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DETENIDOS POR LOS ATAQUES A QUINTEROS BOLIVIANOS
No hay uniformes, por ahora

Para el jefe de la Bonaerense no hay policías, pero el fiscal no lo descarta.

Fiscalía: “Se trabaja con información reservada y sólo se descarta la hipótesis de que el móvil sería un interés inmobiliario. Lo demás se sigue nvestigando”.


Por Cristian Alarcón

t.gif (862 bytes) Después de las detenciones por dos de los cincuenta asaltos violentos contra familias de quinteros bolivianos, el jefe de la Policía Bonaerense, comisario mayor Eduardo Martínez, negó ayer la participación en esos hechos de efectivos de la fuerza, “ni en actividad ni retirados”. Sin embargo, el fiscal que concentra todos esos casos, Juan José Maraggi, advirtió, ante una consulta de Página/12, que “la investigación de la policía es una, pero la fiscalía está avanzando en varias líneas de trabajo, conexiones que puede haber más allá de estos detenidos o de otras bandas, y en ese sentido no se descarta esa hipótesis”. Ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de estos ataques para que funcionarios del organismo visiten la Argentina. 
El viernes, los datos que por vía anónima habían llegado a la fiscalía de Zárate-Campana derivaron finalmente en diez allanamientos en los que fueron detenidas ocho personas, mientras que otros tres delincuentes lograron escaparse de la policía. Uno de los prófugos, Héctor Retamar, tendría dotes de líder de la banda, y justamente, pudo fugarse gracias a los disparos al aire que sus vecinos hicieron para alertarlo. 
El resultado de la pesquisa cayó bien en todas las esferas, más teniendo en cuenta que no habían caído policías en la redada de Maraggi. Ese mismo día, el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, intentó realizar una conferencia de prensa para comunicar la buena nueva. 
La reunión con los medios fue finalmente ayer, en la Unidad de Investigaciones de Campana, con el fiscal Maraggi y los comisarios de la zona. Allí, Casanovas despejó de entre los móviles de la banda la xenofobia. “Según los elementos secuestrados, como las armas y los objetos robados a las víctimas, se desprende que el móvil era eminentemente privado y que sólo interesaba sacarle el dinero a esta pobre gente”, dijo. En la misma mesa, Maraggi aclaró que “puede ser que esta banda tenga sus ramificaciones”. Nada se dijo sobre la participación de la policía. Por la tarde, el que salió a lavar las ropas de la fuerza fue su propio titular, el comisario mayor Martínez, superintendente de Coordinación General. “Son delincuentes comunes. No hay ningún ex policía ni integrante de ninguna fuerza. Simplemente utilizaban las características pasivas del boliviano, lo vieron como presa fácil.”
Este diario consultó al fiscal Maraggi sobre el punto: “Acá no se cerró ninguna investigación –aseguró–. Hay trece detenidos que pertenecen al mismo grupo y seis de ellos están procesados, pero relacionados a dos asaltos. Esta fiscalía trabaja con información reservada y sólo descarta la hipótesis de que el móvil sería una cuestión inmobiliaria, lo demás se sigue investigando”. Maraggi aclaró también que “la xenofobia no surge como único móvil de la banda, lo que no impide que en el juicio oral el fiscal pueda pedir que se les aplique la ley antidiscriminatoria”.
En la denuncia presentada ayer ante la CIDH, el CELS destaca el rasgo xenofóbico de los ataques, los insultos racistas y la selectividad hacia víctimas bolivianas por parte de los ladrones. También se subraya que se denunciaron pocos hechos porque “las víctimas tenían miedo, especialmente porque los agresores se presentaban como policías”.

 

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