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En las últimas semanas el
Servicio Penitenciario quedó en el centro de gravísimas acusaciones
sobre las salidas irregulares de presos a quienes se abre la puerta de la
cárcel para que cometan robos y otros delitos, de cuyos beneficios --se
sospecha-- sacan tajada los jefes de la fuerza. Página/12
dio a conocer ayer una serie de escuchas telefónicas de las que se
desprende claramente que los más altos niveles del SPF tejieron un
acuerdo con miembros de la banda del Gordo Valor. Las escuchas son parte
de una investigación de la SIDE y otros servicios de inteligencia
--realizada durante el mandato de Menem-- que demuestran cómo se utiliza
a los presos más pesados para controlar a otros presos dentro de los
penales y a cambio les facilitan permisos de salida transitoria. En ellas,
el actual director Ayala es identificado por los propios internos como
quien les propone estos arreglos.
Ayer, Ayala fue citado especialmente por Gil Lavedra al Ministerio
de Justicia. El director llegó al edificio cerca de las seis de la tarde
y permaneció reunido por más de dos horas con el ministro, que estaba
acompañado por Patricia Bullrich --secretaria de Política Criminal y
Asuntos Penitenciarios-- y el subsecretario del área, Juan Carlos López.
Las grabaciones reveladas por
este diario se suman a una seguidilla de denuncias que pusieron de
manifiesto la corrupción interna del SPF. El caso más resonante fue el
intento de robo al restaurante Dolli, en el que habrían participado
internos de la cárcel de Caseros. Aquella noche del 18 de julio de 1998
tres asaltantes acribillaron a balazos a Rubén Juárez, un cabo de la
Policía Federal que custodiaba el lugar. El juez a cargo de la
investigación, Alberto Baños, identificó a los presos Alejandro Núñez
y Maximiliano Noguera como dos de los integrantes de la banda. Núñez
reconoció hace poco que había salido de la cárcel para participar en el
robo; Noguera fue asesinado en prisión y nunca llegó a declarar.
El miércoles pasado el juez Baños
denunció que otro preso --Alejandro Penczansky, también vinculado con la
banda de Valor-- había admitido que los guardiacárceles lo dejaron salir
irregularmente de Caseros, pero como parte de un plan del Servicio
Penitenciario para asesinarlo a él y a su secretaria María Fernández
Martínez. En el juzgado, Penczansky dio a conocer detalles sobre los
movimientos de Baños e integrantes de su familia, como una manera de
probar que efectivamente había salido de Caseros y realizado los
seguimientos que --aseguró-- le encargaron.
Gil Lavedra se entrevistará
hoy con Baños y la magistrada Wilma López, quien quedó a cargo de la
investigación del supuesto plan para asesinarlo. La remoción de las máximas
autoridades de Inteligencia del SPF, dijeron en el Ministerio de Justicia,
está directamente vinculada "a la inoperancia demostrada para
prevenir lo ocurrido con la posible participación de sus integrantes en
los hechos denunciados".
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