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Por Laura Vales
 Después de despejar
las tensiones con los gobernadores justicialistas, el Gobierno decidió
concentrar todas sus fuerzas en enfrentar el paro del jueves y viernes.
Durante todo el día de ayer medio gabinete, acompañado por
De la Rúa, se dedicó a descalificar las motivaciones de
la medida de fuerza. Incluso se deslizó la posibilidad de declarar
ilegal el paro. Así lo sugirió primero el vocero presidencial
Ricardo Ostuni, lo desmintió después el jefe de Gabinete
Chrystian Colombo y lo resucitó por la tarde el secretario del
Trabajo, Anselmo Riva. Al final del día la declaración de
ilegalidad quedó desplazada por la guerra verbal con las centrales
obreras. De la Rúa dijo que el cese de actividades le parece “incomprensible”
y que no tiene legalidad, “porque la razón de su convocatoria
ha desaparecido”. Apenas unos decibeles por debajo, Patricia Bullrich
lo calificó de “ilegítimo”.
Mientras tanto, las dos CGT y la CTA avanzaron en la organización
de las movilizaciones y cortes de avenidas y rutas. Los gremios aspiran
a concretar unos doscientos cortes en todo el país, con algunos
epicentros importantes. Sobre el puente Avellaneda, por ejemplo, la estimación
es que se concentrará medio millar de manifestantes. Y habrá
otro gran piquete cortando el tránsito sobre la rotonda de acceso
al puente de Zárate-Brazo Largo, es decir sobre la principal vía
de comunicación con el Mercosur.
El tema de los cortes preocupa especialmente al Gobierno, que mantiene
negociaciones abiertas con los jefes sindicales en un intento de desactivarlos.
Aunque el operativo de seguridad terminará de ser diseñado
hoy, en la secretaría de Enrique Mathov anticiparon que habrá
una fuerte custodia policial en micros y colectivos. En las ciudades,
la policía intentará abrir caminos alternativos para ordenar
el tránsito y recibirá la orden de detener a los manifestantes
que interrumpan el tránsito.
Decidido a meter presión sobre los gremios, De la Rúa llamó
a una rueda de prensa en la Casa Rosada. “El paro carece de todo
sentido y va contra el sentimiento general de la gente”, dijo. No
dudó en considerarlo “ilegal”: la medida de fuerza, puntualizó,
“fue convocada porque venía al país una misión
del Fondo Monetario que no ha venido, así que la causa desapareció”,
simplificó.
De la Rúa sostuvo que durante los días de paro “garantizará
el derecho de quienes quieran ir a trabajar, porque es ése el primer
y elemental deber del Estado”. Poco después, la ministra de
Trabajo llamó a una segunda conferencia de prensa y difundió
el listado de servicios básicos exigido a los gremios para el jueves
y el viernes (ver aparte).
“El paro es ilegítimo”, manifestó allí
Bullrich. Apuntó que “cuando el país para en un 50
por ciento, se pierden 600 millones de pesos”. Y acusó al
sindicalismo de “darle la espalda al país en lugar de colaborar,
convocando no sólo al paro, sino también a los cortes de
ruta que impiden trabajar a los que quieren hacerlo”.
El secretario de Trabajo Anselmo Riva fue el encargado de responder sobre
una posible declaración de ilegalidad del paro. Y lo planteó
como una de las alternativas abiertas, a utilizar en casos puntuales y
con intervención de la Justicia.
“Si los servicios mínimos establecidos por decreto del Gobierno
no se cumplen, se puede denunciar esa violación ante la Justicia”,
señaló Riva. Y advirtió que las sanciones pueden
llegar a la suspensión o cancelación de la personería
de un gremio.
Los abogados de la CGT disidente que encabeza Hugo Moyano ya denunciaron
las exigencias del Gobierno sobre la prestación de servicios básicos
ante la OIT. Básicamente, las considera una limitación del
derecho a huelga. Ayer sus principales gremios ratificaron que no acatarán
las pretensiones del Ejecutivo.
“Los servicios mínimos los tendrá que dar aquel que
no va a parar, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar el paro”,
señaló Moyano.También denunció que “los
servicios de inteligencia del Estado están enviando amenazas telefónicas
a los gremios”.
El paro cosechó ayer nuevas adhesiones políticas, entre
ellas la de los partidos de izquierda, como la Izquierda Unida, el Partido
Socialista Auténtico, el humanismo y el Partido Obrero.
Ayer, desde el interior del país, los principales gremios comenzaron
a dar a conocer las protestas y movilizaciones en preparación.
El listado promete un jueves y viernes cruzados por marchas, cortes de
ruta, actos en las escuelas y ollas populares a lo largo de todo el país.
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Exigencias del Gobierno
El Gobierno exige que durante las 36 horas de paro los gremios
garanticen los siguientes servicios:
 Micros y subterráneos:
no inferior al 40 por ciento del normal. Y en las horas pico –desde
las 6 menos diez hasta las 9.30 de la mañana y de 17 a 21–z,
que se aumenten al 50 por ciento.
Colectivos de larga distancia,
trenes y aviones: tendrán que ofrecer un 50 por ciento de
sus servicios regulares. Además, para aquellos destinos que
tengan un solo servicio diario éste deberá brindarse
sí o sí.
Hospitales públicos,
sanatorios privados, geriátricos y centros de diagnóstico
médico: mantenimiento de guardias, asistencia a unidades
de atención crítica y de internación, funcionamiento
de quirófanos, hemoterapia y radiología. Tránsito
de ambulancias y distribución de tubos de oxígeno.
Recolección de
residuos: 50 por ciento.
Transporte de combustible,
correspondencia y valores: 40 por ciento, salvo en el caso del clearing
bancario, donde se debe garantizar de acuerdo con lo establecido
por la Cámara Compensadora.
Puertos: 50 por ciento
de sus prestaciones habituales, dando prioridad a la carga o descarga
de mercadería perecedera.
Teléfonos, agua,
electricidad y gas: cobertura de los servicios esenciales, que son
los habituales de sábados y domingos.
Correo: garantía
de envío de telegramas de hasta 20 palabras, cartas documentos,
telegramas obreros y giros de hasta mil pesos.
Justicia: los servicios
mínimos quedan sujetos a lo que disponga la Suprema Corte.
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COLECTIVOS
ATACADOS Y SEIS HERIDOS
La sombra de la violencia
Varios colectivos
fueron atacados ayer y seis personas –tres choferes y tres pasajeros–
resultaron heridos como consecuencia de esos ataques. El presidente de
la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Héctor
Tilve, atribuyó los atentados a la decisión de esa entidad
de sacar las unidades a la calle durante el paro, mientras que el ministro
del Interior, Federico Storani, anticipó que el Gobierno tratará
de “mantener el máximo de tranquilidad y de garantizar la
seguridad” durante la huelga.
Los unidades agredidas fueron de las líneas 12 y 36, 104, 114,
124, 133 y 141, todas estas pertenecientes al grupo Plaza, que opera en
distintas zonas. Tilve no quiso arriesgar sobre quiénes podrían
ser los autores de los ataques, aunque fue bastante claro: señaló
que “creemos que quien hace movilizaciones en defensa de las fuentes
de trabajo no puede agredir las herramientas de trabajo de otros trabajadores”
y recordó que “gente del sindicato Unión Tranviarios
Automotor (UTA)” estuvo detrás de incidentes similares que
ocurrieron en paros anteriores.
El interno 9 de la línea 12 fue incendiado antenoche en la esquina
de Charcas y Borges del barrio porteño de Palermo, cuya explotación
está a cargo de la empresa Transporte Callao. Allegados a esa firma
aseguraron que la semana pasada otros siete colectivos fueron apedreados
y sufrieron roturas de vidrios y un chofer fue herido por un bulón.
Los vehículos del grupo Plaza también fueron atacados con
bulones mientras cumplían con sus recorridos por los barrios de
Belgrano y Palermo. Las agresiones causaron heridas a choferes y pasajeros.
En total fueron dañadas 22 unidades. Los ataques se sumaron a los
que anteayer habían recibido otros colectivos de esa empresa, cuyos
responsables radicaron las denuncias en las correspondientes comisarías.
Los atentados a los colectivos coincidieron con el ataque a seis taxis
que operan con una mandataria en el barrio de Villa Mitre y fueron apedreados
y pintados.
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