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EL JUEZ CAVALLO AVANZA EN LA CAUSA PAMI
Tonietto, procesado

El cuñado de la ministra Fernández Meijide fue procesado por “negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos públicos”. El juez consideró que benefició a las clínicas de su esposa desde el PAMI.

El ex interventor del PAMI, Angel Tonietto.


t.gif (862 bytes) Como si el ambiente político no estuviera ya caldeado y el Gobierno no tuviera suficiente con el escándalo por el presunto pago de coimas en el Senado, la Justicia procesó ayer al ex interventor del PAMI Angel Tonietto bajo los cargos de “negociaciones incompatibles con el desempeño de cargos públicos y tentativa de fraude al Estado”. El juez federal Gabriel Cavallo consideró “prima facie” que cometió esos delitos al instigar a un funcionario a su cargo para aprobar la recategorización de dos clínicas prestadores de la obra social de los jubilados que pertenecían a su esposa, hermana de Graciela Fernández Meijide. “No tengo nada que comentar, está actuando la Justicia”, fue la única referencia de la ministra de Desarrollo Social acerca del caso de su cuñado, a quien se le trabó además un embargo de 30 mil pesos.
“El procesamiento es un estado de sospecha y nada más”, aclaró el actual interventor del PAMI Federico Polak a propósito de la situación judicial de su antecesor y destacó que “es inocente hasta que lo condenen”. El funcionario recordó también que frente a la denuncia “la actitud de Tonietto, que es un conocido sanitarista, fue renunciar. La impresión es que la imagen de la Alianza en esto es que se revitaliza, no queda desmerecida porque inmediatamente se actuó en consecuencia”.
Tonietto no fue el único funcionario del PAMI que resultó procesado a raíz de la recategorización de las clínicas Florida I y Florida II, una de cuyas propietarias es su esposa, Juana María Castagnola: Cavallo también procesó al ex subinterventor de Prestaciones Sociales de la obra social, José Amorín, a quien el ex interventor indujo a recategorizar las clínicas de su mujer. A Amorín también se le trabó un embargo, que asciende a 20 mil pesos.
Tonietto integró junto con Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta el trío que, en los primeros días de su gobierno, el presidente Fernando de la Rúa designó al frente de la intervención del PAMI para terminar con la corrupción de las gestiones menemistas en la obra social. Pero el representante del Frepaso en el triunvirato del PAMI tuvo que renunciar a los pocos meses a su cargo, después de que la entonces revista Veintidós denunciara la recategorización de dos hogares terapéuticos pertenecientes a su esposa. En virtud del vínculo conyugal, esas dos clínicas eran también de su propiedad y vieron mejorar sus ingresos a partir de su recategorización.
Cavallo consideró “suficientemente probado que Tonietto se interesó en el trámite de recategorización” de las clínicas de su mujer. El magistrado entendió que esa preocupación del funcionario en los expedientes referidos a las clínicas Florida I y II generó “en el ánimo de Amorín la necesidad de recategorizarlas” y así lo explicó: “Tonietto de algún modo le exhibió algún tipo de interés en el asunto que Amorín interpretó con el significado de un interés concreto en la recategorización del establecimiento de su mujer, determinándolo de esta manera en la efectiva realización de tal acto.”
En el tramo de su resolución de casi 60 fojas que dedica al análisis de las declaraciones juradas de Tonietto, el magistrado señaló que “no puede dejar de sorprender” que haya ignorado la participación de su esposa en las sociedades dueñas de las clínicas Florida I y II. “Es por demás clara la omisión”, subrayó Cavallo y señaló que los justificativos del ex funcionario al respecto “son totalmente inconsistentes, desde que confió en una persona que desconocía si estaba calificada para asesorarlo hasta que hubiera negado haber completado el formulario sobre incompatibilidades”.
La causa en la que fue procesado comenzó por iniciativa del propio Tonietto: después de la denuncia periodística en su contra, el funcionario renunció a su cargo y se presentó ante la Justicia.
En forma paralela a aquella presentación de Tonietto, la Oficina Anticorrupción comenzó una investigación de oficio. Cavallo destacó en su resolución la actuación de ese organismo y reconoció que “con la celeridaddel caso, promovió su investigación, aportando en gran parte los elementos de prueba que en el presente interlocutorio han sido valorados”.

 


 

EXCAVACIONES EN BAHIA BLANCA
Los cuerpos sin nombre

Los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca fueron ayer al cementerio local tras haber recibido dos denuncias y un plano sobre el lugar donde habría varios cuerpos de desaparecidos enterrados a fines de 1976, durante la dictadura militar. Además, el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, pidió que se ratifique la imputación al sacerdote Aldo Omar Vara como partícipe secundario en delitos de lesa humanidad contra detenidos del centro clandestino “La Escuelita”, que funcionó en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, ya que el religioso confesó que sabía que se torturaba a los detenidos. 
El presidente de la Cámara, Augusto Fernández, llegó al cementerio junto a los camaristas Luis Alberto Cotter, Angel Aragañaraz y Ricardo Planes. También estaba el fiscal federal Hugo Cañón y había un grupo de policías. 
Cercaron el lugar y clausuraron una parte conocida como el “sector 24” luego de dialogar con el administrador del cementerio, Edgar García, que cumplía la misma función en 1976. Cotter dijo que recibió dos denuncias anónimas “y un plano del sector que es el que ahora clausuramos, indicándose en las denuncias que en esa época habían visto bajar de un camión del Ejército varios cuerpos que fueron cubiertos luego con tumbas viejas y tierra”. Agregó que “una de las denuncias dice que también se tiraron cuerpos en un sector en el que ahora hay nichos nuevos pero por ahora allí no podemos hacer pericias”. 
El fiscal Cañón dijo que “es casi seguro que no habrá necesidad de remover tierra para ver si hay restos humanos porque ahora se utilizan técnicas geológicas que pueden determinar si existen esos cuerpos y si bien el proceso puede ser oneroso se pedirá la autorización correspondiente para llevarlo a cabo”. 
Agregó que “más allá de este conflicto que tenemos todavía con la Cámara de Casación –por la competencia de los Juicios por la Verdad– que se llevó la causa madre 11-86 y el acceso C, nosotros trabajamos con fotocopias del expediente que sí nos remitieron y en primer lugar habrá que ir ofreciéndose las medidas de prueba en base a la mejor tecnología”.
El fiscal Cañón pidió que se ratifique la imputación de Aldo Omar Vara, un ex capellán del Ejército que reconoció que sabía que durante la última dictadura militar se torturaba a detenidos en Bahía Blanca. Cañón pidió que se revoque el pronunciamiento de un juez de primera instancia que rechazó la imputación contra el sacerdote al declarar la “atipicidad” de los hechos denunciados.

 

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