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Un informe acusa a las gasíferas de quedarse con casi 30 millones de pesos del Estado. La |
Por Raúl Dellatorre  La batalla por dotar a la Auditoría General de la Nación de un rol protagónico �o, al menos, cumplir las funciones para las cuales fue creado� recién empieza. Pero quienes llegaron al organismo de la mano de su actual presidente, Rodolfo Barra, sugieren hacer un �borrón y cuenta nueva� sobre las causas pendientes, que durmieron años en los cajones durante la gestión de Enrique Paixao. Sólo en la Gerencia General de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones hay 104 expedientes �parados�. Uno de ellos intentó ser reflotado en una reciente reunión de la Comisión de Supervisión de Entes Reguladores, que preside el menemista César Arias, aunque con la oposición de éste. Según el informe de los auditores, las ocho distribuidoras de gas habrían recaudado no menos de 40 millones de pesos que correspondían a deudas de usuarios de la ex Gas del Estado, pero sólo depositaron en las cuentas públicas 12 millones. Un dictamen del Departamento Legal de la AGN señalaba que dicha conducta podría encuadrarse en una práctica de �enriquecimiento ilícito�. Sin embargo, la conducción de la Auditoría intentó por dos veces archivar el expediente. La primera vez fue el 9 de diciembre pasado, justo un día antes del cambio de autoridades nacionales. Pese a que la irregularidad en el manejo de fondos públicos fue tempranamente detectada por la Auditoría �el primer informe denunciando el hecho es del año 1994�, ninguno de los funcionarios con responsabilidad sobre el tema actuaron para corregirla. Estos eran:  Tomás Donovan, interventor de Gas del Estado residual; Domingo Cavallo, ministro de Economía, a quien remitía el anterior a través de Carlos Bastos, secretario de Energía; Raúl García, presidente del Enargás que, como los tres anteriores, pertenecía a la Fundación Mediterránea.Al asumir la concesión de la distribución de gas, las ocho licenciatarias tomaron la responsabilidad, explicitada en el contrato de concesión, de cobrar por cuenta y orden del Estado las deudas de los clientes con Gas del Estado por las facturas pendientes de cobro a la fecha de traspaso del servicio a manos privadas. El monto total del crédito ascendía a 142.313.000 pesos. El contrato establecía las comisiones por gestión de cobranza a percibir por las licenciatarias, que oscilaban entre el 20 y el 30 por ciento del monto bruto cobrado según el segmento de la deuda que se iba recuperando. Las licenciatarias se obligaban, además, a aplicar los ajustes, actualizaciones, intereses y recargos que correspondieran y a depositar las cobranzas (netas de comisiones) cada 30 días, además de poner a disposición de Gas del Estado residual la documentación necesaria para realizar el control y la auditoría sobre la gestión de cobranza. Sin embargo, desde el primer año de gestión (1993) las licenciatarias incumplieron con su obligación de rendición y liquidación de los cobros. Pero, además, al analizar los estados contables de las licenciatarias, la AGN pudo determinar que se efectuaron cobros a clientes no declarados ante los organismos públicos, incluso sobre aquellos usuarios no alcanzados por el contrato (organismos estatales, deudores concursa). Sólo por aquel primer año de gestión privada, la AGN informó que: �Gas Natural BAN no depositó importes resultantes de la gestión de cobro que ascenderían a $ 6.462.882�. �Metrogas sólo cumplió dentro de límites razonables con los dos primeros depósitos (...). La entrega del dinero mucho después del término pactado implica, cuando menos, una retención sin causa de dinero que pertenece al Estado nacional�. La investigación de la AGN da cuenta además de un informe de auditoría interna de GdE residual, elaborado por la consultora Abelovich, Polano &Asociados, en el que �se informa en repetidas oportunidades tanto la percepción y no declaración de montos cobrados, así como la no coincidencia entre las cobranzas y los registros contables� de Metrogas. Con respecto a las otras seis distribuidoras (Litoral, Noroeste, Del Sur, Pampeana, Cuyana y Del Centro), el informe señala discrepancias entre lo recaudado y el depositado. No obstante la magnitud de las irregularidades, que habrían afectado al Estado en más de 100 millones de pesos �beneficiando indebidamente a las distribuidoras en igual monto�, y la existencia de un segundo informe del año 1997 que ratificaba el estado de situación descripto en el anterior, la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Privatizaciones recomendó el archivo de las actuaciones en la sugestiva fecha del 9 de diciembre de 1999. Pese al dictamen de Legales sugiriendo una posible denuncia por �enriquecimiento ilícito� contra las distribuidoras, la comisión consideró que �la actuación ha perdido actualidad� y por lo tanto �considera que corresponde su archivo para ser tenido como antecedente de futuras auditorías�. Lo absurdo es que la AGN tiene como misión remitir informes a una comisión bicameral de seguimiento y mal podría archivar una causa sin darle a conocer antes a aquélla el resultado de su trabajo. En febrero de este año, el expediente respectivo volvió a ser presentado ante la misma Comisión de Supervisión, que en su nueva composición está encabezada por César Arias. Pese a la pretensión de su titular de volver a archivarla, el peso de las irregularidades allí denunciadas obligó a dejar pendiente la resolución hasta que los nuevos auditores generales pudieran tomar conocimiento del tema.
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