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LA CONDUCCION DEL EJERCITO RUMIA SU AISLAMIENTO 
De Videla a Brinzoni

Mientras Brinzoni sigue tratando de atar a los pies de un Ejército nuevo los grillos de un pasado tenebroso, el jefe de la Fuerza Aérea definió el nuevo rol militar, en el que no hay más absoluto que la adhesión a la Constitución Nacional ni otra cruzada que el respeto a las garantías y derechos individuales. Están dadas las condiciones jurídicas, sociales, éticas y políticas para un salto cualitativo en el retorno a la juridicidad, luego del desvío de 1987 a punta de bayoneta. Una nación pacificada y reconciliada observa con asombro la tentativa del jefe del Ejército por reabrir un capítulo superado.

El Tigre Acosta, apóstol incondicional del Evangelio según Videla.

Por Horacio Verbitsky

t.gif (862 bytes) Las fotos del sonriente ex dictador Jorge Videla fueron secuestradas esta semana por la Cámara Federal de Bahía Blanca en una casa adquirida por Jorge Acosta, alias El Tigre, a nombre de su esposa. Antes había funcionado allí una fábrica de ataúdes, aunque no se sabe si eso fue lo que le atrajo del lugar. Una dedicatoria sindica al jefe del grupo de tareas de la ESMA como “apóstol incondicional” de lo que Videla se anima a llamar “mis ideas”. La otra revela que, por encima de la animosidad que lo enfrentó con Emilio Massera, el líder de la Junta Militar profesaba una gran amistad y hasta cariño por el marino Acosta, uno de los psicópatas ejecutores de su política de exterminio. La postal con el felino fue enviada al represor desde Londres por tres amigos, de Acosta pero no de la lengua: su reverso dice que la imagen les recordó la “reciísima” personalidad del verdugo. 

Pacificada y reconciliada

Horas después del procedimiento de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que también encontró allí libros y objetos robados a personas detenidas desaparecidas, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Walter Barbero, dirigió un intencionado mensaje. En presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Fernando De la Rúa, Barbero exaltó “los ideales de amor a la patria, adhesión absoluta a la Constitución Nacional y respeto irrestricto a las garantías y derechos individuales.” Como se ve, ya no hay lugar para apóstoles, cruzadas o incondicionalidades, sino apenas para ciudadanos de uniforme que se sujeten a los valores de una organización democrática de la sociedad, reflejados en la ley de leyes y en los derechos fundamentales que ella consagra. Es decir, aquellos que la dictadura militar atropelló desde el primero hasta el último día de su infausta existencia, como los derechos a la vida y a la libertad. Barbero fue más allá: dijo que su fuerza cumplía la misión asignada por las autoridades “con la convicción de que las decisiones que se adoptan son las que más se adecuan a la Nación y a la institución, en una Argentina plenamente pacificada y reconciliada”. Ese es el único lenguaje admisible en una República. Por primera vez en años, la Fuerza Aérea no hizo formar ni desfilar junto a sus efectivos a los perros que olfatean valijas en los aeropuertos para buscar drogas, lo cual debe leerse también como una toma de distancia con el rol policial que vuelve a ofrecerse a las Fuerzas Armadas, ahora con un pretexto distinto.
De este modo, el vacío de conducción que dejó el ministro ausentista de Defensa, Ricardo López Murphy, mal o bien lo llenan sus subordinados. Es difícil imaginar mejor respuesta conceptual que la de Barbero a los desbordes políticos de su colega del Ejército, Ricardo Brinzoni, empeñado en una quimérica “mesa de diálogo para la reconciliación” y en la solidaridad con los oficiales y suboficiales señalados por su intervención en delitos aberrantes y atroces, como secuestros, violaciones, torturas y asesinatos. El único fundamento firme para construir un futuro diferente es el compromiso de todos los ciudadanos a respetar la ley, de cuya aplicación se encargan los jueces, y a renunciar a cualquier clase de trucos y atajos. 

La mochila de Brinzoni

El fastidio de las otras armas con Brinzoni por el salto atrás que propone en la relación castrense con la sociedad también podría expresarse dentro del Ejército. En 1983, al concluir la dictadura, seguían en actividad nueve de cada diez oficiales que habían participado de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Hoy la proporción es la inversa. Los generales que conducían el Ejército de Alfonsín eran los ex jefes de Subzonas y Areas de Seguridad, quienes tuvieron el manejo directo de los campos clandestinos de concentración donde se martirizaba y asesinaba a los prisioneros. Es asombroso que Brinzoni haya encomiado como modelo a uno de ellos, el ex Jefe de Estado Mayor Héctor Ríos Ereñú.
Los tenientes coroneles y mayores que se alzaron contra él en la Semana Santa de 1987, cuando la Justicia comenzó a citar a oficiales en actividad, habían sido oficiales subalternos en el momento de los crímenes, como el teniente 1º Ernesto Barreiro, a) Nabo, o el capitán Héctor Pedro Vergez. El reproche que le dirigió Aldo Rico fue por haber sido jefe de regimiento en el ’76 y desentenderse de la suerte de sus subordinados de entonces. La situación ha cambiado por completo en los quince años transcurridos desde la condena de la Cámara Federal a Videla, Massera & Cia. De los 5.000 oficiales que tiene el Ejército, no más de 350 han participado en operaciones en aquellos años: unos cuarenta generales, dos centenares de coroneles y un centenar de tenientes coroneles, aquellos de los dos últimos años, que eran tenientes entonces. Si se considera que, salvo contadas excepciones, los subtenientes sólo intervinieron en controles de rutas, casi ningún egresado del Colegio Militar después de 1972 (Promoción 103, que hoy se aproximan a los 50 años de edad) puede ser objeto de reproche por actos cometidos en aquel conflicto interno. 
Brinzoni, que es el oficial de mayor antigüedad del Ejército, era capitán en 1976. Pero no fue un oficial cualquiera: ese año se desempeñó en un cargo político, como secretario general de la intervención militar en El Chaco. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando se hablaba de malestar en los cuadros por los juicios, eso significaba oficiales medios al mando de tropa y con poder de fuego. Hoy, esa misma frase sólo alude a jefes de cuerpo, oficiales de Estado Mayor y una porción menor de jefes de unidades. La pretensión de Brinzoni de que esa abrumadora mayoría de oficiales jóvenes cargue con la mochila repleta de los crímenes repugnantes que otros cometieron, es irracional y mezquina. El emblocamiento corporativo intergeneracional al que Brinzoni los constriñe, amenaza contaminarlos con aquel pasado tenebroso del que hay un solo modo de librar al Ejército: permitir, sin presiones ni interferencias, que los jueces determinen la situación individual de cada quien. 

El Laucha

El número de involucrados en la guerra sucia que siguen en actividad es desdeñable. En los cinco años transcurridos desde que Emilio Mignone presentó los primeros casos invocando el derecho a la verdad y al duelo, apenas uno ha sido identificado por la Justicia, el teniente coronel Julián Corres. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo citó a declarar junto con otros oficiales de la época, elegidos entre los listados del personal que prestó servicios en el Cuerpo V. Corres se negó, invocando la protección constitucional contra la autoincriminación. La Cámara le respondió que sólo era citado como testigo. Corres admitió bajo juramento que había dado seguridad exterior al campo clandestino de concentración La Escuelita, se identificó con el alias de Laucha y fue reconocido por varias de sus víctimas como uno de sus torturadores. Cuando negó hechos narrados por otros testigos, abogados de las víctimas pidieron que fuera procesado por falso testimonio. 
Tal vez ese haya sido un error, ya que, en líneas generales, el testimonio de Corres fue útil a los efectos de determinar la verdad de lo ocurrido, aunque él velara su propia participación, como tiene derecho a hacer cualquier delincuente. Pero un error menor al de Brinzoni, cuya actitud desató una reacción en cadena de la que tendrá tiempo de arrepentirse. Luego de ver los videos de las audiencias y leer las piezas procesales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, recomendó que el Laucha fuera pasado a retiro. Pero López Murphy sólo dispuso que fuera trasladado de un destacamento de inteligencia de combate en la Patagonia, a oficinas en el Comando de Institutos Militares, con el falaz argumento, expuesto por Brinzoni, de que la justicia no se había pronunciado. Luego envió su solidaridad a los oficiales y suboficiales detenidos por negarse a declarar, en Córdoba y Bahía Blanca. Corres recurrió a la Cámara de Casación Penal, que con el pretexto de esa denuncia por falso testimonio se apoderó de todo el expediente y paralizó el juicio bahiense. 

Los otros

Los demás represores en actividad no fueron puestos en evidencia por los jueces sino por el propio Brinzoni, de dos maneras: al presionar a López Murphy y al Senado por sus ascensos y al servirse del mayor/abogado Jorge Olivera en el intento de deslegitimar los juicios por la verdad y recrear la curiosa doctrina de los dos demonios. Ahora Brinzoni murmura que además de sus aberraciones Olivera habría tenido problemas de plata con el Ejército. Pero antes lo alentó a impulsar falsos juicios por la verdad que ensuciaran a los verdaderos, con el sofisma del recuerdo completo. El propio Olivera lo confesó a este diario y fuentes del Estado Mayor lo confirmaron, con júbilo, cuando uno de esos expedientes no fue rechazado in limine por una jueza distraída.
Los señalados a la opinión pública por el estratega Brinzoni son:
u Eduardo Daniel Cardozo. Participó, junto con Olivera, con los también oficiales Carlos Luis Malatto y Eduardo Daniel Vic y con el suboficial Osvaldo Benito Martel, en el secuestro, violación y tortura de la militante montonera Marie Anne Erize. La Cámara Federal de Mendoza los procesó por esos delitos, pero los rescató la ley de obediencia debida, con el voto en contra del camarista Juan González Macías. La ex modelo, de nacionalidad francesa, era prima política de María Julia Alsogaray, y algunas de las comunicaciones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con la familia fueron firmadas por Graciela Fernández Meijide, quien ante la detención de Olivera en Roma no se sintió impulsada a opinar más que obviedades, como si el poder la hubiera convertido en otra persona. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció sus antecedentes al Senado, pero la presión del Ejército y del gobierno pudo más que esa objeción, y obtuvo el acuerdo. López Murphy presionó a los senadores radicales y De la Rúa a los justicialistas, según reveló durante el debate sobre tablas del 15 de marzo el presidente de aquel bloque, Augusto Alasino. Una vez votados los ascensos, Brinzoni agasajó con una comida a los senadores peronistas, que acudieron en bochornosa peregrinación al Regimiento de Granaderos. Nadie podrá decir que Brinzoni no se ganó el problema que ahora lo desvela. Para las misiones internacionales de mantenimiento de la paz, al flamante coronel Cardozo no se lo podrá tener en cuenta, ya que en cuanto salga del país lo agarrará la policía, a pedido de las justicias de Francia y España, alertadas por el rimbombante tour de Olivera. 
u Carlos Luis Malatto, ya mencionado por su intervención en el caso de la montonera Erize. También fue procesado por su actuación junto con Olivera en los secuestros y torturas de Oscar Alfredo Acosta y su mujer Virginia, de la señora Saroff de Lerou, de Margarita Rosa Camus, Alberto Carvajal, Guillermo Jorge Guilbert, Fernando Mot y el ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de San Juan Adolfo Andino y por la desaparición de Vicente Jorge Masitelli. Teniente coronel en actividad, Malatto está a cargo del área de relaciones humanas de la Brigada de Infantería de Mendoza. Como Cardozo y Olivera, recuperó su libertad gracias a la ley de obediencia debida. Debe su recién recuperada notoriedad a las jugadas de Brinzoni en los casos Olivera y Cardozo.
u Alejandro Guillermo Duret, MI. 10.525.335. Con el alias de Porra es mencionado en los legajos 0676, 2297 de la Conadep. Brinzoni solicitó su ascenso y el Senado lo consintió.
u Rodolfo Sergio Mujica, MI 10.963.753. En el legajo 5144 de la Conadep se denuncia su actuación durante la guerra sucia en Catamarca. Los denunciantes afirman que luego de un secuestro por personal sin uniforme llegó la tropa legal al mando de Mujica y saqueó la vivienda. “A las máquinas fotográficas y la filmadora las llevan con el objeto de ser estudiadas, según consta en el acta que me dejan, para ser devueltas una vez realizada la investigación, las cuales nunca me fueron entregadas hasta la fecha”, declaró la tía del secuestrado. Igual que Duret, obtuvo el acuerdo del Senado que pidieron Brinzoni y su amanuense ministerial. 
u Rafael Mariano Braga, MI 8.447.824, Legajo 1106 de la Conadep. Según el legislador radical Normando Alvarez García, Braga encabezó el pelotón que irrumpió en su casa el 21 de agosto de 1976 y secuestró a su hermano Julio Rolando. Integró también las patotas que secuestraron en su domicilio, el 24 de noviembre de 1976, al dirigente gremial Carlos Eulogio Villada y el 20 de junio de 1976 del Ingenio Ledesma a la señora Eulogia Cordero de Garnica y a sus hijos Domingo Horacio Garnica y Miguel Angel Garnica; ella fue liberada, sus hijos permanecen desaparecidos (Expedientes 11a, 21G y 1V, todos de 1984, de la Legislatura jujeña). 
u Aldo Héctor Martínez Segón, alias Chancaca. El caso más notorio que lo involucra es la masacre de Margarita Belén, del 13 de diciembre de 1976, cometida en El Chaco por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides, cuando el capitán Brinzoni era secretario general de la intervención militar. 
Ni Braga ni Martínez Segón consiguieron el acuerdo del Senado. Pero dos meses después del rechazo, el 10 de mayo, Brinzoni los envió a rediscutir sus casos con los Senadores de la Comisión de Acuerdos, en procura de forzarles la mano. Brinzoni no parece haber entendido el mensaje del Congreso al rechazar el pliego de Domingo Bussi, por unanimidad que sólo rompió el hijo del ex dictador. El Chancaca admitió que tenía a su cargo el registro de los detenidos en la cárcel de Resistencia y que dialogaba con ellos y con sus familiares, pero hasta puso en duda la existencia de la masacre. Dijo que “ese hecho fue para nosotros una acción militar”, que “en esa época tenía el convencimiento de que aquello que había informado el Comando de Brigada era así” y que aun “en el año 2000 me cuesta creer que lo que dice aquí haya sucedido”.
Braga sostuvo que estaba de licencia en Buenos Aires cuando fue secuestrado el hermano de Alvarez García, e invocó como prueba su legajo. En su opinión innominados “amigos que iban a los cuarteles” se burlaron del diputado radical y le dieron una información falsa, por “odio o venganza”. También negó haber participado en los otros secuestros, pero no ofreció ningún elemento de juicio más allá de su palabra. Durante el interrogato-
rio, el senador radical Leopoldo Moreau le preguntó si tenía una herida de arma de fuego. Braga lo negó. Recién luego de un minucioso interrogatorio admitió que había sido herido, en combate familiar con su suegro. Los senadores decidieron dirigirse a Brinzoni para recriminarle “por la imprecisión” de los informes remitidos, que presentaban el episodio como un accidente. 

La jurisdicción

Hace diez días, el gobierno respondió al nuevo reclamo del juez español Baltasar Garzón para la detención de 48 militares y civiles acusados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Gil Lavedra declara inaplicable el decreto 111/98, por el cual el ex presidente Carlos Menem rechazó el pedido de Garzón, afirma que no sería razonable “denegar prima facie un pedido de asistencia judicial formulado por otro Estado”, reitera la voluntad de la República Argentina de honrar sus compromisos y como “cortesía” accede a enviar parte de lo solicitado: todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia de los sujetos reclamados y, “si fuere posible”, sus fotografías y huellas dactilares. Según el ministerio, la semana próxima se podrían enviar a España los datos de identidad de los 48 requeridos. Pero la resolución reitera los argumentos centrales del inaplicable decreto de Menem. Para el ex presidente acceder a la solicitud de Garzón “iría en desmedro de la soberanía”, porque los hechos ocurrieron en territorio argentino y ya fueron juzgados por los tribunales nacionales. Gil Lavedra afirma que la extradición y la detención preventiva “constituyen cuestiones de neto carácter político en tanto se encuentra involucrada la soberanía nacional” y destaca que la Argentina “ha aplicado sus leyes y su jurisdicción”. 
Con ese motivo, y en contra de lo que había anunciado De la Rúa, su ministro dispuso no dar intervención a la justicia, pese al reclamo del juez federal Gustavo Literas. Según la nota, del 3 de agosto, la decisión soberana “es función propia y excluyente del Poder Ejecutivo” y no de la justicia. Al referirse a la causa que instruye Garzón, Gil Lavedra dice que se refiere a “gravísimos hechos ocurridos en territorio argentino durante la dictadura militar” como parte de un “plan criminal para luchar contra la subversión”. Añade que los hechos han dado lugar a juicios y condenas, que el Congreso definió “el alcance de la persecución penal” (elegante eufemismo por las leyes de impunidad), que el Poder Ejecutivo ha dictado indultos y que esas medidas “cualquiera haya sido su acierto o conveniencia emanaron de legítimos representantes del pueblo y han sido convalidadas por la Corte Suprema de Justicia. Además se han sancionado leyes que otorgaron indemnizaciones a las víctimas y familiares” y “se encuentran en pleno trámite en distintos tribunales del país procesos en los que se busca reparar a las víctimas a través del derecho a establecer lo sucedido durante la represión ilegal, y se encuentra también vigente la acción penal respecto de ciertos delitos que, por su naturaleza, quedaron excluidos de las leyes que limitaron la persecución penal” como la “sustracción de menores”. 
Gil Lavedra anuncia que no procederá a la detención de los requeridos y desafía a Garzón a solicitar al gobierno español que inicie el proceso de extradición “si entiende cumplidas las condiciones de su derecho interno para proceder al juzgamiento”. El gobierno argentino parecería creer que Garzón intenta aplicar el derecho interno español, cuando el procesamiento de los genocidas argentinos se basa en las modernas Convenciones Internacionales que, retomando los principios bimilenarios del derecho de gentes, establecen el principio aut dedere aut judicare, que obliga a juzgar en el país a los autores de crímenes de lesa humanidad o a extraditarlos para que otro país lo haga.

Las condiciones

La insistencia oficial en la jurisdicción argentina posee interés, si no jurídico al menos político. En marzo se cumplirá un cuarto de siglo del último golpe militar, cuyo repudio por la sociedad no requiere de nuevas demostraciones. La actividad de Garzón en España, el desafuero de Augusto Pinochet por la Corte Suprema de Chile, la detención del mayor Olivera en Italia a pedido de Francia, el juicio en Roma a Suárez Mason, la Constitución reformada en 1994 de modo de incluir los tratados internacionales de derechos humanos, la derogación de la ley de obediencia debida por voto unánime del Congreso, las resoluciones de las dos salas de la Cámara Federal de la Capital y de la Corte Suprema sobre la primacía del derecho de gentes sobre la ley positiva, los avances producidos en las causas por la verdad y por el robo de bebés, indican que están dadas las condiciones jurídicas, sociales, éticas y políticas para un salto cualitativo en el retorno a la juridicidad, luego del desvío ocurrido bajo la presión de las bayonetas en 1987. Sólo es cuestión de ver qué tribunal se atreve primero y qué dirán ese día Brinzoni y el gobierno.

 

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