la remisión de documentos pedidos por el juzgado que investiga la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia y ante la insistencia del juez federal Jorge Urso entregó documentos que se presumen falsos, con el objeto de ocultar la entrega de material del Ejército a Fabricaciones Militares, que luego los reexpidió a los Balcanes. Esa es la razón de la clandestinidad del jefe de la CNI. Santibañes y Bossi continúan así la tradición iniciada hace casi medio siglo por el primer jefe de la SIDE, coronel Juan Constantino Cuaranta. Rodolfo J. Walsh contó en su libro Caso Satanowsky que Cuaranta trajo de Córdoba a su guardaespaldas, el Mono Luciano Antequeda, quien “no se animaba a salir de la Casa Rosada porque tenía captura”. Ante una consulta de este diario, Santibañes negó que Bossi hubiera sido designado en la Central Nacional de Inteligencia, que forma parte de la SIDE. Este es un engaño a la sociedad: la designación no se ha protocolizado debido a la situación de Bossi en el proceso criminal, pero el militar cumple las funciones de titular de la CNI y responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE, con despacho en el edificio de la calle 25 de mayo. Más aún, dado el ostensible desinterés del financista Santiengañes por las tareas de inteligencia, que hacen que pase semanas sin recibir a los subsecretarios que le solicitan audiencia y prefiera dedicarse a sus caballos árabes, Bossi es el hombre fuerte de la secretaría.

The American Leadership

En cuanto aterrizó en la CNI, Bossi distribuyó un documento titulado con castrenses mayúsculas “LA LUCHA CONTRA LAS NARCOACCIONES”, en el que delinea el propósito de reinterpretar las leyes de modo más permisivo para la actuación militar. Como el narcotráfico trasciende lo policial “para ser considerado una amenaza a la seguridad de los estados” es “necesaria una respuesta a nivel de Defensa, tanto en el marco nacional, como regional y hemisférico”. Sin el mínimo pudor añade que “la solución de este conflicto en el continente exige el liderazgo de Estados Unidos”, que decidirá el “modo de acción, con esfuerzos principales y secundarios”. Un párrafo que tal vez cause escozor en Brasil afirma que gran parte de su territorio consiste en “espacios vacíos con casi nulo control del Estado”, lo cual lo hace “vulnerable para constituirse en alternativa de refugio para los carteles”. El control territorial de semejante país “justifica el empleo de las Fuerzas Armadas. La situación de la Argentina no es igual. Su territorio también es extenso, pero la masa de las áreas despobladas son más fáciles de controlar por lo accesible, las necesidades básicas de la población están mejor satisfechas (sic), la pobreza es menos generalizada”. 

Hecha la ley

Al analizar el marco institucional que acota a las Fuerzas Armadas, Bossi se detiene en el artículo 2º de la ley de Defensa Nacional, que sólo prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones de origen externo. A su juicio es difícil “determinar el verdadero origen de acciones tales como el narcoterrorismo, narcotráfico, terrorismo y tantas otras nuevas amenazas de la época, que pueden o no estar dentro del contexto de lo que se define como agresión externa”. Esta interpretación desvirtúa la ley. En el debate parlamentario, el miembro informante por la Comisión de Defensa del Senado, Tomás Antonio Berhongaray citó la Resolución 3.314 de las Naciones Unidas. Según ese documento vigente sólo “es agresión la invasión, el ataque de las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado”. Acerca de la ley de Seguridad Interior, Bossi sostiene que el artículo 27 (sobre apoyo militar a operaciones de seguridad con servicios de Arsenales, Intendencia, Sanidad, Veterinaria, Construcciones y Transporte y elementos de Ingenieros y Comunicaciones) incluye “elementos técnicos de inteligencia”. Por el contrario, el texto de la ley no alude a inteligencia y el debate parlamentario fue tajante en excluirla.

La naturaleza del Ejército

Las conclusiones del sibilino documento consideran “inexacto” que la ley impida la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. “El Ejército tiene claro que su propia naturaleza le exige participar en todo aquello que constituya un desafío o amenaza a los intereses vitales de la Nación” añade. Esta definición pertenece al arsenal de la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional y no tiene punto alguno de contacto con las definiciones de la ley de Defensa, cuyo artículo 2 afirma que la finalidad de la defensa nacional es “garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”, y cuyo artículo 4 señala “la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior”. Impenetrable, Bossi insiste en el empleo de las Fuerzas Armadas, ante “las amenazas a la seguridad nacional”. La propia expresión “seguridad nacional” esconde el contrabando represivo, al unir lo que las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior separaron en forma tan clara. Bossi se opone a que “el Estado se autolimite en el uso legítimo delmonopolio de la fuerza”. De allí pasa sin transición a afirmar que la lucha contra el narcotráfico “no constituye un problema policial” ya que la supuesta “agresión al país se origina, desarrolla y lleva a cabo desde el exterior”. La participación del Ejército, “adecuando la legislación actual en algunos casos”, incluiría “el control del espacio terrestre”, “el análisis de blancos”, el “apoyo de inteligencia exterior”, el suministro de “recursos materiales y humanos” para planificar y conducir “las acciones necesarias” y el “apoyo de guerra electrónica (escucha, radiolocalización) y enlace en todo el territorio nacional”. Una vez establecido este programa de violación sistemática de la ley y ocupación del territorio, el último párrafo escrito por Bossi pretende que el Ejército, “como no podría ser de otra manera”, actuará “en el marco estricto de la legislación vigente”.

“Factores internos”

Como no podría ser de otra manera, la misma meliflua hipocresía se advierte en los documentos de la CNI, sobre la producción de Inteligencia Estratégica Nacional (IEN). Por ejemplo, el texto que convocó a la primera reunión del año, a la que asistieron el presidente Fernando De la Rúa, varios de sus ministros y los jefes militares, culmina con una retórica declaración de principios: la inteligencia debe ser compatible con el sistema democrático, los derechos y garantías y la libertad, dentro del marco de la ley. Sin embargo, el temario que se trató allí transgrede el marco legal al considerar que en el mundo global no es posible separar los asuntos de inteligencia en función de ámbitos geográficos, por lo cual se formarán equipos de analistas. Esto implica, una vez más, borrar la frontera entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Los nuevos desafíos a los que la CNI se propone responder incluyen las consecuencias del crimen organizado, el terrorismo, el aumento de la población mundial y el de los denominados “factores internos”, otra categoría clásica de la doctrina de la Seguridad Nacional. De acuerdo con la división de tareas que se acordó, la SIDE dejará de ocuparse de la inteligencia sobre conflictos gremiales, que quedará en manos de la Policía Federal y las demás fuerzas de seguridad. Esto implica a su vez asignar a la policía funciones de control político e ideológico propias de la organización totalitaria que rigió durante las dictaduras militares. También bajo la conducción personal de De la Rúa se creó un comité de lucha contra el contrabando, que incluye a delegados de los ministerios de Defensa, Interior y Economía, la Aduana, Migraciones, Ingresos Públicos y las fuerzas de seguridad. Como resultado se realizó un operativo de prueba en Misiones en el que se instalaron radares en la frontera, y la Fuerza Aérea realizó la inteligencia sobre sus resultados, cosa que las leyes le prohíben.

La ley del secreto

Según la minuta que Santibañes entregó a algunos medios de difusión los servicios de inteligencia no deben ser organizaciones secretas sino organizaciones con secretos. Sin embargo, hasta el marco jurídico que regula el funcionamiento de la CNI es secreto y, con alta probabilidad, ilegal. En 1966 el gobierno de facto enrolado con entusiasmo en los conceptos de la guerra fría y las fronteras ideológicas, decretó que el propósito de la Defensa era lograr la seguridad nacional que, a su vez, consistía en proteger “los intereses vitales de la Nación”. Como se ve, Bossi y Santibañes no han inventado nada. Ese decreto de facto, orientado a la inserción argentina en el conflicto Este-Oeste y el control político interno, creó la Central Nacional de Inteligencia (CNI), cuya integración fue regulada por otros decretos de facto secretos que Alejandro Lanusse promulgó en las dos semanas previas a las elecciones de marzo de 1973, conel propósito de minar el terreno al inminente gobierno constitucional que sucedería a la dictadura. Formarían parte de ella la SIDE, y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, bajo la presidencia de un general, que el presidente designaría a propuesta de la Junta de Comandantes en Jefe y su función sería producir Inteligencia Estratégica Nacional (IEN), “en el marco interno y externo”. Si se compara este enfoque con el de Bossi y Santibañez, tres décadas parecen haber pasado en vano. 
Irónicamente, el discurso de López Murphy sobre las nuevas amenazas que deben enfrentar las Fuerzas Armadas, culmina con un párrafo mal aplicado pero altamente recomendable: “Tal como lo expresara Clausewitz ‘el mayor esfuerzo imaginable tanto para el hombre de Estado como el comandante de armas es establecer la clase de conflicto en donde la Nación se debe embarcar. Su falta de comprensión o el esfuerzo por cambiar su naturaleza traerían catastróficas consecuencias”. La Argentina ya hizo esa experiencia, con las definiciones estratégicas adoptadas por las dictaduras de Pedro Aramburu, Juan Onganía y Jorge Videla, que convirtieron a las Fuerzas Armadas en una degradada policía ideológica y condujeron a los desastres de la guerra sucia militar y de las Malvinas. El gobierno de la Alianza tropieza ahora por segunda vez con la misma piedra.

 


 

Las cárceles de la miseria

Por H.V.

La SIDE maneja la misma hipótesis de conflicto que el semanario racista La Primera. Los antecedentes del editor y el director de la revista sugieren quién inspiró a quién. Fernando de Santibáñez blande un informe del Servicio Penitenciario Federal y señala que el 21 por ciento de los delincuentes son extranjeros. Ese informe es tan falso como la foto de la tapa del pasquín, que fue trucada para que su involuntario protagonista pareciera desdentado, con el propósito de asociar miseria, inmigración y delito. Hasta la Fundación Mediterránea reconoció en un estudio que no hay diferencias “entre la tasa de criminalidad de la población migrante y la de la nativa”. Sí es cierto que uno de cada cinco detenidos sin condena en las cárceles federales de la Capital son extranjeros, pero eso sólo mide la arbitrariedad policial que se encarniza con ellos.
El martes 25 llegará a la Argentina el sociólogo francés residente en Estados Unidos Loïc Wacquant para presentar su libro Las cárceles de la miseria, en el que refuta la doctrina de la Tolerancia Cero, importada aquí por Domingo Cavallo y Gustavo Béliz, quienes contrataron al ex jefe de policía de Nueva York, William Bratton. Los mismos que ayer “militaban en favor del Estado mínimo en lo que se refiere a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor más Estado para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social”, dice Wacquant. “A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal”. El objetivo de esa política es “calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos”, como ocurre aquí con la satanización del Código de Convivencia Urbana al que se atribuyen todos los males. Añade que con la doctrina de la tolerancia cero también se propagó “la retórica militar de la ‘guerra’ al crimen y de la’reconquista’ del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales a invasores extranjeros, lo cual facilita la amalgama con la inmigración, que siempre da réditos electorales”. En cambio, “difícilmente se trate de aplicar la tolerancia cero a las violaciones patronales del derecho laboral o del derecho social”.
Las cárceles norteamericanas y europeas “no están llenas de criminales peligrosos y endurecidos, sino de condenados por casos de estupefacientes, robos, hurtos o simples perturbaciones del orden público, salidos en esencia de los sectores precarizados de la clase obrera”. El irresistible ascenso del Estado penal “traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago”. Ese proyecto exige “el reemplazo del Estado Providencia ‘maternal’ por un Estado Penitencia ‘paternalista’”. La desinversión social “entraña y requiere la sobreinversión carcelaria”. Desde 1975 en los barrios obreros del Gran París “la curva de la desocupación y la de la población penitenciaria siguen una evolución rigurosamente paralela”. La alternativa a la cárcel que se les ofrece a “los elementos marginados del mercado laboral (en particular los jóvenes y los extranjeros)” es resignarse a los empleos inseguros. En 1999 el ministro del Interior de Francia dirigió un telegrama a sus subordinados: “La policía fue creada para combatir a la delincuencia”, decía. Pero “hoy se le pide mucho más: combatir el mal de la exclusión social y sus efectos tan destructivos, responder a los padecimientos engendrados por la inactividad, la precariedad social y el sentimiento de abandono, poner freno a la voluntad de destruir como demostración de que uno existe”. La mano invisible del mercado de Adam Smith está de vuelta, “pero ahora calza un guante de acero”. Como alternativa, Wacquant propone “la creación de nuevos derechos del ciudadano, tales como el ingreso de existencia, independiente de la realización o no de un trabajo, la educación y la formación de por vida, el acceso efectivo a la vivienda para todos y la cobertura médica universal, acompañada por una reconstrucción agresiva de las capacidades sociales del Estado”. De esa elección, dice “depende el tipo de civilización que Europa pretenda ofrecer a sus ciudadanos”. Parece pensado para la Argentina.

 

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