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ALBRIGHT PROMETIO HACER GESTIONES
 PARA QUE DOCUMENTOS SECRETOS SEAN PUBLICOS
“Comparto la angustia por los desaparecidos”

La secretaria de Estado norteamericana dijo a organismos de derechos humanos que la cuestión de los desaparecidos no puede cerrarse alegremente, e insistió en el control civil de las Fuerzas Armadas como clave de su política exterior en el tema militar.

Albright dijo a Estela Carlotto que en Washington se ocupará de la documentación. “Por razones humanitarias (soy madre y abuela) entiendo el planteo y quiero resolverlo.”

Por Martín Granovsky

t.gif (862 bytes) Sin necesidad de hablar con todas las letras de los Juicios de la Verdad, o de los juicios por robo de bebés, la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright dio un apoyo implícito a que siga la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. “Comparto la angustia por un tema que no puede darse así nomás por terminado”, fue la frase exacta que usó ayer. El tema eran los desaparecidos. 
Durante una reunión que mantuvo con organizaciones no gubernamentales, Albright recogió una inquietud sobre los archivos de los Estados Unidos: ¿Washington no puede disponer que dejen de ser secretos los documentos útiles para investigar la represión en la Argentina?
–Queremos pedirle que su palabra sirva para que el gobierno argentino ponga esfuerzos para que se esclarezca el genocidio, aunque el jefe del Ejército lo desconozca y pretenda interrumpir los procesos judiciales y el poder político no le ponga freno –dijo Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Fue entonces cuando la secretaria de Estado habló de los desaparecidos y prometió ocuparse de la desclasificación de nuevos documentos para que sean accesibles al público. 
–Responderemos al pedido –dijo mirando a Carlotto y a Carmen Lapacó, de Madres-Línea Fundadora–. No sé qué información existe en el Departamento de Estado, pero al volver haré un esfuerzo por contestarles. Por razones humanitarias (recuerden que soy ambas cosas: madre y abuela) entiendo el planteo y quiero resolverlo. Y también se lo voy a contar a Hillary Clinton, de quien soy amiga. 
Carlotto había relatado que, durante el viaje de Bill Clinton a la Argentina, Hillary la había recibido, y que en Washington la actual candidata a senadora por Nueva York había hecho atender a las Abuelas.
Por la tarde Albright repitió su mensaje en una conferencia de prensa, y recibió el apoyo del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini. 
Horacio Verbitsky, como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, también analizó la relación del poder político con los militares. Primero historió la relación de Washington con la dictadura, “la peor de las conocidas en el hemisferio occidental luego de la Segunda Guerra Mundial”. Contó que en junio de 1976, durante una reunión en la OEA, el canciller César Guzetti dijo que la dictadura debía “matar a todos los subversivos”, y que Henry Kissinger le contestó: “Háganlo, pero rápido”. Luego comparó esta actitud con la de James Carter y su encargada de Derechos Humanos en el Departamento de Estado, Patricia Derian, que “denunciaron los atropellos”. 
Después el columnista de Página/12 cuestionó el proyecto del Ejército de utilizar 15 mil planes trabajar para formar reservistas en acción cívica. Lo definió como algo típico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que otorgaba a los militares un papel central en las funciones del Estado, incluso la construcción de caminos o la vacunación. Como Verbitsky mencionó la correspondencia del CELS con Myrna Alexander, del Banco Mundial, quien dijo que el organismo no puede involucrarse en asistencia militar, después de la reunión el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Pete Romero, pidió que entregara toda la documentación al embajador James Walsh. En otro tramo de su exposición, Verbitsky alertó sobre las presiones para incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. “Aquí no hay ninguna amenaza armada vinculada a la droga”, dijo. “El problema es el lavado de dinero, proveniente tanto de la droga como de la corrupción política.” El peligro de incluir el narco como hipótesis de conflicto se haría patente, de todos modos, “porque cualquier asignación de roles policiales desvirtúa la función de las Fuerzas Armadas y abre un camino que, tarde o temprano, termina con el desborde militar hacia la política y la desestabilización de la democracia”. 
Lapacó dijo que la Escuela de las Américas, “que formó militares que implantaron el terrorismo de Estado”, no debería existir más. En la misma reunión Carlos March, de Poder Ciudadano, explicó su pedido de que las ONGs sean incluidas en el monitoreo de la asignación y aplicación de créditos de los organismos multilaterales de crédito. Daniel Sabsay, ecologista, dijo que “las compañías extranjeras no siempre respetan el ambiente aquí igual que en sus países de origen”. Silvia Uranga, de Conciencia, señaló que el impulso filantrópico de las empresas estadounidenses “debería inundar la Argentina”. Monique Altschul reivindicó los derechos sexuales y reproductivos. Y María Rosa Martini, del Foro del Tercer Sector, destacó el compromiso de las ONGs en la construcción democrática. 
Además de su respuesta sobre los archivos y los desaparecidos, Albright, que tomó nota personalmente de lo que iba escuchando, subrayó sus opiniones sobre algunos de los puntos expuestos:
“El tipo de temas que ustedes tratan –de gente real sobre problemas reales– son el pan cotidiano de las relaciones exteriores”.
“En el mapa de las Américas, en los años ‘70 había muchos puntos rojos con dictaduras y pocos puntos verdes con democracias. Hoy es distinto, pero nos preocupa que muchos de los beneficios de la democracia no bajen a la gente”.
“El papel de los militares ha sido el mayor problema en América latina. Trabajamos con los gobiernos para afirmar la idea del control civil. En este punto, ése es el centro de nuestra política exterior”.

 

 

Un contacto en la AMIA

Hoy, muy temprano, la última actividad de Madeleine Albright en la Argentina será reunirse en el nuevo edificio de la AMIA con dirigentes de la mutual judía y de la DAIA y la B’nai B’rith. “Rendiré homenaje a las víctimas del atentado de 1994”, anunció ayer por la tarde en la conferencia de prensa. “Los Estados Unidos y la República Argentina están unidos por su oposición al terror y el apoyo a los valores democráticos de la tolerancia y del Derecho”, dijo como prólogo a otra profesión de fe: “Permítanme decir una vez más cuánto valoro la especial relación de la que gozan nuestros dos países y de la especial relación de la que gozamos el canciller y yo”. La visita a la AMIA durará una media hora y marcará una diferencia con el contacto que mantuvieron Bill Clinton y Hillary durante su visita a la Argentina: también escucharon a los familiares de las víctimas, encabezados por Norma Lew. Aunque no hay una agenda fijada, los dirigentes comunitarios podrían pedir a Albright colaboración para que sean más ágiles las respuestas de la Justicia norteamericana a los pedidos del juez Juan José Galeano, a quien la DAIA y la AMIA respaldaron.

Bonafini, en contra

“Me da mucha repugnancia que los organismos vayan atrás de personajes tan siniestros”, criticó Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. “No sólo no vamos a ninguna reunión con ella, sino que repudiamos su presencia aquí”, dijo sobre la secretaria de Estado Madeleine Albright, y opinó que los funcionarios del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional “vienen aquí solo para controlar las cuentas”. Para Bonafini, la visita “es una hipocresía”. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo explicó así por qué no participaba de la reunión de organizaciones no gubernamentales realizada en el Sheraton, de la que sí formaron parte Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales.

 

 

DEL LOMO A COLOMBIA Y LOS SUBSIDIOS AGRICOLAS
Dear Adalberto, dear Madeleine

Por M. G.

“Querido Adalberto, yo sé que cuando llamo, vos siempre estás”, agradeció Madeleine. Antes, tras insistir en el valor de la democracia, Adalberto había pedido un brindis por ella, a quien llamó “querida Madeleine”. En el brindis del almuerzo en el Palacio San Martín, la secretaria de Estado Madeleine Albright se permitió solo un gesto de infidelidad con el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, artífice de las actuales “relaciones intensas”: nombró a sus “amigos argentinos” Guido Di Tella y Emilio Cárdenas, protagonistas de las “relaciones carnales”. 
Una larga mesa reunió alrededor de los tournedos de lomo a 60 invitados entre diplomáticos argentinos y norteamericanos, diputados, empresarios (Héctor Magnetto incluido), ex cancilleres (Domingo Cavallo incluido), ex embajadores en Estados Unidos (Raúl Granillo incluido) y actuales denunciantes de presuntas operaciones de compra de votos en el Senado (Antonio Cafiero incluido). 
Antes, una reunión a solas de los equipos de Madeleine y Adalberto había servido para que el segundo escuchara cómo la primera, muy educada, pasaba revista a los temas de la relación sin presionar, como consignándolos al vuelo, aunque sin ignorarlos. Su fórmula era “ustedes saben cuál es nuestra posición al respecto”. Así, Rodríguez Giavarini, el vice Horacio Chighizola, el embajador en Washington Guillermo González y el director de América del Norte Gerónimo Cortés Funes registraron el pedido de abrir más frecuencias de vuelo de las compañías norteamericanas, la preocupación por la ley de patentes farmacéuticas, el apoyo al área de libre comercio de toda América y la importancia del “fortalecimiento institucional” de los Estados de América latina. 
En cuanto a Colombia, Albright, que se había disgustado con la imagen de enfrentamiento con Luiz Felipe Lampreia que dejaron sus cinco horas en Brasil, aclaró que ni allá ni acá estaba pidiendo intervención militar. “Solo hablamos de ayuda y de colaboración policial, y por supuesto apreciamos los esfuerzos que el resto de los países haga para apoyar moralmente al gobierno de Andrés Pastrana”, fue su expresión. “Los problemas de Colombia son problemas de toda la región”, diría luego en la conferencia de prensa. 
Sobre Paraguay, definió la situación luego de las elecciones del domingo, donde no hubo resultado definitivo entre los colorados y los liberales para la vicepresidencia, como “una incógnita”. Y agradeció la posición de Rodríguez Giavarini de “fortalecer la democracia”. 
El esquema se repitió después en una reunión con De la Rúa, quien agregó un tema: pidió a los Estados Unidos colaboración para disminuir los subsidios agrícolas que afectan a las exportaciones argentinas. 
“Tenemos relaciones excelentes con este gobierno, como las tuvimos con el anterior”, resumió luego Albright. “Argentina no es solo un líder hemisférico sino internacional por su esfuerzo en arraigar la democracia en cualquier parte del mundo donde tenga influencia.”

 


 

“NOS DETIENEN A UN MAYOR Y EL GOBIERNO CALLA”
Menem sufre por el destino de Olivera

El ex presidente Carlos Menem cuestionó al gobierno de la Alianza porque “no dice nada” sobre la detención en Roma del mayor retirado del Ejército Jorge Olivera, acusado de haber torturado y asesinado a la ciudadana francesa Marie Anne Erize durante la última dictadura militar. Olivera, por su parte, se consuela escribiendo telegramas desde la cárcel.
“Ahora nos detienen a un mayor del Ejército y el Gobierno no dice nada. Dentro de poco, ningún militar de las tres Fuerzas, ningún policía, ningún gendarme, va a poder salir de su país porque cualquier juez de la tierra va a dictar una orden de detención”, sostuvo el ex presidente y recordó la captura del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, ordenada, según definió, por “un juez de décima”.
No es la primera vez que Menem opina sobre los juicios en el exterior que comprometen a militares argentinos. El 9 de febrero de 1998, el boletín oficial publicó el decreto 111/98, a través del cual el gobierno de nuestro país se comprometía a no otorgar asistencia jurídica al juez español Baltasar Garzón, el “juez de décima” que lleva adelante un proceso en el que están imputados militares argentinos, chilenos y uruguayos por genocidio y terrorismo de Estado. En sus considerandos, la norma argumentaba que “acceder al pedido de asistencia implicaría violentar los intereses esenciales de la Nación Argentina, que en forma solidaria y en ejercicio de su poder soberano estructuró una solución legislativa y judicial que permitió la pacificación interna y que está dispuesta a conservar”. 
Más allá de la protesta de Menem, el militar sigue entre rejas. “A pesar de mi tristeza tengo la moral y la fe altas. Un abrazo. Los quiere mucho. Papá”, escribió Olivera en el primero de los telegramas que envió el lunes, dirigido a su hijo Javier, sus otros tres hijos y su esposa. En el otro telegrama, que envió a su estudio jurídico, se puede leer el mismo texto, pero el hombre se despide con su nombre y apellido. 
El abogado italiano Maurizio Ancora no pudo visitar ayer a Olivera. Según informó la esposa del militar, Marta Noemí Ravasi, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Roma como nuevo letrado del militar, ya que el tribunal romano no accedió a conceder al militar un tercer abogado defensor alegando que la ley italiana sólo autoriza a nombrar dos y Olivera ya es defendido por los abogados Marcelo Mellandri y Carlo Longari.

 


 

La Justicia puede lograr que el Cóndor ya no pase

El fiscal Osorio imputó a los principales jefes del Plan Cóndor por el secuestro, desaparición y muerte de argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos.

Augusto Pinochet encabezó el Plan Cóndor desde Chile.
Lo acompañan como imputados Videla y Stroessner.

Por Adriana Meyer

Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet Ugarte, Alfredo Stroessner y otros trece represores latinoamericanos no sólo serán perseguidos en el exterior: pueden volver a ser enjuiciados por la Justicia argentina. El fiscal federal Miguel Angel Osorio imputó a los máximos jefes del Plan Cóndor por la privación ilegal de la libertad de ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos en el marco de aquella operación de represión intercontinental. El requerimiento –al que Página/12 tuvo acceso exclusivo– considera en forma tácita la inaplicabilidad de las leyes de obediencia debida y punto final para juzgar la desaparición forzada de personas como delito permanente y de lesa humanidad. 
La denuncia había sido presentada en noviembre por los abogados David Baigún, Alberto Pedroncini, Albor Ungaro y Carlos Zamorano en representación de seis mujeres, familiares de desaparecidos bajo el ala del Cóndor (ver recuadro). El fiscal consideró que la investigación debía hacerla el juez Gustavo Literas, que instruye una causa en la que los militares uruguayos que operaron en el centro clandestino Automotores Orletti están imputados del mismo delito. Pero la Cámara Federal decidió que la denuncia quedara en manos de Adolfo Bagnasco, el juez que salió sorteado, y por eso recién ahora se produce el dictamen contra los dictadores. Osorio aclaró en su escrito que, a diferencia de la causa de Literas, esta querella “no se limita a los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, donde se encontraba Orletti, sino que abarca todas las privaciones ilegales de la libertad resultantes de la ‘Operación Cóndor’”. 
El equipo de letrados que impulsó la denuncia sostiene que el escenario principal de los hechos fue Argentina y, por lo tanto, no cabe duda de la jurisdicción para juzgar a los represores acusados. Osorio estableció que el objeto de la investigación es determinar la responsabilidad de los imputados (ver recuadro) en la “privación ilegal de la libertad calificada de personas perpetrada total o parcialmente en territorio argentino por civiles, militares y/o de fuerzas de seguridad de cualquiera de los estados miembros”. El fiscal definió al Plan Cóndor como “una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur dirigida al secuestro de personas, su desaparición, muerte y/o tormento”.
El requerimiento hizo suyas las pruebas ofrecidas por la querella en cuanto al surgimiento del Cóndor a partir de “un acuerdo del máximo nivel político y militar entre los estados argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileño, que definieron tener su sede operativa en Chile”. La confirmación del accionar conjunto surge del cable que el ex agente regional del FBI, Robert Scherrer, envió en 1976 al Departamento de Justicia de los Estados Unidos detallando los alcances del Cóndor. Bagnasco ya posee una copia de ese documento certificada por las autoridades norteamericanas. “De ese acuerdo emanó el compromiso de realizar operaciones conjuntas contra supuestos blancos terroristas, siendo el objetivo de la ‘Operación’ la obtención, intercambio y ordenamiento de la información de inteligencia concerniente a izquierdistas, comunistas y marxistas para eliminar sus actividades en América del Sur”, explicó Osorio. El telegrama del FBI especifica que los “equipos especiales” debían localizar tales “blancos” para llevar a cabo “sanciones hasta el asesinato”. El fiscal acudió a la sentencia del Juicio a las Juntas de 1985 para concluir que “los secuestrados eran conducidos a centros clandestinos de detención ubicados en dependencias militares o policiales”, a los que calificó como “lugares clave y centrales del esquema del terrorismo de Estado”.

 

 
La lista de querellantes

Dora Carreño Araya es chilena y reclama por su hermana, Cristina, desaparecida en Argentina el 26 de julio de 1978. Idalina Tatter, paraguaya, es esposa de Federico Tatter, desaparecido en Argentina el 15 de octubre de 1976. Sara Méndez, uruguaya, es la madre de Simón Riquelo, argentino, secuestrado el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado clandestinamente a territorio uruguayo. Elsa Pavón de Grinspon, argentina, es la madre de Mónica Grinspon de Logares, que fue secuestrada en Montevideo junto con su esposo y su hija Paula, desaparecida en Argentina. Claudia y Ana María Careaga, argentinas, hijas de María Esther Ballestrino de Careaga, paraguaya, secuestrada en la porteña iglesia de la Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977.

La lista de imputados

Argentinos: Jorge Rafael Videla, ex miembro de la Junta Militar. Carlos Guillermo Suárez Mason, ex comandante del 1er. Cuerpo de Ejército. Eduardo Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior.

Chilenos: Augusto Pinochet Ugarte, de quien dependía la DINA, órgano planificador y ejecutor del Cóndor. Manuel Contreras, general, ex jefe de la DINA. Pedro Espinoza, coronel, ex alto funcionario de la DINA.

Paraguayos: Alfredo Stroessner, general de división, ex presidente de Paraguay. Francisco Brites, general, jefe de policía de Paraguay. Néstor Milcíades Coronel, ex jefe de investigaciones policiales.

Uruguayos: Julio Vadora, ex comandante en jefe del Ejército de Uruguay. Coronel Guillermo Ramírez, mayor José Nino Gavazzo, mayor Enrique Martínez, capitán Jorge Silveira y capitán Hugo Campos Hermida.

 

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