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SE PRESENTA EL PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Un plan para los indigentes

El plan fue preparado por Desarrollo Social, Salud y Educación. Se aplicará por ahora en 24 localidades. Otorga asistencia a familias con ingreso inferior a 67 pesos y les impone obligaciones en materia sanitaria y educativa. Además, Flamarique se reunió con el Presidente tratando de concretar su programa de empleo. Terragno anunció otros planes sociales.

Graciela Fernández Meijide estará hoy en el Salón Blanco.
Como la semana pasada, lanzará un plan asistencial.

Por Eduardo Tagliaferro

t.gif (862 bytes) El Gobierno anunciará hoy el lanzamiento del llamado “Plan Integral de Lucha contra la Pobreza”. La idea es contrarrestar con asistencia social el efecto que sobre la opinión pública producirá la difusión de los nuevos índices sobre la desocupación que reflejarán un aumento en relación con los últimos años de gobierno menemista. El Plan apunta a ayudar, en dos años, a 450 mil familias que subsisten con un ingreso menor a los 67 pesos. Por ahora se instrumentará en forma experimental en 24 localidades del interior. La iniciativa aunará los esfuerzos de los gobiernos nacional (representado por tres ministerios), provincial y municipal. 
La preocupación del gobierno aliancista, por contrarrestar los cerca de 15,5 puntos a los que ascendería la desocupación, quedó manifiesta en las largas reuniones que el presidente Fernando de la Rúa mantuvo durante el día de ayer, en la Quinta de Olivos. Por la mañana, en una reunión no prevista originalmente en la agenda presidencial, De la Rúa junto con los ministros de Economía, José Luis Machinea, de Trabajo, Alberto Flamarique y de Infraestructura, Nicolás Gallo, analizaron el futuro plan de infraestructura programado para el período 2000-2005 (ver aparte). 
Por la tarde, el despacho presidencial se abrió para Graciela Fernández Meijide. Junto a la ministra de Desarrollo Social, el Presidente revisó el plan que esta mañana será presentado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que contempla dar asistencia a cerca de 2 millones de personas.
El plan social llevará el nombre de “Solidaridad”. Está inspirado en un programa denominado “Progresa” implementado en México, tendrá una estructura federal y se instrumentará en una primera etapa en 24 localidades del interior del país. Entre ellas están las ciudades de Cutral-Có, en Neuquén; Patquía, en La Rioja; Bariloche, en Río Negro y Palpalá, en Jujuy. 
Los ministerios de Salud y Educación participarán junto al de Desarrollo Social en la ejecución del programa, del que también formarán parte las provincias y los municipios. “Las intendencias son las que dicen en qué poblaciones están más insatisfechas las necesidades básicas. En este primer momento pensamos llegar a dar cobertura a cerca de 200 mil familias y 450 mil el año que viene”, dijo Fernández Meijide.
El programa contempla que el Ministerio de Educación aporte útiles escolares y un sistema de becas. El Ministerio de Salud tratará de prevenir la desnutrición, fomentar el autocuidado y reforzar los servicios hospitalarios públicos, entre ellos los controles sanitarios de mujeres en edad fértil y niños en período de lactancia. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social participará en la distribución de bolsas de alimentos y otras formas de asistencia.
La idea del plan es que las familias participen activamente del mismo. En contrapartida, los beneficiarios deberán inscribir a los niños y jóvenes de hasta 18 años en instituciones escolares, participar de reuniones periódicas de seguimiento del programa y asistir a las charlas mensuales de educación para la salud.
“Existen sectores de la población que desde hace dos o tres generaciones jamás tuvieron un trabajo estable. Apuntamos a que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades”, opinó Fernández Meijide. Según la ministra, “esto no se obtiene si no se come bien, si no se está bien nutrido desde los primeros meses de vida hasta los doce años. Aunque luego se viva en la abundancia, no hay revancha”. 
La unificación de los programas asistenciales aparece como fundamental para un gobierno que no puede echar mano a nuevos recursos económicos, sino simplemente reordenar las partidas presupuestarias preexistentes.
Mientras unifica la ayuda social e implementa un registro único de beneficiarios, tratando de otorgarle transparencia y eficiencia a su gestión, el gobierno aliancista ya comenzó a discutir el presupuesto que ejecutará en el 2001, año electoral por excelencia. Además de este plan social y del Plan de Infraestructura, el Gobierno está analizando unfuturo Plan Nacional de Empleo a cargo del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. 
Seguramente el resto de la semana alumbrará algunas nuevas propuestas a la espera de hacer menos ostensible el índice de desempleo que surge de la Encuesta Permanente de Hogares, que seguramente superará el 15,5 por ciento y que se conocerá pasado mañana.

 


 

El Plan de Flamarique se cocina a fuego lento

El Gobierno está decidido a presentar esta semana todos los planes que tengan un tufillo social que siguen en carpeta, cuestión de tapar de alguna forma el impacto que producirá el elevado índice de desocupación que se conocerá el jueves. Para eso, el presidente Fernando de la Rúa convocó ayer a Olivos a los ministros de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, y el de Trabajo, Alberto Flamarique, quienes debieron detallar el financiamiento de sus planes ante José Luis Machinea. Como resultado del encuentro, Flamarique habría tenido que bajar los fondos de su todavía nonato Plan Nacional de Empleo de 90 a 70 millones de pesos. Los cambios de último momento son una muestra del apuro del Gobierno para presentar en público su antídoto para la crisis social, con programas que, en muchos casos, ya vienen de antes o bien son la unión de otros ya existentes.
El encuentro no figuraba en la agenda oficial. Pero De la Rúa tenía tanto apuro por reunir a sus ministros en Olivos que permitió que se trasladaran de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Allí siguieron preparando el cóctel con el que el Gobierno quiere responderle a la desocupación del 15,5 por ciento –más de dos millones de personas– y que comenzará a develarse hoy cuando el Presidente anuncie el Plan de Lucha contra la Pobreza. Mañana seguirá con el Plan de Empleo y continuará con el Plan de Infraestructura, si se puede, antes de que termine la semana.
La iniciativa que ideó Flamarique combina subsidios a pymes para que contraten desocupados y la financiación de microemprendimientos. También habrá otras partidas más al estilo de los actuales planes Trabajar, que funcionan como un subsidio de desempleo encubierto. Hasta el fin de semana, como adelantó Página/12, en el programa se invertirían 90 millones de pesos lo que iba a permitir la atención de unas 200 mil familias. Pero, al parecer, a Machinea ayer no le cerraron los números y achicó las cifras. Según fuentes de Trabajo, la reducción sería de unos 20 millones. 
El otro plato fuerte será el plan de obras públicas y viviendas populares por el que Gallo viene luchando con Machinea desde hace meses. El ministro de Infraestructura sostiene que el plan incluirá inversiones por 21.000 millones y que en cinco años generará 100 mil puestos de trabajo. Pero a Economía no le terminan de cerrar la iniciativa, dado que, si bien la mayoría de la inversión la harán los privados, el Estado deberá pagar una especie de alquiler por esas obras, lo que influirá en los presupuestos venideros. A la falta de un acuerdo, el plan podría pasar para la semana próxima.
Los de ayer no fueron los primeros tironeos por la ayuda social. En algún momento, esos problemas estuvieron centrados en quién se haría cargo de la coordinación de los planes, una labor que, en principio, le corresponde al jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno. Ayer, muy lejos de Olivos, Terragno anunció que dentro de algunos meses él también presentará un proyecto para generar empleo. Desde Lisboa, donde participa de una reunión de gobiernos reformistas, explicó que su propuesta consistirá en otorgar subsidios a las empresas que generen nuevos puestos de trabajo.


El megaplan de Gallo

Según prometieron ayer Fernando de la Rúa y su ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, el Plan Nacional de Infraestructura no sólo desparramaría sobre la geografía del país 20 mil millones de pesos en el próximo lustro, sino que también generará un millón de puestos de trabajo, 400 mil en forma directa y el resto por la reactivación de actividades asociadas a la construcción de puentes, caminos, escuelas hospitales y demás obras públicas previstas en el proyecto. El megaplan incluye un listado de obras consensuado con las provincias, las que deberán aportar parte de los recursos para costearlas. El resto debería ser aportado por las empresas concesionarias de servicios públicos y por otras empresas privadas a través de un novedoso mecanismo de financiamiento: la empresa hace y gerencia la obra que el Estado paga en cuotas. En este último caso, las empresas –presuntamente constructoras– tendrán como garantía un fondo constituido especialmente, con aportes del Estado y préstamos del BID y del Banco Mundial. No hay duda que la construcción es mano de obra intensiva y que moviliza otros rubros. El interrogante es cuánto de este grandilocuente plan efectivamente se ejecutará y qué calidad de empleos generará.

 

 

PROTESTA POR FALTA DE PAGO Y REPRESION POLICIAL EN EL CHACO
Cuando falta la plata, surge la Resistencia

Doscientos desocupados, que reclamaban por el atraso en el pago de los planes Trabajar, fueron ayer reprimidos por la Policía en la capital del Chaco. “Lo que quisieron es obtener prensa nacional”, declaró el ministro de Gobierno, Roy Nikish, para quien los manifestantes –que ocuparon la vereda de la Casa de Gobierno provincial, lanzaron piedras contra los vidrios de la entrada del edificio y se enfrentaron con policías–, aprovecharon el concurso internacional de esculturas que se está realizando en la plaza ubicada frente a la gobernación para tener más repercusión en la prensa. 
Los manifestantes del Movimiento de Desocupados General San Martín se quejaban porque no les habían pagado los subsidios correspondientes al Plan Trabajar. Hace varios meses habían instalado una carpa en la explanada de la Casa de Gobierno en Resistencia. Ayer, mientras doce escultores extranjeros –convocados por la Bienal Internacional de Escultura– tallaban mármol en la plaza 25 de Mayo, los desocupados reclamaban frente a la gobernación. 
De repente, un grupo comenzó a arrojar piedras a los vidrios del edificio. La policía rodeó a los manifestantes y empezó a disparar balas de goma y a lanzar chorros de agua. En ese momento, la gente que contemplaba la labor de los artistas observó con alarma la huida de los desocupados. Corrían hacia la plaza, perseguidos por los policías. Los artistas y su público debieron escapar porque el aire se había tornado irrespirable, a causa de los gases. 
La Policía anunció la detención de un solo manifestante, Elio Ontivero, perteneciente a la corriente Patria Libre a quien acusaron de arrojar piedras. Más grave fue la conducta de uno de los agentes que participó en la represión, utilizó su pistola 9 milímetros. “En forma inmediata se dio orden de separar a esa persona de las filas policiales”, dijo Nikisch.
Quien pudo calmar la situación fue –insólitamente– el escultor chaqueño Fabriciano Gómez, presidente de la Fundación Urunday que organiza el concurso de escultura, quien se dirigió hacia la gobernación. Allí lo recibió Sergio Vallejos, asesor legal del Ministerio de Gobierno. Vallejos se comprometió a conseguir 170 bolsones de comida antes del 20 de julio, justo el día que –según el gobierno del radical Angel Rozas– se pagarán los planes de trabajo. Los desocupados escucharon la promesa y decidieron quedarse en la plaza principal donde armaron una olla popular.

 

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