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 Ayer triunfó en España la segunda causa judicial presentada por la represión ilegal a ETA durante la década del 80. La Audiencia Nacional de Madrid condenó a 71 años de cárcel a un ex general de la Guardia Civil y a un ex gobernador por el secuestro y asesinato de dos militantes de ETA en 1983. También recibieron largas penas de prisión un teniente coronel de la Guardia Civil y dos miembros rasos de ese cuerpo. Los asesinatos habían sido reivindicados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupos parapoliciales creados por funcionarios del gobierno de Felipe González. Sin embargo, ayer el tribunal absolvió parcialmente a los sospechosos de pertenencia a los GAL. También absolvió de complicidad y encubrimiento al ex secretario para la Seguridad Rafael Vera, quien ya había sido condenado a prisión por otro crimen de los GAL. José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, de 20 y 21 años habían sido secuestrados en Bayona, en el sur de Francia, en 1983. Fueron trasladados en secreto a Alicante, en el sudeste de España. Allí fueron torturados y luego muertos por un tiro en la nuca. Los cadáveres fueron enterrados cubiertos de cal viva en una fosa. Los GAL se adjudicaron públicamente la autoría de las muertes. Los cuerpos fueron hallados en 1985, pero su identidad sólo pudo establecerse con certeza diez años más tarde. La Corte consideró que el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo había sido uno de los artífices del secuestro. Cuando se cometió el crimen, Rodríguez Galindo dirigía el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, uno de los principales centros de la lucha antiterrorista en España. Galindo recibió ayer 71 años. La Audiencia Nacional también halló culpable al entonces gobernador de Guipuzcoa (en el País Vasco) Julen Elgorriaga, quien recibió otros 71 años. Otras tres personas recibieron penas ligeramente menores. El teniente coronel Angel Vaquero fue condenado a 69 años de cárcel. Dos ex guardias civiles, Enrique Dorado y Felipe Bayo, recibieron 67 años y ocho meses de prisión cada uno. La ley española, sin embargo, no permite que una persona pase más de 30 años en prisión. El abogado de Galindo adelantó ayer que apelaría el fallo. La fiscalía estuvo plenamente satisfecha con las sentencias. �El caso Lasa-Zabala es una de las páginas más negras de nuestra historia reciente�, afirmó el fiscal Jesús Santos durante su alegato. Ese caso había sido además una de las dos grandes causas en España relacionadas a los GAL. A fines de 1998 el ex ministro socialista del Interior, José Barrionuevo, y el secretario de seguridad Rafael Vera (el mismo que fue absuelto ayer por la Audiencia Nacional) habían sido condenados a prisión por el secuestro de un ciudadano francés, Segundo Marey. Este había sido confundido con un dirigente etarra y fue retenido por diez días como rehén. Un indulto en diciembre por el gobierno de José María Aznar permitió reducir las penas contra Barrionuevo y Vera a tres años y cuatro meses de prisión. Ambos fueron puestos en libertad provisoria mientras se resolvían los recursos impuestos ante el Tribunal Constitucional. Hasta ayer ése había sido el único �caso GAL� que prosperó en los tribunales. El año pasado el juez Baltasar Garzón, el mismo del caso Pinochet, había intentado procesar al ex presidente socialista Felipe González por complicidad con los GAL. Pero el Tribunal Supremo consideró que Garzón no había reunido suficiente evidencia como para probar que González efectivamente estaba al tanto de los operativos ilegales contra ETA.
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