Por Raúl Kollmann

Una causa judicial surgida del caso AMIA conmueve toda la investigación. El fiscal federal Carlos Cearras investiga una larga serie de irregularidades a partir de una declaración hecha por un ex colaborador del juez Juan José Galeano ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados. Entre los cargos a Galeano figuran haberle pagado 400.000 pesos al principal imputado en la causa, Carlos Telleldín; la orden dada a uno de sus secretarios de quemar videos importantes relacionados con el caso; la confección de un anónimo para incorporar al expediente; una maniobra para tapar la responsabilidad de la SIDE en el borrado de escuchas telefónicas y el “apriete” a algunos testigos e imputados en la causa. Las acusaciones son de tal magnitud que Galeano designó un abogado defensor, Alejandro Pérez Thada, en tanto que la DAIA, la AMIA y Memoria Activa se constituyeron en partes querellantes y hasta el acusado ex comisario Juan José Ribelli consiguió ser tenido como parte del proceso.
En la investigación, que está ahora en manos del juez Claudio Bonadío, se analiza también una hipótesis asombrosa: antes del 18 de julio de 1994, la SIDE tenía localizados a los que iban a cometer el atentado contra la AMIA. Los venía siguiendo, escuchaba sus teléfonos y había detectado “células dormidas”. Sin embargo, a último momento se les perdió el rastro y cometieron el atentado sin que la SIDE interviniera a tiempo. Para tapar ese escándalo, la central de espías habría armado pistas falsas, testigos truchos, una causa paralela para desviar pruebas y encima –así lo sostiene la denuncia– Galeano les resultó más que favorable e incurrió en las gravísimas irregularidades mencionadas. Esa hipótesis será muy difícil de probar y los investigadores la niegan terminantemente, pero sin dudas las acusaciones sobre las irregularidades provocarán una verdadera tormenta.
El expediente se inició a raíz de una extensa audiencia en la que el ex colaborador de Galeano, Lifchitz, expuso ante la Comisión Bicameral. Aquella sesión fue presidida por el diputado del PJ Carlos Soria y tuvieron activa intervención en las preguntas la diputada Cristina Fernández de Kirchner, Juan Pablo Cafiero, Melchor Cruchaga y el senador Omar Vaquir. El procurador Nicolás Becerra ordenó a un fiscal que interviniera y Cearras le tomó declaración a Lifchitz los días 15 y 18 de setiembre.
En principio, la causa recayó en el juzgado del doctor Gabriel Cavallo quien supervisó los primeros pasos de la pesquisa. Cuando las imputaciones empezaron a afectar a Galeano, Cavallo se excusó de la causa porque en su momento ya se había apartado de otras por ser amigo de Galeano. El juez que actúa en este momento es Bonadío.
Lifchitz fue, dentro del juzgado de Galeano, una pieza fundamental desde mayo de 1995 hasta mediados de 1997. Provenía de la Policía Federal y actualmente es abogado. Protagonizó personalmente buena parte de las medidas de prueba, por lo que estuvo pegado a todo lo que se hizo dentro de la causa en ese período. Denuncia, pero casi desde adentro del juzgado, conociendo cómo se tomaron las declaraciones, a qué abogados se atendía de una manera y a quiénes de otra, dónde estaban las cámaras ocultas de video y cuál era el trato con testigos e imputados.
En el expediente que ahora se investiga, las imputaciones contra la SIDE y el propio Galeano son serias.
El ex prosecretario Lifchitz confirma lo adelantado en Página/12 por el imputado Carlos Telleldín: que a éste le pagaron 400.000 pesos para que declarara contra los policías bonaerenses. Lifchitz dice que la negociación se hizo en su presencia y que a Telleldín se le dieron 200.000antes de su declaración y después, dos cuotas de 100.000 cada una. El dinero de estas cuotas lo entregó el mayor retirado Alejandro Brousson, quien sigue en la SIDE y era hombre de confianza del ex jefe de espías Hugo Anzorreguy. Brousson fue acusado durante el menemismo, cuando revistaba en el Ministerio del Interior, de haber hecho espionaje ideológico contra organizaciones estudiantiles. Tras un artículo de este diario, fue despedido, pero después Anzorreguy lo incorporó a la SIDE. Cuando todos creían que la Alianza lo alejaría definitivamente de sus funciones, Fernando de Santibañes lo ascendió y lo convirtió en jefe de Contrainteligencia.
En un primer proceso, Galeano fue sobreseído por la acusación de haberle pagado a Telleldín, pero los dichos de Lifchitz constituyen una nueva prueba. Aunque los investigadores sostienen que la declaración de Telleldín no fue decisiva para acusar a los policías, lo cierto es que tramos de su testimonio figuran como fundamentos importantísimos del procesamiento.
Una de las mayores irregularidades de la causa AMIA fue la desaparición de 66 casetes de escuchas telefónicas a Carlos Telleldín. La evaporación se produjo en la División Protección del Orden Constitucional de la Policía Federal. Lifchitz demuestra que también desaparecieron de la SIDE, lo cual habría sido tapado por Galeano. En esas grabaciones hay un elemento clave, relacionado con cuál fue la carrocería de la camioneta que estalló frente a la AMIA. El enigma de la carrocería todavía no pudo ser resuelto: nadie sabe de dónde salió. Está claro que el motor que llevaba el coche bomba provenía de Telleldín, pero El Enano –como le dicen a Telleldín– ha ocultado la verdad sobre la carrocería.
En el juzgado se grabaron en video y en forma clandestina varias declaraciones de imputados. Una de las grabaciones fue más que difundida ya que revelaba las negociaciones entre Galeano y Telleldín. Según Lifchitz hay al menos otras 19 grabaciones, entre ellas una en la que se le muestran a Telleldín fotos de policías bonaerenses a los que el imputado después identificó. En concreto, Lifchitz sostiene –y Bonadío investigará– que esos videos fueron quemados en casa del padre de Carlos Velasco, secretario de Galeano, en Vicente López u Olivos.
Bonadío también deberá investigar la supuesta orden que le dio Galeano a Lifchitz para que hiciera un anónimo, que consta en la causa, por el que se denuncia la existencia de una causa paralela en manos del juez Patricio Santamarina. Esto supuestamente se habría hecho porque Galeano no quería enfrentarse con la SIDE, por lo que en lugar de pedir la investigación paralela hecha por Santamarina y la SIDE, hizo redactar un anónimo.
En la causa AMIA apareció un testigo falso, Ramón Emilio Solari. Este hombre estaba acusado de un múltiple asesinato y de golpe le envió una carta al ex embajador de Israel, Itzhak Avirán, señalándole que recibió la Trafic utilizada como coche bomba y se la entregó a un grupo de árabes. Solari demostraba un cierto conocimiento de hechos que están en la causa, por lo que su testimonio conmocionó la investigación. Se tardaron meses hasta comprobar que se trataba de un testigo preparado, falso. Según Lifchitz esa operación fue hecha por el policía bonaerense Mario Bareiro, hoy detenido, pero que no hizo la maniobra para beneficiar a la Bonaerense sino que en ese momento estaba trabajando para la SIDE, algo que está probado en la causa.
Por último, Bonadío deberá investigar otra imputación de Lifchtiz a Galeano relacionada con el “apriete” a testigos o imputados. Según el ex prosecretario, el juez negoció con un testigo de identidad reservada, el abogado Carlos Semorile; con un chofer de Ribelli, Juan Carlos Nicolau, y un socio de Telleldín, Guillermo Cotoras, para que modificaran sus declaraciones a cambio de no imputarlos en distintas causas. Es decir que los habría “apretado”, les sacó una declaración contra Telleldín, Ribelliy los policías y a cambio de ello los dejó como testigos y no como imputados en delitos.
Como se ve, el caso AMIA dio a luz una megacausa sobre irregularidades en la investigación. Los acusados son básicamente la SIDE y el propio Galeano. El argumento de quienes defienden la pesquisa es que éste es un nuevo ataque contra la investigación, un ataque que favorecería a los policías bonaerenses y a los que el año próximo se van a sentar en el banquillo de los acusados. Eso es lo que opinan, entre otros, Galeano, los fiscales y la DAIA. Del otro lado, los familiares de Memoria Activa y el propio Lifchitz sostienen que en esta causa se confirma que el Estado argentino no sólo no investigó, sino que además hubo fuerzas de seguridad e inteligencia que maniobraron para tapar todo. En ese marco, el juez habría actuado en forma irregular tanto para encontrar algún culpable como para evitar la acusación contra el Gobierno y esas fuerzas de seguridad.

El testigo al que no le dieron importancia

Por R.K.

Los investigadores del caso AMIA descubrieron una playa de estacionamiento, ubicada al lado de un sanatorio en la zona de Once, donde el viernes 15 de julio de 1994 un individuo intentó estacionar la Trafic que tres días más tarde estalló en la mutual judía. El encargado del lugar habló durante 20 minutos con la persona que estaba al comando de la camioneta y que hablaba en mal castellano. El desconocido ofreció pagar cien pesos por tres días de estacionamiento, pero había un problema insoluble: por su altura, la Trafic chocaba con el techo de la rampa por la que se subía al lugar donde debía aparcarse el vehículo. Por ese motivo, el encargado le sugirió al hombre de la camioneta que lo llevara a otro estacionamiento, muy cercano, Jet Parking, donde efectivamente quedó hasta emprender –el lunes siguiente– su camino siniestro hacia el asesinato de 86 personas. Tal vez lo más grave es que el encargado de la playa de estacionamiento fue detectado por la SIDE pocos días después del ataque, pero el organismo de inteligencia nunca lo incorporó realmente a la causa ni profundizó la investigación.
En el expediente judicial que está a cargo de Juan José Galeano está el nuevo testimonio del encargado de la playa de estacionamiento, pero también una serie de pericias destinadas a comprobar si su versión es –en principio– cierta. Por ejemplo, se intentó subir por la rampa una Trafic, comprobándose que efectivamente el vehículo, por una diferencia de pocos centímetros, tenía una altura excesiva. En la causa están las fotos de esa pericia, además de mediciones y diagramas. Una de las razones por las que la camioneta no entraba es porque en esa época se estaban haciendo reformas a una parte de esa playa, lo cual también fue constatado por los títulos de propiedad, los planos y varios testimonios.
Por ahora, ni el juez Galeano ni el titular de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, comisario Jorge Palacios, quisieron revelar el nombre del encargado y ni siquiera aceptaron difundir el nombre del sanatorio que está al lado de la playa de estacionamiento. El argumento es que no quieren que haya presiones sobre un testigo al que consideran de importancia. De todas maneras, queda claro que la playa está ubicada muy cerca de Jet Parking, el estacionamiento donde en verdad quedó el vehículo los tres días anteriores al atentado.
Según consta en el expediente, la Trafic llegó a la playa de estacionamiento en la tarde del viernes 15. “El individuo era evidentemente extranjero, ya que hablaba medianamente el castellano. Había palabras que no se le entendían”, testificó el playero, quien sin mayores precisiones cree que el desconocido podía ser de origen oriental. Según el encargado, el desconocido insistió en estacionar allí la Trafic e incluso ofreció pagar 100 pesos por dejar la camioneta tres días, desde el viernes 15 hasta el lunes 18. El playero le dijo que era imposible por cuanto habían probado varias veces con otras Trafic e inevitablemente quedaban enganchadas al subir por la rampa. Al final del diálogo, el encargado le sugirió al desconocido que estacionara en una playa de Viamonte y Azcuénaga. Sin embargo, el individuo dijo que prefería no hacerlo en esa zona sino que quería mantenerse más cerca. Entonces el playero le indicó que Jet Parking, en Azcuénaga y Paraguay, era un buen lugar para dejar la Trafic sin sufrir el problema de la altura, ya que se trata de una playa descubierta.
Lo más llamativo es que este testimonio haya aparecido seis años después del atentado. “Es que el hombre nos contó que fue interrogado largamente por la SIDE a los pocos días del ataque –reveló uno de los investigadores–. El contó lo mismo que dice ahora, pero sostiene que como la gente de la SIDE no le dio importancia, él pensó que el incidente no tenía interés. Por eso no insistió con su testimonio. Lo que ocurre es que hicimos un nuevo relevamiento de todas las playas de estacionamiento y detodas las viviendas y hoteles de la zona del atentado para ver si detectábamos algo. Y así fue que dimos con el playero. Hace varios meses que estamos buscando a una persona que trabajaba en el mismo estacionamiento, pero todavía no dimos con ella y no sabemos si además vio el diálogo del encargado con el hombre de la Trafic.”
Como ha sucedido en innumerables casos, la aparición del testigo vuelve a demostrar que hubo una cantidad enorme de pruebas que se perdieron por ineficacia, falta de control y de voluntad de investigar tanto de la SIDE como de la Policía Federal. Testigos que declaran con seis años de atraso, cintas que se borran, agendas que desaparecen y medidas de prueba truchas son parte del escenario cotidiano del caso AMIA.

LAS PISTAS QUE INDICAN LOS ERRORES DE LA SIDE EN 1994
Los iraníes fueron más inteligentes

Por R. K.

El ex colaborador de Galeano, Claudio Lifchitz sostuvo ante la Comisión Bicameral y ante el fiscal Cearras una hipótesis alarmante: que la SIDE venía siguiendo al núcleo que fue parte del atentado y que fracasó en los últimos tramos. Es decir que “se les escapó el atentado”. Por ello es que después –siempre según lo expuesto por Lifchitz– se incurrió en una serie de maniobras, testigos falsos y causas paralelas, para tapar ese gravísimo fracaso.
Estos son los elementos que aparecen en el nuevo expediente que investigan Cearras y el juez Bonadío.
Hay distintas fotos del ex agregado cultural de la Embajada de Irán, Moshen Rabbani, considerado por Galeano como el cerebro del ataque. Esas fotos –por ejemplo, cuando estaba averiguando precios para comprar una Trafic, el mismo modelo usado en el atentado– indicarían que le estaban haciendo un seguimiento minucioso.
El 4 de abril de 1994 -.tres meses antes del atentado– fue detenido, mientras trataba de salir del país con documento falso a nombre de Scott Gregory Hall y con el pelo teñido, el iraní Khalil Gatea, un hombre evaluado por Canadá como integrante de los servicios de inteligencia iraníes. Lifchitz sostiene que allí empieza una causa en el juzgado federal del doctor Patricio Santamarina, un juez al que el ex prosecretario considera hombre de la SIDE. Ghatea intenta salir del país inmediatamente después del atentado y cuenta con una extraña autorización de Santamarina, que en el mismo aeropuerto fue revocada por la Cámara de Apelaciones.
Tras el ataque a la AMIA, Galeano pide la intervención de varios teléfonos, que ya estaban intervenidos por pedido de Santamarina y la SIDE. Esto incluye el teléfono de Khalil Ghatea, una persona que vivía con él, Nasser Rahasmani y dos argentinos convertidos al Islam, Eduardo Lezcano, alias Mustafá y Carlos Palazzo. Estos habrían recibido alguna llamada de un terrorista residente en Paraguay y además hay un diálogo en el que desde Londres –donde se produjo otro atentado– le dicen a Ghatea: “aquí y en París te está buscando toda la Policía. Metiste la pata, perjudicaste a mucha gente”. Todos estos elementos, junto el seguimiento a otros integrantes de supuestas células dormidas, estarían en la causa paralela, manejada por Santamarina y la SIDE.
O sea que, según Lifchitz antes del 18 de julio ya existía la llamada pista iraní por lo que la SIDE tenía detectados a los terroristas, pero “se les escaparon” y por graves errores de la central de espías pudieron cometer el atentado.
Los investigadores del caso AMIA reconocen que efectivamente Santamarina manejó una causa paralela y que no remitió los elementos que tenía hasta bastante después. Lo que correspondía era que el mismo día del atentado hubiera delegado toda la pesquisa en manos de Galeano, incluyendo los contenidos de las escuchas telefónicas. También la SIDE habría jugado a dos puntas, ya que Santamarina supuestamente era más confiable que Galeano en una primera etapa.
En fuentes del juzgado y de la Unidad Antiterrorista, que conduce el comisario Jorge Palacios, contestan que al final la causa Santamarina y todos los elementos relacionados con Khalil Ghatea y la gente que lo rodeaba fueron entregados a Galeano, pero que no hay pruebas contundentes de que hayan participado del atentado. Es cierto también que la investigación a fondo de esa pista se empezó a hacer recién en 1998, es decir cuatro años después del ataque y de los primeros indicios sobre esos sospechosos.

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