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 El Gobierno parece estar testeando los efectos de la discusión sobre una eventual mesa de diálogo entre militares y organismos de derechos humanos –con la intermediación de la Iglesia Católica– que impulsa el Ejército para terminar con los Juicios de la Verdad. El Ministerio de Defensa intentó ayer despegarse de la iniciativa de los militares, pero sus voceros expresaron oposición a regañadientes. La misma indefinición sigue manteniendo el presidente Fernando de la Rúa. Al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, quien sostuvo que “hay que respetar plenamente” el camino judicial, se sumó ayer la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien planteó: “Tiene que ser una mesa consensuada y querida, y acá hay una parte que no ve con beneplácito el diálogo”. Los organismos de derechos humanos presentarán hoy una carta dirigida a De la Rúa exigiéndole que “respete y haga respetar los dictados de la Justicia”.Mientras promueve el diálogo con la promesa de intentar esclarecer el destino de detenidos-desaparecidos, el Ejército busca proteger a los militares que se niegan a declarar ante la Justicia. A favor de la impunidad habló ayer públicamente el ex jefe de la Armada durante la Guerra de Malvinas, Jorge Anaya, quien describió a la posible mesa de diálogo como “positiva” y llamó a “terminar con el pasado y mirar hacia el futuro”. En el Episcopado insisten con que la Iglesia aspira a lograr “la anhelada reconciliación nacional”. En el Gobierno las posturas permanecen disímiles. El ministro del Interior, Federico Storani, ya había evaluado como “positivo que se esté estudiando alguna forma de que todos los sectores colaboren”, y una posición similar adoptó la cartera de Defensa. Gil Lavedra, en cambio, advirtió que “los caminos de la Justicia están abiertos y hay que respetarlos plenamente” y consideró que “no es bueno” que el Ejército respalde a quienes se niegan a declarar. Conti se pronunció ayer en esa misma dirección al decir que “no se pueden formar mesas de diálogo por decreto”. Sin embargo, en abril la funcionaria había dicho que el juicio por la verdad en Córdoba era “poco serio”, lo que le valió múltiples cuestionamientos de los organismos de derechos humanos. El fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Hugo Cañón, mostró su descreimiento: “Esta decisión esconde una política del Ejército absolutamente peligrosa y desafiante que va contra el sentido de respeto que se debe tener hacia la Justicia, algo que me parece muy negativo”. Que la investigación judicial siga su curso por la Corte Suprema, teniendo en cuenta que debe resolver acerca de aquellos militares que se niegan a declarar, es una opción que las Fuerzas Armadas y el Gobierno miran con buenos ojos. Los organismos de derechos humanos anunciaron que entregarán hoy a las 13 una carta al Presidente pidiéndole que “cumpla con los compromisos asumidos por el Gobierno Argentino al suscribir los Convenios internacionales sobre derechos Humanos”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y el diputado de la Alianza Alejandro Mosquera, coincidieron en un comunicado: “Nos resulta inadmisible el intento de formar una mesa de diálogo en la que se equipare a victimarios y víctimas, en la que se diluya la búsqueda de verdad y justicia, y se termine bendiciendo a la impunidad de los genocidas (...). Debe ser la Justicia sin interferencia del poder político la que desande el camino a través de los Juicios de la Verdad”.
BAGNASCO A CARGO DE LA CAUSA
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