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Por Cledis Candelaresi
 Subordinado en lo
económico a los postulados fiscalistas, el vicepresidente de la
Nación, Carlos Alvarez, se propone recuperar espacio político
a través de un proyecto de modernización del Estado, integrado
por varias iniciativas. Entre las que prometen ser más polémicas
se encuentra la de concentrar en una sola mano la administración
de recursos sociales clave como los Planes Trabajar, que en el futuro
próximo serían potestad exclusiva de la Nación. El
plan del vice también incluye un relevamiento exhaustivo de todos
los programas financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, masa de 14 mil millones de dólares que, en gran
medida, es devorada por las estructuras montadas para administrarlos.
Aunque la propuesta de la vicepresidencia no tiene como leit motiv achicar
gastos, inevitablemente dará otra vuelta de tuerca al ajuste ya
instrumentado por el gobierno de la Alianza.
“El objetivo no es que el Estado gaste más o gaste menos,
sino que gaste mejor y de un modo más transparente”, justifica
Marcos Makón, subsecretario de Modernización del Estado,
a quien Alvarez confió el diseño técnico de las iniciativas
en las que también están involucrados funcionarios de otras
áreas. Ante la actual restricción de fondos, al Gobierno
sólo le queda aprovechar mejor los recursos disponibles para el
gasto social, que en el ámbito de la Nación insume casi
3000 millones de pesos por año, dispersos en 94 programas sociales.
Con el paquete modernizador, Alvarez honra la instrucción impartida
por Fernando de la Rúa a través del decreto 17 de enero
pasado, que le ordenó ocuparse de la modernización del Estado,
por sí mismo y a través de un Comité que también
integran el secretario de Hacienda, Mario Vicens, el secretario general
de la Presidencia, Jorge de la Rúa, el secretario de la Función
Pública, Leandro Popik, el síndico general de la Nación,
Rafael Bielsa, y el secretario legal y técnico de la Presidencia,
hasta hace dos semanas Héctor Rodríguez. Página/12
accedió al bosquejo de esta iniciativa múltiple, integrada
por varios proyectos de ley. Aquí algunos puntos centrales:
u Se eliminarán funciones superpuestas entre los niveles de gobierno
nacional, provincial y municipal, asignando a una sola jurisdicción
la administración de los recursos involucrados. El Gobierno inició
un mapeo para detectar estas duplicaciones que, en muchos casos, comenzaron
cuando la Nación transfirió a las provincias servicios como
educación y salud.
Según explican los técnicos oficiales, se intentaría
evitar, por ejemplo, que en una misma manzana existan dos escuelas del
mismo nivel, u organizar de otro modo los servicios de minoridad, para
impedir que existan hogares para huérfanos y de reclusión
en todas las jurisdicciones del Estado, desperdigando los recursos que
tienen la misma finalidad.
Pero quizás el cambio más controvertido esté referido
a los programas que hoy administra la cartera laboral, y que suelen ser
utilizados como eficaz herramienta electoral. Alvarez analiza la posibilidad
de concentrar el manejo de los Planes Trabajar en la Nación, lo
que amenaza con poner en pie de guerra al Congreso, resorte natural de
la voluntad de las provincias. “La intención es llegar a acuerdos
para que la Nación y las provincias no compitan entre sí”,
minimiza Makón.
Pero ayer mismo el gobernador cordobés José Manuel de la
Sota anunció la creación de “Volver al Trabajo”,
un programa para estimular el empleo en las empresas privadas, semejante
a otros que ofrece la cartera a cargo del frepasista Alberto Flamarique.
Es previsible que cualquier discrepancia en torno a los fondos que se
utilizan para instrumentar políticas sociales dará lugar
a una disputa descarnada en el Parlamento, donde las administraciones
provinciales pelearán a brazo partido por conservar hasta el último
centavo de que disponen para costear esos planes.
El otro costado controvertido de la eliminación de duplicaciones
es el inevitable recorte de la plantilla de personal sobrante que, en
algunos casos, pertenecerá a la Nación y en otros a las
provincias o a losmunicipios. Es utópico pensar que todos los agentes
de una dependencia a suprimir puedan ser reubicados en la órbita
estatal. En particular porque la poda de organismos no sólo se
limitará a los que tienen finalidades superpuestas, sino que también
se extenderá a aquellos políticamente inviables, como los
entes residuales de empresas privatizadas.
Este achique de estructura ya comenzó, aunque casi con sigilo.
Valga de ejemplo que el Gobierno ya suprimió por decreto el Enabief,
el ente que durante la administración menemista administró
los multimillonarios bienes pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos.
 El Ministerio de Economía
y la Jefatura de Gabinete están realizando un relevamiento de todos
los proyectos de inversión financiados por el BID y el Banco Mundial,
sospechados de ser fuente de despilfarro: estos proyectos son administrados
por unidades ejecutoras que dependen de las distintas áreas del
Gobierno; los fondos están depositados en cuentas que no maneja
la Tesorería, y el Estado gasta millones de las denominadas comisiones
de compromiso, penalidad por no usar créditos disponibles.
La intención oficial es reorganizar la administración de
esos multimillonarios préstamos, limitando drásticamente
los fondos que se destinan a la administración de los proyectos.
“El dinero debe servir para costear inversiones o para mejorar la
gestión pública, no para cubrir gastos de funcionamiento”,
se queja Makón.
La iniciativa modernizadora
también incluirá un proyecto de ley para darles más
independencia a los auditores estatales. En la actualidad, estos técnicos
dependen funcionalmente de la Sindicatura General de la Nación,
pero jerárquicamente reportan al respectivo ministro o secretario
que auditan. Los funcionarios aliancistas aseguran que, a raíz
de esta forma de organización, muchos informes terminan cajonéandose,
ya que los auditores temen quedar comprometidos si elevan un reporte que
cuestione de lleno a sus superiores. Según aspira Alvarez, en el
futuro todos dependerán jerárquicamente de la Sigen, quedando
libres para denunciar lo que fuere necesario.
Alineado a la ortodoxia económica y sin resto para oponerse al
ajuste de las cuentas públicas, el Frepaso intenta buscar oxígeno
político con iniciativas que lo diferencien. Alvarez, quien junto
a la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide,
y un puñado de legisladores frepasistas integra la denominada ala
política del gobierno de la Alianza, encontró en la tarea
de modernización un resquicio para ganar tantos.
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Un
conflicto con historia
La administración de los planes Trabajar dio
lugar a una de las primeras batallas entre el gobierno de la Alianza
y las provincias, que tuvo como escenario el Congreso, cuando se
discutió el Presupuesto del año 2000. La primera medida
oficial fue dejar sin efecto un decreto menemista que recortaba
fondos a aquellos programas. Pero, de inmediato, concedió
que los planes siguieran siendo administrados en forma conjunta
por el poder central y los gobiernos del interior, con la única
condición de realizar un padrón único de todos
los planes sociales. El objetivo de este relevamiento era detectar
la posible concentración de estos beneficios en pocas manos
o, en otros términos, la asignación irregular de esos
codiciados fondos. Pero, hasta el momento, ese listado sigue siendo
sólo una buena intención. La gran incógnita
es si Chacho Alvarez, quien rompió lanzas con el Senado,
donde la mayoría es justicialista, irá más
allá y concretará su deseo de quebrar el statu quo,
reservando a la Nación la sensible tarea de distribuir los
planes Trabajar.
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López Murphy,
de remate
La reingeniería estatal que pretende realizar el gobierno de
la Alianza bajo el comando de Carlos Alvarez también supone
una reorganización drástica en el Ministerio de Defensa.
El titular de esa cartera, Ricardo López Murphy, trabaja en
un programa de ajuste que incluirá la venta de inmuebles ociosos
y de gran valor que las Fuerzas Armadas tienen dispersos por el país.
Pero también supone cambios en la administración de
los servicios anexos a la actividad castrense, como el sanitario y
el educativo. Al igual que la embestida para evitar duplicación
de funciones, esta racionalización del gasto en Defensa también
tendría como último propósito un ahorro de costos,
que se logrará reorganizando –y tal vez suprimiendo–
hospitales y escuelas que dependen de la cartera que administra López
Murphy. La intención de desprenderse de aquellos inmuebles
que no resulten estrictamente imprescindibles está a tono con
la determinación que Fernando de la Rúa tomó
para todas las áreas del Estado, cuyos inmuebles están
siendo inventariados con miras a la venta. |
PROYECTO
DE LEY PARA EL REGIMEN DE COMPRAS PUBLICAS
Cómo hacerse transparentes
La pretendida
cruzada oficial pro transparencia y modernización también
incluirá una nueva ley de compras públicas que, entre otros
aspectos, permitirá al Estado organizar todas sus licitaciones
on line. La misma iniciativa dará mayor estatus legal a los últimos
retoques que introdujo el gobierno de la Alianza vía decreto y
que también fueron planteados públicamente como una manera
de hacer más cristalina la gestión pública.
Si el proyecto de ley en ciernes prospera, la tradicional forma de organizar
las licitaciones públicas será definitivamente superada.
Los llamados a concurso a través del Boletín Oficial, los
voluminosos pliegos en papel o las aperturas de sobres en el medio de
actos multitudinarios serán reemplazados por una convocatoria y
selección a través de Internet.
La propuesta está inspirada en un mecanismo que instrumentó
el condado de Los Angeles en los Estados Unidos y que le habría
permitido confeccionar un listado de veinticinco mil proveedores a los
que los funcionarios norteamericanos pagan utilizando una tarjeta de crédito,
autorizada, obviamente, para operaciones de hasta cierto monto.
Con este propósito, la Vicepresidencia de la Nación demandó
auxilio técnico a los especialistas del BID y del Banco Mundial,
ya que en nuestro país hay un gran vacío legal respecto
al comercio electrónico. De cualquier modo, el senador frepasista
Pedro del Piero acaba de dar un paso adelante en aquel sentido, al presentar
un proyecto que pretende consagrar la “inviolabilidad” de la
firma digital.
La proyectada ley de compras también intentará darle más
fuerza a otros procedimientos instituidos por un reciente decreto que,
según el Gobierno, le permitirían al Estado eliminar sobrecostos
por unos 200 ó 300 millones de pesos anuales. Entre ellos está
la obligación de publicar los pliegos de licitación antes
de que se abran los concursos, para que las bases puedan ser objetadas
y, así, minimizar el riesgo de que estén hechas a medida.
Aquella iniciativa también permitiría jerarquizar la decisión
de bajar de un millón a 300 mil pesos el monto máximo de
las operaciones que pueden realizarse sin convocar a una licitación
pública.
Otro capítulo de la embestida modernizadora son las cartas compromisos,
que obligan a las dependencias públicas a resolver en tiempos perentorios
los trámites que se les encomiendan. INTI, Anmat, Segemar y el
Registro de la Propiedad ya tienen las suyas y en breve a esta lista se
sumará la AFIP.
Pero todas estas herramientas, inspiradas en el loable propósito
de transparentar y mejorar la gestión pública, pueden transformarse
en letra muerta o ser sólo un gesto político de no existir
verdadera voluntad de utilizarlas. Valga como antecedente la propia página
en la web de la Secretaría de Hacienda, creada por Domingo Cavallo
cuando era ministro de Economía y que, entre otras cosas, promete
un detalle de todas las contrataciones que realiza el Estado. Sin embargo,
desde octubre pasado este site prácticamente no se actualizó.
Miniajuste
para que unos pierdan y menos ganen
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La reasignación de partidas del presupuesto entre
ministerios informada ayer representa un poda moderada de gastos
de 35,4 millones de pesos. Desarrollo Social es el que más pierde.
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El Gobierno efectivizó
una “reasignación” de partidas presupuestarias mediante
el decreto 487, publicado ayer en el Boletín Oficial, que viene
a completar el proceso de recorte del gasto público anunciado a
fines de mayo. La norma, que fue acordada en el último mes por
todos los ministros del gabinete, implica en términos netos una
poda moderada de gastos: sólo 35,4 millones, sin contar aplicaciones
financieras ni gastos figurativos. Pero a tal resultado se llega después
de aplicar una baja de gastos por casi 181,8 millones en algunas partidas
y un aumento de 117,6 millones en otras, lo cual supuso una fuerte puja
de intereses entre ministros.
La desesperación por arrimar recursos al fisco por parte del equipo
de Machinea se observa en los 17,5 millones de la Lotería Nacional,
provenientes del ejercicio ‘99, que debían ir al Ministerio
de Desarrollo Social, y que el decretó determinó que se
los quedará el Tesoro.
Los ganadores y perdedores de este nuevo pase de manos de fondos presupuestarios
son los siguientes:
El Ministerio del Interior,
que conduce Federico Storani, y el de Justicia, a cargo de Ricardo Gil
Lavedra, fueron otros dos afectados por la tijera. En términos
netos, Interior resignó unos 5 millones de pesos de fondos de la
administración central. Pero también “perdió”
unos 8,5 millones del manejo del Fondo Permanente Partidario y se cayó
una partida de 40 millones del Registro Nacional de las Personas. En Justicia,
el recorte final llega casi a los 10 millones de pesos.
El Ministerio de Economía
también resignó recursos –alrededor de 9 millones de
pesos– como consecuencia de la poda en personal contratado.
El flamante director de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Héctor
Rodríguez, fue el gran beneficiario de la medida. El organismo
recibió un incremento de sus recursos de 71 millones de pesos.
En Infraestructura, Nicolás
Gallo, logró, a primera vista, una suba de fondos de 19 millones
de pesos. Pero, en realidad, dicho incremento se explica por el programa
de atención de inundaciones que, financiado en su mayor parte por
el Banco Mundial/BID, expandió sus fondos en 40 millones de pesos.
En cambio, habría importantes recortes en el área de vialidad
nacional.
La suba de gastos que obtuvo
Ricardo López Murphy en Defensa (12,4 millones de pesos) se explica
porque la Ley de Presupuesto preveía para este año un incremento
de los fondos destinados al sistema de seguridad aérea, que no
se habían contemplado con anterioridad.
El Ministerio de Salud aumentó
los recursos en 5,3 millones en términos netos. La suba más
notable se produjo en el programa de lucha contra el sida, que consiguió
10 millones de pesos más de financiamiento.
En Cancillería, el incremento
en el gasto fue de 1,4 millón de pesos.
EURNEKIAN
PAGA PARTE DEL CANON POR AEROPUERTOS
“Un gesto de buena voluntad”
El grupo Eurnekian, concesionario
de los aeropuertos nacionales, anunció que pagará hoy, “como
gesto de buena voluntad”, 42,5 millones de dólares “como
anticipo del canon correspondiente al primer semestre del año actual”,
pese a que aún adeuda 54 millones correspondientes a obligaciones
vencidas. A su vez, el consorcio Aeropuertos Argentina 2000 informó
que la Fuerza Aérea declaró rescindido el convenio entre
la Fuerza Aérea y la empresa Interbaires por la cesión de
un terreno sobre la Autopista Riccheri de 9 hectáreas, ante el
incumplimiento de la concesionaria de los free shops de restituir espacios
de oficina en los espigones internacionales A y B.
Eduardo Eurnekian mantuvo ayer un encuentro con el titular del Orsna,
Eduardo Sgüiglia, durante el cual precisó que “los socios
de AA2000 han realizado las previsiones económico-financieras para
el pago del canon correspondiente al año actual, en tiempo y forma”.
En ese marco, anunció que pagará hoy 42,5 millones de dólares
como anticipo del canon correspondiente al primer semestre del año.
“AA2000 mantiene un reclamo por compensación económica
contra el Estado por unos 198 millones de dólares, mientras que
el Estado pide el pago de unos 50 millones de dólares”, señala
la empresa de Eurnekian como para destacar aún más “el
gesto de buena voluntad”.
El culebrón de la disputa entre Eurnekian y el Exxel genera novedades
casi a diario, y ayer fueron dos. La segunda es la decisión oficial
adoptada por el comandante de Regiones Aéreas, brigadier Horacio
Oréfice, disponiendo declarar rescindido un convenio con Interbaires
del 28 de noviembre de 1994 e intimándola a devolver el predio
con dos galpones ubicado a la altura del kilómetro 29 de la autopista
de acceso al aeropuerto de Ezeiza. Dicho terreno había sido cedido
a Interbaires (cuando ésta aún pertenecía a Inversiones
y Servicios, una sociedad que diversas versiones vinculaban a Alfredo
Yabrán) a cambio de una serie de espacios ubicados en el área
de módulos y en los espigones internacionales A y B, que debían
pasar a manos de la Fuerza Aérea. Según informó AA2000,
Interbaires “incumplió” esta parte del acuerdo, comprometiendo
espacios que “deberían haber sido incorporados a la concesión”.
Manteniendo el nivel de confrontación con el Exxel Group –que
le adquirió Interbaires a IyS a fines de 1997–, AA2000 señaló
en un comunicado que “desde la toma de tenencia (de los aeropuertos)
se mantuvo oculta la existencia del convenio, con el daño económico
que genera por la imposibilidad de disponer de tales espacios”. Dicha
situación dio lugar a la denuncia presentada a fines de mayo pasado
ante el órgano regulador (Orsna) reclamando los espacios ocupados
por Interbaires. En respuesta a esa demanda, la Fuerza Aérea dio
por rescindido el convenio, reclamando la restitución del terreno
pero sin resolver sobre los espacios de oficina en litigio.
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