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Por
Laura Vales
 El
comisario general Roberto Galvarino, quien hasta ayer fue el máximo
responsable de la seguridad de toda la Capital Federal, terminó
siendo el principal sospechoso de haber montado una trama de mentiras
y ocultamientos sobre el papel que tuvo la policía en el escape
de Tractorcito Cabrera y los dos paraguayos acusados del asesinato de
Luis María Argaña. De los indicios reunidos por el juez
federal Gabriel Cavallo surge que, apenas ocurrida la fuga, Galvarino
se presentó en la Alcaidía del Departamento Central de la
Policía y en pocos minutos tomó las riendas de la situación.
Dio instrucciones precisas por las que desaparecieron pruebas de cómo
había sido armado el escape. Se sentó frente a los presos
de la AMIA y les habló largamente. Les indicó qué
tenían que decir y qué tenían que callar. Así
lo declararon los efectivos que el sábado fueron interrogados por
la Justicia y Diego Barreda, uno de los tres detenidos de AMIA. Hoy el
comisario general deberá explicar por qué hizo lo que hizo.
No se trata de un policía cualquiera: Galvarino tiene la misma
jerarquía que el jefe de la Federal, Rubén Santos, y era
una de las figuras más importantes de la fuerza. Desde su puesto
de superintendente de Seguridad Metropolitana tenía a su cargo
las 53 comisarías de la Capital Federal. Renunció ayer,
cuando ya no le quedaba otra salida, tras enterarse de que iba a ser llamado
a indagatoria.
 Dicen
los que lo conocen que Galvarino es un hombre pragmático y con
ascendencia sobre su tropa. Algo de eso debe haber funcionado dentro de
la Alcaidía en las horas que siguieron a la fuga, cuando los hombres
de la Federal armaron una versión oficial y edulcorada de lo sucedido:
esa que habló de tres presos feroces y “dispuestos a todo”
–aunque armados apenas con un cuchillo de cocina–, frente a
los cuales los uniformados actuaron de la manera más “sensata”
y “razonable” posible, privilegiando por sobre todas las cosas
la vida de los rehenes.
Esto fue lo que repitieron, apenas fueron llevados ante la Justicia, los
tres policías que hoy están presos ante la sospecha de que
facilitaron la fuga. También los tres detenidos por la causa AMIA
–Diego Barreda, Bautista Huici y Mario Bareiro–, que se presentaron
igualmente como víctimas de toda la situación y aprovecharon
para decir a los cuatro vientos que habían tenido la oportunidad
de fugarse y no lo habían hecho. Pero el montaje terminó
por caerse a pedazos. Los indicios reunidos por el juez Cavallo señalan
que:
 Galvarino instigó a
Diego Barreda –uno de los detenidos por la causa AMIA– a mentir
en su primera declaración. Los investigadores creen que en realidad
todos los que estaban dentro de la Alcaidía, incluidos los presos
de la AMIA, sabían que se estaba preparando la fuga. El viernes
el ex policía bonaerense volvió a ser interrogado, pero
ya en calidad de sospechoso. Admitió entonces que había
mentido siguiendo indicaciones de Galvarino. “Hay que darle forma
a lo sucedido y no complicar más la situación”, recordó
Barreda que le dijo el comisario general. Barreda agregó que recibió
la sugerencia específica para “que diga que (los prófugos)
me iban a matar y así justificar por qué entró a
la celda (Sofío) Godoy”, el único guardia armado de
la alcaidía.
En las celdas, poco después
de la fuga, se encontró un plano del Departamento Central hecho
a mano, en el que se indicaba claramente cuál era el camino a seguir
para llegar desde la Alcaidía hasta la puerta de salida. La policía
nunca entregó ese plano al juez.
También había
dos celulares y el handy particular de un federal. Uno de los celulares
–de Barreda– fue utilizado por los paraguayos y Tractorcito
en los días previos a la fuga. El handy fue programado por uno
de los presos de AMIA para interceptar la frecuencia policial y los prófugos
lo usaron para mejor escapar. Pero al igual que el plano, los celulares
se desintegraron en el aire. El handy apareció varios días
después fuera de la Alcaidía. Quien dio la orden de sacarlo
de allí en lugar de secuestrarlo y entregarlo a la Justicia habría
sido Galvarino.
El aviso al Comando Radioeléctrico
sobre la fuga se hizo a la 1.06. Es decir, que los prófugos tuvieron
20 minutos para alejarse del lugar sin que nadie los buscara.
La Federal esperó tres
horas para comunicar a la Justicia que había ocurrido la fuga.
El juez ordenó de inmediato separar a los policías de la
comisaría sexta del caso, dar intervención a Asuntos Internos
y llevar a cabo distintas diligencias de rigor. Pero nada de eso se cumplió.
Los efectivos de la sexta son quienes están ahora detenidos por
destruir y ocultar pruebas.
La Federal comenzó a
escribir el acta de secuestro de evidencias a las 5.40, cinco horas después
de la evasión.
Al declarar ante la Justicia,
la auxiliar Violeta Locatelli contó -entre desmayos y vahídos
y con lágrimas en los ojos– que había sido tomada de
sorpresa como rehén. Pero resulta ser que la celadora no entró,
como había dicho, al lugar donde estaban los presos, sino que ellos
mismos fueron quienes la pasaron a buscar por el casino de oficiales.
Recién después la llevaron a una celda y la ataron un poco
con una sábana.
Es decir que los rehenes no eran tan rehenes como dijeron, los policías
golpeados gozaban de buena salud y parece ser que dentro de la Alcaidía
todos sabían lo que estaba por pasar y es posible que hayan colaborado
para que todo saliera bien. “Además las celdas nunca estaban
cerradas, los presos circulaban libremente por todo el sector y algunos
incluso salían a comprar algo al kiosco”, relató uno
de los investigadores. Anoche, al escribir su renuncia, Galvarino señaló
que dio un paso al costado para “coadyuvar a lograr transparencia
en la faz investigativa”. Y que se va de la fuerza seguro de que
esta decisión preserva su “honor y dignidad, valores que siempre
fueron guías a lo largo de mi trayectoria profesional”.
Claves
El juez federal
Gabriel Cavallo le tomará hoy declaración indagatoria
al comisario general Roberto Galvarino, hasta ayer miembro de la plana
mayor de la Policía Federal.
Galvarino está sospechado
de armar las declaraciones de los policías implicados en el
facilitamiento de la triple fuga del Departamento Central, para ocultar
la responsabilidad policial en el hecho.
Ayer Galvarino renunció
a su cargo de jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana,
en cuya órbita funcionan las 53 comisarías porteñas.
Además, pidió el pase a retiro.
Varios testigos coincidieron
en que se presentó en la Alcaidía el domingo a la madrugada
para dar instrucciones a los custodios y a los presos de la AMIA.
También habría hecho desaparecer pruebas que implicaban
a los policías.
asta ayer, en la causa
que investiga Cavallo había 12 imputados, de los cuales 10
están presos. Galvarino es el número 13 y podría
ser el undécimo detenido.
En tanto, la purga en la
Federal ya le costó el puesto a 25 efectivos, a los que se
suma la renuncia de Galvarino. |
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¿El
detenido número 11?
Por C.R.
Con la citación a indagatoria del comisario
general Roberto Galvarino, se derrumbó el último bastión
que aspiraba defender el jefe de la Federal, Rubén Santos,
compañero de promoción del hasta ayer superintendente
de Seguridad Metropolitana. Hoy, después de prestar declaración
indagatoria ante el juez federal Gabriel Cavallo, el comisario Galvarino
podría convertirse en el detenido número 11 por la
extraña fuga del Departamento Central. A ese total deben
sumarse otros dos imputados en libertad y una nómina de al
menos 13 efectivos pasados a disponibilidad preventiva pero que,
eventualmente, podrían incorporarse a la lista de acusados.
La de ayer, en la Jefatura de la Federal, fue una noche de perros.
Los primeros en caer en la volteada fueron los dos policías
que estaban en la guardia de la Alcaidía el domingo de la
fuga. Junto con el oficial Sofío Godoy y la suboficial Violeta
Locatelli, trastabilló el inmediato superior jerárquico
de ambos, el comisario Hugo López, titular de la Alcaidía.
La lista de presos se agrandó con el ayudante Roberto Jesús
Barbosa Stegman y el agente Agustín Cristian Garballo, encargados
de custodiar la amplia entrada de la calle Moreno 1550, que fue
salida para los tres detenidos que se fugaron.
Luego le llegó el turno al cabo Víctor Parodi, guardia
de la Alcaidía que pidió franco la noche de la fuga
pero que igual está imputado, y a seis miembros del personal
estable de la comisaría sexta, que tiene bajo su jurisdicción
al Departamento Central y que habría “liberado la zona”
para facilitar el escape. Los detenidos fueron el titular de la
6ª, comisario Gustavo Carca, los subcomisarios José
Mur y Ricardo Orsi, el inspector Darío Montaña y los
principales Adalberto Rosa y Pedro De Rui. El número de detenciones
llegó a 12, pero luego dos fueron dejados en libertad, dijeron
fuentes judiciales sin precisar nombres.
Entre los que pasaron a disponibilidad, sin estar imputados, figuran
el jefe del Departamento de Orden Público, el comisario Néstor
Mola, y el director general de Operaciones, comisario inspector
Julio Díaz, colaborador inmediato de Galvarino. Pero también
hay entre 13 y 16 miembros de la guardia de la Alcaidía que
fueron removidos por las dudas.
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FUERTE
PRESION PARA ENCONTRAR A LOS EVADIDOS
Clima sofocante en
la Federal
Por
Raúl Kollmann
El ambiente espeso
en la Policía Federal se corta con cuchillo. La plana mayor y la
segunda línea no sólo están desequilibradas por el
papelón de la fuga del Departamento Central, sino que además
necesitan desesperadamente encontrar, aunque sea, a los dos paraguayos
que huyeron hace nueve días. Ambos están sin dinero y sin
documentos y anoche se suponía que era inminente su detención.
El otro fugado, integrante de la banda del Gordo Valor, Daniel “Tractorcito”
Cabrera, parece un objetivo más difícil, pero la cacería
de los prófugos es una carrera contra el tiempo. Se trata de evitar
que la crisis se convierta en incendio. Pero eso no es todo: en la fuerza
hay malestar por los casi 30 pases a disponibilidad de oficiales y suboficiales.
En las dependencias se dice que ha sido una forma de “limpiarse”
ante un escándalo, que según buena parte de los uniformados
tiene que ver con la falta de controles y las maniobras que intentaron
los jefes para tapar todo.
En semejante estado de crisis, la interna contra el titular de la Federal,
Rubén Santos, parece estar al rojo vivo. “Si a mí me
pasa, renuncio”, repiten los que se oponen a un hombre considerado
como un “científico” (viene de la Policía Científica)
y por lo tanto un “teórico sin calle” y no un “operativo”.
“Si a mí me pasa, renuncio”, agregan otros oficiales
que creen que en la segunda línea, sobre todo la más relacionada
con el caso, también debía haber dimisiones. Recién
anoche se concretó la del comisario general Roberto Galvarino,
acosado ya por las pruebas en su contra (ver nota central).
Desde ayer, en la Federal reconocen dos cosas:
Que no había ningún
tipo de seguridad en la Alcaidía del Departamento Central. “Es
inexplicable que para custodiar a siete presos haya un policía
y una mujer, que por otra parte era civil. Es una desventaja numérica
absoluta. Ya se sabe que nunca actuamos en minoría y en este caso
la desigualdad a favor de los detenidos era sideral”, admitía
un cuadro medio de la fuerza. También se acepta que la convivencia
entre detenidos y guardianes era total y relajó completamente las
medidas de seguridad.
Que después de la fuga,
hubo jefes que arreglaron pruebas y declaraciones para ocultar la falta
de seguridad de la Alcaidía.
Los comisarios que tenían que hacer toda la instrucción
inicial después de la fuga fueron desbordados por superiores que
llegaron al lugar y dieron instrucciones: “usted declare esto, usted
declare lo otro, esto se encontró acá, hacemos desaparecer
tal cosa”, dicen que dijeron los jefes, principalmente Galvarino.
Lo peor es que todo el encubrimiento fue desprolijo y el juez Gabriel
Cavallo lo desmanteló en horas.
Lo que en la Federal no aceptan –aunque tampoco lo niegan– es
la cuestión de los sobornos. La mayoría de los oficiales
ve que los pasos del suboficial Sofío Godoy, de guardia en la Alcaidía,
son extraños y totalmente contraindicados por las normas y los
procedimientos habituales. Supuestamente entró al lugar de los
presos, en desventaja, y cuando ya se había armado la pelea, sin
avisar del peligro y sin pedir refuerzos. Por eso hasta en la propia fuerza
hay sospechas de que la fuga se pagó.
El punto más urticante para los uniformados es el deterioro entre
los cuadros medios y los jefes. Aquéllos acusan a éstos
de querer escabullir el bulto y por ello reclaman –por lo bajo–
más renuncias. “Esto es la Policía Federal, no una
banda. Los jefes ordenan y los subalternos obedecen. Y si ocurre un hecho
de tanta irresponsabilidad, falta de organización y control, alguien
tiene que pagar: son los que dieron las órdenes, los que supervisaron,
los que no advirtieron la inferioridad numérica y los que la advirtieron
y no hicieron nada. No pueden pagar los suboficiales”, alegan.
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