Por Carlos Rodríguez
 El muro perimetral del Instituto de Menores Manuel Rocca está pintado con colores sombríos y los dibujos desconciertan porque las supuestas palomas, negras y enormes, parecen águilas prestas para atacar a su presa. En el viejo edificio del barrio porteño de Floresta hubo ayer un procedimiento inusual que tuvo razones tan tenebrosas como la fachada misma: por orden judicial, la policía allanó el lugar para verificar una denuncia por apremios ilegales contra menores internados en la que están involucrados, al menos, ocho de los guardias. En un primer paso que corrobora las irregularidades, se encontraron armas de fuego y elementos, como cachiporras y palos, que podrían haber sido usados para castigar a los internos. Una fuente oficial reconoció que es �absolutamente ilegal la presencia de armas donde hay menores�. El director del instituto, Roberto Cao, tras aclarar que asumió sus funciones �hace apenas 28 días�, admitió que tenía conocimiento sobre los hechos denunciados y que su postura es la de �colaborar para que se corte de raíz con estas situaciones de maltrato�.
Cao reconoció que en el operativo se produjo el secuestro de �cachiporras, algún palo, elementos contundentes y armas de fuego de uso civil� que estaban ocultas �en los cofres, cerrados con llave, que están en los vestuarios donde se cambia la gente�, en alusión a los guardias. La custodia está a cargo de personal militarizado, al estilo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Consejo Nacional del Menor y la Familia. �El problema �comentó a Página/12 un vocero del instituto� es que se trata de personas formadas durante la dictadura militar que siguen actuando como lo hacían en el pasado.�
El procedimiento, poco usual en un instituto de estas características, fue ordenado por la jueza Adriana Leiras a pedido del fiscal Roberto Durán, quien estuvo presente secundado por los comisarios Osvaldo Cándido, del Departamento Protección Social de la Policía Federal, y Juan José Guadagnini, de la división Delitos contra Menores. Cuando terminó el operativo, Roberto Cao habló con la prensa rodeado por familiares de los internos que habían denunciado �y lo reiteraron ante el director del instituto� que los menores �son golpeados durante las requisas, tienen que bañarse con agua fría en pleno invierno, reciben pésima alimentación y les suministran pastillas para hacerlos dormir�.
Cao confirmó que la denuncia es por �apremios ilegales�, delito penado con hasta cinco años de prisión, y al respecto comentó que desde su asunción, el 1º de junio pasado, conocía �la existencia de este tipo de hechos�. Aseguró que situaciones como las que se investigan �vienen ocurriendo desde siempre� y que su intención es �apoyar la investigación judicial para lograr el total esclarecimiento�. Dijo que, además de la vía judicial, están �los sumarios internos� que se abrirán contra los guardias involucrados en la denuncia. Anticipó que �la gente que actúa con maltrato no está más en el cargo�, por una medida interna que fue adoptada en forma paralela a la causa que lleva la doctora Leiras.
Según Cao, los acusados son �menos de diez�, aunque la titular del Consejo del Menor y la Familia (ver aparte) precisó que son ocho los que fueron señalados como autores de los apremios ilegales. Sobre el supuesto suministro compulsivo de pastillas tranquilizantes, Cao aseguró que sólo �el 7 por ciento de la población (hay 170 internos varones que tienen entre 15 y 18 años) recibe medicación psiquiátrica, recetada por los profesionales que los asisten�. Insistió en que se trata de remedios cuyo suministro está �debidamente justificado y documentado�.
Según Cao, los apremios �no vienen de ahora� y la denuncia fue presentada antes de su asunción, el 1º de junio, cuando el responsable del instituto era Agustín Castello. Voceros de la Policía Federal aseguraron que la presentación ante la jueza Leiras fue hecha �hace unos 15 días�, aunque podría tratarse de hechos ocurridos con anterioridad. De todosmodos, Cao admitió que estaba �muy sorprendido� por el hallazgo de armas y cachiporras porque �en este lugar no tienen por qué estar�.
Cuando fue increpado por algunos familiares, Cao les pidió que hagan �todas las denuncias necesarias porque nosotros estamos dispuestos a investigarlas a fondo�. En ese sentido, sostuvo que uno de sus primeros pasos fue designar �un grupo de delegados� que representa a los menores que están alojados en los cinco pabellones que tiene el instituto. En el lugar trabajan alrededor de 100 guardias, divididos en cuatro turnos. Los que estaban ayer en funciones se mostraron molestos por la presencia de los periodistas, a los que impidieron el ingreso al playón donde estaban expuestos los elementos secuestrados, a pesar de la invitación que había formulado a la prensa el comisario Guadagnini.
Los familiares, en su mayoría mujeres, aseguraron que los internos �no tienen estufa en los pabellones ni agua caliente�. Se tienen que bañar �con agua fría y por eso todos están con gripe o con bronquitis y no reciben atención médica�. El hermano de uno de los menores, en presencia de Cao, aseguró que �cuando llueve, el comedor donde reciben visitas se llena de agua y la comida es pésima�. El director se limitó a reconocer que �las dificultades edilicias existen�. Otra de las quejas fue por las requisas, donde son obligados a desnudarse �tanto las mujeres como los hombres�. Ayer, la madre de uno de los internos aseguró que las amenazaron con hacerle �tacto vaginal, como en el ginecólogo�.
| �Que salga a la luz�
Las armas secuestradas �son prueba de que los guardias maltrataban a los chicos o, al menos, de que tenían la intención de hacerlo en alguna oportunidad�, evaluó ayer ante Página/12 la presidenta del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo, quien ordenó ayer la separación preventiva de sus puestos de los ocho empleados encargados de seguridad del Instituto Rocca y el �inmediato� inicio de un sumario administrativo sobre la actuación del personal.
Orsenigo reveló que dos meses atrás firmó un convenio con el Ministerio de Justicia, para que la secretaría de Política Criminal realice un diagnóstico de todo el personal de seguridad de los institutos porque tenían �indicios� de que ocurrían abusos. �El informe final sobre el Rocca estará finalizado en diez días, pero ya me adelantaron que habrían encontraron situaciones irregulares.�
La funcionaria apoyó el allanamiento. �Apoyamos la acción del fiscal porque está en la misma línea que nuestro trabajo: estamos tratando de que si hay malos tratos, salgan a la luz. Para nosotros es un hecho auspicioso que un juzgado tome una denuncia como ésta. Si se hubiesen hecho operativos de este tipo en los últimos diez años no se hubiera llegado a esta situación�, opinó la funcionaria, de la que dependen todos los institutos de menores de la Capital Federal.
El hallazgo no la sorprendió. �Hay muchísimas sumarios abiertos por denuncias de malos tratos de chicos o familiares. Sucede que los sumarios no llegan a buen puerto porque los jueces no investigan en profundidad ni ordenan allanar. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que los guardias estaban acostumbrados a propinar maltratos. No podría decir que el hallazgo me sorprendió�, dijo. |
UN INFORME SOBRE LOS CHICOS ALOJADOS EN INSTITUTOS
Muy lejos de la �reinserción�
Por Mariana Carbajal
Casi la mitad de los adolescentes encerrados en institutos de menores de la Capital Federal están acusados de cometer delitos contra la propiedad. De ellos, uno de cada cuatro tienen causas de robo a mano armada. Sólo un 4 por ciento, está involucrados en delitos contra las personas como homicidios y lesiones. En total, superan el medio millar, de acuerdo con el último relevamiento realizado por el Consejo Nacional del Menor y la Familia. El informe muestra situaciones irregulares. Por ejemplo, 21 jóvenes estaban privados de su libertad en institutos de máxima seguridad sin ser infractores de la ley penal: simplemente por causas psiquiátricas, fuga de hogar o por ser víctimas de algún delito, sin que en los legajos aparezca claramente detalles de su situación. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño considera que el encierro debe ser el último recurso para tratar a un menor. La investigación �a la que tuvo acceso Página/12� encontró que en la mayoría de los casos la reclusión �ha sido la primera medida adoptada por la Justicia�.
El informe fue ordenado por la titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo, poco después de asumir en el cargo, durante el verano y muestra la situación heredada del gobierno menemista en materia de minoridad: un sistema de tratamiento plagado de irregularidades que está lejos de lograr la �resocialización� de los adolescentes y cumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Un equipo interdisciplinario analizó los legajos de la totalidad de los menores encerrados en el mes de octubre en los siete institutos dependientes del organismo. En ese momento sumaban 525. Apenas 36 eran mujeres. De esos jóvenes, 324 permanecían en institutos de �Admisión, clasificación y derivación� �categoría en la que se ubica el Rocca� y 201 en los de �Tratamiento�. Poco más de la mitad de los detenidos tenía nivel primario, pero apenas el 30 por ciento de ellos había completado ese nivel.
Los investigadores encontraron que el tiempo de internación de los menores superaba ampliamente el recomendado. En los institutos de �Admisión....� los jóvenes deberían permanencer durante un corto plazo. �Sin embargo, sólo el 50 por ciento ha sido derivado a otra institución o egresado dentro de los tres meses posteriores a su ingreso�, cuestiona el informe. En la mayoría de los casos, el encierro llega hasta los 270 días. El 55 por ciento ingresó por delitos contra la propiedad. �Entre ellos se destaca ampliamente el delito de tentativa de robo que representa el 20 por ciento del total�, señala el estudio. Los investigadores encontraron, por ejemplo, que dos jóvenes acusados de cometer tentativa de robo, llevaban tras las rejas entre 451 a 540 días.
De los 201 internados en institutos de �Tratamiento�, 120 tenían ingresos anteriores. De ellos, el 82 por ciento sumaba entre 1 y 5 internaciones en su legajo. La mayor proporción llevaba adentro entre 121 y 240 días. �Estos datos nos estarían indicando que a pesar de los objetivos proclamados tendientes a la �reinserción� y la �resocialización� de los adolescentes, lo que parecería estar operando es la reproducción del encierro para una población que desde muy joven comienza a transitar el circuito institucional�, concluye el informe.
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