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VIOLENCIA POLICIAL Y SAQUEOS EN SALTA TRAS LA DISOLUCION DE UN PIQUETE
La represión terminó con un hombre muerto

Fue asesinado de un balazo en la cara Aníbal Verón, un cesanteado de 37 años, en Tartagal, la zona de Salta más castigada por la crisis social. Después de la represión, miles de personas protestaron y varios grupos cometieron saqueos y tomaron policías como rehenes.

La represión en Salta, a cargo de la policía provincial, fue violenta.

t.gif (862 bytes) Aníbal Verón, 37 años, cinco hijos, empleado de una empresa que le debía ocho sueldos, fue asesinado ayer a la madrugada de un balazo en el pómulo izquierdo cuando la policía salteña desalojó la ruta 34 frente a Tartagal. Horas después, miles de personas manifestaron contra la represión y varios grupos se desprendieron y saquearon negocios, quemaron la comisaría, la empresa de luz, la corresponsalía del diario El Tribuno y la municipalidad.
Habitantes de Tartagal afirmaban que la empresa en la que trabajaba Verón, Atahualpa, pertenece a Celín Balut, quien, aseguraban también, está vinculado al gobernador salteño Juan Carlos Romero.
Verón fue despedido por telegrama a pesar de los ocho sueldos adeudados. Ganaba 600 pesos. Luego, ante la presión pública, la empresa decidió reincorporarlo, pero no le envió telegrama ni lo contactó. Solo lo anunció por una radio del pueblo. Verón no escuchó la noticia. Ya estaba en el piquete de donde nunca volvería.
A la tarde, en una casa miserable del barrio de Villa Saavedra, sus hijos estaban colgados del ataúd. Alguien había puesto algodones entre los dientes.
–Mi marido era un hombre bueno –decía la esposa llorando–. Quiso ganarse el pan trabajando dignamente. Reclamó lo que le pertenecía.
Verón fue asesinado cuando los manifestantes se reagruparon después de haber sido disueltos por la policía, tras diez días de piquete en la ruta 34, en un procedimiento que el jefe de la policía describió como “impecable”.
El corte de rutas se había originado en Cuña Muerta, a cinco kilómetros de Tartagal, un sitio agreste, áspero, donde el paisaje solo es alterado por los espinillos. Instalados en un puente precario construido por el Ejército, los piqueteros debieron abandonarlo cuando lo desmoronó un tornado. La ruta, entonces, quedó cortada por un fenómeno natural. De todos modos, el corte nunca atrajo a más de 150 personas, entre desocupados que habían perdido planes Trabajar o de huertas comunitarias, cesantes de Atahualpa, docentes autoconvocados y despedidos de una empresa contratista de Edesa, la eléctrica salteña, que había perdido su contrato. Funcionarios del gobierno provincial como la secretaria general Sonia Escudero y el vicegobernador Walter Wayar venían criticando la supuesta indiferencia del gobierno nacional sobre los planes Trabajar. La semana pasada Escudero viajó con legisladores de ambas bancadas y se reunió con la ministra de Trabajo Patricia Bullrich. La ministra le confirmó que no se caería ninguno de los 4400 planes Trabajar.
Pero los piqueteros insistieron en que querían la presencia en Salta un funcionario provincial de alto rango. El gobierno provincial se negó, diciendo que la respuesta de la Nación ya estaba dada. El corte se mantuvo, y se sumaron comunidades aborígenes que reclamaron planes Trabajar y entrega de tierras. Escudero se reunió con ellos pero no con los piqueteros. Ante esta vuelta, los piqueteros se movieron hasta la entrada a General Mosconi, frente a los tanques de la empresa Refinor que almacenan miles y miles de litros de combustible.
La intervención de la policía salteña incrementó la violencia de la situación. Un grupo se desprendió, fue hasta la comisaría de Mosconi, la destruyó y se llevó seis rehenes hasta la zona donde está Texpetrol, justo en las oficinas donde se hicieron anteriores reuniones de negociación. Hasta la noche mantuvieron a los rehenes dentro de una ambulancia. Uno de ellos, un agente joven, había sido brutalmente golpeado, e incluso podría haber sufrido la fisura de dos costillas con peligro para un pulmón.
Después, unas cinco mil personas iniciaron una vuelta por la ciudad destruyendo oficinas y objetos. Uno de los blancos fue Edesa. Otro, un depósito judicial de elementos secuestrados y armas en exhibición. Algunos manifestantes robaron el armamento, que después exhibían mientras daban vueltas por la ciudad en una camioneta. La policía confiaba en que no tenían municiones, pero admitía que no era difíciles de conseguir. Otrogrupo más, entretanto, se dedicó a saquear casas de electrodomésticos como el negocio El Gato, de la familia Katz. Los vecinos protestaron (“Katz es un tipo solidario, y ellos hace 70 años que tienen el negocio”, decía una señora a los gritos) pero nadie les hizo caso. En camionetas o en bicicleta, o corriendo, algunos se alejaban cargando torres de sonido, lámparas y minifilmadoras.
“Estamos aterrorizadas, tengo miedo, nos pueden llevar y hacer lo que quieran con nosotros”, decía entre llantos la dueña de otro negocio, de zapatos.
La municipalidad fue incendiada. Un hotel quedó destruido. Los manifestantes, que también saqueaban los lugares que luego quemaban, prendían fuego a automóviles, que seguían ardiendo en distintas calles del casco céntrico.
En ese clima, como en son de paz, un grupo de vecinos salió de la iglesia en procesión. Más duro fue el sacerdote Jesús Olmedo, párroco de La Quiaca: “Vamos a ser claros señor gobernador de Salta –dijo–, me la voy a jugar pero voy a decir clarito quiénes son los delincuentes. Sabemos que alrededor de la familia Romero hace mucho años hay una muy sospechada, digamos, denuncia de que estaban mezclados en el tema de la droga”.
Daniel Nallar, secretario de Seguridad de la provincia, dijo que la muerte de Verón habría sido consecuencia de una “riña entre los piqueteros”. “No se puede saber todavía, la policía tenía instrucciones claras de no tener armas cargadas con balas de guerra, por lo tanto el jefe de policía sigue reafirmando que la bala no partió de la policía, pero eso tiene que ser parte de una profunda investigación del juez que está a cargo del tema del despeje de la ruta”, afirmó el vicegobernador Walter Wayar. Teresa Rodríguez, una joven empleada doméstica de 24 años, con dos hijos, falleció en la Semana Santa de 1997 durante la represión de un piquete que cortaba la ruta nacional 22, en Neuquén, presuntamente víctima de balas policiales de bajo calibre.

 

Claves

Un piquete que había comenzado hace diez días en otro sitio y se había trasladado a Tartagal terminó con represión de madrugada y un muerto.
En un comentario insólito, el secretario de Seguridad de Salta dijo que el asesinato podría haberse debido a “una riña entre piqueteros”.
Después de la represión, hubo violencia y saqueos, con quema de autos y edificios y el robo de artículos de los negocios.
El ministro del Interior, Federico Storani, volvió de una reunión en Brasil para comandar la supervisión de la crisis.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, no descartó una intervención.
Ayer mismo se realizó un paro de transportes, y se discuten protestas nacionales para el lunes.

Debate por la intervención

La probable intervención federal a la provincia de Salta dividió a oficialistas, entre sí, y a opositores. El diputado radical Juan Pablo Baylac sostuvo que la intervención era una necesidad por “la incapacidad para gobernar” del justicialista salteño, Juan Carlos Romero. Para el peronista bonaerense José María Díaz Bancalari, la crisis era producto de la “falta de cumplimiento del gobierno nacional. Para el frepasista Eduardo Macalusse, “mientras se discute el remedio federal sería bueno pensar en el remedio social y distributivo, aunque éste se encuentre contraindicado por los curanderos neoliberales. El hambre no se cura con la Gendarmería”, opinó.

 

El gobernador salteño estaba en la reunion de idea mostrando "logros"
Romero, el “joven prestigioso”

Por F.C.

El gobernador Juan Carlos Romero es uno de los estadistas más jóvenes y prestigiosos de Argentina. Eso, al menos, decía el epígrafe que acompañaba su foto en el lujoso folleto que Romero repartió entre los empresarios participantes del coloquio de IDEA en Mar del Plata. Quiso la brutal dinámica del país que justo el día en que Romero imaginó podía lucirse en un ambiente tan sofisticado, no haya tenido más remedio que dar explicaciones por la muerte de un piquetero en Salta por la represión de la policía provincial. El gobernador adelantó que investigaría, pero que estaba seguro de que los policías salteños no llevaban armas, y echó mano al remanido recurso de convertir a las víctimas en victimarios. “No son manifestantes pacíficos”, dijo, en referencia a los piqueteros reprimidos. “Es una organización política que usa la violencia como forma de expresión”, agregó.
“Como gobernador asumo toda la responsabilidad”, respondió cuando lo torearon. Pero después detalló todas las razones por las que entendía que no le cabía ninguna responsabilidad. Primero, porque la decisión de reprimir la había tomado la Justicia. Segundo, porque la policía estaba desarmada. Tercero, porque los manifestantes “no son pacíficos” y al cortar rutas cometen un delito.
–Pero son gente pobre, gobernador –le dijeron.
–También son pobres los que roban un banco y la policía los reprime –respondió.
Romero fue el primer expositor en el panel de ayer a la mañana sobre “La competitividad de las provincias”. Para entonces, todos los oyentes tenían sobre la mesa una abultada carpeta que contenía un libro de 200 páginas sobre su gestión en Salta, el folleto que daba un pantallazo sobre la carrera del gobernador a todo color y en edición bilingüe (“one of Argentina’s youngest and more prestigious statesman”) y una más rudimentaria edición con estadísticas de la economía provincial. En tono monocorde y utilizando las pantallas gigantes para acompañarse con gráficos, Romero fue detallando los logros conseguidos durante los años que lleva como gobernador, casi como si tuviera a cargo un cantón suizo y no de la provincia donde hacía tres horas habían matado a un manifestante en una represión.
A la hora de las preguntas, no le quedó otra que bajar a tierra. El moderador le dijo que tres participantes del encuentro habían coincido en consultarlo por el piquetero muerto en Tartagal. Para los empresarios que hubieran seguido su exposición y no entendieran ahora de qué otra provincia le hablaban, Romero hizo una salvedad. “Salta es una de las provincias que más ha crecido pero no podemos eludir la situación nacional”, explicó. Y ahí mismo arremetió contra los manifestantes. “En el país hay muchísima gente que tiene necesidades y no por eso anda cortando rutas”, dijo. Hizo punto aparte y dijo: “Ahora me gustaría volver a los temas de la conferencia”.
Ante la congestión de periodistas que aguardaban en el salón que terminara la exposición, los organizadores decidieron habilitar una salita contigua, donde Romero pudiera responder sobre los sucesos en su provincia. En una tumultuosa conferencia de prensa, Romero aseguró que era casual que cada vez que se reprima en Salta él le tocaba estar lejos. La ocasión anterior en Israel, ayer en Mar del Plata. “Voy a investigar hasta las últimas consecuencias”, prometió, pero siempre tuvo como blanco a los piqueteros. “Toman policías de rehenes, queman comisarías, son vandálicos”, atacó. Luego se levantó y aseguró que se iba derecho a Salta para hacerse cargo de la situación.

 
OPINION
Por Martín Granovsky

La policía de Cantarero

Aníbal Verón no había llegado a los 40 años. Ya no llegará: una bala lo mató ayer a la madrugada mientras la policía salteña reprimía a 90 piqueteros.
Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, se convirtió en perito balístico. Dijo que el disparo no partió de ningún policía. Y otros funcionarios de su administración argumentaron que la policía no usa calibre 22, el tamaño de proyectil utilizado por el asesino.
¿Quién mató a Verón? La verdad, acaso, no se sepa nunca. Salta la linda es, desde hace muchos años, Salta la misteriosa, la opaca, la oscura.
La senadora Silvia Sapag denunció que el senador salteño Emilio Cantarero quiso sobornarla para que votara una ley de Hidrocarburos que favorecería a Repsol YPF.
La periodista María Fernanda Villosio dijo a la Justicia que Cantarero le confesó la existencia de sobornos en el Senado por la ley de reforma laboral.
Cantarero está, al menos en teoría, bajo investigación de la Justicia por los sobornos en el Senado. Por los laborales y por los petroleros. Tiene un abogado con buenos contactos: Sergio Andrés Marutián fue el letrado del dictador Roberto Viola en el juicio a los ex comandantes y, al final del gobierno de Carlos Menem, actuó como jefe de gabinete de asesores de Rodolfo Canosa, el secretario de Transportes a quien Cantarero conoció como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
El senador, que ahora goza de una licencia, es un visionario. De familia modesta, pasó de ser un simple contador a dueño de un patrimonio declarado de dos millones setecientos mil pesos. La clave en su ascenso, además de su capacidad profesional, fue Roberto Romero, el fundador del clan que hoy, a través de su hijo Juan Carlos, sigue gobernando Salta.
Aníbal Verón tuvo menos suerte en la vida. La empresa Atahualpa, que según aseguraban ayer en Salta pertenece a un pariente de Romero, lo dejó en banda después de no pagarle el sueldo durante ocho meses. Y una bala lo mató. Es obvio que, ahora, las declaraciones ocultarán que muchas veces la policía usa el calibre 22 para matar sin dejar sospechas. Es obvio que los funcionarios no repararán en que, incluso si la bala no salió de la policía, la policía desató una represión inútil ante un piquete que se extinguía.
El gobernador no dudó: “También son pobres los que van a asaltar un banco, y la policía los reprime”.
Salvo que se pruebe lo contrario, ni Cantarero ni Romero son judicialmente culpables de la muerte de Verón. Pero son políticamente responsables –y no están solos– de un esquema económico e institucional que lleva a una separación drástica entre gobernantes y gobernados. Tan drástica y tan injusta que puede terminar en la muerte.

 

“Hubiera sido un corte más si no mataban al mecánico”

Análisis: Funcionarios del Gobierno dicen que “el violento desenlace tuvo un responsable principal: la violenta represión de la policía provincial”.

La terminal de micros Atahualpa, quemada por los manifestantes tras la muerte del piquetero Verón.

Por Eduardo Tagliaferro

“Hubiera sido un corte de ruta más si no hubieran asesinado a uno de los manifestantes”, sostuvo un funcionario del gobierno nacional, analizando la revuelta de los pobladores del norte salteño. “No intervenimos, por ahora”, fue la definición del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, al contestar sobre la posible intervención federal a la provincia de Salta. Cuando el Gobierno tuvo noticias de la revuelta en las localidades de General Mosconi y Tartagal, decidió enviar al secretario de Relación con las Provincias del Ministerio del Interior, Walter Ceballos, y al viceministro de Desarrollo Social, Gerardo Morales, para que participen junto a las autoridades locales del Comité de Crisis. Aunque a última hora de ayer el presidente Fernando de la Rúa reconoció en un mensaje transmitido por cadena oficial que “la Argentina está en problemas”, no hizo ninguna mención a la caótica situación que se vive en las provincias norteñas.
A pesar de que el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, señaló en todas sus intervenciones que la represión fue ordenada por el juez federal Abel Cornejo, fuentes gubernamentales consultadas por Página/12 precisaron que sus informaciones les permitían sostener “que la orden la habría impartido el propio gobernador en horas de la madrugada”.
Este dato es clave para entender a los funcionarios que opinaban que “el corte de ruta de ayer no es una continuidad de los anteriores y el violento desenlace tuvo un responsable principal: la violenta represión de la policía provincial”. Desde el Ministerio del Interior distinguían a quienes actuaron movidos por la legítima indignación que les produjo la muerte del mecánico de la empresa Atahualpa y quienes participaron en actos a los que definían como de “vandalismo”.
La preocupación de los negociadores era encontrar interlocutores representativos de la revuelta. Para los funcionarios nacionales, “cada uno de estos conflictos tiene sus propios actores, ya que en la zona hay una fuerte crisis de legitimidad”. Aprovechando los contactos que había logrado en la anterior protesta del mes de mayo, el subsecretario César Martucci se instaló en el despacho del titular de la cartera, Federico Storani, que se encontraba en una reunión de ministros del Mercosur en Brasil, para abrir un canal de diálogo con los manifestantes. Storani cortó su viaje y estuvo de vuelta anoche mismo.
Así fue que un diálogo telefónico con los piqueteros Bettino Fernández y Alfredo Fernández, a media tarde de ayer, se logró despejar uno de los principales obstáculos para negociar: se liberó a los seis policías tomados como rehenes en el ataque a la comisaría de General Mosconi.
“La liberación de los rehenes era una precondición básica para comenzar el diálogo con los piqueteros y en este punto no aceptábamos ningún condicionamiento”, dijo Martucci a este diario. Luego de liberar a los policías, los manifestantes le hicieron llegar al Ministerio del Interior un petitorio de 21 puntos. Allí reclaman: “protección jurídica para todos aquellos que intervinieron en el corte de la ruta 34”; “esclarecimiento de la muerte de los compañeros Orlando Justiniano, Alejandro Gómez (muertos en un dudoso incidente en la protesta de mayo) y Aníbal Verón”; “renuncia inmediata del gobernador (Juan Carlos) Romero; “creación de un fondo especial de hidrocarburos para el departamento de San Martín proveniente del aporte de los operadores de las áreas por un monto de 200.000.000 de pesos”; “puesta en marcha de 10.000 puestos de trabajo” y otras reivindicaciones que incluyen el fomento de algunas obras públicas y facilidades a deudores del Banco Nación y Macro Salta.
“En la zona del departamento San Martín hay un problema cuyo origen es evidentemente el tema de la privatización de YPF”, explicó a este diario el secretario de Empleo, Horacio Viqueira. “El compromiso del gobierno nacional con la provincia, respecto de garantizar programas de empleo transitorio –continuó Viqueira– se cumplió absolutamente. Pero los lugareños también se quejan de que la provincia no distribuye equitativamente las regalías petroleras. La parte principal se destina a la ciudad capital.”
Al cierre de esta edición, la reunión de los integrantes del comité de crisis había resuelto mantener abierto el diálogo con los participantes de la protesta, mientras la Gendarmería realizaba patrullajes en las dos localidades copadas por la revuelta. A la mayor parte de los 28 detenidos se los acusaba de portar armas de fuego, mientras que los policías provinciales continuaban acuartelados en un regimiento del Ejército, ya que tanto los funcionarios nacionales como provinciales coincidían en que la presencia de la policía local en el lugar “sería considerada como una provocación”.
Efectivos de refuerzo de la Gendarmería se encontraban en Rosario y Córdoba listos para intervenir en el conflicto no bien el Presidente lo ordenara. Este diario pudo saber que los mandos de Gendarmería enviaron diariamente un parte de situación al gobierno nacional en los que recomendaban no “hacer uso de la fuerza” porque la protesta estaba decayendo en intensidad, en parte por las consecuencias del último temporal que castigó a las localidades norteñas. Fuentes de Gendarmería dijeron a este diario que “cuando los responsables provinciales vieron pocos manifestantes decidieron embestir contra ellos”, desatando el infierno tan temido.

 

 

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