|
 Aníbal
Verón, 37 años, cinco hijos, empleado de una empresa que
le debía ocho sueldos, fue asesinado ayer a la madrugada de un
balazo en el pómulo izquierdo cuando la policía salteña
desalojó la ruta 34 frente a Tartagal. Horas después, miles
de personas manifestaron contra la represión y varios grupos se
desprendieron y saquearon negocios, quemaron la comisaría, la empresa
de luz, la corresponsalía del diario El Tribuno y la municipalidad.
Habitantes de Tartagal afirmaban que la empresa en la que trabajaba Verón,
Atahualpa, pertenece a Celín Balut, quien, aseguraban también,
está vinculado al gobernador salteño Juan Carlos Romero.
Verón fue despedido por telegrama a pesar de los ocho sueldos adeudados.
Ganaba 600 pesos. Luego, ante la presión pública, la empresa
decidió reincorporarlo, pero no le envió telegrama ni lo
contactó. Solo lo anunció por una radio del pueblo. Verón
no escuchó la noticia. Ya estaba en el piquete de donde nunca volvería.
A la tarde, en una casa miserable del barrio de Villa Saavedra, sus hijos
estaban colgados del ataúd. Alguien había puesto algodones
entre los dientes.
–Mi marido era un hombre bueno –decía la esposa llorando–.
Quiso ganarse el pan trabajando dignamente. Reclamó lo que le pertenecía.
Verón fue asesinado cuando los manifestantes se reagruparon después
de haber sido disueltos por la policía, tras diez días de
piquete en la ruta 34, en un procedimiento que el jefe de la policía
describió como “impecable”.
El corte de rutas se había originado en Cuña Muerta, a cinco
kilómetros de Tartagal, un sitio agreste, áspero, donde
el paisaje solo es alterado por los espinillos. Instalados en un puente
precario construido por el Ejército, los piqueteros debieron abandonarlo
cuando lo desmoronó un tornado. La ruta, entonces, quedó
cortada por un fenómeno natural. De todos modos, el corte nunca
atrajo a más de 150 personas, entre desocupados que habían
perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesantes de Atahualpa,
docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa,
la eléctrica salteña, que había perdido su contrato.
Funcionarios del gobierno provincial como la secretaria general Sonia
Escudero y el vicegobernador Walter Wayar venían criticando la
supuesta indiferencia del gobierno nacional sobre los planes Trabajar.
La semana pasada Escudero viajó con legisladores de ambas bancadas
y se reunió con la ministra de Trabajo Patricia Bullrich. La ministra
le confirmó que no se caería ninguno de los 4400 planes
Trabajar.
Pero los piqueteros insistieron en que querían la presencia en
Salta un funcionario provincial de alto rango. El gobierno provincial
se negó, diciendo que la respuesta de la Nación ya estaba
dada. El corte se mantuvo, y se sumaron comunidades aborígenes
que reclamaron planes Trabajar y entrega de tierras. Escudero se reunió
con ellos pero no con los piqueteros. Ante esta vuelta, los piqueteros
se movieron hasta la entrada a General Mosconi, frente a los tanques de
la empresa Refinor que almacenan miles y miles de litros de combustible.
La intervención de la policía salteña incrementó
la violencia de la situación. Un grupo se desprendió, fue
hasta la comisaría de Mosconi, la destruyó y se llevó
seis rehenes hasta la zona donde está Texpetrol, justo en las oficinas
donde se hicieron anteriores reuniones de negociación. Hasta la
noche mantuvieron a los rehenes dentro de una ambulancia. Uno de ellos,
un agente joven, había sido brutalmente golpeado, e incluso podría
haber sufrido la fisura de dos costillas con peligro para un pulmón.
Después, unas cinco mil personas iniciaron una vuelta por la ciudad
destruyendo oficinas y objetos. Uno de los blancos fue Edesa. Otro, un
depósito judicial de elementos secuestrados y armas en exhibición.
Algunos manifestantes robaron el armamento, que después exhibían
mientras daban vueltas por la ciudad en una camioneta. La policía
confiaba en que no tenían municiones, pero admitía que no
era difíciles de conseguir. Otrogrupo más, entretanto, se
dedicó a saquear casas de electrodomésticos como el negocio
El Gato, de la familia Katz. Los vecinos protestaron (“Katz es un
tipo solidario, y ellos hace 70 años que tienen el negocio”,
decía una señora a los gritos) pero nadie les hizo caso.
En camionetas o en bicicleta, o corriendo, algunos se alejaban cargando
torres de sonido, lámparas y minifilmadoras.
“Estamos aterrorizadas, tengo miedo, nos pueden llevar y hacer lo
que quieran con nosotros”, decía entre llantos la dueña
de otro negocio, de zapatos.
La municipalidad fue incendiada. Un hotel quedó destruido. Los
manifestantes, que también saqueaban los lugares que luego quemaban,
prendían fuego a automóviles, que seguían ardiendo
en distintas calles del casco céntrico.
En ese clima, como en son de paz, un grupo de vecinos salió de
la iglesia en procesión. Más duro fue el sacerdote Jesús
Olmedo, párroco de La Quiaca: “Vamos a ser claros señor
gobernador de Salta –dijo–, me la voy a jugar pero voy a decir
clarito quiénes son los delincuentes. Sabemos que alrededor de
la familia Romero hace mucho años hay una muy sospechada, digamos,
denuncia de que estaban mezclados en el tema de la droga”.
Daniel Nallar, secretario de Seguridad de la provincia, dijo que la muerte
de Verón habría sido consecuencia de una “riña
entre los piqueteros”. “No se puede saber todavía, la
policía tenía instrucciones claras de no tener armas cargadas
con balas de guerra, por lo tanto el jefe de policía sigue reafirmando
que la bala no partió de la policía, pero eso tiene que
ser parte de una profunda investigación del juez que está
a cargo del tema del despeje de la ruta”, afirmó el vicegobernador
Walter Wayar. Teresa Rodríguez, una joven empleada doméstica
de 24 años, con dos hijos, falleció en la Semana Santa de
1997 durante la represión de un piquete que cortaba la ruta nacional
22, en Neuquén, presuntamente víctima de balas policiales
de bajo calibre.
|
Claves
 Un piquete que había
comenzado hace diez días en otro sitio y se había
trasladado a Tartagal terminó con represión de madrugada
y un muerto.
En un comentario insólito,
el secretario de Seguridad de Salta dijo que el asesinato podría
haberse debido a “una riña entre piqueteros”.
Después de la
represión, hubo violencia y saqueos, con quema de autos y
edificios y el robo de artículos de los negocios.
El ministro del Interior,
Federico Storani, volvió de una reunión en Brasil
para comandar la supervisión de la crisis.
El jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo, no descartó una intervención.
Ayer mismo se realizó
un paro de transportes, y se discuten protestas nacionales para
el lunes.
|
|
Debate por la intervención
La probable intervención federal a la provincia de Salta
dividió a oficialistas, entre sí, y a opositores.
El diputado radical Juan Pablo Baylac sostuvo que la intervención
era una necesidad por “la incapacidad para gobernar” del
justicialista salteño, Juan Carlos Romero. Para el peronista
bonaerense José María Díaz Bancalari, la crisis
era producto de la “falta de cumplimiento del gobierno nacional.
Para el frepasista Eduardo Macalusse, “mientras se discute
el remedio federal sería bueno pensar en el remedio social
y distributivo, aunque éste se encuentre contraindicado por
los curanderos neoliberales. El hambre no se cura con la Gendarmería”,
opinó.
|
El
gobernador salteño estaba en la reunion de idea mostrando "logros"
Romero,
el “joven prestigioso”
Por F.C.
El gobernador Juan Carlos Romero
es uno de los estadistas más jóvenes y prestigiosos de Argentina.
Eso, al menos, decía el epígrafe que acompañaba su
foto en el lujoso folleto que Romero repartió entre los empresarios
participantes del coloquio de IDEA en Mar del Plata. Quiso la brutal dinámica
del país que justo el día en que Romero imaginó podía
lucirse en un ambiente tan sofisticado, no haya tenido más remedio
que dar explicaciones por la muerte de un piquetero en Salta por la represión
de la policía provincial. El gobernador adelantó que investigaría,
pero que estaba seguro de que los policías salteños no llevaban
armas, y echó mano al remanido recurso de convertir a las víctimas
en victimarios. “No son manifestantes pacíficos”, dijo,
en referencia a los piqueteros reprimidos. “Es una organización
política que usa la violencia como forma de expresión”,
agregó.
“Como gobernador asumo toda la responsabilidad”, respondió
cuando lo torearon. Pero después detalló todas las razones
por las que entendía que no le cabía ninguna responsabilidad.
Primero, porque la decisión de reprimir la había tomado
la Justicia. Segundo, porque la policía estaba desarmada. Tercero,
porque los manifestantes “no son pacíficos” y al cortar
rutas cometen un delito.
–Pero son gente pobre, gobernador –le dijeron.
–También son pobres los que roban un banco y la policía
los reprime –respondió.
Romero fue el primer expositor en el panel de ayer a la mañana
sobre “La competitividad de las provincias”. Para entonces,
todos los oyentes tenían sobre la mesa una abultada carpeta que
contenía un libro de 200 páginas sobre su gestión
en Salta, el folleto que daba un pantallazo sobre la carrera del gobernador
a todo color y en edición bilingüe (“one of Argentina’s
youngest and more prestigious statesman”) y una más rudimentaria
edición con estadísticas de la economía provincial.
En tono monocorde y utilizando las pantallas gigantes para acompañarse
con gráficos, Romero fue detallando los logros conseguidos durante
los años que lleva como gobernador, casi como si tuviera a cargo
un cantón suizo y no de la provincia donde hacía tres horas
habían matado a un manifestante en una represión.
A la hora de las preguntas, no le quedó otra que bajar a tierra.
El moderador le dijo que tres participantes del encuentro habían
coincido en consultarlo por el piquetero muerto en Tartagal. Para los
empresarios que hubieran seguido su exposición y no entendieran
ahora de qué otra provincia le hablaban, Romero hizo una salvedad.
“Salta es una de las provincias que más ha crecido pero no
podemos eludir la situación nacional”, explicó. Y ahí
mismo arremetió contra los manifestantes. “En el país
hay muchísima gente que tiene necesidades y no por eso anda cortando
rutas”, dijo. Hizo punto aparte y dijo: “Ahora me gustaría
volver a los temas de la conferencia”.
Ante la congestión de periodistas que aguardaban en el salón
que terminara la exposición, los organizadores decidieron habilitar
una salita contigua, donde Romero pudiera responder sobre los sucesos
en su provincia. En una tumultuosa conferencia de prensa, Romero aseguró
que era casual que cada vez que se reprima en Salta él le tocaba
estar lejos. La ocasión anterior en Israel, ayer en Mar del Plata.
“Voy a investigar hasta las últimas consecuencias”, prometió,
pero siempre tuvo como blanco a los piqueteros. “Toman policías
de rehenes, queman comisarías, son vandálicos”, atacó.
Luego se levantó y aseguró que se iba derecho a Salta para
hacerse cargo de la situación.
|
OPINION
Por
Martín Granovsky
|
|
La policía
de Cantarero
Aníbal Verón no había llegado a los 40 años.
Ya no llegará: una bala lo mató ayer a la madrugada
mientras la policía salteña reprimía a 90 piqueteros.
Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, se convirtió
en perito balístico. Dijo que el disparo no partió
de ningún policía. Y otros funcionarios de su administración
argumentaron que la policía no usa calibre 22, el tamaño
de proyectil utilizado por el asesino.
¿Quién mató a Verón? La verdad, acaso,
no se sepa nunca. Salta la linda es, desde hace muchos años,
Salta la misteriosa, la opaca, la oscura.
La senadora Silvia Sapag denunció que el senador salteño
Emilio Cantarero quiso sobornarla para que votara una ley de Hidrocarburos
que favorecería a Repsol YPF.
La periodista María Fernanda Villosio dijo a la Justicia
que Cantarero le confesó la existencia de sobornos en el
Senado por la ley de reforma laboral.
Cantarero está, al menos en teoría, bajo investigación
de la Justicia por los sobornos en el Senado. Por los laborales
y por los petroleros. Tiene un abogado con buenos contactos: Sergio
Andrés Marutián fue el letrado del dictador Roberto
Viola en el juicio a los ex comandantes y, al final del gobierno
de Carlos Menem, actuó como jefe de gabinete de asesores
de Rodolfo Canosa, el secretario de Transportes a quien Cantarero
conoció como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Privatizaciones.
El senador, que ahora goza de una licencia, es un visionario. De
familia modesta, pasó de ser un simple contador a dueño
de un patrimonio declarado de dos millones setecientos mil pesos.
La clave en su ascenso, además de su capacidad profesional,
fue Roberto Romero, el fundador del clan que hoy, a través
de su hijo Juan Carlos, sigue gobernando Salta.
Aníbal Verón tuvo menos suerte en la vida. La empresa
Atahualpa, que según aseguraban ayer en Salta pertenece a
un pariente de Romero, lo dejó en banda después de
no pagarle el sueldo durante ocho meses. Y una bala lo mató.
Es obvio que, ahora, las declaraciones ocultarán que muchas
veces la policía usa el calibre 22 para matar sin dejar sospechas.
Es obvio que los funcionarios no repararán en que, incluso
si la bala no salió de la policía, la policía
desató una represión inútil ante un piquete
que se extinguía.
El gobernador no dudó: “También son pobres los
que van a asaltar un banco, y la policía los reprime”.
Salvo que se pruebe lo contrario, ni Cantarero ni Romero son judicialmente
culpables de la muerte de Verón. Pero son políticamente
responsables –y no están solos– de un esquema económico
e institucional que lleva a una separación drástica
entre gobernantes y gobernados. Tan drástica y tan injusta
que puede terminar en la muerte.
|
�Hubiera
sido un corte más si no mataban al mecánico�
|
Análisis: Funcionarios del Gobierno dicen que
�el violento desenlace tuvo un responsable principal: la violenta
represión de la policía provincial�.
La terminal
de micros Atahualpa, quemada por los manifestantes tras la muerte
del piquetero Verón.
|
|
Por
Eduardo Tagliaferro
“Hubiera
sido un corte de ruta más si no hubieran asesinado a uno de los
manifestantes”, sostuvo un funcionario del gobierno nacional, analizando
la revuelta de los pobladores del norte salteño. “No intervenimos,
por ahora”, fue la definición del jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, al contestar sobre la posible intervención federal a la
provincia de Salta. Cuando el Gobierno tuvo noticias de la revuelta en
las localidades de General Mosconi y Tartagal, decidió enviar al
secretario de Relación con las Provincias del Ministerio del Interior,
Walter Ceballos, y al viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales,
para que participen junto a las autoridades locales del Comité
de Crisis. Aunque a última hora de ayer el presidente Fernando
de la Rúa reconoció en un mensaje transmitido por cadena
oficial que “la Argentina está en problemas”, no hizo
ninguna mención a la caótica situación que se vive
en las provincias norteñas.
A pesar de que el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, señaló
en todas sus intervenciones que la represión fue ordenada por el
juez federal Abel Cornejo, fuentes gubernamentales consultadas por Página/12
precisaron que sus informaciones les permitían sostener “que
la orden la habría impartido el propio gobernador en horas de la
madrugada”.
Este dato es clave para entender a los funcionarios que opinaban que “el
corte de ruta de ayer no es una continuidad de los anteriores y el violento
desenlace tuvo un responsable principal: la violenta represión
de la policía provincial”. Desde el Ministerio del Interior
distinguían a quienes actuaron movidos por la legítima indignación
que les produjo la muerte del mecánico de la empresa Atahualpa
y quienes participaron en actos a los que definían como de “vandalismo”.
La preocupación de los negociadores era encontrar interlocutores
representativos de la revuelta. Para los funcionarios nacionales, “cada
uno de estos conflictos tiene sus propios actores, ya que en la zona hay
una fuerte crisis de legitimidad”. Aprovechando los contactos que
había logrado en la anterior protesta del mes de mayo, el subsecretario
César Martucci se instaló en el despacho del titular de
la cartera, Federico Storani, que se encontraba en una reunión
de ministros del Mercosur en Brasil, para abrir un canal de diálogo
con los manifestantes. Storani cortó su viaje y estuvo de vuelta
anoche mismo.
Así fue que un diálogo telefónico con los piqueteros
Bettino Fernández y Alfredo Fernández, a media tarde de
ayer, se logró despejar uno de los principales obstáculos
para negociar: se liberó a los seis policías tomados como
rehenes en el ataque a la comisaría de General Mosconi.
“La liberación de los rehenes era una precondición
básica para comenzar el diálogo con los piqueteros y en
este punto no aceptábamos ningún condicionamiento”,
dijo Martucci a este diario. Luego de liberar a los policías, los
manifestantes le hicieron llegar al Ministerio del Interior un petitorio
de 21 puntos. Allí reclaman: “protección jurídica
para todos aquellos que intervinieron en el corte de la ruta 34”;
“esclarecimiento de la muerte de los compañeros Orlando Justiniano,
Alejandro Gómez (muertos en un dudoso incidente en la protesta
de mayo) y Aníbal Verón”; “renuncia inmediata
del gobernador (Juan Carlos) Romero; “creación de un fondo
especial de hidrocarburos para el departamento de San Martín proveniente
del aporte de los operadores de las áreas por un monto de 200.000.000
de pesos”; “puesta en marcha de 10.000 puestos de trabajo”
y otras reivindicaciones que incluyen el fomento de algunas obras públicas
y facilidades a deudores del Banco Nación y Macro Salta.
“En la zona del departamento San Martín hay un problema cuyo
origen es evidentemente el tema de la privatización de YPF”,
explicó a este diario el secretario de Empleo, Horacio Viqueira.
“El compromiso del gobierno nacional con la provincia, respecto de
garantizar programas de empleo transitorio –continuó Viqueira–
se cumplió absolutamente. Pero los lugareños también
se quejan de que la provincia no distribuye equitativamente las regalías
petroleras. La parte principal se destina a la ciudad capital.”
Al cierre de esta edición, la reunión de los integrantes
del comité de crisis había resuelto mantener abierto el
diálogo con los participantes de la protesta, mientras la Gendarmería
realizaba patrullajes en las dos localidades copadas por la revuelta.
A la mayor parte de los 28 detenidos se los acusaba de portar armas de
fuego, mientras que los policías provinciales continuaban acuartelados
en un regimiento del Ejército, ya que tanto los funcionarios nacionales
como provinciales coincidían en que la presencia de la policía
local en el lugar “sería considerada como una provocación”.
Efectivos de refuerzo de la Gendarmería se encontraban en Rosario
y Córdoba listos para intervenir en el conflicto no bien el Presidente
lo ordenara. Este diario pudo saber que los mandos de Gendarmería
enviaron diariamente un parte de situación al gobierno nacional
en los que recomendaban no “hacer uso de la fuerza” porque la
protesta estaba decayendo en intensidad, en parte por las consecuencias
del último temporal que castigó a las localidades norteñas.
Fuentes de Gendarmería dijeron a este diario que “cuando los
responsables provinciales vieron pocos manifestantes decidieron embestir
contra ellos”, desatando el infierno tan temido.
|
