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NET12 - EBIZ


LE PIDIO Al juez BAGNASCO LA CAUSA POR EL ROBO DE BEBES en la dictadura
La Corte no se cansa de hacer milagros

En pleno receso invernal, el Alto Tribunal resolvió pedirle al juez Adolfo Bagnasco la causa por la apropiación de hijos de desaparecidos para definir si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas puede hacerse cargo de la investigación. La decisión de la Corte coincide con la interpretación del Ministerio de Defensa al rechazar un pedido de los organismos de derechos humanos.

Las Abuelas de Plaza de Mayo ya recuperaron a 66 hijos de desaparecidos y calculan que son más de 500. La intervención de la Corte en la causa se produce a pedido del represor Omar Riveros.

Por Adriana Meyer

La Corte Suprema de Justicia sigue dándoles motivos de júbilo a los militares. La Secretaría penal del Alto Tribunal solicitó al juez Adolfo Bagnasco que le enviara el expediente sobre la práctica sistemática de apropiación de menores, hijos de desaparecidos, durante la dictadura. Lo hizo para analizar la pretensión del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa) que pidió intervenir en este caso a partir de un planteo del represor Santiago Riveros. Al parecer, los jueces supremos decidieron avanzar durante la feria judicial de invierno sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Hace tres días, dispusieron que la Cámara Federal de Bahía Blanca remita todo el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. El Consufa es un tribunal administrativo que depende del Poder Ejecutivo, de modo que la Corte podría haber rechazado de plano (in limine) la pretensión por ser “manifiestamente improcedente”. Al solicitar la causa que instruyó Bagnasco le dio a la justicia castrense una entidad de la que carece.
“Espero que el Alto Tribunal decida de la forma más rápida y justa, es decir, dando lugar a que esta democracia se siga consolidando y deje a la Justicia civil hacer su cometido”, comentó a Página/12 el fiscal del caso, Eduardo Freiler, al enterarse del pedido de la Corte. Ayer recibieron en el juzgado de Bagnasco un oficio firmado por el secretario penal de la Corte Suprema, Esteban Canevari, y fechado a fines de la semana pasada en el que solicitaba que le remitan la causa 10.326/96 “Nicolaides, Cristino y otros s/sustracción de menores en virtud del planteo de competencia efectuado en estas actuaciones”. Sin más precisiones, los empleados del juzgado empezaron a empaquetar los 34 cuerpos del expediente y seguirán trabajando toda la semana porque, a pesar de la feria corta, las causas con detenidos siguen tramitándose. Bagnasco enviará además dos planteos formulados por Jorge “Tigre” Acosta y Emilio Massera, en los que la Cámara Federal ya resolvió rechazar la competencia de la justicia militar para investigar la práctica sistemática de sustracción de menores implementada por los represores entre 1976 y 1980. La idea es que los supremos tengan claro que ya existen pronunciamientos judiciales al respecto. El represor Santiago Riveros decidió llevar el asunto directo al Consufa y allí tuvo éxito porque el Poder Ejecutivo, aunque podría haber intervenido, decidió no hacerlo. 
“Esto es de una gravedad similar a lo sucedido con la Cámara Federal de Bahía Blanca, pero no queremos anticiparnos porque, de todos modos, esta instancia tenía que llegar”, opinó el abogado que representa a cinco de los querellantes, Alberto Pedroncini. El letrado aseguró a este diario que seguirán adelante con la denuncia presentada ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la intentona del Consufa de sacar la causa de la Justicia civil. Y adelantó que harán una presentación similar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
¿Cuál es el efecto concreto de esta medida? En los hechos, Bagnasco puede seguir recogiendo pruebas, pero no puede tomar indagatorias y precisamente el único imputado al que tenía previsto interrogar es Riveros. Es decir que el ex comandante de Institutos Militares, representado por el abogado y ex funcionario de facto Florencio Varela, logró para sí un beneficio tangible. Sin embargo, ninguno de los otros diez ex jefes militares –Jorge Videla, Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge “Tigre” Acosta, Héctor Febres, Carlos “Pajarito” Suárez Mason y Juan Bautista Sasiaiñ– se acopló a su estrategia. Todos están con prisión preventiva aunque gozan del arresto domiciliario, salvo Acosta y Febres. Ahora quedan a disposición de la Corte. 
La otra consecuencia tiene que ver con los tiempos que piensa darse el Supremo Tribunal, cuyos plazos suelen ser indefinidos. Esta causa –iniciada en diciembre de 1996 por las Abuelas de Plaza de Mayo– ya estaba muy cerca de ser elevada a juicio oral. “El 95 por ciento de la prueba ya fue recolectada y estábamos cerrando el capítulo referido a las responsabilidades del Ejército”, explicó una fuente judicial. Además, la sala I de la Cámara Federal porteña acaba de ratificar los procesamientos y las prisiones preventivas dictados por Bagnasco en setiembre. El escenario de un nuevo desfile de represores por el banquillo público de los acusados estaba muy próximo y ahora empieza a desdibujarse. 
El Consufa pretende intervenir en base al artículo 10 de la ley 23.049 que reformó el Código de Justicia Militar y habilitó a los militares a juzgar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Como no lo hicieron en el plazo establecido, la Cámara Federal porteña inició en 1984 el Juicio a las Juntas. En su argumentación los jueces castrenses desconocen la validez de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que desde 1994 es ley de la Nación. “La Corte ha ratificado en otras oportunidades la vigencia de la Convención de modo tal que podría haber rechazado in limine el planteo del Consufa como hizo Bagnasco, pero cedió y prefirió actuar en consonancia con los deseos de los militares que no quieren seguir visitando ningún tribunal más”, razonó con bronca uno de los investigadores que conoce cada detalle del caso. “Sería demasiado grosero que les terminen dando la razón a los militares, y menos en la delicada cuestión de la sustracción sistemática de menores, de modo que sólo están ganando tiempo hasta que se aquieten un poco las aguas”, especuló. 

 

 

Cada vez más piedras en el camino 

Estela de Carlotto *. 
“Debilidad oficial”

“Este pedido es coherente con toda esta situación jurídica que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estas causas están siendo acosadas por el Ejército que pretende apropiarse de las investigaciones por debilidad del Gobierno. Con mucho optimismo pensamos que la Corte lo hace para devolver la causa a su ámbito natural, que es el de Bagnasco, si no todos los argentinos deberíamos estar preocupados porque están desafiando a la democracia.”

* Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.


Mabel Gutierrez *.
“La causa se retrasa”

“La Corte está en su derecho de pedir el expediente y Bagnasco está en obligación de entregarlo, pero mientras la causa se retrasa. Es llamativo el avance del partido militar y la Corte está contribuyendo a neutralizar la acción de la Justicia. Parece que habíamos avanzado demasiado. Si la Corte demuestra voluntad, debería resolverlo rápidamente, pero no tiene plazos. Ya que se tomó la decisión de pedir el expediente esperemos que resuelva rápido.”

* Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas.


Adolfo Perez Esquivel *.
“Demasiada impunidad”

“Tenemos una gran preocupación de que paralicen la causa del robo de chicos porque ya hay demasiada impunidad en el país. La decisión de la Corte es preocupante, y está unida a lo que pasó en el caso de Bahía Blanca. Hay una avanzada de parte de los militares, como la comisión del diálogo que quieren hacer con la Iglesia, que tiene mucho que reparar en sí misma. Todas son piedras en el camino.” 

* Servicio de Paz y Justicia.


Martin Abregú *. 
Ponen más obstáculos

“No puedo opinar acerca del fondo porque no conozco los detalles de la decisión de la Corte. Parece claro, sin embargo, que hay que vincular esta decisión con la del viernes, en la que se ordenó el envío del expediente del Juicio por la Verdad de Bahía Blanca a la Cámara de Casación. Hay un avance en la obstaculización de causas contra los militares y la Corte está aceptando su parte en este juego.” 

* Director del Centro de Estudios Legales y Sociales.


Nora Cortiñas *.
“Invasión a la Justicia”

“El CONSUFA quiere invadir un área de la Justicia que no le compete. Hay una intencionalidad de terminar con todos los juicios, tanto los de la Verdad como los del robo de niños. La Corte sigue con los mismos vicios que tenía en el gobierno anterior y demuestra complicidad con el terrorismo de Estado. Es hora de que el Presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pare la avanzada militar sobre la sociedad civil.” 

* Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

 

 

opinion
Por Horacio Verbitsky

Fuerza de tareas

La Corte Suprema también pidió el expediente que instruía el juez Adolfo Bagnasco por el robo de bebés durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. En esa causa hay diez responsables detenidos, entre ellos el ex dictador Benito Bignone, los ex jefes del Ejército y la Armada, Cristino Nicolaides y Emilio Massera y el ex jefe de inteligencia de la ESMA, Jorge Acosta. Esos delitos no fueron incluidos en las leyes y decretos de impunidad porque hasta los indulgentes ex mandatarios Raúl Alfonsín y Carlos Menem entendieron que no había pretexto político o bélico que justificara el secuestro de chicos para repartirlos como animalitos entre familias de militares estériles. 
Igual que en el caso del juicio por la verdad de la Cámara Federal de Bahía Blanca, la Corte esperó hasta las vacaciones de invierno para aplicar, con la técnica castrense de la sorpresa y el sigilo, este golpe alevoso a la búsqueda de la verdad sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y al intento de Justicia para los más vulnerables de entre ellos. El tratamiento de la cuestión de los bebés también fue ocultado al ministro de la Corte Enrique Petracchi, quien había pedido que se cumpliera con una vieja rutina: que en ausencia de un juez no se firmaran pronunciamientos de especial trascendencia. El que debería ser superior tribunal de Justicia de la Nación volvió a actuar como fuerza de tareas de Banana Republic y requirió el envío de toda la causa, para pronunciarse en cuestiones que no lo hacían necesario. Su intención es paralizar los juicios, para “ordenarlos”, como le prometió el presidente De la Rúa a la corporación castrense, de renovada prepotencia. 
En el caso de Bahía Blanca la Corte sostuvo que intervenía en ejercicio de sus funciones disciplinarias (“de superintendencia”). En el de los bebés aduce que debe pronunciarse ante el planteo de la autodenominada justicia militar, que quiere encargarse de blanquear los crímenes de sus camaradas, como ya hizo hace 16 años cuando Alfonsín confió en que las Fuerzas Armadas se autodepurarían. También ayer se difundió una declaración del secretario de asuntos militares Angel Tello, según quien debe considerarse a un cuerpo administrativo que vela por la disciplina de los cuarteles como un tribunal facultado para juzgar delitos. La Justicia debe resolver, añade, repitiendo las mismas palabras que el presidente empleó para mandar a vía muerta las órdenes de captura del juez Baltasar Garzón. La vieja hipocresía radical campea por sus fueros, ahora ante el silencio cómplice del vicepresidente Alvarez y la ministra Fernández Meijide. Todos fingen ignorar el acuerdo de trastienda entre un estamento castrense que vuelve a probar el sabor de la intrusión política y un gobierno que renuncia a mandar. Encubrir con ropajes jurídicos este atropello a la legalidad y a los compromisos internacionales de rango constitucional es prostituir el concepto de la Justicia e invitar a la ley de la selva. 

 

 

Defensa les hizo un guiño jurídico a los represores

Para Bagnasco, los tribunales militares “son como el de la AFA”.
Los asesores letrados de López Murphy piensan muy, muy distinto.

Por Victoria Ginzberg

Para el Ministerio de Defensa, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas está en su derecho de reclamar la causa en la que se investiga el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) pidió al Gobierno que detenga la ofensiva iniciada por el abogado del represor Santiago Omar Riveros para quitarle al juez Adolfo Bagnasco la investigación. La solicitud se basó en que el tribunal militar es de carácter administrativo, por lo tanto depende del Ejecutivo. “La Corte Suprema a través de una jurisprudencia pacífica y constante ha reconocido que los tribunales militares son tribunales de la Nación derivados de la ley, aunque no formen parte del Poder Judicial”, respondió la semana pasada el ministerio, en un guiño a la pretensión de los represores. 
“No hay jurisprudencia de la Corte que diga que el Consufa o los tribunales militares son judiciales. Son de orden administrativo y dependen del comandante en jefe y del Ministerio de Defensa”, explicó Sergio Di Gioia, abogado de la APDH. Di Gioia objetó la carta que firma el secretario de Asuntos Militares, Angel Tello, en términos jurídicos. Diferenció entre un tribunal judicial y uno jurisdiccional (el Consufa). “La DGI puede aplicar una sanción pero de carácter jurisdiccional. Las decisiones de los organismos de este tipo deben poder ser revisadas judicialmente”, agregó el abogado. Y coincidió con Bagnasco que, en una entrevista publicada en Página/12, comparó el tribunal militar con el de la AFA. 
El secretario de Asuntos Militares, en cambio, consideró que el CONSUFA, “aunque no forme parte del Poder Judicial” tiene “independencia de criterio en sus funciones eminentemente jurisdiccionales en materia de justicia militar” y manifestó que “la cuestión de competencia suscitada debe concluir por la vía natural que prevé la ley procesal en el ámbito del Poder Judicial, donde deberá resolverse definitivamente la contienda, procedimiento que respeta esta cartera de Estado, entendiendo que no resulta beneficioso recurrir al amparo de otros funcionarios ajenos a la ley”. Pero para Di Gioia no puede haber conflicto de competencia entre un organismo que no integra el Poder judicial, que no está en la Constitución. “En última instancia el Consufa sólo podría reclamar su competencia en causas relacionadas con ‘la lucha contra la subversión’ y en este caso de trata de sustracción de menores y supresión de su identidad”, remató el miembro de la APDH. 
Para los organismos de derechos humanos el problema está en que el Gobierno se refugia en el discurso de la independencia del Poder Judicial, cuando, en este caso, tenía razones para intervenir. De hecho, cuando se destapó el conflicto, se supo que varios funcionarios civiles habían forcejeado durante dos semanas para que el Consejo no reclamara para sí la investigación de Bagnasco. El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, reconoció que pudo haberle dado instrucciones al fiscal del Consejo Supremo, cosa que no hizo. También pudo haber removido a los miembros del tribunal militar, cosa que tampoco hizo, y en cambio, puso al frente del organismo a un general con buenas relaciones con los retirados que defienden la “lucha contra la subversión”. 
Di Gioia adelantó que la APDH responderá en duros términos al presidente Fernando de la Rúa y al ministro de Defensa. “Nos preocupa que en una semana la Corte haya ordenado que la Cámara de Bahía Blanca mandara la causa al Tribunal de Casación y que ahora pida la investigación de Bagnasco. Esto, sumado a la línea Tello, López Murphy y De la Rúa, apunta a quitar los juzgamientos de su ámbito natural, que es el judicial.” 

 


 

LA CORTE EUROPEA JUZGARA UN RECLAMO CONTRA THATCHER
En el banquillo por hundir el “Belgrano”

La Corte Europea de Derechos Humanos aceptó la viabilidad de la demanda presentada por los familiares de las víctimas del hundimiento del crucero “General Belgrano” contra la ex primera ministra de Gran Bretaña Margaret Thatcher. Esa decisión implica el rechazo al planteo de los abogados de la otrora Dama de Hierro, quienes habían argumentado que cualquier acción contra su defendida por aquel hecho ocurrido durante la guerra de Malvinas debía tramitarse ante la Justicia británica. El tribunal europeo consideró también que correspondería una eventual indemnización a los familiares de los muertos tras el cierre del proceso judicial penal.
La demanda “Crucero General Belgrano contra Margaret Thatcher sobre homicidio calificado y crimen de guerra” fue presentada hace dos semanas por los abogados Jorge Appiani y Jorge Olivera, en representación de los familiares de las víctimas por el hundimiento del buque. Los letrados señalaron en su denuncia que el ataque al “Belgrano” debe considerarse como un “crimen de guerra” y solicitaron la extradición de Thatcher, quien agradeció públicamente a Augusto Pinochet su apoyo al Reino Unido durante la guerra de Malvinas en la época en que el dictador chileno estaba detenido en Londres por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su país.
Appiani y Olivera representan a Luisa Romero de Ibáñez, madre del conscripto de la Armada Luis Ibáñez, y a Roberto Rojas, padre del conscripto Horacio Rojas, argumentaron “de acuerdo al derecho que se aplica en los conflictos armados, el objetivo del beligerante es poner al enemigo fuera de combate, pero no matarlo por el sólo hecho de ser enemigo, cuando no constituye peligro alguno”. El crucero “General Belgrano” –con 1093 hombres a bordo– fue torpedeado por el submarino británico “Conqueror” el 2 de mayo de 1982, a 36 millas náuticas fuera de la zona de exclusión de 200 millas establecida unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de las Malvinas.
Los abogados argentinos recordaron que “en ningún momento el crucero argentino penetró en la zona de exclusión” el día en que fue hundido y que, “por el contrario, en horas de la madrugada puso rumbo hacia la Isla de los Estados, totalmente opuesta al teatro de operaciones”. Appiani y Olivera destacaron que el ataque al “Belgrano” violó, en consecuencia, las convenciones para tiempo de guerra establecidas en La Haya en 1907 y agregaron que su “único propósito fue frustrar las negociaciones de paz realizadas por el entonces presidente peruano Belaúnde Terry”.
La Corte Europea de Derechos Humanos –con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo– se declaró competente para intervenir en la demanda promovida por los familiares de Ibáñez y Rojas. Así, desestimó los planteos de excepción que habían presentado los abogados de Thatcher, quienes consideran que en primera instancia la demanda debió haberse realizado ante la Justicia británica.
Los juristas que integran Corte Europea –presidida por el español Santiago Quesada– habían aceptado recibir la demanda de Appiani y Olivera contra Thatcher por considerar que “si bien la Argentina no forma parte del Consejo de Europa, sí lo integra Gran Bretaña”. De todos modos, accedieron a analizar los planteos de excepción impulsados por los abogados de la ex primera ministra británica.
Appiani y Olivera, junto a los familiares de Ibáñez y Rojas, llegarán hoy al país procedentes de Europa y ofrecerán una conferencia de prensa para precisar cómo continuarán con la demanda. Del encuentro con los periodistas participarán también representantes de distintas instituciones que agrupan a ex combatientes y veteranos de Malvinas.

 

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