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OPINION
Más leyes especiales
Por Luis Bruschtein
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Los presos de La Tablada fueron juzgados por una ley especial que les retiraba el derecho de apelación o segunda instancia. Además, en la única instancia que se les permitió, se produjeron irregularidades notorias. Pero la Constitución reconoce el derecho de cualquier acusado a una segunda instancia. No está en discusión el carácter de la acción por la cual se los condena. No hay una decisión política sobre ese punto. Es una cuestión jurídica.
Cuando el ex presidente Carlos Menem indultó a los generales genocidas fue exactamente al revés: se trató de una decisión política a contrapelo de la decisión de la Justicia. Fue, obviamente, una evaluación política favorable a esos ex militares en la que el menemismo insistió a lo largo de su gestión.
Los legisladores menemistas o justicialistas, que defendieron sin protestar esa decisión política favorable a Videla, Massera y demás, quieren evitar ahora también el curso legal en el caso de los presos de La Tablada. Y plantean que es el presidente Fernando de la Rúa quien debe tomar la decisión política de indultarlos, es decir una decisión política que favorezca a los presos.
Si De la Rúa lo hiciera, se crearía una situación histórica chistosa. El peronismo, que históricamente fue reprimido por los militares y de donde salieron núcleos guerrilleros importantes, dio una voltereta �de la que difícilmente regrese� para favorecerlos con el indulto. Y el sector de la UCR donde militó De la Rúa, que fue concesivo y hasta amistoso con los militares, daría una voltereta para favorecer a los guerrilleros.
Pero este sector del radicalismo parece más consecuente que lo que queda del justicialismo, al que ven como una especie de peronismo panqueque, por aquello de que se dio vuelta. No solamente no se dan vuelta sino que, además, tampoco consienten la aplicación imparcial de la ley, que dejaría en libertad a la mayoría de los detenidos. Promueven así la aplicación política de otra ley especial, distinta de la que debería aplicarse a todo el mundo, ya sean militares, guerrilleros o delincuentes comunes.
La sociedad en general condenó la acción de La Tablada, pero eso no es lo que se discute. O en todo caso sí. Porque la pregunta sería si un delito debe ser juzgado por leyes especiales que cercenan derechos y garantías cuando se comete por motivaciones políticas con las que no se está de acuerdo. La respuesta que dieron los militares en su momento, los menemistas en el Congreso, y este Gobierno, es que sí. |
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