Por primera vez, la lucha contra el acoso sexual hacia las mujeres en el ámbito del trabajo será el eje central de una campaña de afiches en la vía pública y de spots radiales y televisivos. La campaña, que será presentada hoy, busca presionar a los legisladores para que sancionen una ley que proteja a las víctimas de este tipo de violencia laboral. Se trata de una iniciativa del Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM), con el apoyo de Unifem, y que como hecho inédito encolumna a las tres centrales obreras. La CGT oficial, la disidente y el CTA se comprometieron a difundir la campaña entre las empleadas de los gremios que agrupan y a la vez, brindar asesoramiento a las mujeres acosadas que lo soliciten. 
�A pesar de que casi el 50 por ciento de las trabajadoras dice haber sido acosada sexualmente, hasta el día de hoy sólo hay normas específicas en materia laboral referidas a este tema en el ámbito de la administración pública nacional y de la ciudad de Buenos Aires. El resto de las administraciones públicas provinciales no tiene disposiciones y en el sector privado tampoco está legislado�, señaló a Página/12 la abogada María José Lubertino, titular del ISPM. 
La campaña será lanzada hoy a las 19 en el auditorio de la Cámara de Diputados, pero estará a pleno en la calle recién a partir de la semana próxima. Consistirá en un spot televisivo que se emitirá por SubTV, el canal exclusivo de los subterráneos porteños; otro radial, que circulará por Radio Nacional; afiches, que serán pegados en la Capital Federal, afichetas que distribuirán las centrales obreras en los lugares de trabajo y postales para enviar por e-mail a los legisladores. Las postales podrán mandarse también desde la página electrónica del ISPM (www.ispm.org.ar).
�Alguien debe explicarle a tu jefe que no puede seguir humillándote. Nosotras debemos explicarle al Congreso que nos falta una ley que nos proteja�, es uno de los mensaje de la campaña, que busca la �urgente sanción� de una ley que contemple �la protección a las víctimas de acoso sexual y a los testigos, el castigo al acosador y la responsabilidad solidaria del empleador� que consiente la agresión.
Los teléfonos de la CGT oficial y de la CTA, en los que se ofrecerá información y asesoramiento sobre el tema, estarán incluidos en todos los componentes de esta cruzada. �La campaña permitirá hacer visible un problema de gran magnitud, que permanece oculto por falta de legislación. Las mujeres no denuncian cuando son acosadas porque se sienten desprotegidas�, opinó ante Página/12 Mabel Gabarra, secretaria de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades del CTA. �Sin dudas, es necesaria una normativa, porque hay un vacío legal en todo el país. Pero más que una ley sería conveniente que los convenios colectivos de cada gremio contemplen no solo el acoso sexual sino también el acoso moral, es decir, el maltrato reiterado que degrada a los empleados�, consideró Zunilda Valenciano, secretaria adjunta del Instituto de la Mujer de la CGT oficial. Tanto Gabarra como Valenciano rechazaron la posibilidad de penalizar al acosador con pena de prisión. Ambas apoyaron la imposición de un resarcimiento económico para la víctima.
El acoso sexual no es un tema menor en la Argentina. El país figura entre los que tienen mayor índice de este tipo de agresión laboral, según un reciente relevamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado entre 156 naciones. El 16,6 por ciento de las empleadas entrevistadas aquí denunció haber sufrido agresiones de carácter sexual en el último año. En Francia, que encabeza el lamentable ranking, el índice fue del 20 por ciento.
A pesar de las estadísticas, el Congreso le ha dado la espalda al problema. En los últimos años se presentaron diversos proyectos para sancionar el acoso sexual en el ámbito privado y educativo, pero ninguno prosperó. Actualmente hay uno de la diputada de la Alianza Margarita Stolbizer que plantea el resarcimiento económico para la víctima y la posibilidad de optar entre continuar trabajando en el mismo lugar o renunciar llevándose una indemnización como si hubiera sido despedida sin causa. Otra iniciativa de la justicialista Graciela Caamaño plantea penas privativas de la libertad para el acosador. En 1996 un proyecto llegó a tener media sanción de Diputados, pero murió en el Senado por falta de tratamiento. No ocurre lo mismo en otras latitudes. Alrededor de 40 países han adoptado en los últimos años normativas específicas. En Canadá y los Estados Unidos, por ejemplo, se encuadró como una forma de discriminación por sexo; la Comunidad Europea entiende el acoso sexual como una condición de trabajo asimilable a las peligrosas e insalubres, y en otras naciones se lo considera como violencia contra las mujeres.

LOS CASOS SEGUN LOS SINDICATOS
�Los tapan por miedo�

La Unión de Personal Civil de la Nación, que nuclea a los empleados estatales, fue el primer gremio que estudió en profundidad el tema del acoso sexual en el trabajo. En 1997 la Secretaría de la Mujer de la UPCN realizó un relevamiento entre trescientas empleadas del Estado, que indicó que el 47,7 por ciento de ellas había sufrido alguna vez acoso sexual. �Actualmente, la Secretaría recibe por mes alrededor de veinte denuncias por casos de violencia laboral�, indicó Marcela Manuel, miembro del organismo. Bajo este concepto se incluyen no sólo los casos de acoso sexual, sino también los de hostigamiento moral y maltrato físico. �Los casos de acoso sexual son los que suelen tener más prensa, pero todos los episodios de violencia laboral son igualmente graves y van en aumento�, reflexionó Manuel. 
El mayor problema para rastrear los casos suele ser el silencio de las propias víctimas. Así lo confirmó Eva Mora, titular de la Secretaría de la Mujer de la Asociación de Trabajadores del Estado: �Cuando aparece un caso de acoso, se intenta taparlo, porque las chicas tienen miedo de perder el trabajo�. La situación se agrava con el hecho de que no existen leyes específicas que sancionen el acoso sexual, por lo menos aplicables a las empresas privadas. En el ámbito de la función pública, un decreto de 1993 contempla la cesantía o la exoneración del acosador. Y desde 1994, una ordenanza municipal castiga el acoso en las delegaciones del gobierno porteño. 
A pesar de que el número de denuncias que recibe la Secretaría de la Mujer de UPCN se ha incrementado, sólo tres casos culminaron con el despido del hostigador. Uno de ellos se produjo en una delegación de PAMI: un jefe acosaba a sus empleadas de la tarde, en particular a una de ellas, separada y con dos hijos en edad escolar. �Le pedía que salieran, que pasaran un fin de semana juntos, y a cambio le ofrecía ascenderla, más horas extras, más días de vacaciones �cuenta Marcela Manuel�. Aunque el acosador actúa sobre todo el grupo, siempre es peor para la más débil.� Tanto en el caso de PAMI como en los otros dos �uno en la Secretaría de Turismo y el otro en el SENASA�, �la más débil� logró fortalecerse y romper el silencio para denunciar su situación. Ahora la UPCN analiza otro caso: el de un funcionario de ANSES acusado de hostigar sexualmente a dos de sus subordinadas.

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