Por Raúl Kollmann
 Familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA le reiteraron ayer un pedido de audiencia al presidente Fernando de la Rúa, al cumplirse 70 meses del ataque contra la mutual judía. �Durante años sufrimos la indiferencia del gobierno menemista. Esperamos que la historia no se repita�, señaló Ana María Serena, familiar de una de las víctimas. Al mismo tiempo, los letrados de Memoria Activa presentaron sendos escritos ante el Ministerio de Justicia y ante el juzgado de Juan José Galeano. En el primero denuncian que en el tribunal que va a realizar el juicio oral no hay ni siquiera una fotocopiadora y que carece totalmente de medios. En el escrito a Galeano le reclaman que diga oficialmente si se le pagó o no parte de la recompensa a Carlos Telleldín, el principal imputado en el caso.
Como todos los días 18, la agrupación Familiares se concentró ayer frente a Pasteur al 600 para reclamar por �esta impunidad que es un drama que afecta a toda la sociedad�. Serena, en nombre de los presentes, criticó duramente a los representantes de la Iglesia Católica en la Argentina que �jamás estuvieron en nuestros actos para decir una oración por los fallecidos� y también expresó críticas a los dirigentes de la comunidad judía, por la falta de apoyo a su lucha. �No cejaremos en nuestros esfuerzos hasta que toda la verdad sea conocida, porque la verdad, por más sucia que sea, debe saberse y los responsables deben ser juzgados y condenados�, concluyó Serena.
Por su parte, los letrados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, le hicieron llegar un fuerte reclamo al Ministerio de Justicia en el cual señalan que �hemos constatado la total carencia de medios de equipamiento y personal por parte del Tribunal Oral número 3 para llevar adelante el juicio oral y cumplimentar los requerimientos de las partes. El Tribunal Oral carece de fotocopiadora como para poder hacer frente a los pedidos de fotocopias necesarios para que los defensores y querellantes trabajen en la voluminosa causa. Pero además carece de personal y espacio físico para desarrollar sus tareas. Estas falencias se hacen especialmente notables cuando se advierte que se creó una fuerza especial que colaborará en las tareas de investigación. Esto no se compadece con las carencias denunciadas en el Tribunal Oral�.
Paralelamente, los letrados Zuppi y Jacoby preparan un escrito en el que le preguntan a Galeano si le dio o no 400.000 pesos al imputado Carlos Telleldín. Desde la cárcel de Devoto, Telleldín señaló el lunes que existe un expediente secreto de la recompensa y que él cobró esa cifra ya que Galeano supuestamente lo consideró acreedor a ese beneficio. En el edificio de los tribunales federales se considera que efectivamente Galeano tiene atribuciones para asignar parte de la recompensa, pero se ve una contradicción en el hecho de que el principal acusado en el juicio oral, el hombre al que considera cómplice del atentado, perciba el beneficio de la recompensa.
En el mismo diálogo radial con el programa La Cornisa, Telleldín aseguró además que recibió 5000 pesos por mes de la SIDE y que el dinero era entregado por el capitán Héctor Vergés, uno de los represores que dirigió el campo de concentración y torturas de La Perla durante el Proceso. Colaboradores de Vergés sostuvieron ayer que el capitán retirado no entregó dinero alguno a Telleldín y que, como ya fue publicado, sólo visitó al imputado dos o tres veces en la cárcel, lo cual provocó una denuncia judicial de Telleldín, que acusó a Vergés de querer comprarlo.
Denuncian espionaje contra el PJ
Roggero pide ver a Fredy
La conducción del bloque de diputados del PJ que encabeza Humberto Roggero le pidió una reunión con carácter de �urgente� al ministro del Interior, Federico Storani, para denunciar una serie de supuestos actos de espionaje de los que serían víctimas legisladores justicialistas desde que comenzó el debate por la reforma laboral.
Según la explicación brindada por Roggero, la idea de pedirle una entrevista a Storani surgió en la reunión de bloque del miércoles, cuando una docena diputados relataron que venían recibiendo amenazas telefónicas, seguimientos personales o que sorprendían a fotógrafos furtivos tomando imágenes de sus casas. Sin embargo, se negaron a dar nombres de los supuestos damnificados, ni tampoco hicieron denuncia judicial. �Los datos se los daremos a Storani cuando nos reciba�, respondieron. Un alto funcionario de Interior aseguró que la denuncia de los legisladores justicialistas se debía �a que quieren que les devuelvan los viáticos para diarios y comida que les sacamos�.
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