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Por Maximiliano Montenegro  La orientación que debe tomar la política social, para que no se repitan estallidos como el de Tartagal, marcó una nueva divisoria de aguas en el gabinete nacional. Interesados en aportar ideas a otras áreas de gobierno, en el equipo de José Luis Machinea elaboraron �un plan integral de atención a la población carenciada�. Se trata de un programa que otorgaría un subsidio alimentario de 40 pesos, y becas escolares por el mismo monto, a unas 400 mil familias indigentes, a cambio de que los hijos se mantengan en la escuela y concurran a controles periódicos de salud. Se basa en la experiencia del plan �Progresa� mexicano y costaría 380 millones de pesos al año, recursos que saldrían de la propia reasignación de partidas de Desarrollo Social, más un leve incremento de fondos. El documento fue presentado días atrás en la reunión de Gabinete Social. En el Ministerio de Graciela Fernández Meijide aseguran que la propuesta es propia, pero niegan que se vaya a entregar un subsidio monetario adicional a la cajas de alimentos que ya reparten. Desde el Ministerio de Trabajo e Interior, en cambio, son más frontales para cuestionar la iniciativa: dicen que es insuficiente y que habría que triplicar los recursos actuales en asistencia a los pobres para garantizar el funcionamiento de una red de contención social. Todos los miércoles se reúne el Gabinete Social, integrado por representantes �en general  secretarios de Estado� de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Salud, Educación, Infraestructura, Economía e Interior. Por el Ministerio de Economía suele concurrir Pablo Gerchunoff, el jefe de asesores. En la anteúltima reunión, la del 3 de mayo, se presentó el �Programa integral de atención a la población carenciada�. El documento de 100 páginas, al que accedió Página/12, no identifica en su carátula el área que lo elaboró sino al �Gobierno nacional�, aclara: �Versión 2, abril del 2000�, y pide expresamente a los funcionarios: �No divulgar�. El 5 de mayo el subsecretario de Jefatura de Gabinete, Juan Carlos Rabat, a los efectos prácticos coordinador del Gabinete Social, lo envió a cada uno de los secretarios que participan de las reuniones. La propuesta tiene el sello inconfundible de los economistas de Machinea. Según relató un funcionario del área a este diario, fue gestado en la FADE (Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad), el think tank del ministro, por un equipo liderado por el economista Sebastián Galiani, un doctorado en Oxford que actualmente se desempeña como investigador en la Universidad Di Tella, mientras que Gerchunoff terminó de pulirlo en Economía, con el asesoramiento del propio Galiani. El plan tiene las siguientes características:  Se repartiría un subsidio de 40 pesos mensuales a unas 400 mil familias indigentes con hijos menores. Paralelamente se distribuirían becas escolares, para asegurar la retención de los jóvenes en la escuela. Estas serían de 30 pesos mensuales para los jóvenes de 13 y 14 años; 40 pesos para los jóvenes de 15 años; 50 pesos para los de 16 años y 60 pesos para los de 17 y 18 años. En todos los casos se transferirían durante 10 meses al año: 9 meses de escolaridad y un mes para útiles escolares. El plan toma la idea de incorporar a la asistencia alimentaria los módulos de educación y salud del �Progresa�, el mayor programa social de México. �El programa argentino estaría basado en el esquema adoptado por Progresa, aunque claramente diferirá en su diseño, ya que será un programa básicamente urbano a diferencia del mexicano, que es un plan esencialmente rural�, afirma el documento. Según explicó un funcionario de Economía, la filosofía es que �se den los subsidios siempre que haya una contraparte, una respuesta de la gente, asumiendo responsabilidad para mejorar educación y salud de su familia�. En otras palabras, �las familias beneficiarias del programa deben participar activa y responsablemente para superar su condición de pobreza�, señala la propuesta. Y fija cuáles serán los requisitos, entérminos de asistencia escolar y prevención de salud, que deberán cumplirse para conservar los beneficios (ver aparte). �La restricción de presupuesto es un dato macroeconómico insoslayable; además, administrarse dentro de esa restricción es un aspecto básico de una buena gestión de los recursos�, advierten los economistas de Machinea. �Por lo tanto, una parte significativa de los fondos necesarios para ejecutar el programa tendría que surgir de un reordenamiento de gastos dentro de la propia área social�, agregan. En los cálculos de la propuesta, el presupuesto necesario sería de 380 millones de pesos. �A través del uso de fondos no utilizados, de la absorción de actividades que pasarían a ejecutarse por el nuevo programa y de acciones de racionalización, se estima que será posible generar alrededor de 60 por ciento de los recursos necesarios�, se explica. Es decir, alrededor de 230 millones de pesos provendrían de reasignaciones y la eliminación de planes en vigencia para evitar superposiciones, por lo que el aumento real del gasto sería de sólo 150 millones. El Ministerio de Desarrollo Social continuaría en una primera etapa con planes de distribución de cajas alimentarias �como el Prani para niños y el Asoma para ancianos�. �Por motivos de confidencialidad, se presentan en un documento separado distintas alternativas de reestructuración de programas sociales�, se menciona con discreción en el informe, para no dar piedra libre a las disputas entre ministros por la eliminación de programas específicos en cada área. En cuanto al organismo que coordinaría el plan, en Economía conceden que sería el Ministerio de Graciela Fernández Meijide, en cabeza de �un organismo descentralizado�. Pero destacan que �en la operación del programa participarán, a nivel federal, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y, si se adopta la estrategia mexicana (sic), el Ministerio de Economía�. La aclaración es literal del original. Consultado por Página/12, el vocero de Fernández Meijide dijo que �la propuesta es de Desarrollo Social� y explicó que ya había sido anunciada en gabinete nacional por la ministra el 21 de marzo pasado. Sin embargo, desconocía que el documento en cuestión hubiera llegado al Gabinete Social en los últimos días. En la Secretaría de Políticas Sociales del mismo ministerio, que conduce Eduardo Bustelo, fueron más categóricos: �Esa es una propuesta de economistas que no son de este Ministerio�, afirmaron. Donde se evalúa con mucha atención el plan que impulsa el jefe de asesores de Machinea es en los ministerios de Interior y de Trabajo. Tanto Federico Storani como Alberto Flamarique les ordenaron a sus colaboradores que examinaran con detenimiento el proyecto. Quieren saber si, en los hechos, redundará en una ampliación de la red de protección social a los más pobres o significa ponerles otra etiqueta a los planes ya vigentes. Ambos están todavía conmovidos por el estallido social de la semana pasada en Tartagal. Por ahora, la opinión es que debería dárseles más énfasis a planes de empleo productivo que a programas de subsidios de tipo asistencial. En especial, porque consideran que por más que la economía salga de la recesión, esta franja de la población seguirá excluida de los beneficios del crecimiento a menos que se adopten políticas orientadas a reinsertarlos en el mercado. El segundo cuestionamiento es contable: estiman que, más allá de las �ganancias de eficiencia� que se puedan lograr en su administración, un plan social de verdadero alcance nacional, para ser efectivo, debería insumir, al menos, 900 millones de pesos. Una cifra similar a la que barajó la propia Fernández Meijide, antes de asumir en el ministerio. Es tres veces más de lo que dispone actualmente para planes focalizados en los pobres.
La mano izquierda del Gobierno
quiere controlar a la derecha
Por Fernando Cibeira
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