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el Kiosco de Página/12

El camino de la reivindicación
Por Martín Granovsky

El Ejército cumplió ayer su primera misión humanitaria dentro del país. 
Un general viajó hasta Córdoba para ver si dos detenidos necesitaban asistencia o calor humano. Como se trata de Eduardo Alfonso, secretario general del arma, nada permite pensar que la visita fue personal, y él mismo la revistió de un significado político sin antecedentes inmediatos: los detenidos por la Justicia civil son el teniente coronel en actividad Enrique Mones Ruiz y el capitán retirado Gustavo Adolfo Alsina, los mismos que en 1987 encendieron la chispa para la rebelión de Semana Santa. Los mismos, también, que en 1976 revistaban como encargados militares de la penitenciaría de Córdoba.
El ex capellán de la cárcel, Francisco Aurelio Lucchese, ofreció un testimonio a la Justicia civil. Contó que el 5 de julio de 1976 los militares ordenaron a los presos poner las manos contra la pared. A las dos horas, el detenido Raúl Bauducco no aguantó. Un bastonazo lo derribó. Casi inconsciente, Bauducco no pudo obedecer la orden de levantarse lanzada por el suboficial Miguel Angel Pérez, que le apuntaba a la cabeza. Pérez mató a Bauducco tras la aprobación en silencio del jefe del operativo, el entonces teniente Mones Ruiz.
Alfonso dijo ayer que había llegado a Córdoba porque él es el responsable del bienestar de los cuadros del Ejército. 
El 14 de julio de 1976 un carcelero castigó al preso José René Moukarzel, un médico de 26 años, porque lo vio haciendo un movimiento “raro” con un paquete de sal fina. La rutina empezó con cuerpo a tierra y salto de rana por orden de un teniente que los detenidos identificarían después como Alsina. Luego lo estaquearon en el patio de la penitenciaría, y cada tanto le arrojaban agua helada. Esa noche había solo 5 grados de temperatura. En la madrugada del 15, Moukarzel murió. Según el enfermero de la cárcel Julio Fonseca, Alsina en persona impidió reanimarlo.
–Dejá que se atienda solo. Es médico –dijo Fonseca que le había dicho el teniente.
Como secretario general, Alfonso reporta directamente a Ricardo Brinzoni, el jefe del Ejército que reemplazó a Martín Balza. Alfonso fue, además, ayudante de Balza, y por eso su misión de ayer sorprendió incluso a camaradas suyos. Uno recordó que durante ocho años Alfonso no debió cumplir ninguna orden de Balza que fuera interpretada como un desafío a la Justicia civil o como reivindicación de la masacre de los años de plomo.
En el último noviembre, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano escuchó un testimonio que los organismos de derechos humanos ya conocían. Eduardo De Breuil contó que el 12 de agosto de 1976 los llevaron a un descampado a él y otros tres presos. La patrulla paró y, todavía vendado, escuchó tiros. 
–Me quitaron la venda, advirtiéndome que solo mirara para abajo, mostrándome uno a uno los cuerpos de los tres compañeros muertos. 
Uno de ellos era su hermano Gustavo. Lo habían a él después de decidirlo tirando una moneda. 
A Eduardo De Breuil le dijeron que volviera a la cárcel y lo contara.
El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, dijo el martes que los actuales procesos de Córdoba, de búsqueda de la verdad, son un tema del Poder Judicial y no “algo que esté en manos del Poder Ejecutivo, ni del Ministerio de Defensa, ni de las Fuerzas Armadas”. Explicó que las Fuerzas Armadas “son respetuosas del orden institucional”. El general Alfonso dijo ayer que el Ejército no reclama nada a la Justicia, pero que la fuerza está preocupada por las citaciones a militares. 
El poder civil sería muy cándido si no comprende que la misión humanitaria ordenada por Brinzoni para solidarizarse con los antiguos carceleros es una reivindicación implícita de la masacre cordobesa. De ahí a la reivindicación completa de los años de plomo solo hay un paso.  

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