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 Por más que se esfuerza,
el Gobierno no consigue ganar la aprobación de las calificadoras
de riesgo internacionales. La agencia estadounidense Moody’s cambió
ayer de “estable” a “negativa” la perspectiva de riesgo
argentino. Lo hizo el mismo día en que el Gobierno en pleno festejaba
la firma del acuerdo fiscal con las provincias, exigencia número
uno del FMI para destrabar el crédito de blindaje. Es la segunda
vez en diez días que el Gobierno prueba la misma medicina. El caso
anterior fue cuando la agencia Standard & Poor’s bajó
la calificación, en momentos en que el Ejecutivo también
celebraba la obtención del préstamo –del que aún
resta negociar el monto definitivo y algunas cuestiones técnicas–
del FMI. En consecuencia, el Gobierno hizo todos los deberes que le pedía
el mercado para recuperar su confianza, a costa de un altísimo
costo político y, aun así, las calificadoras de riesgo no
le dan su bendición y piden más.
El secretario de Programación Económica, Miguel Bein, tuvo
a su cargo la respuesta oficial a la mala noticia. Sostuvo que Moody’s
“se quedó atrás de la fuerte recuperación que
reflejan los mercados de bonos de Argentina y la caída del riesgo
país de 160 puntos básicos (1,6 por ciento) en la última
semana”. De acuerdo con su interpretación, la redacción
del informe “indica que fue realizado con anterioridad (a esos cambios),
porque está claro que quedó atrasado respecto de la visión
que tienen los mercados de Argentina en este momento”. El tono de
la respuesta, al igual que en otras oportunidades, muestra la cautela
que tienen los funcionarios para referirse a opiniones de las calificadoras,
muy distinto al que utilizan en las discusiones políticas internas.
Moody’s, tan influyente entre los inversores como S&P, informó
ayer que el cambio en la perspectiva de riesgo argentino obedece “al
incierto potencial de crecimiento, así como a posibles complicaciones
que podría tener el Gobierno en tanto intenta conseguir consenso
social y político a las políticas para enfrentar la actual
situación económica”. La agencia destacó que
las restricciones fiscales pueden provocar un crecimiento del PBI “relativamente
débil”. Por ende, eso “implicaría un pobre desempeño
de ingresos tributarios en el mediano plazo”. El círculo se
cierra como al principio de esta crisis: si no crece la recaudación,
la situación fiscal tenderá a deteriorarse, y los inversores
dudarán sobre la capacidad de repago de la deuda.
Esa línea argumental contradice la postura del FMI, de los propios
inversores externos y de José Luis Machinea, quienes afirman que
Argentina debe dar muestras de ortodoxia económica para recuperar
el acceso al financiamiento internacional. Y una vez que entren capitales,
la economía volverá a crecer. Es decir que, para crecer,
primero hay que dar las señales que esperan los mercados, traducidas
en el último paquete de medidas que anunció Fernando de
la Rúa, como el congelamiento del gasto público nacional
y provincial por cinco años y la reforma previsional. Moody’s
advierte que el Gobierno podría encontrar obstáculos políticos
y sociales para imponer las medidas, y que –si finalmente lo consiguiera–
el crecimiento de la economía podría ser “débil”
por el nuevo apretón al torniquete fiscal.
“La reticencia de los mercados internacionales a tomar una cantidad
significativa de títulos argentinos implica que el Gobierno tendrá
que depender más y más de bancos y fondos de pensión
en el mercado doméstico para cumplir con su programa de financiamiento
del 2000”, sentenció Moody’s. La mayor absorción
de fondos del mercado interno –señala la agencia– hará
más difícil y costoso el acceso al crédito al sector
privado. Y ello repercutirá en un menor crecimiento.
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�La situación social
se ha deteriorado�
Por D.
C.
Mauro Leos fue el autor del informe de Moody’s
que bajó la perspectiva de calificación de Argentina.
Desde Nueva York, dio las siguientes explicaciones a Página/12.
–El Gobierno dice que el cambio en la perspectiva de la calificación
no toma en cuenta el acuerdo con el FMI, por un crédito de
blindaje.
–Nosotros consideramos que el apoyo que del FMI y otros organismos
ayudará a la Argentina a cubrir sus necesidades de financiamiento
del próximo año. Sin embargo, se plantean interrogantes
sobre la posibilidad de volver a acceder al mercado financiero privado.
–¿El crédito de blindaje no sería suficiente
para recuperar la confianza de los inversores externos?
–Si bien el panorama actual no es tan pesimista como hace dos
semanas, aún no es favorable. El mayor interrogante, todavía
no despejado, es cuándo, por qué montos y a qué
tasas el Gobierno podrá volver a financiarse en el exterior.
Esto es muy relevante, porque sin ese mercado el Gobierno deberá
recurrir a los bancos y fondos de pensión domésticos.
Y ello secará la plaza para el sector privado.
–El informe de Moody’s menciona los problemas sociales
como un condicionante al crecimiento económico. ¿Qué
importancia le atribuye?
–El punto es cuántos problemas tendrá el Gobierno
para conseguir apoyo político y social a las medidas que
acaba de anunciar. Después de dos semanas de tira y afloje,
ayer (por anteayer) logró el acuerdo con los gobernadores.
Pero el proceso de ajuste tendrá lugar a lo largo de todo
el próximo año. Es claro que la situación social
se ha deteriorado, y eso complica el apoyo a las medidas de austeridad
fiscal.
–¿Cuál es la estimación de crecimiento
de Moody’s para 2001?
–Hemos señalado que existe un fuerte interrogante sobre
el dinamismo que tendrá la economía. No definimos
un número, pero decimos que será muy complejo que
la economía crezca como necesita el país para resolver
sus problemas.
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PROPUESTA
PARA BAJAR IMPUESTOS
Un acuerdo de mínima
Por separado o
a través de algunos contactos informales entre los distintos gremios
empresarios, industriales y banqueros siguieron ayer trabajando en una
propuesta para que el Gobierno baje impuestos a la producción sin
producir un descalabro fiscal. Para conseguir aquel beneficio y no aumentar
el déficit, los empresarios imaginan desde gravar la renta financiera
–confrontadora propuesta sostenida por la Unión Industrial
Argentina– hasta arancelar las universidades o achicar drásticamente
los cuerpos legislativos –idea más seductora para los bancos–.
La UIA, cuya cúpula es poco proclive a avanzar en un documento
común, resolvió ayer organizar una misión al Fondo
Monetario Internacional para discutir en Washington cómo puede
Argentina pagar su deuda y crecer al mismo tiempo.
El Comité Ejecutivo de la UIA habría ayer acordado sostener
un documento muy irritativo para los bancos, que hasta última hora
del lunes sólo convalidaba una parte de los dirigentes de la entidad
fabril. El texto recoge planteos ya formulados por el Grupo Productivo
que, en algunos casos, puede resultar inaceptable para los banqueros:
que éstos vuelvan a pagar los aportes patronales, que se grave
el interés sobre los plazos fijos y que bajen compulsivamente las
tasas de interés para Pymes. Los bancos, a su vez, se oponen terminantemente
a cualquier suba a los aranceles de importación, medida de protección
que anhelan los industriales.
Al menos los hombres de la Unión, Ignacio de Mendiguren y Diego
Videla, ayer terminaron el cónclave fabril con la idea de que se
abrirá un compás de espera hasta tanto la Asociación
de Bancos de la Argentina elabore su propia propuesta acerca de qué
debe hacer el Gobierno para estimular el crecimiento, luego de que consiga
el prometido blindaje financiero del FMI. Sólo entonces cobraría
cuerpo una propuesta común para presentarles a José Luis
Machinea y al propio Fernando de la Rúa.
Aún no está dicha la última palabra sobre esa dificultosa
iniciativa común, a la que se opone un sector de la UIA, tanto
como de Confederaciones Rurales Argentina y de la Cámara Argentina
de la Construcción. Reticencia al margen, siguen los trabajos para
elaborar un documento conjunto aunque, por ahora, la coincidencia básica
está limitada al afán empresario de que se bajen impuestos
sobre la producción y se instrumenten programas que alienten las
exportaciones “sin aumentar el costo fiscal”. Este parece ser
otro punto decisivo.
Según comentaba ayer uno de los responsables de la elaboración
de ese paper, la clave para que los empresarios consigan un beneficio
sin que se aumente la brecha fiscal es la “reasignación de
gastos” que le permita al Estado generar ahorros para subsidiar la
producción vía baja de impuestos. Para lograr este cometido,
algunos hombres de empresa imaginan, por ejemplo, que las universidades
podrían cobrar aranceles, que hay tela para cortar tanto en el
Congreso Nacional como en las legislaturas provinciales, o recuerdan que
el PAMI tiene personal sobrante, a decir del propio Gobierno.
Mientras estas ideas se debaten en Buenos Aires, algunos directivos de
la UIA planean un inminente viaje a Washington para discutir con el FMI
cómo superar la recesión. “No tiene sentido que nos
presten 20 mil millones para salir de la crisis ahora, si en poco tiempo
más la crisis se habrá agudizado.”
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