|
OPINION
Qué
se juega el Gobierno
Por Martín Granovsky
|
La
definición pertenece a un alto funcionario, uno de los pocos
que están preocupados por la relación del Ejecutivo
con los militares.
--Es muy simple --dijo a Página/12--. Los militares tienen
pensamiento binario. Uno los manda, y ellos obedecen.
--¿Y cuando uno no los manda?
--Ah, entonces mandan ellos. No se olvide de una cosa: cuando no reciben
órdenes hacen política todo el día.
El funcionario, cuya identidad se reserva por pedido expreso, no es
Ricardo López Murphy. Por abstenerse de mandar, el ministro
de Defensa terminó reinventando en la Argentina el problema
castrense.
La detención de Jorge Olivera pinta con transparencia esa falta
de órdenes:
 Olivera y su socio Jorge
Appiani dijeron a este diario que el jefe del Ejército, Ricardo
Brinzoni, estaba al tanto de sus gestiones.
Brinzoni no los desmintió.
López Murphy no
hizo nada para frenar el silencio tolerante con Olivera y Appiani,
y como ministro debería saber lo que ningún periodista
ignora: que la cúpula del Ejército festeja, como mínimo,
las operaciones de los abogados para ensuciar los Juicios de la Verdad.
Los tres antecedentes tornan muy valiosa la decisión que tomó
ayer la Cancillería de dar solo asistencia consular a Olivera.
Si el resto del Gobierno mantiene hoy esa postura, estará diciendo
que no defenderá al mayor retirado como el gobierno chileno
de Eduardo Frei patrocinó al dictador Augusto Pinochet cuando
lo detuvo Scotland Yard. Por lo pronto, será el consulado y
no la embajada en Roma el que entenderá en el destino de Olivera.
Consultas técnicas de este diario permitieron determinar los
alcances de la asistencia consular.
Es obligatoria hacia cualquier ciudadano argentino que sea detenido.
Se limita a garantizar el debido proceso, es decir poner al arrestado
en contacto con abogados locales o, si éste no dispone de medios
propios, asegurar que los defensores oficiales del Estado donde fue
detenido se ocupen de su suerte.
El consulado debe hacer un seguimiento del caso, pero no necesita
poner abogados a disposición del reo.
En Italia esas normas se cumplen con los 91 detenidos argentinos.
De ningún modo la Argentina superó el nivel de la asistencia
consular para convertir alguno de esos arrestos en un problema de
Estado a Estado, y no tendría por qué hacerlo con Olivera.
El comunicado de la Cancillería dice que, "consultada
la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
informó que Olivera figura en el informe de la Conadep, pero
no tiene causas penales abiertas en la Argentina". En otras palabras,
que el Ejecutivo no está obligado a interesarse en Olivera
ni debe enviar, por ejemplo, un pedido de extradición a Roma
o París para que el mayor pueda ser juzgado en la Argentina.
Es interesante que sea la Subsecretaría la que dio esa información
a Relaciones Exteriores. ¿Quiere decir que el jefe de Diana
Conti, el ministro Ricardo Gil Lavedra, no tomará a Olivera
como un Pinochet que debe ser sponsoreado con dinero del fisco?
La situación cambiaría si el Gobierno quisiera enrolarse
en una posición combativa y reclamara la devolución
del represor con el argumento de que aquí ya se benefició
con la Obediencia Debida. Entonces tendría que esgrimir la
discutible idea de que no puede haber doble juzgamiento, cuando en
rigor el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no reconoce
ningún tipo de amnistía en crímenes de lesa humanidad.
Si el Ejecutivo opta por esa variante, cualquier abogado francés
asociará a Fernando de la Rúa con Carlos Menem, el presidente
que mantuvo durante años en actividad a Alfredo Astiz y en
cada viaje a Europa escuchaba una pregunta: "¿Por qué
defiende a un represor que fue condenado en Francia a pesar de la
ley argentina de Obediencia Debida?".
Un paso en falso del Gobierno también mancharía el prestigio
que ganó la Argentina en Italia dos meses atrás, cuando
la Cancillería trasladó al juez Adolfo Bagnasco un pedido
de la Justicia italiana sobre Carlos Guillermo Suárez Mason
y permitió así que empezara el proceso por la desaparición
de ciudadanos italianos. Olivera es, se sabe, defensor de Suárez
Mason. ¿El Gobierno puede ser tan torpe de quedar ligado al
nombre del ex general asesino cuando, antes, consiguió situarse
del lado de quienes buscan su castigo?
La red de aliados que encontraría el Presidente si quedara
asociado a Olivera es pavorosa.
Cuando volvió a Buenos Aires tras presentar junto con Olivera
un recurso en la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo,
en Francia, Appiani ofreció una conferencia de prensa en su
estudio. La corresponsal del diario Libération de París,
Claude Mary, le preguntó quién los apoyaba. Appiani
respondió, y Mary grabó, que un llamado Movimiento por
la Independencia de Alsacia, relacionado con concejales del neonazi
francés Jean Marie Le Pen. También relató que
tenía apoyo de la estructura internacional que sustenta a Mohamed
Alí Seineldín, y nombró a Lyndon La Rouche. Se
trata de un político norteamericano de ultraderecha que en
1993 prologó con Seineldín un libro titulado El complot
para aniquilar a las Fuerzas Armadas y a las naciones de Iberoamérica.
El panfleto critica el juicio a los ex comandantes de 1985. "Los
integrantes de la junta militar, y por ende toda la institución
castrense, fueron enjuiciados por osar enfrentarse a los británicos
y por librar la guerra contra la subversión comunista",
dice. |
|
