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Por Andrés Osojnik
Todas las infracciones de tránsito detectadas con cámaras
ocultas en la Ciudad de Buenos Aires quedaron suspendidas a partir de
ayer. Así lo resolvieron los jueces de Faltas porteños,
en una nueva avanzada sobre las multas fotográficas, cuestionadas
por los magistrados a raíz de los errores e irregularidades encontrados
en las actas. La polémica se agudizó luego de que este diario
revelara el viernes pasado que una de las empresas estacionaba autos en
infracción para captar las tomas de los autos infractores. El tema
cobró tal magnitud que será uno de los ejes de la reunión
de gabinete de hoy: el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se pronunció
ayer a favor de una "reformulación" del sistema.
El secretario de Gobierno porteño, Raúl Fernández,
en cambio, consideró "una barbaridad" la decisión
de los jueces y aseguró que "no está suspendido absolutamente
nada". El tema de las multas fotográficas quedó convertido
en un conflicto entre la Justicia de Faltas y el Poder Ejecutivo: "Los
jueces no tienen atribuciones para suspender nada. Ellos tienen que decidir
en función de cada caso que les llegue", sostuvo Fernández.
En los hechos, la resolución de la Justicia de Faltas significa
que por el momento las multas fotográficas quedan congeladas. Los
jueces tomaron esa decisión "por el gran número de
deficiencias" detectadas en las actas de ese tipo que llegan a los
juzgados, según aseguró el presidente de la Cámara
de Apelaciones de Faltas porteña, Néstor Losa.
Además, Losa explicó que la inédita medida se basa
también en el hecho de que el Superior Tribunal de Justicia de
la ciudad está considerando actualmente una presentación
por inconstitucionalidad del sistema de multas hechas con cámara
oculta. "Un grupo de abogados presentó el recurso ante el
Superior Tribunal y éste lo consideró admisible. Por lo
tanto, mal podemos nosotros resolver sobre estas actuaciones si cabe la
posibilidad de que el sistema sea declarado inconstitucional", explicó
Losa. "Es un problema de seguridad jurídica y de sentido común
--detalló--. Mientras no se pronuncie el Superior Tribunal, los
jueces no podemos pronunciarnos."
--¿Y si el Superior Tribunal decide que el sistema es constitucional?
--En ese caso vamos a pronunciarnos en cada caso, según las actas
que nos lleguen. Pero incluso aunque sea constitucional, no significa
que nosotros necesariamente tengamos que condenar. Se verá en cada
caso. Es público y notorio la cantidad de errores e irregularidades
con las que aparecen las actas.
Sin embargo, Raúl Fernández insistió en que el sistema
sigue en marcha. Para el secretario de Gobierno, quienes hayan recibido
el acta y consideren que cometieron la infracción pueden hacer
el pago voluntario, y quienes tengan algún cuestionamiento pueden
presentarse ante el Tribunal de Faltas. "Los jueces no pueden ponerse
a interpretar al Superior Tribunal. Si ese tribunal lo hubiera considerado
necesario, hubiera dispuesto él la suspensión hasta el pronunciamiento
de fondo", señaló.
Las multas fotográficas comenzaron a ser implementadas en la ciudad
a partir de este año, en base a una resolución tomada durante
el gobierno de Fernando de la Rúa. La toma de fotos a los infractores
está a cargo de dos empresas privadas: Siemens Itron Business Services
y Meller. La primera fiscaliza el exceso de velocidad y el uso de carriles
en las autopistas y algunas avenidas como Lugones, Cantilo y General Paz.
La segunda controla el mal estacionamiento, el cruce con luz roja y la
invasión de las sendas peatonales en el micro y macrocentro.
Meller comenzó a operar en febrero y Siemens Itron en abril. Pero
el grueso de las multas comenzaron a llegaron a las casas de los infractores
en mayo, cuando se generaron los primeros cuestionamientos. Según
los jueces de Faltas, una gran cantidad de actas llega con irregularidades:
multas por mal estacionamiento a autos que estaban bien ubicados, direcciones
reales que no se corresponden con la foto, duplicación de la misma
foto en varias actas, multas por exceso de velocidad en una autopista
con la foto tomada en otra.
Ayer, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aseguró que se
trata de un tema "preocupante" y adelantó su postura
contraria a que las cámaras estén ocultas. "Yo prefiero
la prevención mostrando qué es lo que se está haciendo,
cómo se está trabajando, a que haya alguien escondido sacando
fotos, haciendo boletas como cazabobos, y que aparece con un criterio
estrictamente recaudador", señaló. Ibarra pidió
para hoy informes a todas las áreas involucradas en el tema: la
Secretaría de Obras Públicas; la de Justicia y Seguridad,
y la de Gobierno.
EL tema será debatido en la reunión de gabinete de esta
mañana y allí podrían aprobarse algunos cambios en
el sistema. Esas modificaciones estarían centradas, según
aseguró una fuente del Gobierno a este diario, en una "mayor
visualización del sistema" y en una redefinición de
la cantidad de multas elaboradas. "Lo que prevé la licitación
(un tope de 100.000 infracciones mensuales para cada una de las empresas)
es demasiado para la capacidad operativa del Gobierno y la Justicia de
Faltas", reconoció la fuente.
La Legislatura porteña se había sumado a los cuestionamientos
el 6 de julio pasado, cuando pidió al Gobierno que se suspendiera
por 60 días el cobro de las multas por mal estacionamiento, que
en ese momento concentraban el grueso de las críticas. Los legisladores
también dispusieron que el arancel de 15 pesos para acceder al
reclamo ante el juez de Faltas sea cobrado posteriormente y sólo
en el caso de que el conductor fuera condenado. El Gobierno porteño
ya puso en marcha el cambio con el canon, pero hasta ahora no aceptó
la suspensión de las multas.
Esto será también motivo de debate en la reunión
de gabinete de hoy. "Vamos a introducir todos los cambios que haya
que hacer. No nos interesa escondernos atrás de un árbol
para hacer multas, lo que queremos es bajar las infracciones para mejorar
el tránsito en la ciudad", aseguró Raúl Fernández.
Qué hacer
¿Qué debe hacer un conductor que recibió
en su casa una multa de tránsito captada con cámara
oculta, ahora que los jueces decidieron suspender la tramitación
de esas causas?
Según el presidente de la Cámara de Apelaciones
de Faltas, Néstor Losa, hay dos caminos posibles: uno es
presentarse ante la Justicia de Faltas. Allí, el juez le
dirá que su expediente ha sido abierto, aunque quedará
suspendido. "El magistrado no absolverá ni condenará
al imputado, solo le dirá que su trámite quedó
abierto. En función de cómo se resuelva el tema
de fondo, será citado nuevamente", explicó
Losa.
La otra alternativa es "esperar un tiempo --según
el camarista--, hasta que se expida el Superior Tribunal o el
poder político disponga algún eventual cambio".
Es decir: por ahora no pagar.
El Gobierno porteño, en cambio, sugiere que todo siga igual:
o se hace el pago voluntario o hay que presentarse ante la Justicia
de Faltas.
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EL
GOBIERNO PORTEÑO SANCIONARA A LA EMPRESA
Cazador cazado in fraganti
Por A. O.
El gobierno porteño sancionará a la empresa de las cámaras
ocultas que estacionaba autos en infracción para detectar a quienes
cometen infracciones en las autopistas. Así lo anticipó
a Página/12 el titular de Obras Públicas, Abel Fatala, que
tiene a su cargo el área de Tránsito.
"Vamos a castigar muy fuerte a la empresa", destacó el
secretario, que hoy será uno de los funcionarios que informarán
al gabinete sobre la marcha del sistema fotográfico de multas.
Se trata de la compañía Siemens Itron Business Services,
que tiene la concesión para el control del exceso de velocidad
y uso de carriles en las autopistas de la ciudad y algunas avenidas.
En la autopista Dellepiane, continuación de la 25 de Mayo, la empresa
ubicaba --tal como difundió este diario en su edición del
viernes-- los autos en los que se ocultan las cámaras, en la banquina
izquierda de la vía, al lado del carril rápido. Es decir,
en medio de la autopista. Un lugar donde está absolutamente prohibido
estacionar.
La propia empresa admitió que en ese tramo no está permitido
el estacionamiento "al público", pero se defendió
con el argumento de que la ubicación de los autos cumplían
allí "con todas las normas de seguridad". En realidad,
si un particular estaciona un auto allí --nadie lo hace si no es
por algún problema con el vehículo--, enseguida llega la
grúa del ACA contratada por AUSA (la empresa encargada de la autopista)
para remover el vehículo del peligroso lugar, con despliegue de
conitos y banderilleros.
Nada de eso sucedía con los autos dispuestos por Siemens Itron,
que justamente pretendían pasar lo más inadvertidos posible.
Luego de que Página/12 revelara esa curiosa metodología,
los autos no volvieron a ser ubicados en esos lugares. La empresa había
argumentado que el contrato le exige hacer "mediciones tanto desde
puntos fijos como desde puntos móviles". Sin embargo, en el
gobierno porteño se aseguró que "en ningún lugar
del contrato se prevé que el punto fijo sea un lugar prohibido
para el estacionamiento".
En ese sentido, Fatala aseguró que se aplicará una multa
a la empresa multadora, aunque sostuvo que las actas de infracción
detectadas de esa manera "hay que pagarlas, porque la infracción
se cometió". Más allá de la resolución
de los jueces de suspender la tramitación de esas multas, el secretario
consideró que "no hay que entrar en la lógica del infractor:
si se cometió la falta, hay que pagar". Consultado por este
diario, el constitucionalista Jorge Vanossi había asegurado que
"una prueba obtenida ilegalmente carece de validez".
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