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Por Cristian Alarcón 
“Yo iba con dolor a llevarle flores al cementerio a mi angelito
hasta que vino el ADN y supimos que nos habían engañado”,
se queja Claudia Miguel, una mujer gitana a quien le robaron su bebé
en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata en diciembre de 1997. Casi
24 horas después de nacida su hija –en buen estado de salud,
según consta en la historia clínica– un médico
le dijo que la niña había muerto, pero el cadáver nunca
le fue entregado. “Varias veces la pedimos para darle un entierro cristiano,
pero se hicieron dueños de su cuerpo y a las semanas nos dieron el
número de una tumba”, cuenta. Por orden de un juez civil se
realizó el análisis de ADN de esos restos y el resultado fue
que el cuerpo enterrado no era el de su hija. Sin embargo, en la Justicia
penal nunca hubo avances. El caso presenta una extraordinaria similitud
con el de los padres de Rocío Cigarreta: también le entregaron
el cadáver de un bebé que no era el suyo y ahora se investiga
a una diputada y una ex funcionaria menemista. En los dos casos el juez
era Esteban Viñas para quien ahora el abogado de la familia Miguel
solicitará “juicio político” ante la Suprema Corte
Bonaerense. La trama en la que se vio envuelta Claudia Miguel de Castillo comenzó cuando su embarazo llevaba varios meses, a mediados de 1997. “Fui a la clínica Pueyrredón a ver el médico Pablo Lattanzio, porque me sentía un poquito mal, acompañada por mi madre y mi prima, pero nos echaron los empleados de seguridad por ser gitanas”. A pesar de los empujones, Claudia esperó a su médico hasta las 11 de la noche. Lattanzio le repitió, cuenta ella, lo que ya le habían hecho entender: “En la clínica no atendemos a gitanas”. Y, piadoso al fin, le indicó que lo visitara en el Hospital Interzonal Materno Infantil. “Entonces, varios médicos la atendieron muy bien y los doctores Valinotti y Elena indicaron el 27 de noviembre una cesárea urgente para el 2 de diciembre”, explica el abogado de los Miguel, Edgardo Dursi. No parirás Claudia Miguel regresó en esa fecha al hospital y volvió a ser atendida por Lattanzio. Los análisis que se le realizaron entonces muestran que su salud era perfecta, como la de su hija. “Lattanzio me insistía en que firmara para que me ligaran las trompas, para que no fabrique más gitanos. También me pidió que le lleváramos dos lechones y dijo que regresara en 15 días”, cuenta Claudia. El 16 de diciembre, la mujer entró al Materno Infantil con dolores de parto. Los médicos María Pardo y Fabián Viola, cirujanos del quirófano de guardia del hospital, le realizaron una operación de cesárea. A las 13.30 de ese día 16 nació, en perfecto estado de salud, Celeste Miguel. A su madre, que recuerda su llanto en medio de la anestesia, no se la mostraron. Más tarde se enteraría de que, por orden de Lattanzio y contra su voluntad, los médicos le ligaron las trompas de falopio para que ya “no volviera a tener gitanos”. La única persona de la familia que pudo ver con vida a Celeste Miguel -su padre es Nelson Castillo, pero la costumbre es que las niñas llevan el apellido de su madre– fue su abuela paterna, Olga Demetrio. La mujer se acercó hasta la cuna portátil en que una enfermera la sacaba de la sala de partos. La niña se perdió en los pasillos del hospital rumbo a la nursery y con una y otra excusa les fue negada a sus padres, aunque los primeros informes que figuran en la historia clínica hablan de una nena con buena salud. Hacia la noche del 17 de diciembre, la información sobre la beba pasó al extremo opuesto. A la madre le hablaron de “que había tragado líquido”. En la historia clínica describen una neumonía. Claudia recibió la noticia a la una y media de la madrugada del 18. Entró en una crisis de nervios y se fue del hospital entre sollozos. No le habían querido entregar el cuerpo de su hija. Le dijeron que debían llevarla a la morguepara practricarle una autopsia. Toda una falacia: la única manera de hacer una pericia es por orden judicial. La Justicia intervino en el caso a los pocos días. Edgardo Dursi denunció a los médicos por discriminación y racismo, y pidió que se investigaran las causas de la muerte de Celeste. La familia quería saber si no existió mala praxis en la atención del embarazo de Claudia. La denuncia presentada ante el juzgado federal de Mar del Plata consiguió que sean secuestradas del hospital la historia clínica y el libro de morgue. En ambos registros se notan irregularidades. En la historia clínica no se explica por qué empeoró el estado de salud de Celeste y se consigna que se le realizó la mutilación a su madre, “para evitar futura procreación”. En el libro de morgue se informa que el cuerpo de Celeste Miguel fue enterrado en el Cementerio Parque de Mar del Plata por un empleado de la morgue del hospital. Nadie explica por qué los padres, que viven en Mar del Plata desde que nacieron, nunca fueron comunicados de esa decisión. La irregularidad es tal que la niña figura como muerta cinco días antes del nacimiento y con dos nombres erróneos, Celeste Castillo y Miguel Castillo, en realidad, sus dos apellidos. Juicio al juez La causa que había comenzado en la Justicia federal –debido al delito de discriminación– pasó a la Justicia civil, donde se acaba de abrir el período de prueba en una causa por daños y perjuicios. Fue el juez civil Carlos Rago quien ordenó a la oficina pericial de La Plata, de la Suprema Corte Bonaerense, que se realizara el examen de ADN sobre el cuerpo enterrado en al tumba 723 del cementerio marplatense. Hace alrededor de dos meses se conoció su resultado: la niña sepultada como Celeste Miguel no es la hija de Claudia. Hace más de dos años que la causa fue girada para que la investigue penalmente el juzgado correccional y criminal de Esteban Viñas. Pero Viñas nunca ordenó medidas para la investigación de un supuesto robo. “A él ya le llamó la atención la Cámara porque no investigó la línea comenzada por la fiscalía de Norberto Quantín y emitió opinión en esa causa”, sostuvo Dursi. Viñas también había cerrado la investigación por el robo de Rocío Cigarreta, en el que se investiga a la diputada justicialista Norma Godoy y a una ex funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero los camaristas ordenaron su reapertura y encargaron la investigación al juez Pedro Hooft, quien sí tomó los datos aportados por Quantín y profundizó esa investigación. “Yo le pido a la Justicia que busque a mi hija, que no me haga lo que me hizo Viñas, que tuvo dos años parada la causa para ocultar todo”, protesta Claudia. “En este caso, el accionar de Viñas fue peor porque no hizo nada de nada en la causa, ni siquiera dio pase a la instrucción. Tanto es así, que el doctor Rago, que era el juez civil, hizo otra denuncia penal. Entonces una fiscal descubrió la causa en lo de Viñas”, explica Dursi. Después de que el abogado de los Miguel lo denunció por negligencia, Viñas respondió la gentileza y lo acusó, lamentando en un escrito que ya no exista la figura del desacato. Ante la prensa, Viñas dijo que no alcanzó a hacer nada en el caso de Celeste porque su juzgado está sobrecargado de expedientes y en los últimos dos años decidió priorizar las causas en las que hay detenidos. Claudia Miguel no le cree. La semana próxima comenzará un expediente ante la Suprema Corte para que se le realice un juicio político y se lo separe de su cargo.
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