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opinion
Por Mario Wainfeld
 En menos de un semestre el Gobierno repitió tres veces un modus operandi: mandar atacar de noche y con violencia a grupos populares que realizaban mínimas demandas. En el primer caso, el más grave, el de Corrientes, hubo dos asesinados. No se sabe quién los mató y todo induce a pensar que no sabrá jamás porque la investigación naufraga en una provincia gobernada desde entonces por un interventor aliancista. Otro factor común de las tres violencias nocturnas: la ausencia de funcionarios nacionales de alto rango en los teatros de operaciones. Cuando Corrientes, la patética explicación oficial fue que el interventor Ramón Mestre tenía que buscar su ropa en Córdoba antes de viajar. En Congreso, el secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov privilegió ver por circuito cerrado de TV cómo golpeaban y baleaban a militantes sindicales.
A Salta viajó de entrada un funcionario de segunda línea del Ministerio del Interior. Recién después de la golpiza (¡) fueron tres secretarios de Estado. En todos los casos la explicación oficial, dicha usualmente sin micrófonos delante, es la preservación de los funcionarios de alto rango, criterio obviamente controvertible. Esa falta de exposición, basada en el �costo político�, terminó derivando en los tres casos en represión, en dos en barbarie, en uno en muertes. Una marca poco envidiable para un gobierno popular.
Bien lo sabe el ministro del Interior Federico Storani, a quien los mapas de quienes descifran las internas de la Rosada ubican como un cabecilla del grupo que demanda �más política�, más medidas compensatorias del ajuste, algo más que recorte fiscal. Ese bando, según los cartógrafos, se completa con el vicepresidente Carlos Alvarez, sus compañeros frepasistas Alberto Flamarique y Graciela Fernández Meijide y el jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y cuenta con el apoyo �simbólico a esta altura-
- de Raúl Alfonsín. El otro, el ajustista, es liderado por el ministro de Economía José Luis Machinea, apuntalado por sus colegas de Defensa Ricardo López Murphy, de Cancillería Adalberto Rodríguez Giavarini y el jefe de los espías y contertulio presidencial Fernando de Santibañes.
Mirada en detalle, la pretendida guerra de trincheras entre el bando �progre� (que, dicho sea de paso, es el núcleo fundador de la Alianza) y el de los economistas no es tan guerra ni las trincheras son tan precisas. En primer lugar porque varios de los �progres� �empezando por Alvarez y Alfonsín� ven en Machinea a un aliado antes que a un adversario. Luego, porque Alvarez y Flamarique han sido adalides y/o voceros de varias medidas �economicistas� del Gobierno: el acuerdo con el FMI, la reforma laboral, el megarrecorte anunciado el viernes. Por último, porque cuando Machi manda decir que �para eso no hay plata�, el resto calla y asiente. Basados en esos datos, cerca de Machinea dicen que las tibias discusiones entre �progres� y austeros son antes que una puja ideológica un rol playing, lo que explica por qué Storani, el responsable último de los apaleos, es el más apurado en cambiar algo.
Machinea está convencido de que el rumbo económico es tan inexorable como correcto: reforma del Estado más reforma del Estado, más reforma del Estado. El equilibrio fiscal, parafraseando su pensamiento, es el padre de la confianza de los mercados, abuelo de la expansión del crédito, bisabuelo de la venida de capitales y tatarabuelo de que todo eso derrame sobre empleo y distribución del ingreso. A la espera de ese círculo virtuoso de cuarta generación (cuyo primer profeta fue Cavallo años ha), la principal función del Gobierno es revalidar su reputación ante los mercados y los organismos internacionales. Eso se logra con equilibrio fiscal y recurrentes �señales�, cuyo alfa fue el nombramiento de cuatro economistas en el gabinete y cuyo omega se renueva semana a semana. Y resta mucho por hacer porque la Convertibilidad fiscal (y su propio ideario) le imponen al Gobierno para los próximos tres años crecientes achicamientos del gasto. ¿Cuáles son las apuestas �a más� de los Machi-Boys? La primera es mejorar la eficiencia del Estado coordinando áreas, evitando superposición y anulación de planes, programas y acciones. Ese objetivo, inteligente y deseable, es peliagudo de instrumentar. La segunda es la reactivación del sector privado, que por ahora no se da por aludido. En Hacienda imaginan que, estimulada por incentivos fiscales, desgravaciones, crédito blando, reintegros, la actividad privada podría provocar un miniboom en la industria de la construcción. Eso es a futuro. Por ahora, lo que hay es un plan cortado a medida de los organismos internacionales. Algo muy parecido a lo que haría Cavallo si fuera ministro de Economía. Eso sí, con otros modales.
La ira de Cavallo
No es una hazaña tener mejores modales que el ex ministro de Economía. Valga remitirse al domingo cuando, sulfurado por un escrutinio que licuaba su futuro, Cavallo dio rienda suelta a su idiosincrasia intolerante y filoautista. No escuchó a sus propios adláteres, empezando por Gustavo Beliz que le indicaban que �más allá del lamentable escrutinio oficial-había perdido por paliza contra Aníbal Ibarra. Ignoró que dominan mejor que él el arte de contar votos. Fiel a sí mismo, Cavallo oyó lo que quería oír: a su mujer Sonia y �dicen algunos calificados testigos� a su consultor Rosendo Fraga, que le calentaron las orejas hablando de fraude. Y explotó en cólera, incontinente, temible, autoritario.
Se hizo un lugar común decir que Cavallo enterró de su boca y con su ira su futuro político. Sería más propio decir que solito se bajó del primer subsuelo al segundo. La paliza de Ibarra ya lo había mancado para su ambición mayor: liderar el PJ, que no ama perdedores y que ahora lo tiene muy a la cola de sus tres principales gobernadores.
El matrimonio de conveniencia Cavallo-Beliz resultó un bajón para ambos. Su bloque parece haber nacido muerto, la nueva Legislatura determinará una reapertura del libro de pases. Sus siete diputados peronistas empezarán a seducirse con los otros siete compañeros que ganaron bancas con otras listas. Marta Oyhanarte y Borocotó, dos �independientes� ufanos de serlo, no reportarán así como así a dos líderes devaluados. La diáspora del cavallo-belizismo parece inevitable.
La primera prueba para Ibarra
La Legislatura es el talón de Aquiles de la Alianza porteña, que tendrá que sudar la gota gorda para manejarla tras haber perdido la mayoría propia. La lista encabezada por Enrique Olivera distó mucho de lograr el éxito que alcanzó Ibarra, lo que pesará a la hora de formar el nuevo gobierno. Repartir poder en una coalición es complejo y se complica aún más si, como en este caso, si se trata de un ejecutivo que ya se ocupa y lo que cambia es el socio mayoritario (Frepaso en vez de UCR). �Los más preocupados por la integración del nuevo gobierno son los que tienen actualmente cargos� explica, burlón, uno de los varios dirigentes radicales que conoce la Capital como la palma de su mano. Para esa lectura el más preocupado debería ser Olivera, que domina ahora el Ejecutivo y debe correrse para hacer espacio a los nuevos.
Los que más juego tienen para pedir son primero Ibarra y luego Cecilia Felgueras. La interventora del PAMI es una ahijada política del Presidente no alineada con el delarruismo porteño �leáse Rafael Pascual y José María García Arecha� que ahora tienen buenas posiciones en la Muni y seguramente deberán ceder terreno. Felgueras tiene mayor confianza política, una amistad de añares y diálogo más que cotidiano con otro taita del radicalismo porteño: Enrique �Coti� Nosiglia, quien armó buenos lazos con Ibarra en la campaña y tiene su peso local. Con esas cartas en su mano espera obtener lo suyo en materia de cargos. Por ahora, todos los protagonistas hablan de la necesidad de preservar equilibrios internos, de garantizar buena gestión y tejen sus redes. Y pulsean delicadamente. Para agosto, mes de la asunción, falta mucho. La formación del gabinete será la primera señal acerca del estilo, las ambiciones y la sagacidad de Ibarra, devenido el principal gobernador de la Alianza e indiscutido número dos del Frepaso. Su presencia estelar en el palco del Intercontinental y la ausencia de Fernández Meijide fueron un dato ineludible del álbum de la noche del triunfo.
Demagogia posmoderna
En otros tiempos, a mitad del siglo pasado, tras la victoria electoral de un partido popular, sus votantes se alineaban frente a las ventanillas para cobrar su parte. Si triunfaba, por ejemplo, el peronismo era el turno de los asalariados, los inquilinos, de algún empresariado nacional. Y usualmente algo cobraban, mejoraban en el corto plazo su posición relativa. �Por derecha� podía discutirse �y vaya si se lo hacía� si los presuntos beneficios que recibían (las mejoras de salarios, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la congelación de alquileres, los precios máximos, los �compres nacionales� etc.) no eran, en el largo plazo, un perjuicio. �Por izquierda� podía discutirse �y vaya si se lo hacía� si esos presuntos logros no eran un engaña pichanga para diluir la combatividad de los proletarios, distraerlos con chupetines de su destino revolucionario. Lo concreto es que había una relación predecible entre el voto y los primeros gestos de un gobierno.
Eran, vaya si lo eran, otros tiempos. Reflexión que viene a cuento en la semana en que la Alianza, tras derrotar con tono progresista, de la mano de una fórmula de candidatos jóvenes, a una coalición conservadora, produjo dos medidas con la marca autoritaria y neoconservadora del derrotado Cavallo: el recorte presupuestario de 600 millones de pesos y la represión en Salta.
Ahora las democracias de mercado funcionan así, a estímulo de una suerte de demagogia al revés: los gobernantes usan los votos ganados para doblar sus apuestas fiscalistas. La cartilla de los organismos internacionales impulsa y convalida esa lógica. Por ahora, en el Ejecutivo nacional todos, más allá de supuestas trincheras internas, siguen a pies juntillas esa cartilla. Y apuestan todas las fichas de su consenso futuro a manos del círculo virtuoso.
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