Por Miguel Bonasso
 Nuevos datos escandalosos, que se manejan con sigilo en los despachos oficiales, podrían hacer volar por el aire el contrato entre Siemens y el Estado, firmado por el ex ministro del Interior Carlos Corach en el gobierno de Carlos Menem. Pese al hermetismo oficial, Página/12 pudo saber que la auditoría del cuestionado convenio estuvo a cargo de una consultora suiza Swipco, a la que estuvieron vinculados José Luis Manzano, Adelina Dalesio de Viola y el cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, tres personajes particularmente capacitados para auditar posibles irregularidades. La auditoría, pagada por Siemens, casualmente favorece a la empresa y perjudica al Estado. Algunos sectores del Gobierno temen que si el Proyecto DNI se cae por todos los vicios legales y económicos que arrastra, podría generarse un conflicto de trascendencia internacional entre el país y la empresa alemana. Manejando esa hipótesis, anduvo de incógnito en Buenos Aires Ulrich Bock, vicepresidente de Siemens a cargo de �Grandes Proyectos�. El señor Bock se fue disgustado y con las manos vacías. Otro dato preocupa al área económica que ha entrado a tallar en el problema: la puesta en marcha del Proyecto Siemens puede significarle al Estado una erogación que �según las distintas fuentes� oscila entre los 40 y los 80 millones de dólares anuales. Las opiniones en el Gobierno y en la Alianza están divididas entre los que quieren seguir la ardua negociación y quienes sostienen lisa y llanamente que hay que anular el contrato. La decisión final está en manos del propio presidente Fernando de la Rúa.
La semana pasada vino de incógnito al país Ulrich Bock, alto ejecutivo de Siemens y Siemens Nixdorf, que se fue de mal humor y con las manos vacías. El hombre de Munich trató de manejarse con cautela y diplomacia, pero algunos argentinos que hacen lobby para su empresa agitan ante el ministerio del Interior y la propia Presidencia la sombra de un gigantesco juicio contra el Estado que les permita recuperar los 140 millones de dólares que dicen haber invertido en el proyecto DNI. También presionan con el ruido que pueden hacer afuera alegando que �no hay continuidad jurídica del Estado�. Pero hay quien duda de las bravatas, porque Siemens ha sido mencionada en el tema de los sobornos a Helmut Kohl y no le conviene armar una batahola en la Argentina que resuene en Alemania.
La visita del ejecutivo teutón fue tan secreta que no la conocían (aparentemente) ni los ejecutivos locales. Este cronista se comunicó con el encargado de relaciones públicas de la empresa, Ricardo Bernhardt, para solicitarle una entrevista con el viajero o, en su defecto, con el CEO de Siemens en Argentina, Rodolfo Joaquín Schmidt. El vocero Bernhardt afirmó que no estaba al tanto del round trip de Bock y agregó que resultaría imposible que alguien de la empresa hiciera declaraciones porque el Ministerio del Interior �se lo había prohibido�. Por esta razón, explicó, Siemens no había ejercido su derecho a réplica cuando este cronista destapó en Página/12 la historia secreta del Proyecto DNI. En aquella investigación se reveló, por ejemplo, que la firma alemana le había comprado a Francisco Macri su empresa informática Itron por un precio muy superior a su valor real, a fin de que el empresario no cuestionara la adjudicación del Proyecto DNI a Siemens, que firmó el ex ministro del Interior, Carlos Corach, con el asesoramiento directo y permanente del entonces director de Migraciones, Hugo Franco.
El señor Bock se entrevistó con el actual viceministro del Interior Carlos Becerra y otros personajes públicos y privados. Aunque cuidó personalmente las formas, dejó tras de sí un equipo de febriles lobbistas que buscan evitar la colisión con el Gobierno pero amenazan con un juicio contra el Estado que superaría los 140 millones de dólares. Que es lo que los hombres de Siemens aseguran que llevan invertido hasta ahora a causadel Proyecto DNI. En el bloque parlamentario de la Alianza, algunos dudan de esa cifra y aseguran, por el contrario, que el contrato será oneroso para el Estado.
Un cálculo realizado en algunas oficinas parlamentarias y de gobierno, revela que el Estado deberá gastar por año más de 80 millones de pesos para hacer funcionar el proyecto Siemens. De diez a veinte veces más de lo que le saldría cubrir por otras vías la rémora actual de los DNI, ya que el Registro Nacional de las Personas tiene solicitudes pendientes por un total de 800 mil DNI. Una estimación �que maneja entre otros el diputado frepasista Juan Pablo Cafiero� permite llegar a los 80 millones con el siguiente desglose: documentos de identidad que debe financiar el Estado para entregar a ciudadanos sin recursos económicos, 22 millones de pesos. A esta cifra se arriba multiplicando por 25 pesos los 990.000 documentos que se requirieron en 1999. Si se computa a los ciudadanos que pueden pagar, el total baja, pero la financiación por parte del Estado debe realizarse de todas maneras. Luego sigue el costo de alquileres de oficinas y edificios donde se hará la captura de los datos informáticos, que asciende a 8 millones. Los gastos de la propia estructura informática suman otros 8 millones. El pago a personal de provincias representa 24 millones y el que debe hacerse al personal nacional, otros 18 millones. Por último, el costo estimado del sistema de recaudación es de 800 mil pesos. Total: 80 millones ochocientos mil pesos por año.
Otras áreas de gobierno barajan cifras menores, que no superan los 40 millones de dólares. De todos modos se trata de una erogación lo suficientemente respetable, sobre todo en estos tiempos de recorte, como para que el tema DNI ya no sea manejado en exclusiva por el Ministerio del Interior, como venía ocurriendo, y se haya incorporado al equipo de seguimiento al secretario de Hacienda, Mario Vicens. Cuyo superior, el ministro de Economía José Luis Machinea, parece enrolado en el bando de los que quieren anular el contrato, junto con el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno.
Hasta ahora el Proyecto Siemens era manejado en el Ministerio del Interior por el subsecretario César Martucci y el asesor de Fredi Storani, Miguel Berri, quienes serían partidarios de seguir la negociación y lograr una rebaja en el precio. En cambio, el viceministro de Interior, Carlos Becerra, se ubicaría cerca de los que quieren romper. El tema también está instalado en el Congreso, donde los diputados Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero van a tratar de que la denuncia no sea explotada en exclusiva por Franco Caviglia, que integra el bloque del cavallismo, el enemigo número uno en la presente coyuntura electoral.
Pero ni aún los más cautelosos y negociadores dudan de las extrañas movidas que existieron en la licitación que diseñó y supervisó Hugo Franco. Entre los diversos elementos que las nuevas autoridades descubrieron en el Ministerio del Interior, figura una carta con el logotipo ICS, que firma Juan Alemann, avalando la auditoría de la empresa consultora Swipco, para tutelar la transparencia del contrato por los DNI. Alemann, como se sabe, fue secretario de Hacienda de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura genocida de Jorge Rafael Videla y al igual que Joe y su hermano Roberto representa intereses suizos en el país. La firma Swipco que avaló tiene como director comercial para América latina al doctor Manuel Vázquez, pero por detrás se le señalan tres contact-men muy significativos: el ex ministro del Interior José Luis Manzano; la ex presidenta del Banco Hipotecario Adelina Dalesio de Viola y un buen amigo, jefe y socio de ambos, el extinto empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, reiteradamente denunciado como agente de la CIA y traficante de drogas y armas. En los pasillos del Congreso se habla de ICS y Swipco como empresas muy persuasivas para convencer a ciertos legisladores. En eso consiste, precisamente, el famoso lobby. Y a Siemens, por cierto, no lehan faltado lobbistas influyentes, como el ex ministro de Justicia y actual auditor general de la Nación Rodolfo Barra.
Con semejantes apoyos no es de extrañar que el punto 23 del contrato, al que tuvo acceso Página/12, diga textualmente: �El Estado, o quien éste designe, realizará todas las auditorías que considere necesarias durante todo el transcurso de la prestación del servicio... El Contratista pagará, en su caso, los honorarios del auditor, cuyo monto y forma de pago serán fijados por el Estado, previo consentimiento del Contratista�. El subrayado es nuestro, pero hay funcionarios que también resaltaron el párrafo en amarillo. Por obvias razones: la cláusula es ajena a las prácticas empresariales y no figuraba en el pliego licitatorio. ¿Por qué se agregó?
Un alto dirigente de la Alianza le dijo a este cronista: �Ya se sabe, el que paga pone la música y Swipco, que fue pagada por Siemens, auditó a favor de los alemanes y en contra de los intereses del Estado�). Por eso, no es de extrañar que la auditoría avalada por Alemann y toda la documentación del escandaloso affaire Siemens haya sido recabada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que ejerce Rafael Bielsa, casualmente la contrafigura del lobbista de Siemens, Rodolfo Barra.
Mientras tanto, se ha conformado una comisión especial para darle seguimiento al Proyecto DNI que integran Becerra, Berri, el director nacional de Migraciones, Angel Roig y el director del Registro Nacional de las Personas, Gastón Ortiz Maldonado. Esa comisión formada en Interior, que ahora se enlaza con Hacienda a través de Vicens, analiza los posibles cursos de acción a seguir. Que básicamente serían tres: seguir con el contrato aunque logrando que la empresa alemana baje el costo y otorgue otras ventajas, como uno o dos millones de documentos gratuitos; encarar el tema a través de la propia estructura del Estado o buscar nuevas alternativas privadas.
La tercera alternativa puede ser real o jugarse como bluff, pero ya existe un antecedente real: días pasados la empresa israelí Malam Systems le ofreció al director del RENAPER, Ortiz Maldonado, imprimirle un millón de documentos de identidad (de alta seguridad) a un costo final de nueve pesos cada uno. A partir del millón ese costo podría descender a tres o cuatro pesos por unidad. Si se compara con el costo actual de 30 pesos por DNI, queda claro cómo se infló el Proyecto Siemens. Sus defensores podrán alegar que Siemens no sólo fabrica DNI sino que, de acuerdo con el contrato, ofrece otros servicios que hacen a la informatización de las fronteras y de la data electoral. Sus detractores pueden argumentar, a su vez, que algunos de esos servicios �de innecesaria sofisticación y difícil cumplimiento� fueron incluidos en el pliego para armar un gigantesco negocio en contra del erario. Malam Systems había sido derrotada en la licitación realizada en tiempos de Corach, junto con Itron, la integradora del grupo Macri. Malam impugnó la adjudicación, pero Corach rechazó su cuestionamiento. En ese momento, Francisco Macri �que conducía el grupo derrotado� vendió Itron a Siemens a un precio increíblemente alto. Tan alto que le costó la cabeza al entonces director de Siemens Argentina, Luis Rodolfo Schirado. La firma israelí se sintió traicionada por su socio y el propio embajador de Israel en Argentina Itzhak Aviran, tuvo un agrio cambio de palabras con Macri.
En la coyuntura actual, la �elasticidad de Siemens� apenas alcanza para decirle al Estado que no cobre el IVA y reduzca el costo por documento a 25 pesos. Pero a la luz de estos nuevos datos �que manejan funcionarios y diputados� es más que posible que deba bajar la cresta o arriesgarse a una ruptura de las negociaciones.
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