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ARRESTARON EN ROMA POR SECUESTRO A UN MAYOR DEL EJERCITO
Aunque no la vean, la Justicia está

Tal como publicó Página/12 en su tapa del último sábado, Jorge Olivera era uno de los responsables de las maniobras contra los Juicios de la Verdad alentadas por el Ejército y toleradas por el ministro de Defensa. La policía italiana lo detuvo por pedido de la Justicia francesa, acusado por el secuestro de una joven en San Juan.


Por Victoria Ginzberg
t.gif (862 bytes) “¡Olivera!”, gritó la empleada de Aerolíneas Argentinas del aeropuerto italiano de Fiumicino. Un grupo de personas se acercó al militar, acompañado por su mujer. “Está arrestado”, le informó. En un cuarto revisaron las valijas y leyeron la orden del juez francés Roger Le Loire. Jorge Olivera, mayor retirado de infantería del Ejército, quedó detenido por la desaparición de la ciudadana francesa Marie Anne Erize (ver su caso en nota aparte). El defensor de Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason e impulsor de las maniobras para destruir los Juicios de la Verdad está incomunicado en la prisión romana de Regina Coeli. Empezó así lo que se perfila como un caso Pinochet II. El Gobierno informó que el militar recibirá asistencia consular, que no significa respaldo diplomático.
Olivera y su socio Jorge Appiani comenzaron desde hace dos meses una campaña para “compensar” los avances de los juicios de derechos humanos. Reclamaron al Estado indemnizaciones para los “hijos de los muertos por la subversión” y se presentaron ante la Justicia para pedir la averiguación de la verdad en el caso de militares fallecidos durante la década del ’70 por el accionar de grupos armados. Además, por su afán de usar todos los argumentos de los defensores de derechos humanos, los abogados iniciaron una demanda internacional: a principios de julio pidieron a la Corte de Estrasburgo que juzgue a Margaret Thatcher por el hundimiento del crucero “General Belgrano” durante la guerra de Malvinas. Después, Olivera se quedó en Europa paseando con su mujer hasta que ayer un juicio internacional tuvo efectos. No el que había impulsado el mayor.
Los abogados que representan en Francia a los familiares de desaparecidos argentinos y chilenos tomaron nota del viaje de Olivera a Francia y se lo advirtieron al juez Le Loire. La policía le venía siguiendo los pasos desde hace un mes. Fue detenido el domingo, antes de embarcarse en el vuelo 1147. Estuvo demorado en el cuartel número cuatro de los Carabinieri, y ayer fue trasladado a Regina Coeli. Su mujer, Marta Noemí Ravasi, abordó el avión pero se mantuvo en contacto con el agregado militar de la embajada argentina en Italia, coronel Daniel Oscar Camponovo.
Voceros del Ejército intentaron instalar la idea disparatada de que el arresto de Olivera era fruto de “una conspiración inglesa” en respuesta a la demanda contra Thatcher. Recalcaron además que “hasta ahora la posición del gobierno fue la de respetar la territorialidad”. Los militares se referían a las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, sobre el pedido de captura librado por el juez español Baltasar Garzón contra 48 represores argentinos. En el juicio por el genocidio que se instruye en Madrid también está acusado Olivera.
A principios de julio Página/12 entrevistó al ahora arrestado. Se reproduce a continuación un fragmento no publicado en esa oportunidad.
–¿Usted comparte la metodología usada durante la dictadura?
–No la comparto. Sí comparto la forma como se hizo en Tucumán, pero no la forma que se efectuó con posterioridad.
–¿Qué destinos tuvo durante la dictadura?
–Estuve en La Plata, después en Misiones, después en Corrientes, Córdoba y Buenos Aires. Mientras tanto me puse a estudiar derecho y me recibí en el ’90.
–En La Plata...
–A la Plata llegué en 1979.
–¿Dónde estuvo entre 1975 y 1979?
–En San Juan, en el regimiento 22.
–¿No se enteró nada?
–Sí pero tenía 24 años. Ojalá los volviera a tener.
–¿Supo de torturas?
–No. Nunca las vi. Si existieron no las vi.
–Supongo que sabía que había secuestros.
–Se comentaba, en Buenos Aires, en Córdoba.
–¿Y en San Juan?
–Era una zona muy tranquila.
Ahora Olivera deberá afrontar un juicio pidiendo su extradición a Francia para ser juzgado por el secuestro de Erize. Pero éste no es el único caso que involucra al mayor. La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, informó ayer en una nota al director general de Derechos Humanos de Cancillería, Hernán Plorutti, que de los legajos 0660, 3837 y 8387 se desprende que el “Teniente Olivera” (así aparece mencionado) actuó en el Centro Clandestino de Detención del Regimiento 22 de Infantería de Montaña.
El legajo 660 menciona que una persona perteneciente a la Juventud Peronista fue secuestrada el 26 de marzo de 1976 “por un grupo armado con uniforme del Ejército en dos camiones al mando del teniente Páez que pertenecía al regimiento 22 de Infantería de Montaña en San Juan. Esa misma persona reconoció que “fue torturado por el teniente Malatto y otro de apellido Olivera”.
Cuando Appiani y Olivera viajaron a Estrasburgo, César Trejo, de los familiares de ex combatientes muertos en la guerra de Malvinas, dijo los abogados no los representaban a ellos “porque también son abogados de torturadores”.
El defensor de Suárez Mason, ex apoderado del MODIN de Aldo Rico, fue procesado por la Cámara Federal de Mendoza pero quedó en libertad al ser beneficiado por la ley de Obediencia Debida.
Ahora corre serios riesgos de afrontar el juicio que entonces quedó trunco.

Claves

La policía italiana detuvo a Jorge Olivera en el aeropuerto de Fiumicino, cuando volvía a Buenos Aires.
Es mayor retirado y abogado de Carlos Guillermo Suárez Mason.
Cuando era teniente secuestró a una ciudadana francesa.
La Justicia de París pide su extradición para juzgarlo por ese crimen.
La Cancillería anunció que solo le dará “asistencia consular”.
Esa asistencia solo consiste en garantizar que en el exterior Olivera sea tratado si-guiendo las normas del Estado de Derecho.
El canciller no quiso que el asunto quedase como un tema de Estado a Estado, tal como ocurrió con la defensa de Pinochet por parte de Chile.
Hoy, justamente, la Justicia chilena debe determinar oficialmente si Pinochet es desaforado de sus privilegios como senador vitalicio.
Olivera y su socio Jorge Appiani trabajaron con el aliento del Ejército, la tolerancia del ministro de Defensa y el apoyo económico externo gestionado por Mohamed Alí Seineldín.
Los respaldaron en Europa el político ultraderechista norteamericano Lyndon La Rouche y dirigentes del neonazi Frente Nacional de Le Pen.
Aquí, Olivera y Appiani intentaban torpedear los Juicios de la Verdad que sustancian las
cámaras federales.

 

Bellísima Marie Anne

Por V. G.
Marie Anne Erize Tisseau era bellísima. Fue modelo publicitaria y llegó a la tapa de la revista Gente. Pero dejó ese mundo cuando comenzó a militar. Trabajó de azafata y colaboró con el padre Carlos Mugica en la Villa 31. A fines de 1975 su compañero fue arrestado en Mendoza, donde vivía la pareja. Marie Anne se refugió en San Juan y allí trabajó en la cosecha de aceitunas. El 15 de octubre de 1976, cuando salía de una bicicletería, propiedad de una familia de apellido Palacios, fue secuestrada. El oficial de Inteligencia con grado de teniente Jorge Olivera descendió de un Ford Falcon para llevarla al regimiento 22 de Infantería. Lo acompañaban otro teniente de apellido Bic y Eduardo Daniel Cardozo, el mismo que fue ascendido a coronel con el visto bueno de este Gobierno. Marie Anne fue trasladada al centro clandestino de detención La Marquesina, que funcionaba en el camping de suboficiales del regimiento. Cinco días después del secuestro de la mujer, el domicilio de sus padres en Buenos Aires fue allanado por una patota del Primer Cuerpo del Ejército. “Rece por su hija porque a esta hora puede estar a dos metros bajo tierra”, le dijo a la familia el oficial de civil que comandaba el grupo. Los padres de Marie Anne eran franceses, pero ella era nativa de Misiones, igual que Olivera. El militar, que se retiró como mayor en 1993, nació el 10 de agosto de 1950. El jueves deberá postergar los festejos de su cumpleaños número 50.

PRISION A ORILLAS DEL TIBER
La cárcel de Priebke

Luego de un breve paso por el cuartel número cuatro de los Carabinieri, el mayor Jorge Olivera quedó detenido ayer en Regina Coeli, la histórica cárcel de Roma ubicada a orillas del Tíber. Entre sus recientes presos famosos, la prisión romana albergó hace cuatro años al criminal de guerra nazi Erich Priebke, después de que fuera extraditado de la Argentina.
Toda una paradoja: en marzo de 1944, Priebke había seleccionado entre los presos políticos que poblaban la Regina Coeli parte de los italianos que fusilaron en la masacre de las Fosas Ardeatinas.
El 9 de julio pasado, el papa Juan Pablo II celebró una misa en su siniestro torreón principal en el marco del Jubileo de las Cárceles impulsado por el Vaticano. Sólo 80 reclusos escogidos pudieron besar su mano. Uno de ellos fue el mafioso Salvatore Grigoli, quien le pidió perdón por haber asesinado a un sacerdote en Palermo en un ajuste de cuentas típico de la Cosa Nostra.
Lejos de los momentos que la hicieron famosa, hoy Regina Coeli es símbolo de la superpoblación que sufren las cárceles italianas. En su interior viven 900 detenidos cuando la estructura solo cuenta con espacio para 600. En la sección para los recién llegados hay celdas en las que duermen hasta nueve personas. Incluso, días antes de la visita del Papa se produjo una revuelta de presos que dejó un saldo de 26 guardias heridos.


DIFUNDEN LA HISTORICA DECISION DE LA CORTE SUPREMA CHILENA
Pinochet será hoy un desaforado


Sin ninguna otra demora posible, hoy se conocerá finalmente si Augusto Pinochet fue desaforado por la Corte Suprema de Chile, como adelantaron todos los medios de Chile y el extranjero, incluido Página/12. Ayer, en una sesión que tomó por sorpresa incluso a los seguidores más atentos del caso, los 20 jueces del máximo tribunal se reunieron durante más de tres horas para redactar el fallo, aunque aplazaron su firma para hoy. A la salida de la reunión, varios magistrados confirmaron que la sentencia está lista; es decir, que en realidad el caso –que fue dejado “en acuerdo” hasta hoy, lo que significa que quedaba pendiente de resolución– ya fue resuelto. Las fuentes que revelaron el miércoles pasado que la Corte ya tenía una decisión tomada coinciden ahora en que el desafuero fue aprobado por 14 votos contra seis.
Durante la sesión de ayer, en la que además juraron 50 nuevos abogados, los jueces del máximo tribunal chileno afinaron los últimos detalles del fallo, lo leyeron e hicieron algunas correcciones. Hoy las nueve de la mañana (hora local), los 20 magistrados se reunirán en un nuevo y último pleno del caso Pinochet, en el que sólo deberán firmar la resolución adoptada y las correspondientes fundamentaciones.
Si la Corte Suprema ratifica el desafuero en primera instancia decidido el 5 de junio pasado por la Corte de Apelaciones de Santiago, Pinochet quedará en manos del juez especial Juan Guzmán Tapia (conocido como el “Garzón chileno”), quien tiene a su cargo la mayor parte de las 157 querellas existentes contra el ex dictador, entre las que se incluye la que motivó el pedido de desafuero: la “Caravana de la Muerte”, un operativo militar que ejecutó a más de 70 presos políticos en 1973, apenas un mes después del golpe de Estado encabezado por Pinochet. Los cadáveres de 19 de esos prisioneros fusilados nunca fueron encontrados, lo que permite que se los califique como un delito de “secuestro permanente” que escapa a la ley de amnistía dictada durante la dictadura.
Ese argumento fue el que utilizó el juez Guzmán cuando pidió el desafuero de Pinochet. Justamente ayer Guzmán retomó las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, después de un mes y medio de licencia médica. Según el expediente a su cargo, existen “sospechas fundadas” de que el ex dictador es responsable por los asesinatos de la “Caravana de la muerte”. Esas sospechas fundamentaron el desafuero ante la Corte de Apelaciones y parecen haber funcionado del mismo modo ante la Corte Suprema. Si hoy Pinochet pierde definitivamente los fueros, el juez Guzmán deberá ordenar la realización de exámenes médicos obligados por ley a todo imputado mayor de 70 años.
A pesar de que la defensa legal de Pinochet reclamó esos estudios durante el proceso de desafuero para demostrar su supuesta incapacidad para afrontar un juicio (pedido que fue rechazado por la Corte antes de dictar sentencia), la familia del ex dictador ya adelantó que él no aceptará someterse a los exámenes por la “humillación” que significaría una declaración de senilidad. Sin embargo, los analistas políticos chilenos coinciden en que esa negativa es parte de una estrategia para dilatar el proceso y una eventual comparecencia judicial hasta que Pinochet muera sin que exista sentencia de ningún tipo.
Ante la importancia del fallo, el ministro chileno de Defensa, Mario Fernández, salió a reiterar el mensaje que el mismo presidente Ricardo Lagos ha dado desde que asumió el gobierno. “Las Fuerzas Armadas respetan los fallos judiciales y, por lo tanto, no debiera esperarse ningún tipo de actuación que no corresponda a esa conducta”, aclaró Fernández, quien se refirió además a la necesidad de respetar el acuerdo de la Mesa de Diálogo, por el que las Fuerzas Armadas se comprometieron a dar información sobre el paradero de los restos de los detenidos-desaparecidos a cambio de que la identidad de los informantes sea reservada. La derecha también salió a dar su mensaje. El diputado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, advirtió que los jueces chilenos “van atener que responder ante la historia” por el desafuero de Pinochet porque significa también un “enjuiciamiento a las Fuerzas Armadas”.

 

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