Por Horacio Cecchi
 Un extenso pedido de informes de un grupo de senadores bonaerenses de la Alianza se agregó al escándalo del shopping penitenciario provincial. El proyecto exige precisiones sobre 28 puntos que aluden a una amplia gama de irregularidades del servicio, algunas de ellas investigadas por la Justicia. Uno de los puntos del pedido de informes menciona a un sargento del SPB, detenido el 9 de mayo pasado en Florencio Varela después de asaltar a un remisero, golpearlo y robarle el auto junto a un condenado por homicidio y en libertad condicional. Los senadores intentan averiguar también si el ex jefe de la Unidad de Mercedes, Félix Carballo, permanece en funciones en la Jefatura general. Carballo fue condenado en primera instancia a seis años y tres meses de prisión por extorsión y malversación de fondos, en un fallo que aún no está firme. También indagan sobre mansiones millonarias de altos jefes del servicio, canjes de vales de nafta por dinero, extrañas muertes de internos, falseamiento de informes psiquiátricos y robo de armas.
El pedido de informes fue redactado por los senadores Jorge Martínez, Carlos Pérez Gresia, Diego Rodrigo, Ernesto Cladera y Alejandro Filomeno. Como una variante de un menú informático, el cuestionario ofrece una amplia gama de opciones desarrolladas en 28 puntos.
 Inmobiliaria: el pedido de informes indica que el jefe del SPB, Esteban Massante, deberá responder �si no le ha llamado la atención, como para haber promovido una investigación, que el jefe de la Unidad I de Olmos, inspector Mario Albanese, se está haciendo construir una vivienda residencial� en La Plata. Según el vicepresidente de la comisión de Seguridad del Senado, Jorge Martínez, la mansión supera el valor de medio millón de dólares, muy lejos del alcance de un sueldo de funcionario, pero muy cerca de la Jefatura del Servicio: se encuentra en la esquina de 43 y 133, �a media cuadra del despacho de Massante�, señaló.
Al rubro se agregan las residencias del segundo jefe del SPB, inspector general Lorenzo Núñez, en 45, entre 132 y 133, y la del oficial Oscar Acevedo, en 8 y 508. Como en el caso anterior, ambas residencias, según cita el proyecto, �exceden las posibilidades de sus sueldos�. El modo con que habrían levantado esas paredes implica un notable ahorro de esfuerzos: según denuncias de ex presos ante los senadores, algunos internos con habilidades en albañilería habrían sido utilizados para colocar ladrillo sobre ladrillo, a cambio de favores.
Extorsión y malversación de fondos: el ex jefe del penal de Mercedes, inspector mayor Félix Roberto Carballo, fue procesado en diciembre del �95 por malversación de fondos públicos, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y extorsión. La causa fue tomada por el juez Eduardo Costía quien, basándose en las pericias contables, condenó a Carballo a 6 años y 3 meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, por cuestiones formales, fue anulado por la Cámara, que ordenó un nuevo proceso. El caso recayó en el juez Alejandro Caride, que ordenó una nueva pericia que confirmó la anterior. Mientras se aguarda la sentencia, voceros del bloque aliancista llamaron al Departamento de Personal del SPB, donde aseguraron que Carballo �está en funciones en la Jefatura�.
Ante una consulta de este diario, el SPB negó que el procesado estuviera en funciones. �Está en disponibilidad, pero nada que ver con el problemita que tuvo. Es por su retiro. Ya tiene más de 30 años de servicio�, aseguró un vocero.
Robo a mano armada y en malas compañías: el 9 de mayo pasado, a las 8.15, el sargento del SPB Diego Omar Villarreal, legajo 270.759, fue descubierto por policías de la 1ª de Florencio Varela al volante del Peugeot 504 blanco, patente PLS928. Villarreal terminó detenido porque el auto había sido robado el día anterior a un remisero, al que además le robaron 30 pesos y lo golpearon con un arma. El sargento llevaba un revólver calibre 22, no reglamentario y con cuatro proyectiles. A su ladose sentaba el convicto por homicidio y en libertad condicional Javier Marcelo Aguirre. Atrás, los hermanos Lucas y Fernando Portillo.
Se me murió un interno: Adrián Roberto Monserrat, preso en Azul, y con una hernia diafragmática, fue internado en el hospital de la U22 de Olmos. Los médicos ordenaron una punción pleural, contraindicada con esa hernia. Tras un hábeas corpus, un juez recomendó el urgente traslado de Monserrat a un hospital extramuros. Y denunció la ausencia total de antibióticos y medicamentos en el servicio médico penitenciario. Monserrat no se enteró: falleció en un hospital de La Plata antes del tratamiento.
Loco pero no tanto: Massante deberá responder sobre dos investigaciones judiciales en las que aparece el nombre del jefe del Gabinete de Psiquiatría, Jaime Montero Vázquez, procesado por falsear el informe de Alberto Polinskovsky, internado en el psiquiátrico de la U10. La pericia judicial indicó que Montero no debería haber autorizado su externación. En otra causa, Montero aparece indicando que un interno de apellido Carrera estaba en condiciones de salir del psiquiátrico. Carrera salió y en un tiroteo con la policía asesinó a un hombre que esperaba el colectivo. Tras su posterior detención, Montero sostuvo, en otro informe, que ya Carrera no estaba en condiciones de salir del psiquiátrico.
POR UN DESARMADERO EN CASEROS
Sanción a 20 federales
Veinte agentes del Servicio Penitenciario Federal serán sancionados por graves irregularidades, según anunció la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, después del hallazgo de un informe interno cajoneado desde 1998, donde se detallaba la actividad de un desarmadero de autos y el tráfico de drogas dentro del penal de Caseros.
�Estamos buscando la veracidad del informe y tomaremos las medidas�, señaló la funcionaria. Según el informe, en Caseros había funcionado un desarmadero de autos robados, y existía un tarifario que ponía precios a los internos para que eligieran el pabellón de encierro y la posibilidad de consumir drogas o alcohol. De la investigación también se desprende que a los presos se les cobraba entre 10 y 20 pesos para que sus familiares pudieran ingresar drogas o tranquilizantes sin pasar por la requisa. Los mismos guardias actuaban como mulas, después de que los familiares dejaban la droga en algún comercio de la zona para que aquéllos la recogieran y la llevaran a la cárcel.
Bullrich aseguró que �desde hace alrededor de un mes tenemos varias investigaciones en marcha en otras cárceles, aunque no por irregularidades de la dimensión que tienen las que se detectaron en Caseros�, aunque se negó a dar más precisiones �porque la investigación todavía no está terminada y sería contraproducente adelantarse�.
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