Por Gabriel Alejandro Uriarte
 El miércoles, el presidente Bill Clinton firmó una ley de 1319 millones de dólares en ayuda para Colombia. Era su contribución al Plan Colombia ideado por el gobierno de Andrés Pastrana. La mayor parte de la ayuda norteamericana es, de hecho, para combatir a la �narcoguerrilla� (según Washington) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿El Plan Colombia significa guerra? Muchos respondieron contundentemente que sí. Pero es conveniente invertir la pregunta. ¿Cancelarlo significaría paz? La respuesta, por supuesto, es que no. El conflicto ya estaba escalando, por parte de ambos bandos, y esa intensificación era inevitable. Colombia se enfrenta a mucho más que una guerra insurgente: está sufriendo una guerra entre dos Estados. La paz, exceptuando una imposible partición, implica necesariamente la eliminación, pacífica o violenta, de uno u otro. Por tanto, el proceso de paz está estancado. Militarmente, existe una cierta paridad. Pero hay señales de que no durará. Es en esa preocupación que se encuentran los motivos de Washington en involucrarse en lo que se llama �el Vietnam colombiano�.
Para entender la urgencia de Clinton, hay que apreciar el proyecto de nación para la jungla colombiana que las FARC están creando en el sur del país. No hay muchos precedentes históricos para ello. Generalmente una guerrilla coexiste en las sombras con las autoridades del gobierno formal, creando estructuras paralelas dentro de un mismo territorio. Tal era el caso, por ejemplo, en Vietnam del Sur o Argelia. Pero en Colombia las FARC han llegado mucho más lejos. Han alcanzado algo bastante cercano a la soberanía, si la definimos como la autoridad absoluta dentro de un territorio. Ya dictan leyes, administran la justicia y mantienen el orden en las zonas bajo su control. Esta área es bastante más grande que los usuales focos guerrilleros: 42.000 km2 del territorio nacional colombiano. Si bien la mayor parte (73 por ciento) de la población del país vive en las ciudades, las FARC tienen el apoyo de los 250.000 campesinos cocaleros, a quienes protegen de los esfuerzos antidrogas del Estado colombiano. El Ejército ha adoptado una actitud pasiva y se contenta con realizar pequeñas acciones defensivas para impedir la expansión de las FARC. La economía se basa en el narcotráfico, de donde la guerrilla, según cifras norteamericanas, extraería más de 1000 millones de dólares por año. Irónicamente, la guerrilla se benefició de los esfuerzos antidrogas en Perú, Bolivia y Ecuador, que concentraron la producción de coca en el sur colombiano. Y, al ser un producto con demanda muy estable si no en aumento, la coca es una base muy sólida para la economía guerrillera. También extraen dinero de centenares de secuestros cada año.
Mientras tanto, el Estado colombiano parece estar en picada. Actualmente atraviesa �su peor recesión en cien años�, lo que le hace más difícil solventar el gasto anual de 3000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas. Según el analista Alfredo Rangel, el Ejército de 250.000 hombres sólo puede dedicar unos 50.000 (la mitad de ellos conscriptos) para lucha contrainsurgente. Hay planes para mejorar el entrenamiento y profesionalizar a la tropa, pero eso requiere dinero. Y la economía no ofrece salidas. Mientras no haya inversión no habrá crecimiento, y una guerra civil en todo el país no es un buen contexto para la inversión. Estados Unidos, por cierto, ignoró de modo flagrante los requisitos fijados por su propio Departamento de Estado sobre derechos humanos al entregar la ayuda. Pero la Casa Blanca calculó que no tenía tiempo. Primero, porque las elecciones presidenciales son en noviembre y Clinton quiere evitar a toda costa que los demócratas sean acusados de ser �blandos� con las drogas. Segundo, porque �en vista del debilitamiento de Bogotá y el ascenso de la guerrilla�, si Estados Unidos se demora, podría tener que lidiar más tarde con una situación mucho más deteriorada. Clinton, al menos, no tuvo dudas. El miércoles ignoró la cláusula de derechos humanos y firmó la ley.
Para un plan que ha adquirido una reputación tan siniestra, el foco de los 1319 millones de dólares en ayuda norteamericana es curiosamente limitado: tres batallones de 1000 hombres cada uno. Reclutados entre las filas de las fuerzas especiales colombianas, son entrenados por Boinas Verdes norteamericanos. Recientemente llegaron a Colombia 83 asesores adicionales. Al estar aislados del grueso del Ejército, Washington tiene la esperanza piadosa de que no establezcan vínculos con los paramilitares. Estarían basados en la ciudad de Tres Esquinas en las junglas del sur colombiano. Se movilizarían con los 60 helicópteros incluidos en la ayuda norteamericana. No buscarían controlar el territorio, algo imposible para una fuerza tan chica. Su táctica será destruir la infraestructura económica de la guerrilla, es decir los cultivos y los laboratorios del narco. También se prevén programas de sustitución de cultivos y creación de infraestructura en las zonas cocaleras.
La actitud de los países vecinos ha sido generalmente negativa. Perú, Ecuador y Bolivia se mostraron muy cautelosamente a favor, ya que la ayuda norteamericana incluye partidas para ellos, se están preparando ante un posible regreso del narco a sus países. Brasil y Venezuela están completamente en contra. Ambos comparten las mayores fronteras con Colombia, temen el �derrame� de la guerrilla y recelan que Estados Unidos se involucre eventualmente tanto como lo hizo en América Central en la década del 80. El canciller venezolano José Vicente Rangel enfatizó ayer que �tenemos preocupación que cobre fuerza el aspecto bélico (del Plan Colombia) y la confrontación se agudice�.
Pero esa agudización ya estaba en marcha, también por parte de las FARC. Los guerrilleros compran desde hace tiempo armas de todo el mundo vía mercado negro. Solamente desde Jordania y Perú recibieron 10.000 fusiles automáticos. Hay rumores de que obtuvieron misiles tierra-aire para combatir los aviones y helicópteros del gobierno. Y, militarmente, las FARC nunca permanecieron inactivas. En los últimos meses lanzaron un promedio de un ataque por semana contra estaciones de policía o pequeñas guarniciones militares en zonas aisladas. Las FARC emplean estos ataques para presionar al gobierno a que realice más concesiones en la mesa de diálogo. Es natural entonces que las FARC se rehúsen a un cese al fuego antes de que los elementos sustantivos de la enorme agenda de paz sean resueltos.
Aquí se llega a la clave de la falta de avances en el proceso de paz. Las FARC, según hemos visto, han construido algo muy similar a un Estado. Tienen un sistema de gobierno autónomo, una �economía� floreciente y un completo control social sobre la población en su territorio. Es natural que no quieran abandonar todo en favor de integrarse al sistema político colombiano. Además del muy presente peligro de que los paramilitares los asesinen si bajan las armas (como ya sucedió en los 80), los guerrilleros también perderían la mejor oportunidad de lograr lo que llaman �la conquista del poder para la construcción del socialismo�. Por un lado, el gobierno exige desmantelar el Estado guerrillero y restablecer su soberanía en todo el país. Por su parte, la guerrilla exige una especie de simbiosis entre el Estado de Bogotá y el Estado de las FARC. Si el gobierno de Pastrana quiere la paz, deberá aceptar �abandonar el modelo neoliberal�, repudiar la deuda externa y crear un esquema económico más redistributivo. Tales demandas resultan refrescantes en un mundo tan férreamente neoliberal, pero apuntan a un cambio tan profundo en el Estado colombiano que es muy difícil que Pastrana, o cualquier otro gobierno colombiano, las acepte por las buenas.
Es que una guerrilla dista de ser sólo la expresión más radical de una disidencia política. Lo que plantea es la destrucción de un Estado y su reemplazo por otro, el verdadero significado de una revolución. Las FARC nunca perdieron de vista ese objetivo, y lo impulsan mediante lasnegociaciones o los �otros medios� militares. Por eso, ni puede esperarse que el Estado colombiano acepte su autodestrucción ni, por supuesto, que lo haga el de las FARC. La paz basada en el reconocimiento mutuo y la paridad es imposible, a menos que se acepte la creación de una virtual �Colombia del Sur� bajo las FARC. Y tampoco parece existir una gramática común que pueda reconciliar a los antagonistas. Es tan dudoso que las FARC acepten el resultado de unas elecciones como que los paramilitares permitan que los guerrilleros se candidateen. Ante este dilema, los beligerantes buscan crear una asimetría de fuerza, Bogotá mediante la creciente intervención extranjera y las FARC vía la acumulación de armas, dinero y reclutas. En este sentido, Estados Unidos alimenta el fuego, pero el incendio ya crecía por su propia dinámica. Y Clinton, el bombero-incendiario, llega la semana que viene a Bogotá.
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