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Días pasados, Gianfranco Rizzo
--vicepresidente ejecutivo de Impregilo y titular de Eriday--
Para despejar el camino y
asegurarse algo de aquella suma, el empresario promovió hace poco más de
un año un arbitraje, contratando como representante a Henry Kissinger.
Después de muchas idas y vueltas, la designación del árbitro estatal
recayó en el ex camarista Mariano Cavagna Martínez, quien en diciembre
pasado dejó vacante el cargo con su renuncia, sin que hasta el momento se
hayan designado reemplazantes. Cuando días atrás Kissinger visitó
Buenos Aires, dio marcha atrás con la pretensión original y alineó su
discurso con el oficial: "No están dadas las condiciones para un
arbitraje", sostuvo después de entrevistarse con varios ministros y
el Presidente.
Para el Gobierno, la vía
arbitral es inválida, entre otras razones, porque aún no se realizó la
recepción definitiva de la represa (formalmente, sólo se hizo la
provisoria). Pero también, porque aún no está precisado qué es lo que,
eventualmente, se sometería a un arbitraje.
Frustrada --al menos momentáneamente-- la vía del laudo, la
jugada de Eriday consiste en persuadir al Gobierno de que sus pedidos son
consistentes. Gallo juzgó públicamente que los 1500 millones de pesos
pretendidos es una suma "disparatada". Sin embargo, el ministro
descuenta que muchos de estos reclamos son fundados y, para analizarlos,
decidió constituir una comisión que integrarán funcionarios y
empresarios. De ese modo, hizo a un lado documentos oficiales referidos al
tema.
El propio cuerpo directivo de
la EBY (Entidad Binacional Yacyretá), así como la Sindicatura General de
la Nación, ya juzgaron improcedentes el grueso de las pretensiones
empresarias. En el caso particular de la Sigén, limitó a 130 millones el
monto de los conceptos susceptibles de discusión. Y, por si fuera poco,
esa cifra estaría adecuadamente cubierta con pagos que el Tesoro nacional
ya realizó a cuenta del pleito pendiente. La AGN, en tanto, acaba de
elaborar un documento, que también limitaría el pleito en discusión.
Pero a ojos del ministro, esos papeles tienen un valor relativo, ya que no
estarían apropiadamente fundados.
La situación es semejante a la
que se generó con Francisco Macri, en el Correo Argentino. También en el
caso de Yacyretá, Gallo constituyó una comisión con el objetivo de
acordar con los privados sobre entredichos heredados del menemismo.
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llegó al despacho ministerial. Su propósito no era otro que destrabar el
conflicto en la intimidad de una discusión cara a cara: el consorcio
exige cobrar por asuntos contractuales pendientes (ACP) cerca de 1500
millones de pesos, monto en el que englobaría desde una compensación por
el desagio que le aplicó la Entidad Binacional Yacyretá sobre los pagos
periódicos, hasta la comida que la empresa le proporcionó a su personal
en obra, después de un duro conflicto sindical.