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 El subsecretario de Coordinación, Roberto Eilbaum, y la secretaria de Industria, Débora Giorgi, confirmaron ayer que, como adelantó Página/12, el Ministerio de Economía haría su primera denuncia judicial contra funcionarios menemistas por supuestos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Eilbaum señaló que la maniobra consistió en la confección de facturas truchas entre mediados de 1998 y 1999, firmados por una misma mano, por un monto total superior a 1,5 millones de pesos. Y reveló que ya giró las actuaciones a la Oficina Anticorrupción mientras que los abogados del ministerio preparan una denuncia penal que sería presentada en los próximos días. Además de la anterior intervención del INPI, están involucradas alrededor de 17 funcionarios, la mayoría en actividad, a los que se les abrió un sumario administrativo y serían pasados a disponibilidad.El INPI es el organismo que se encarga de registrar marcas y otorgar patentes. En marzo pasado, el presidente Fernando de la Rúa dispuso el relevamiento de los tres directores legados por el menemismo que pretendían permanecer en el cargo por cuatro años más: Horacio Jaquenod, como presidente, Federico Zamora y José Carella. En realidad, Jaquenod, ex asesor del titular del bloque de diputados del PJ, Humberto Roggero, había asumido como interventor del organismo en febrero del año pasado y a escasos días de dejar el poder, el presidente Carlos Menem firmó un sorpresivo decreto disponiendo la normalización del área y el nombramiento del nuevo directorio. Ayer, Eilbaum, el hombre que maneja todos los aspectos legales en el Ministerio de José Luis Machinea, explicó los resultados que arrojó la investigación en el INPI. Según el funcionario, después de dos meses de analizar una muestra reducida de documentación del INPI, se descubrió una montaña de facturas de entre 2000 y 3000 pesos, casi todas firmadas por la misma mano. El monto total de dichas facturas truchas superaría los 1,5 millones de pesos, un 10 por ciento del presupuesto total del organismo, que ronda los 15 millones. En Economía dicen que la investigación muestra sólo la punta de un iceberg, ya que –como se dijo antes– se realizó en base a una muestra de expedientes y no de la totalidad de la documentación. La secretaria de Industria, Débora Giorgi, de quien depende el INPI, explicó que ya se habían iniciado sumarios internos a los involucrados en las irregularidades y que el segundo paso es desvincularlos de la entidad. El INPI es un organismo clave en la guerra que mantienen los laboratorios farmacéuticos con nacionales y extranjeros por ser la autoridad de aplicación a partir de octubre de la Ley de Patentes. Por eso, y por su vinculación con Jaquenod, Roggero siguió insistiendo ayer con que la denuncia era “una maniobra de Machinea para frenar las modificaciones a la Ley de Patentes”. En un comunicado, Roggero afirmó que “el anterior directorio del INPI presentó un recurso de amparo pidiendo se declare inconstitucional el decreto que ordenó su remoción”. “La de Roggero fue una reacción inadecuada”, le respondió Eilbaum y Giorgi aseguró que “el INPI no sólo entiende en las patentes medicinales”.
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