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 Un ataúd en miniatura y una bala calibre 45 dicen mucho más que cualquier palabra. Ese fue el contenido de tres encomiendas que llegaron el lunes a dos jueces y al secretario de un juzgado. Los tres investigan, en forma separada, delitos que involucran a miembros del Servicio Penitenciario Federal. Dos de las cajas fueron recibidas, al mediodía, por la jueza Susana López y el secretario Julio Quiñones. Casi a la misma hora llegaba un paquete similar a la casa del juez Alberto Baños, quien se había tomado un día de licencia. El ministro del Interior, Federico Storani, vinculó las amenazas con la anterior cúpula del SPF, removida hace tres semanas por el gobierno nacional. �Esta no es una simple amenaza telefónica: nos obliga, como una hipótesis firme, a hacer esta relación�, afirmó el ministro.El juez Baños investiga si existe una sociedad entre guardiacárceles y delincuentes detenidos en unidades penitenciarias a partir de la cual estos últimos saldrían de la cárcel para cometer delitos y repartir luego el botín con sus socios de uniforme. El juez ya había denunciado un complot para asesinarlo, según se lo había confesado un detenido, a quien le habrían encargado el crimen. La investigación de esa denuncia quedó en manos de la jueza Susana López y el secretario Quiñones. El lunes al mediodía, un empleado de Correo Argentino llegó al quinto piso de Tribunales con dos paquetes idénticos, algo más chicos que una caja de zapatos. Uno estaba destinado a la jueza y, el otro, al secretario. No había otra indicación en la encomienda que el nombre de los destinatarios. Un escalofrío corrió por la espalda de los funcionarios cuando abrieron el paquete: una pequeña réplica de un féretro, de color rojo, en la encomienda que recibió la jueza, y negro, en el caso de Quiñones. Dentro del cajoncito �hecho de madera, de unos 15 centímetros de largo� había una bala de calibre 45. Casi a la misma hora, el juez Baños recibió en su casa de la localidad de Olivos un paquete similar, con un contenido casi idéntico: la única diferencia es que dentro del pequeño ataúd �también negro� había, además de una bala, una foto del juez, recortada de un diario, con un punto de tinta roja en medio de la frente. Baños denunció el hecho ante la jueza Susana López, que ya investigaba el presunto atentado contra su vida. Ahí se enteró que la magistrada también había sido víctima de una intimidación similar. López y Quiñones radicaron la denuncia por amenazas en el juzgado de Fernando Rodríguez Lubary. Por orden de este juez, efectivos de la Policía Federal investigan de qué oficina de correo fueron emitidas las encomiendas y en que comercios pudieron comprarse los macabros souvenirs. Storani se refirió al tema por la mañana, cuando entraba a la reunión de gabinete y fue abordado por los periodistas. Allí, no descartó una relación entre las amenazas y la anterior cúpula del Servicio Penitenciario. Por su parte, la secretaria de Política Criminal, Patricia Bullrich, visitó al mediodía a la jueza amenazada, acompañada por el propio jefe del Servicio Penitenciario Federal, Juan Pedro Develluk. Bullrich interpretó que la intimidación sufrida por los magistrados son �un claro mensaje mafioso, motivado por el curso de las investigaciones� que se realizan en la Justicia. Y ratificó su �firme voluntad de ir a fondo en la lucha contra esas mafias�. La funcionaria, en diálogo con Página/12, adelantó que en los próximos días le entregará a la jueza �un informe con las hipótesis de trabajo que se manejan en la secretaría, a partir de los sumarios realizados�. Por lo pronto, se dispuso reforzar la custodia de los funcionarios amenazados. Por �razones de seguridad�, según se explicó, el juez Baños decidió no movilizarse más en su automóvil particular �un Mercedes Benz familiar� y concurrir a Tribunales en un auto de la custodia. Este verdadero thriller se inició el 3 de julio de 1998, cuando un grupo de delincuentes asaltó el restaurante Dolli, en Palermo, y mató allí alpolicía Rubén Juárez. En su huida, los asaltantes quedaron filmados por una cámara de seguridad de un lavadero de autos. Entonces, se pudo identificar en el grupo que entre los asaltantes estaba Alejandro Núñez, quien debía estar preso en la cárcel de Caseros. Las autoridades del Servicio Penitenciario lo negaron, pero el propio Núñez admitió a través de una carta que lo habían dejado salir para robar. Un presunto cómplice, Maximiliano Noguera, acusado también de haber participado en el asalto a Dolli, apareció muerto en su celda, mientras que otro detenido, Miguel Arribas, testigo de las salidas irregulares, murió baleado en un supuesto intento de fuga. Núñez involucró en el asalto al agente penitenciario Cristian Franco, ahora detenido por otra causa. Cuando los guardiacárceles de Caseros aparecían cada vez más comprometidos, otro preso, Alejandro Penczansky �ex integrante de la banda del Luis �Gordo� Valor� le reveló al juez Baños que lo habían dejado salir de la cárcel con el objetivo de asesinarlo. Como el juez no le creyó, el detenido le dio una serie de datos que daban cuenta de un completo trabajo de inteligencia. Fue el 10 de abril último. Una semana después, toda la cúpula del SPF fue removida. En un allanamiento a Caseros, se logró corroborar uno de los dichos de Penczansky: allí se encontraron tres revólveres escondidos en un sector de Caseros. Ayer, el propio jefe del Servicio Penitenciario admitió que �hay muchos lugares� en las cárceles por donde podrían ingresarse armas. �Existen muchos lugares donde a lo mejor nosotros no podemos ejercer el control�, reconoció.
ESTARIAN INVOLUCRADOS EN CASOS DE CORRUPCION Por C.R.
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El 3 de julio de 1998, un grupo de delincuentes asaltó el restaurante Dolli, de Palermo. Uno de ellos mató a sangre fría al cabo de Rubén Juárez.