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CONDENARON A CUATRO DE LOS BOQUETEROS DE RECOLETA
Ocho años y veinte millones

Todos podrían salir en menos de un año por aplicación del dos por uno. La mayor parte de los 20 millones nunca aparecieron. El tribunal pidió que se investigue si hubo negligencia policial.

Jorge Pomponi, condenado a ocho años de prisión, había sido agente de la SIDE.
Otro ex miembro de ese organismo, Rubén Escobar, seguirá siendo investigado.


Por Carlos Rodríguez

t.gif (862 bytes) Los cuatro boqueteros considerados responsables del robo cometido en enero de 1997 contra el ex Banco Crédito Argentino, fueron condenados a ocho años de prisión –a uno de ellos, Jorge Pomponi, le sumaron otros tres meses por tener una segunda causa pendiente–, pero todos podrían salir en libertad condicional en menos de un año, por aplicación del sistema de cómputo del dos por uno. 
La mayor parte de los 20 millones sustraídos de las 165 cajas de seguridad violadas jamás fue recuperada y por tal motivo, el tribunal trabó embargo sobre varios inmuebles y bienes pertenecientes a los miembros de la banda. Además de pedir la apertura de una causa para analizar la posible negligencia con la que actuaron la comisaría 17ª y la División Alarmas de la Policía Federal (ver aparte), los jueces ordenaron que siga la investigación sobre otros tres sospechosos de intervenir en el hecho: Salvador Gerardo Traficante, Oscar Héctor Fabián Banciela y Marcelo Palazzo. 
Según aclaró a Página/12 el fiscal Luis Cevasco, tampoco se ha descartado la intervención del ex miembro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) Rubén Escobar. Los cuatro sospechosos seguirán siendo investigados por el juez de instrucción Adolfo Calvete, quien deberá determinar si pueden ser llevados a un futuro juicio oral. Además de Pomponi, también ex miembro de la SIDE, fueron condenados el ex policía Norberto García, René Riviere y el ciudadano italiano, residente en la Argentina, Antonio Mandaradoni. 
Una de las claves para esclarecer el caso fueron las escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de llamados entre algunos protagonistas del robo, cuya espectacularidad estuvo dada porque antes de entrar al banco, ubicado en Callao 1499, tuvieron que cavar durante meses un túnel de más de 40 metros. Pomponi y García mantuvieron 87 contactos telefónicos durante el fin de semana del 4 al 5 de enero de 1997. El teléfono celular de García, según se pudo determinar, fue utilizado en esos días en la zona de Recoleta, barrio porteño en el cual se encuentra el banco. Hubo otros 67 llamados cruzados entre Pomponi y Riviere, entre setiembre de 1996 y enero del ‘97. El número de comunicaciones podría ser considerado normal, pero el caso extraño es que ambos dicen que nunca se conocieron antes del juicio oral. 
Los cuatro condenados, que están en prisión desde el 27 de agosto de 1997, fueron considerados coautores del delito de “robo calificado en poblado y en banda”. El fiscal había pedido ocho años para todos, pedido que fue tomado por el tribunal integrado por los doctores Ricardo Giúdice Bravo, Martín Vázquez Acuña y Rafael Oliden. A Pomponi le dieron tres meses más porque aún tiene pendiente una causa por tenencia de armas de guerra. Además, en agosto de 1988, el mismo Pomponi y Rubén Escobar fueron acusados de integrar una célula de extrema derecha integrada, entre otros, por Carlos “El Indio” Castillo. 
Por la mañana, antes de la lectura del veredicto, los cuatro acusados se declararon “totalmente ajenos” al hecho investigado. El alegato más prolongado, tal como ocurrió en la primera audiencia del juicio, que comenzó hace cuatro meses, fue el de Jorge Pomponi, quien intentó refutar la validez de las pruebas obtenidas por el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Uno de los defensores de Pomponi, Pedro D’Attoli, adelantó que es “casi seguro” que apelarán el fallo ante la Cámara Nacional de Casación, pero antes tienen que ponerse al tanto de los fundamentos de la sentencia, que recién se conocerán el lunes próximo. 
D’Attoli dijo que uno de los ejes de su atención, en el momento de presentar el recurso de casación, es que ayer, al darse a conocer el fallo, se anunció que hubo una “disidencia parcial” del juez Vázquez Acuña. Bruno Zitto, abogado del ex policía García, sostuvo que la condena de su defendido es “una barbaridad jurídica” dado que en el juicio “quedó demostrado que mi defendido es inocente”. Sin embargo, el fiscal consideróque todos tuvieron una “participación activa” en el robo y que García actuó como “capataz” del personal que trabajó en la construcción del túnel. Entre los bienes embargados a los boqueteros figuran el 63 por ciento del valor de un inmueble ubicado en Berazategui y el 50 por ciento de otra propiedad ubicada en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, además de varios automotores. 


Espejo al descubierto

Tal vez el logro más notable del juicio oral fue que brindó la posibilidad de identificar al enigmático “señor Espejo”, el hombre clave en toda la planificación y ejecución del robo. El personaje que utilizó documentación a nombre de Luis Alcides Espejo, fue el que contrató el alquiler del local de Callao 1519, desde donde se construyó el túnel, y de un departamento del 1586 de la misma avenida, desde donde se controlaron todos los movimientos que ocurrían en la sucursal del ex Banco Crédito Argentino. También alquiló a su nombre una caja de seguridad en la entidad luego robada y otra en el Banco de Quilmes. 
La verdadera identidad del falso Espejo pudo ser determinada merced a una pericia caligráfica, comparando la firma estampada en los contratos y varias cartas escritas en vida por Marcelo Dubiau, cuñado de Jorge Pomponi. El nombrado Dubiau, sin embargo, se llevó a la tumba varios secretos, ya que se suicidó de un balazo en la sien dos meses después de la detención de los cuatro condenados, ocurrida en agosto de 1997. “No quiero perjudicar a los muchachos”, fueron sus palabras póstumas. Uno de los hallazgos del falso Espejo, como se dijo en el juicio, fue el haber bautizado La Nueva Poltrona S.R.L. al supuesto comercio de “venta de colchones” que iban a instalar en el 1519 de Callao. Fue una de las últimas humoradas de Dubiau, quien finalmente se tendió su propia cama.

 

LA JURISPRUDENCIA FAVORECE A LOS DAMNIFICADOS
La hora de las indemnizaciones

Después de las condenas penales a los boqueteros, para los damnificados llega la hora de la pelea por las indemnizaciones: los ladrones abrieron en total 164 cajas de seguridad de la sucursal del Banco Crédito Argentino y, aunque no todas contenían valores, se supone que lo robado oscila entre los 20 y 25 millones. El reclamo se lleva a cabo ante la Justicia en lo Comercial, y quienes aún no iniciaron el trámite aún tienen tiempo de hacerlo, pues el delito prescribe a los diez años, en el 2007. A su favor, las víctimas cuentan con la investigación del juez de instrucción a cargo de la causa, Adolfo Calvete, quien, a través de pericias, determinó que el banco tenía serias deficiencias en materia de seguridad: el hormigón de las paredes de la bóveda no tenían el hierro suficiente como para impedir el ingreso de boqueteros y tampoco había cámaras de video capaces de registrar el movimiento de los ladrones. Las primeras sentencias, se estima, saldrán antes de fin de año.
El tribunal que condenó a los boqueteros también dispuso que se investigue la actuación del personal de la comisaría 17ª y de la División Alarmas de la Policía Federal. Esto obedece a que en el fin de semana que se produjo el robo la alarma sonó en dos ocasiones: la policía acudió al lugar pero, al no poder ingresar al tesoro hasta el día hábil siguiente y tras observar que la situación en el exterior era normal, abandonó el lugar sin dejar una consigna.
“La jurisprudencia está del lado de los damnificados: ya hay unos 40 fallos en los que la Justicia les dio la razón y determinó que los bancos son responsables de los bienes que sus clientes les dejan en custodia”, dijo a Página/12 la abogada Nilda Zigman de Domínguez, profesora de la cátedra de Contratos de la Facultad de Derecho de la UBA y, además, patrocinantes de 45 de los damnificados en los juicios comerciales que entablaron contra el BCA, hoy asimilado por el Banco Francés.
Amén de algunos objetos y dinero que fueron encontrados –algunas medallas de oro y unos 373.000 dólares–, todo el resto es pasible de reclamo, aunque no todos los damnificados aún iniciaron juicio. Las demandas comerciales tuvieron éxito independientemente de las condenas penales contra los ladrones.
“La clave para el éxito en el reclamo es reunir una prueba de indicios muy abundante”, dice Zigman de Domínguez. Y precisó: “Se requieren testimonios sobre la honorabilidad del demandante, su antigüedad en el trabajo o la renta que obtiene en su actividad; si ha recibido herencias o si ha vendido alguna propiedad”, explicó la abogada. ¿Cómo probar la existencia de alhajas o determinar su valuación? “Es necesario presentar fotos o testigos que hayan visto a la persona usar esas joyas, así como valuaciones de joyeros que las hayan tenido para su mantenimiento”, agregó. La valuación final se realiza, en base a una descripción, por parte de un perito tasador del Banco Ciudad.
Ni el BCA en principio ni el Francés ahora reconocieron su responsabilidad en el hecho. Apenas hicieron una oferta mínima a algunos de los damnificados que, en la gran mayoría de los casos, fue rechazada. Tampoco se hace cargo de los perjuicios la aseguradora Siglo XXI –al igual que el Banco Francés, adquirida por el español Banco Bilbao Viscaya- que hoy se denomina BBV Seguros SA.

 

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