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NEGOCIOS ESPURIOS Y BIEN PUBLICO SE MIDEN EN LA RURAL
El pozo

A una semana de asumir la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra ratificó que sin audiencia pública y doble vuelta de la Legislatura no podrán continuar las obras que la Sociedad Anónima “La Rural de Palermo” inició en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Entretelones de una negociación en la que el Frepaso pone en juego su credibilidad, en el primer gran distrito bajo su administración. El dictamen del fiscal Campagnoli es lapidario sobre el “vergonzoso fraude cometido en perjuicio de la República” con la venta a precio vil de los terrenos y el comienzo de las obras sin autorización para crear un hecho consumado.

El pozo abierto en la Sociedad Rural.
En él será sepultado un estilo político corrupto o una esperanza de cambio.

Responsabilidad: Los dictámenes adversos del Tribunal de Cuentas y el asesor legal privan a Menem y a sus ministros “de toda justificación posible de sus actos hacia abajo de la cadena de responsabilidades e intervenciones”.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) El presidente Fernando de la Rúa inauguró ayer la exposición agropecuaria de la Sociedad Rural, a pocos metros del pozo abierto que simboliza la relación promiscua entre el poder económico y el sistema político durante la década menemista. El desafío que enfrenta su gobierno, y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Aníbal Ibarra iniciará el próximo sábado, consiste en sepultar allí el estilo de gestión que condujo a malvender doce hectáreas del histórico Parque Tres de Febrero, a un precio diez veces inferior al de mercado, en una operación escandalosa que está sometida a investigación judicial. 
El fiscal José María Campagnoli describió “una serie de lamentables hechos delictivos que constituyeron un vergonzoso fraude cometido en perjuicio de la República”. En su opinión, el ex presidente y el actual deben ser procesados y anulada la venta fraudulenta, de acuerdo con el artículo 15 del Código Civil, por ser contraria a la Constitución y las leyes. La solicitud de procesamiento también alcanza a otras 56 personas, entre ellas los ex ministros Domingo Cavallo, Carlos Corach, Jorge Rodríguez y Roque Fernández, el actual Procurador del Tesoro de la Nación Ernesto Marcer, el recién confirmado secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de Buenos Aires, Enrique García Espil, el presidente de la Rural, Enrique Crotto, el gestor de la operación, escribano Raúl Juan Pedro Moneta, y los ex liquidadores de los bienes del Estado, Matías Ordóñez Jiménez Zapiola y Gastón Figueroa Alcorta. Al inminente jefe de gobierno de la Ciudad le reprocha encubrimiento de “acuerdos no escritos con la Rural”, que Ibarra mencionó en un reportaje publicado en esta página el 12 de setiembre de 1999. “Les permitieron avanzar aunque lo que estaban haciendo era ilegal”, dijo entonces. En el caso de Ibarra el sustento de la acusación es dudoso: de hecho, fue el único funcionario que calificó de ilegal lo actuado. 
Sobre el mérito de esas pretensiones punitivas deberá pronunciarse el juez Ricardo Farías. En la megacausa por la usurpación y las concesiones ilegales de otros espacios públicos en el Parque creado en 1874 por el presidente Domingo Sarmiento con las 541 hectáreas expropiadas en 1852 a Juan Manuel de Rosas, ya fue procesado el ex intendente porteño Carlos Grosso. 
El episodio ha provocado una honda crisis interna en la Sociedad Rural. Algunos de los impugnadores del negociado son los socios Juan José Güiraldes, Carlos Firpo Miró y Celedonio Pereda. Los tres, hijos de ex presidentes de la Rural.

Un Crotto con Moneta

En abril del año pasado, al inaugurar los primeros pabellones construidos al margen de la ley, De la Rúa prometió una rápida solución. Pero Ibarra sostuvo que no adecuaría los procedimientos legislativos a las necesidades de un negocio privado y hasta ahora la Ciudad no ha autorizado la construcción del gigantesco shopping de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de música, un teatro para 2500 personas, centros de entretenimientos y deportes, salón de baile, museo, un parque de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores, un estadio deportivo con capacidad para 7000 espectadores que pretendían erigir allí Crotto y Moneta. Esta semana, fuertes versiones indicaron que se estaría elaborando un acuerdo para eludir el mecanismo de audiencia pública y doble aprobación en la Legislatura de la Ciudad. Pero ante una consulta de este diario, Ibarra lo desmintió. “Nada se hará al margen de la audiencia pública y la doble lectura”, dijo. 
La ingeniería política del emprendimiento fue concebida por Moneta, quien luego de conseguir la venta de las 12 hectáreas por apenas 30millones en largas cuotas con el argumento de que la Sociedad Rural era una asociación sin fines de lucro, diseñó la creación de una sociedad comercial sin otro fin que el lucro. La escritura traslativa de dominio se firmó el 27 de mayo de 1992. El mismo día se constituyó con el capital mínimo permitido de 12.000 pesos “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”, cuyo objeto social es “generar la explotación” de todo tipo de negocios en el predio. El presidente de la Asociación Civil, Enrique Crotto, fue designado director de la sociedad comercial y hoy la preside, con lo cual la confusión entre el interés social y el privado es completa. No es por cierto una tarea ad honorem. Crotto y los directores Juan Ravagnan y Carlos Hubert perciben una retribución de 5000 pesos mensuales, más aguinaldo, cuando el estatuto de la Sociedad Rural asociación sin fines de lucro no contempla remuneración alguna para sus directivos. El fiscal Campagnoli los califica como “testaferros comerciales” y afirma que han convertido a la Sociedad Rural en una “lamentable caricatura corporativa al prostituirse para obtener a cualquier costo el terreno, el permiso y el dinero necesario para una megaexplotación comercial completamente ajena a sus fines estatutarios que, paradójicamente, fueron siempre invocados como motivo fundamental de las prebendas concedidas”.

Pliego de condiciones

Funcionarios del Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad revelaron una serie de negociaciones sostenidas con los directivos de la empresa “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”, Crotto y Hubert, con el de Ogden, Rodrigo Arboleda Halaby, y con los arquitectos del estudio Sánchez Gómez, Solsona & Matteola, que los asesoran. El dirigente político de mayor nivel que intervino dijo que Ibarra no cedió a las presiones empresariales y políticas. “Les dijo que el pozo abierto, y la degradación urbana de la zona, no le sirven ni a la Ciudad ni a los empresarios y que debía modificarse la ecuación en beneficio de la Ciudad”. Urbanistas que participaron establecieron un pliego de condiciones. Si los hombres de negocios lo aceptaran, la reformulación del proyecto sería enviada para su discusión a la Legislatura:
1 Sólo se autorizaría la construcción de los cines, con un “basamento comercial” (sic) como en el Village Recoleta, pero no el shopping, el hotel ni las salas de juego. 
2 El pabellón Frers debería cederse para uso de la Ciudad durante varios meses al año.
3 El espacio cerrado adyacente a los nuevos galpones que la empresa ya levantó se convertiría en una plaza semipública, abierta desde la primera hora del día hasta las últimas de la noche, de unos 40 metros por 20 o 30. Tendría entradas por las avenidas Sarmiento y Santa Fe, por el pabellón Frers y por la calle Darregueira, que los inversores privados se obligarían a abrir. Sólo se cerraría durante las exposiciones. Esa servidumbre de uso a favor de la Ciudad se registraría en un documento público.
4 La empresa costearía “el tratamiento urbano de las veredas” (sic) sobre la avenida Santa Fe y construiría un pasaje subterráneo que uniría la estación Plaza Italia con las nuevas instalaciones.
5 Desaparecería el boulevard sobre Santa Fe que obstaculiza el tránsito y las sociedades comerciales financiarían la relocalización sobre el Paseo Ramírez, en la Avenida Sarmiento, frente al Zoo, de los puestos de libros que hoy ocupan el boulevard. 
6 Para adjudicar esos proyectos se llamaría a concurso, controlado por la Ciudad.
Uno de los vecinos que denunciaron la apropiación privada del espacio público es el ex convencional constituyente por el Frepaso Pedro Kesselman. Desde el balcón de su casa se tomó la foto que ilustra estanota, del pozo en el que la empresa desea construir los emprendimientos comerciales. “Es mucho más grande que la placita que se obligaría a abrir la Rural al uso público. Además sería convalidar una vez más la ilegalidad”, afirma Kesselman.

Plan B

Un memorándum técnico con la posición oficial, titulado “Antecedentes urbanísticos”, afirma que desde sus orígenes el predio de exposiciones de Palermo “estuvo sujeto a administración privada” y “no abierto al uso público como parque. Por el contrario, el Parque Tres de Febrero es público de uso público, con instalaciones recreativas, confiterías, restaurantes, hipódromo, zoológico, botánico, es decir es un parque urbanizado”. El mismo documento alega que ni el mapa de la Ciudad levantado en 1879 por Pedro Uzal, ni el proyecto de remodelación del Parque Tres de Febrero que firmó Carlos Thays en 1893 consideraban al terreno ahora en discusión como parte del Parque, “aunque administrativamente estuviera integrado”. En 1924 la Comisión de Estética Edilicia no lo incluyó en el Sistema de Parques de la Ciudad y en el Código de 1944 fue zonificado como R5, “cuyos usos permitidos eran locales comerciales, cines, teatros, garajes, salones de venta y exposición y edificios de utilidad pública”. El fugaz Código de Planeamiento Urbano que rigió de 1977 a 1979 reconoció al predio como E4, o Equipamiento Especial, es decir “zona de localización de usos singulares” y no preveía un destino de espacio verde. Según los técnicos, para modificar de nuevo la zonificación del predio (de Urbanización Parque, o UP, a Equipamiento Especial, o E4), la Legislatura debería sancionar un proyecto, luego convocar a una audiencia pública a la que podría asistir cualquier ciudadano interesado y recién entonces, en una segunda lectura, convertir el proyecto en ley. Pero también hay un Plan B. Cada vez que un particular presenta un pedido de revisión, debe hacerse un estudio de actualización. Si la empresa pidiera que se reinterpretara el significado de la zonificación UP, y la secretaría de Planeamiento y el Consejo Asesor de Planificación Urbana Ambiental controlaran que el tipo de uso no transgreda lo permitido, el Ejecutivo podría pedir la aprobación a la Legislatura sin pasar por la audiencia pública y la doble lectura, afirman. Esta reinterpretación (coincidente con el dictamen del ex Procurador de la Ciudad Marcer, que permitió la iniciación de las obras ilegales luego interrumpidas) se basaría en la particular visión del memorándum técnico sobre el uso histórico del predio.
Este punto de vista choca de modo frontal con el dictamen del fiscal Campagnoli. Ignora, además, la obvia dimensión política del caso. “El doctor Ibarra denunció en su momento la generación de renta privada a partir del patrimonio público. Pero la venta que hizo la Nación no se puede resolver desde la Ciudad, que heredó este conflicto. Dejando de lado el traspaso del dominio, como allí hay un pozo que genera conflictos lo que se puede hacer es analizar si el cambio o reinterpretación que solicitan los particulares puede generar beneficios para la ciudad. De ser así lo vamos a analizar”, sostuvo quien firma el memorándum.

¿Menos de lo mismo?

–Es como si le usurparan la casa y se conformara con la promesa de que van a cortar el pasto y a arreglar las ventanas— provocó este diario a la autoridad política que intervino en las discusiones.
–El proyecto fue pensado sólo en términos de quienes tenían interés comercial y no en el beneficio de la Ciudad. Si lo reformulan para que la Ciudad empiece a obtener beneficios, se podrá enviar a la Legislatura. La alternativa es un juicio que duraría no menos de una década y resignarse entretanto al deterioro del tejido urbano en la zona. El pozo tal comoestá no le conviene a nadie. Es peligroso para la salud pública -respondió. 
–La Ciudad puede obligarlos a tapar el pozo. La reubicación de los libreros, la mejora de las veredas y el pasaje desde el subte puede realizarlos la Ciudad y cuestan maníes. El espacio semipúblico a ganar es apenas una placita. 
–Tan livianito no debe ser lo que reclamamos, porque hasta ahora la Rural no lo aceptó. Dicen que les expropiaríamos lo que les pertenece. ¿Cómo lo presentamos ante los socios de la Sociedad Rural?, dijeron.
–¿Qué les contestaron ustedes?
–¿Y cómo lo presentamos nosotros a la sociedad porteña?
El compromiso de no eludir ni la doble lectura legislativa ni la audiencia pública permitirá la confrontación de ambos enfoques. No es poco lo que se juegan Ibarra y el Frepaso. El sábado comenzarán aquí su primera experiencia de gestión en un gran distrito. La forma en que resuelvan este conflicto emitirá una señal de inocultable trascendencia política. Dirá si, en el ejercicio del poder, difieren de lo conocido o son menos de lo mismo.

 


 

Por la Patria

Por H.V.

El fiscal Campagnoli recuerda que Sarmiento y Carlos Pellegrini fundamentaron la cesión de los terrenos por veinte años en el “propósito puramente patriótico y ajeno a toda especulación” de la Rural. Pero sus sucesores “tienen horizontes mucho menos altruistas, y son ajenos a la idea de un derecho común a todos o a la preservación de espacios públicos para suministrar al pueblo y a los transeúntes, sin distinción de clases, un punto de reunión y de recreo. Sus aflicciones son otras y no dudaron en ningún momento en violar todas las categorías de normas posibles para prostituir nuestras instituciones con la mera y bastarda intención de congraciarse con uno de los tantos grupos de presión del país”, dice.
Una minuciosa investigación histórica, realizada por el presidente de la Asociación Amigos del Lago, Osvaldo Guerrica Echavarría, abre la causa judicial y el dictamen. Con planos y fotografías originales demuestra la pertenencia de los terrenos al Parque Tres de Febrero, su uso como Urbanización Parque y su carácter de bienes del “dominio público del Estado Nacional”. Por ser “tierras de propiedad nacional”, correspondía sólo al Congreso disponer de su “uso y enajenación”, como ocurrió con los terrenos cedidos en 1991 y 1995 a los reinos de España y Arabia Saudita.
La última prórroga de la cesión original, por apenas tres años, fue votada como todas las anteriores por el Congreso. Esa ley 23.333/86 decía que el mismo Congreso fijaría el régimen definitivo del predio y contemplaba que todas las inversiones y mejoras introducidas quedarían a beneficio del Estado, sin derecho a indemnización. Campagnoli anota que en previsión de la recuperación estatal del predio, en una ciudad “que se aproximaba a una traza y perfil definitivo sin mayores oportunidades de generar espacios verdes abiertos”, la Rural compró un extenso terreno en Pilar. Símbolo de “un fraude vergonzoso”, ese terreno de Pilar hoy en día se ofrece en venta como parte de un Barrio Cerrado, añade.
En 1989 Grosso comenzó el desguace del Parque. “En pocos meses, no dejó porción del paseo sin concesionar, vender o dejar usurpar”, ante “un adormecido Congreso Nacional o un Concejo Deliberante herido ya de muerte por el veneno de la corrupción”. Campagnoli consigna que fue “la firme ysostenida acción de las Organizaciones no Gubernamentales la que puso fin al saqueo, permitiendo a la vez una lenta pero también constante recuperación”. Alude así a las cuatro hectáreas del Parque que en los últimos años volvieron al patrimonio público.
Campagnoli señala un notable acto fallido en la carta del 14 de noviembre de 1991 con que la Sociedad Rural expresó al gobierno su deseo de comprar el predio: “Es política de este gobierno no conservar inmuebles que son inútiles para su gestión”. Comenta el fiscal: es tal la “conciencia de impunidad, que los beneficiados ni siquiera se preocupan de adaptar gramaticalmente los textos que se les facilitan”. Y los funcionarios bastardean sus cargos y se convierten “en precursores de negocios ajenos” y “en sus gestores directos”.
Otro prodigio del expediente es la tasación de un Consorcio de empresas inmobiliarias, que considerando “el uso actual del predio” lo valúa en 31 o 32 millones. Para el fiscal esa tasación es una prueba “fundamental del fraude en razón de la fecha en la que dice ser emitido”: el 29 de octubre de 1991, es decir dos semanas antes de que la Rural hiciera saber su interés por la compra. “Descartada en [el liquidador de bienes estatales] Matías Ordóñez la posesión de un sexto sentido o de facultades de precognición, la circunstancia reseñada no es más que otra evidencia, de que todos los actos que se han venido relatando constituyen un mero blanqueo de pactos cerrados tiempo antes de que sus protagonistas se pusieran a pensar cómo hacían para escribirlos”, añade el dictamen.
Al día siguiente de la solicitud de la Rural, Gastón Figueroa Alcorta, que dirigía la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales pidió al Banco Ciudad la tasación oficial del terreno al que aún mencionaba como de zonificación Unidad Parque. Los tasadores respondieron que como sólo podrían construirse allí “obras de exclusiva utilidad pública”, el bien debía considerarse “fuera del mercado inmobiliario convencional”. Dada la zonificación de los terrenos dentro del distrito Urbanización Parque, valuaron el predio en apenas 30 millones. Agregaron que “en caso de variar las restricciones de planeamiento urbano debería realizarse una nueva tasación”. El 17 de diciembre de 1991, Ordóñez y Figueroa Alcorta dictaminaron a favor de la venta directa del predio a la Sociedad Rural. Pero entonces “por primera vez en todo el expediente y en casi 130 años de legislación, afirman falsamente que se trataría de un inmueble del dominio privado del Estado”, destaca el fiscal.
Apenas tres días después, el 20 de diciembre de 1991, Menem y Cavallo firmaron el boleto de compraventa y el decreto que lo autoriza. Pasaron por alto dos dictámenes en contra, del Subdirector General de Asuntos Legales, Alejandro María Canese, y del Contador Fiscal Francisco H. Hernández, delegado del Tribunal de Cuentas de la Nación ante el Ministerio de Economía. Ambos objetaron el precio y la venta directa, ya que podría haber otros oferentes. Hernández citó la tasación del Agrimensor Roberto Bichara del 9 de noviembre de 1990: el predio valía 943.396.226 dólares, es decir 30 veces más. “Los dictámenes que estamos reseñando privan a los titulares de la administración nacional de aquel entonces (Presidente y Ministros intervinientes) de toda justificación posible de sus actos hacia abajo de la cadena de responsabilidades e intervenciones”, dice Campagnoli.
El decreto enumera todas las leyes que prorrogaron la cesión original de terrenos individualizados “como parte integrante del Parque Tres de Febrero”. Pero aun así repite el argumento “inventado por Ordóñez y Figueroa Alcorta” que los califica como “inmueble del dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. Esta “grosera falsedad” permitió “evitar la intervención del Congreso”. En abril del año pasado, al inaugurar la primera parte de las obras construidas, De la Rúa dijo que la venta “fue ratificada como correspondía por Ley del Congreso”. ParaCampagnoli este “acto fallido de una ley que nunca existió” constituye un “expreso reconocimiento que el abogado y hoy Presidente de la Nación, hiciera de la exigencia constitucional violada por su antecesor”. Lo mismo dijo Cavallo el 24 de abril de este año durante un debate electoral: “La venta se hizo con una ley del Congreso porque de otro modo no tenía sentido”. Entre estas palabras y las de De la Rúa hay una diferencia que el dictamen señala: Cavallo fue el firmante del boleto y del decreto fraudulentos.
En el mismo boleto “aparece la increíble frase que, haciendo oídos sordos de la expresa advertencia del Banco Ciudad en cuanto a los límites de la validez de su tasación, señala que la Sociedad Rural podrá solicitar ante la Municipalidad, la rezonificación del predio. Aunque parezca demasiado burdo para haber sido real, el Estado Nacional vendería vilmente el predio en 30 millones cómodamente financiados, poniendo como condición u obligación a cargo de la compradora la obtención de una rezonificación que, cuanto menos quintuplicaría el valor de los terrenos. Tal es la arbitrariedad de los parámetros fundamentales de la operación, que bien puede ser calificada de cheque en blanco”, dice el dictamen.
En el expediente también figura una tasación del Banco Hipotecario que el fiscal considera “burdamente falsificada”, en la que la zonificación UP se convierte en E4. Sobre esa tasación, posterior al boleto, Figueroa Alcorta afirma que coincide en sus fundamentos con la del Banco Ciudad, que en realidad había destacado el uso exclusivo como parque. “¿Desde qué distancia hay que mirar las siglas U.P. y E4 para confundirlas como algo idéntico?, hicimos la prueba y ello recién ocurre cuando a 50 metros, ambos símbolos se convierten en manchas de tinta que pueden pasar también por la palabra Japón, o bien Taipei o Miope o, ya a unos cien metros, aun por la palabra Caradura, Ladrón o Corrupto”, concluye Campagnoli.

 

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