Por Raúl Dellatorre
 �La tarifa del gas para los consumidores residenciales subirá un cinco por ciento a partir de julio, y para los industriales un 3,7 por ciento�, adelantó el secretario de Energía, Daniel Montamat, ante Página/12. �Lo que el Ministerio de Economía sigue discutiendo es la suspensión por dos años de los ajustes y cómo se aplicará la compensación posterior�, agregó. ¿No se eliminará la indexación?, le preguntó este diario. �Eso debe hacerse por ley�, definió el responsable del área energética. La noticia caerá como balde de agua fría sobre los hogares de los consumidores, justo cuando el clima se empeña en marcar records de temperaturas bajo cero.
Sin medias tintas, Montamat barrió con uno de los objetivos por el que venía peleando Economía, con Pablo Gerchunoff a la cabeza, en su pulseada con distribuidoras y transportistas: eliminar la indexación por acuerdo de partes. En diciembre pasado se había acordado postergar el ajuste semestral establecido por contrato, que es el que ahora se aplicaría según lo dicho por Montamat, en función de un índice de precios de materias primas industriales de Estados Unidos. El aumento del precio del petróleo en los últimos meses empujó para arriba el índice de referencia, arrojando como resultado los valores arriba indicados.
�La alternativa que está estudiando Economía es crear una especie de cuenta corriente de las concesionarias con los próximos ajustes semestrales, en la que se irían acumulando las modificaciones de tarifas que les corresponden por contrato y se compensarían con su aplicación a partir del 2002�, planteó Montamat. Según el funcionario, no necesariamente esa acumulación bianual deba resultar en un superajuste en el 2002. �Depende mucho de cómo evolucione el precio del petróleo, que también puede bajar de sus niveles actuales�, especuló.
Lo cierto es que el Ministerio de Economía no logró ni siquiera el acuerdo de las empresas en el objetivo �de mínima� que se planteó, como es el de congelar las tarifas por dos años, postergando inclusive el ajuste por este semestre. Las dos transportistas y ocho distribuidoras se resisten a aceptar esa �impasse�, argumentando que el ajuste se aplicó durante siete años sin que por ello se generaran conflictos. Además, advierten que el aumento acumulado en dicho período se ubica por debajo de la evolución de los índices de precios (costo de vida y mayorista) nacionales.
Las empresas estadounidenses serían la que mantienen una posición más dura en las negociaciones entabladas desde hace aproximadamente dos meses, mientras que las europeas serían más proclives a buscar un acuerdo, según fuentes vinculadas a estas últimas. Economía habría ofrecido, incluso, un resarcimiento por la postergación de los aumentos, en la forma de un interés que se acumularía al ajuste de tarifas al momento de hacerse efectivo.
El equipo económico esperaba convertir la negociación con las gasíferas en un �leading case� o caso ejemplificador, cuando confiaba en un rápido acuerdo, para luego aplicarlos en otros sectores, como energía eléctrica o peajes en rutas. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Con el reclamo de legisladores de la Alianza para eliminar lisa y llanamente la indexación (ver aparte), más la propuesta del Grupo Productivo de subir los aportes patronales de las privatizadas, las concesionarias del transporte y la distribución de gas se sintieron atacadas por varios flancos. Su reacción fue defender la letra de los contratos firmados en 1992. Y reclamar la aplicación de los dos ajustes acumulados a partir del presente mes.
El sistema de indexación de las tarifas del gas por semestre calendario por la inflación estadounidense fue cuestionada desde el mismo momento en que se resolvió, al privatizarse Gas del Estado en 1992. Con un aditamento que lo hizo aún más cuestionable: los valores iniciales a percibir por los contratistas se habían fijado por contrato, pero la fecha de toma deposesión se decidió posteriormente. Sin que mediara una justificación razonable, esa fecha se fijó en el 28 de diciembre de 1992. Como consecuencia de esa determinación, a los cuatro días de recibir las empresas (1º de enero de 1993), los concesionarios recibieron la primera indexación de tarifas. El Día de los Santos Inocentes de 1992 quedó así marcado en la historia de las privatizaciones gasíferas.
| Había acuerdo pero llovió
Las negociaciones entre las transportistas y distribuidoras de gas y el Gobierno estaba el viernes a un paso del arreglo final. �Sólo faltaba que (José Luis) Machinea hiciera el discurso de rigor y agradeciera a las empresas�, comentó a este diario una fuente de estas últimas. El acuerdo consistía en aplicar ahora el ajuste pendiente de diciembre y postergar hasta el 2002 el próximo aumento, acumulando los que surgieran de cada cálculo semestral y, sobre ellos, aplicar una tasa de interés resarcitoria �de algunos puntos sobre la Libor (tasa interbancaria de Londres)�. Así lo entendieron, al menos, los representantes privados que participaron del encuentro dispuestos a estampar la firma. Pero Economía, representada por Pablo Gerchunoff, cuestionó la tasa resarcitoria. �Ahí se pudrió todo y volvió a cero�, indicó la fuente. La reunión terminó con expresiones airadas y portazos. El fin de semana �countries y paseos en yate de por medio� debía calmar los ánimos y reanudar el diálogo. Pero llovió, y hasta ayer no se había fijado fecha para el reencuentro. |
| Críticas en el Senado
Daniel Montamat, secretario de Energía, se pronunció ayer en contra de regular la comercialización de combustibles, lo que le valió una dura crítica por parte de un grupo de senadores. En un informe ofrecido en la Cámara alta, Montamat aseguró que las leyes de Defensa de la Competencia y de Antimonopolios son suficientes para controlar el mercado de los combustibles. �Esas normas tienen figuras muy duras que se pueden aplicar�, argumentó. Angel Abastos (PJ) fue uno de los críticos de esa postura: �Los usuarios se encuentran totalmente desprotegidos, y la ley de Defensa de la Competencia no es confiable�, señaló. Por otra parte, Montamat anunciará hoy un plan para ampliar el sistema de transmisión eléctrica. Las obras incluirán la interconexión entre el noroeste y el noreste del país. |
DIPUTADOS DE LA ALIANZA DISCUTEN FRENAR LA INDEXACION
El taxímetro de las privatizadas
Por Cledis Candelaresi
Las elevadas tarifas públicas y su carrera ascendente se transformaron en un desvelo para el Gobierno, que busca cómo desindexarlas sin vulnerar los contratos con las prestadoras. En esa batalla no todos luchan con el mismo fragor. Los diputados aliancistas que ya presentaron un proyecto para prohibir los aumentos ayer discutieron con el presidente de la Sigen, Rafael Bielsa, cómo instrumentarlo. En ese preciso momento, otros legisladores del mismo signo alistaban una iniciativa para reemplazar las actuales fórmulas de ajuste por otra menos onerosa para los usuarios.
�La cuestión es renegociar los contratos de manera que se termine con una indexación absolutamente absurda�, declaró ayer José Luis Machinea. En el ámbito más reservado de la quinta de Olivos, cuando hace más de un mes se discutían los detalles del último ajuste, el ministro de Economía alentó a legisladores de la Alianza a que trabajaran para lograr ese objetivo. Algunas privatizadas ajustan sus tarifas por el índice de precios de Estados Unidos, y otras por la tasa Libo.
Desde entonces se abrieron dos caminos. El Poder Ejecutivo �el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, y el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo� intentó negociar con las empresas concesionarias de servicios públicos para que resignen los aumentos que les corresponden por contrato. Los legisladores, por su parte, comenzaron a trabajar con la idea de bloquear legalmente esos incrementos, aunque con criterios diferentes.
La primera iniciativa que ganó la luz fue la de los diputados frepasistas Rubén Giustiniani y Alejandro Peyrú, prohibiendo la indexación. El fundamento básico de esta prohibición es que las recomposiciones tarifarias vulneran la ley de Convertibilidad, con el agravante de que algunos de esos aumentos (peajes y teléfonos, por ejemplo) fueron habilitados por decretos. Pero el proyecto nada dice hacia el futuro, allanando el terreno para un virtual congelamiento.
Sus colegas Ricardo Vago y José Recio consideraron inviable este camino, y se pusieron a trabajar en uno diferente. Finalmente, ayer ultimaban otro proyecto que plantea sustituir las actuales fórmulas de ajuste por otra que contemple los aumentos de costos reales de las prestadoras de servicios: si éstos varían más de un 2 por ciento, el precio podría revisarse. Gracias a un urticante añadido, las empresas estarían obligadas a volcar en obras las ganancias extra que obtuvieron al aumentar las tarifas por encima del índice general de precios.
Lo que todos censuran, incluido el Poder Ejecutivo, es que los servicios públicos están ligados a los precios de los Estados Unidos o la tasa interbancaria de Londres (Libo), que en los últimos años subieron más que el IPC local. En los fundamentos del proyecto Giustiniani-Peyrú se incluye un cálculo contundente: entre enero de 1995 y abril del 2000, el índice de precios local subió apenas un 0,2 por ciento, contra el 35,2 del CPI (Consumer Price Index) norteamericano.
No faltan argumentos legales para discutir las incesantes subas tarifarias, aunque éstas están avaladas contractualmente. La ley de Reforma del Estado prevé tarifas �justas y razonables�, calificación dudosa para aquellos precios que subieron muy por encima del resto. Por su parte, la Procuración del Tesoro ya inhibió un incremento en el peaje de los accesos capitalinos según el índice de precios estadounidense, argumentando que violaba la ley de Convertibilidad.
Tampoco falta presión de los empresarios, que exigen que se abarate el costo de los servicios, porque éste atenta contra la competitividad. Pero del otro lado están las grandes prestadoras, con el respaldo de sus contratos y decretos.
Para pulsear con ellas, al Gobierno le viene bien que el Parlamento discuta un proyecto duro, que amenace con un congelamiento. Pero quizás, Economía e Infraestructura no pretenden ir más allá y por eso los diputados apenas mantuvieron un par de contactos con Gerchunoff. Su mayoravance fue arrancarle al síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, la promesa de estudiar el tema con sus técnicos.
OPINION OFICIAL SOBRE UN ACUERDO REPSOL-PETROBRAS
�Podría ofrecer precios más bajos�
Por R.D.
El secretario de Energía no oculta sus expectativas respecto de un arreglo entre Repsol-YPF y Petrobrás para un intercambio de activos, fundamentalmente en lo que respecta a la participación de la brasileña en la comercialización de combustibles. �Podría ocurrir que ingrese al mercado con precios más bajos, incluso a pérdida en los primeros tiempos, para ganar mercado; es una empresa pública, con razonamiento de largo plazo, a diferencia de una empresa privada que lo que busca es maximizar sus resultados de corto plazo.�
En una entrevista con Página/12, Daniel Montamat destacó otras ventajas si la estatal brasileña resulta destinataria de los activos de los que debe desprenderse Repsol-YPF. �Nos ayudaría a la conformación del Mercosur energético, haría más competitiva la región�, afirmó. �Pero lo primero que vamos a controlar es que se trate efectivamente de una venta de activos y no de un acuerdo estratégico entre ambas empresas; ése sería el único �temita� negativo en esta operación�, apuntó Montamat.
En las últimas dos semanas se han acelerado las conversaciones entre Repsol-YPF y Petrobrás, en Madrid y Río de Janeiro, para alcanzar un acuerdo en la valuación de los activos en juego. Repsol cedería la refinería de Bahía Blanca (ex Isaura) y la red de 600 estaciones de servicio EG3, a cambio de una participación en refinerías brasileñas y 400 puntos de venta en el país vecino. Todo indica que esta semana las negociaciones estaban muy cerca de un punto de acuerdo, ya que el intercambio conviene a las respectivas estrategias de cada empresa: el ingreso de Repsol a Brasil y de Petrobrás a la Argentina como jugadores de peso.
En el transcurso de la operación, ambas empresas jugaron sus cartas a través de versiones encontradas: Petrobrás hizo correr en reiteradas oportunidades la especie de que el acuerdo estaba sellado para desalentar a terceros interesados, mientras Repsol-YPF planteó que pondría la colocación de sus activos en manos de bancos de inversión, para apurar una definición de Petrobrás.
Montamat justificó la falta de interés de otros operadores en el negocio minorista local. �No es un mercado en franco crecimiento, salvo en la franja del gasoil; pero, además, ahuyenta la idea de que tendrían que competir con un segmento mayorista informal (ventas en �negro�), que en el caso de las naftas representa el 10 por ciento del mercado�.
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