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 Aunque los gobernadores justicialistas
agacharon finalmente la cabeza y aceptaron el congelamiento del gasto
por cinco años, el mercado financiero local dio una respuesta un
tanto ambigua en la colocación de títulos públicos
de la víspera, considerada como un test para el Gobierno. En la
licitación de Letes (Letras del Tesoro) y Bontes (Bonos del Tesoro)
por un total de 550 millones de dólares quedó en claro el
efecto benéfico pero también limitado del inminente blindaje
que encabezaría el Fondo Monetario. Que bajara la tasa para las
Letes, el instrumento de corto plazo, y en cambio subiera para el de largo,
los Bontes, siempre en relación con la anterior oferta, indica
que el mercado percibe un descenso en el riesgo de una inminente cesación
de pagos, pero al mismo tiempo no ve signos alentadores para un futuro
más distante.
En concreto, Economía salió a buscar ayer 550 millones y
concitó ofertas por cerca de 1200 millones. Finalmente, captó
250 millones mediante la colocación de Letes a 91 días,
pagando una tasa nominal anual del 11,51 por ciento, inferior al 12,59
por ciento que había debido asumir el 7 de noviembre, en un momento
álgido de la crisis. Además recogió 300 millones
en Bontes a 30 meses, pensados para formar cierto colchón de fondos
para afrontar los pesados vencimientos del primer trimestre de 2001. Por
ese dinero, Julio Dreizzen, subsecretario de Financiamiento, debió
admitir pagar un 14,33 por ciento, como rendimiento con base semianual,
cuando en la anterior colocación el corte había caído
en el 13,88 por ciento.
La lectura de los inversores condice con la estructura del paquete anunciado
por el Gobierno el 10 de noviembre. Aunque consiste básicamente
en medidas que buscan mejorar la solvencia fiscal de mediano y largo plazo,
como la congelación del gasto público por cinco años
y la eliminación de la Prestación Básica Universal
para las futuros jubilados, en concreto obra como llave para la consecución
de un sostén financiero internacional que tranquilice a los acreedores
del país. El llamado blindaje le baja automáticamente el
riesgo a la deuda argentina.
Sin embargo, el paquete no apunta a atacar directamente las razones de
la prolongada recesión argentina ni la débil performance
exportadora, dos aspectos clave de la insolvencia del país frente
a la deuda acumulada. El enfoque vuelve a ser indirecto: el ajuste fiscal
como instrumento para bajar la tasa de interés, a través
de una reducción del riesgo país. Los riesgos de esta aproximación
ya se hicieron evidentes en los primeros once meses del gobierno aliancista,
dado que el ajuste puede acentuar la recesión y, por ende, minar
la recaudación impositiva y agrandar el déficit.
Igualmente, el recorte de las futuras jubilaciones puede agravar el principal
problema presupuestario de la Seguridad Social argentina, que es la evasión
de aportes, al quitar alicientes al cumplimiento. En este sentido, todo
el paquete de medidas está apoyado en supuestos que pueden no cumplirse
en la realidad. En cambio, el blindaje que proveerá el Fondo es
un elemento concreto, y así lo entendieron los inversores en la
doble licitación de ayer.
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