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Por Fernando Cibeira
 En un momento en que se cruzan
la debilidad política que trae de arrastre la Alianza y la fragilidad
económica que cada tanto le marcan los mercados financieros, el
gobierno de Fernando de la Rúa deberá afrontar a partir
de hoy el paro general más fuerte en su año de mandato.
La protesta fue convocada por 36 horas a partir del mediodía, por
la CTA y la CGT disidente, a las que se sumará a la medianoche
la CGT oficial. El Gobierno analizó anoche en el Ministerio del
Interior la huelga que, entiende, se sentirá mucho a partir del
viernes. Una de las estrategias oficiales de respuesta pasará por
asociar el paro con la violencia; no por nada ayer ya destacaban el centenar
de actos intimidatorios producidos. “Inverosímil y sin sentido”,
calificó De la Rúa la protesta, planteada por los sindicalistas
como una medida contra el modelo económico.
Luego de amenazar durante las últimas 48 horas con declarar el
paro ilegal, pasadas las 22, el ministro Federico Storani anticipó
en el salón de Bustos de la Rosada que la medida será legal,
aunque adelantó la posibilidad de cambiar la calificación
“si hubiera una situación de violencia desproporcionada”.
Storani hizo estas declaraciones luego del encuentro en su despacho, del
que también participaron la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich,
el dos de la SIDE, Darío Richarte, el subsecretario de Interior,
César Martucci, y jefes de las fuerzas de seguridad. El Presidente
llamó además un par de veces para saber de qué estaban
conversando.
El ministro de Interior aportó otra de las fichas que piensa jugar
la Rosada para tentar el fracaso de la medida: la crónica mala
imagen de los gremialistas en la sociedad. “El Gobierno defiende
mucho mejor a los trabajadores que sus representantes gremiales”,
sostuvo, cuando adelantó que el paro no sería declarado
ilegal. La huelga es “inoportuna, injustificada y no tiene el sentido
de defender a los trabajadores”, siguió Storani.
En voz baja, en el Gobierno admiten que la huelga será de consideración
a partir del viernes. Sobre todo, con la sensación de “ciudad
vacía” a la que apuestan los sindicalistas, gracias al paro
total del transporte, cada vez más gravitante para este tipo de
medidas. La respuesta del Gobierno a tanta quietud se centrará
en los actos hostiles que, prevé, marcarán la circulación
por las calles hoy y mañana. “Yo tengo un chico que va al
jardín de infantes y el viernes no lo voy a mandar porque tengo
miedo de que le pase algo”, graficó uno de los funcionarios
que participó de la reunión de anoche. Por ese andarivel
circularán las objeciones que plantearán desde el Ejecutivo
al bastante probable éxito de la medida.
No obstante, saben que los gremialistas cuentan con bastantes motivos
como para sentirse optimistas sobre el rating de su jugada. La impotencia
del Gobierno para resolver el acuciante tema del desempleo, la parálisis
ya crónica del sector productivo, que no logra salir de una larguísima
recesión, más el clima “depre” que en la Casa
Rosada admiten causaron sus primeras medidas de ajuste, hacen que la gente
haya cambiado las expectativas iniciales en la gestión de la Alianza
en una sensación de bronca generalizada que podrían canalizar
hoy a través del paro general.
En rigor, más allá de los motivos que vienen de antaño,
las centrales sindicales decidieron la medida luego del nuevo paquetazo
económico anunciado por De la Rúa, dedicado casi en exclusiva
a calmar a los sensibles mercados financieros, obviando algún guiño
a los sectores más postergados. Para colmo, el Ejecutivo aún
estudia la forma de concretar la reforma previsional que elevará
la edad jubilatoria de las mujeres y decretará la eutanasia del
sistema estatal de reparto.
El previsible alto acatamiento ya generó algunos codazos entre
los gremialistas para quedarse con la foto del triunfo. En este tironeo,
quedan de un lado los sindicalistas ortodoxos que se separan o se alinean
con el Gobierno de acuerdo al momento, mientras que del otro quedan la
CGTdisidente y la CTA, que apuestan a capitalizar la protesta desde una
postura “progresista” (ver asimismo páginas 6 y 7).
El peronismo, en tanto, apostó a un bajo perfil, a sabiendas de
que una buena porción de la conflictividad del país tiene
su origen en problemas locales de distritos gobernados por el justicialismo
(ver nota aparte). Los nucleamientos gremiales convocantes no llamaron
a un acto central como acostumbran, pero sí habrá cortes
de ruta, pequeñas movilizaciones y movidas de distinto tipo en
diversos lugares del país (ver página 5). Ayer, cada jefe
gremial hizo su último intento para convencer a quienes aún
no saben si salir o no hoy de sus casas.
“Por eso estamos así, porque De la Rúa cree que no
hay motivos para hacer una huelga”, dijo el camionero Hugo Moyano.
“Pero los que pararon el país a partir del 10 de diciembre
son ellos. Hay fuertes motivos para parar y eso quedará reflejado.”
El jefe de la CGT, Rodolfo Daer, reclamó al Gobierno “por
la urgente convocatoria a la mesa del consenso y el diálogo social
para lograr un acuerdo por la producción y el empleo decente”.
En tanto, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, se quejó
porque “no hay un ámbito democrático para discutir
nada” y pronosticó “un parazo” para hoy y mañana.
Como es de rigor en estos casos, el Gobierno se comprometió a garantizar
la libre circulación de las rutas y el acceso al lugar de trabajo
a quienes deseen hacerlo. “Nos parece una barbaridad”, opinó
la ministra Bullrich sobre los cortes de ruta pautados. “Esto no
es un paro, es una jornada de amedrentamiento para aquella gente que quiere
trabajar. Al sindicato que no cumpla con los servicios esenciales nosotros
lo vamos a denunciar a la Justicia”, más amenazó que
anunció.
LUZ
ROJA EN NEUQUEN, TUCUMAN, JUJUY Y SALTA
Un informe de Gendarmería
Por
Felipe Yapur
“Alteración
del Orden Público”, “sectores disconformes”, “hechos
de violencia de variada intensidad” y “plan de lucha en rechazo
a las medidas económicas dispuestas por el PEN”, son algunas
de las consideraciones que la Gendarmería Nacional redactó
en un “paper” que entregó al Ministerio del Interior
y donde detalla, provincia por provincia, los conflictos sociales que
se desarrollan actualmente, donde los actores son en su mayoría
empleados estatales, productores y desocupados, y los que podrían
producirse a partir del paro nacional que comienza hoy.
El “paper” llegó a manos del diputado justicialista Mario
Das Neves, quien señaló a Página/12 que presentará
un pedido del informes al ministro del Interior, Federico Storani, al
considerar que “el tipo de trabajo realizado por la Gendarmería
es un tanto peligroso” y que en todo caso “debería dedicarse
a proteger las fronteras, combatir el contrabando, evitar la huida de
delincuentes y no hacer inteligencia con nuestra gente”. Gendarmería
divide al país entre tres grupos de alta, media y baja prioridad
en cuanto a conflictos se refiere:
 Alta conflictividad:
Jujuy: La fuerza de seguridad sostiene que “los conflictos
suscitados en diversos sectores sociales de la provincia se incrementarán,
en la medida en que no se solucionen los distintos reclamos, con la modalidad
de movilizaciones y corte de rutas esporádicos”. Destacan
los cortes de ruta que impulsarán los desocupados de La Quiaca
y Comunidades Rurales, el paro por tiempo indeterminado de los docentes
provinciales y la continuidad de las protestas del Frente del Gremio Estatales.
Curiosamente no hacen ninguna referencia al líder de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), Carlos “Perro” Santillán.
Neuquén: En esta provincia la Gendarmería puso la mira en
“los empleados públicos, docentes, desocupados y otros sectores”
porque continuarán con las movilizaciones y cortes de rutas. El
informe finaliza con un escueto “no se descartan incidentes”.
Salta: Se pone mayor énfasis en los conflictos que se viven en
las localidades de Tartagal y General Mosconi, escenario de los últimos
cortes de ruta y donde asesinaron al piquetero Aníbal Verón.
La Gendarmería prevé medidas de fuerza “para presionar
a las autoridades nacionales y provinciales y obtener respuestas a sus
demandas”.
Tucumán: Doce conflictos describe el “paper” que incluye
desde las protestas de los desocupados, obreros y trabajadores de la industria
azucarera, empleados municipales, la universidad hasta los reclamos de
la central empresaria local. La Gendarmería advierte concentraciones,
movilizaciones y cortes de ruta y destaca en un recuadro que “no
se descartan hechos de Alteración del Orden Público”.
Media Conflictividad:
Este grupo incluye a Santa Fe, Chaco, Catamarca, Entre Río,
Misiones, Corrientes, Córdoba, Chubut, Río Negro y San Luis.
De todas estos distritos la Gendarmería considera que en las cuatro
últimas se producirán “posibles hechos de Alteración
del Orden Público”.
Baja Conflictividad:
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, Mendoza, Santiago
del Estero, San Juan, La Rioja y Buenos Aires son los distritos más
livianos para esta fuerza de seguridad. Curiosamente, en Buenos Aires
sólo destacan como puntos de conflicto el posible corte de ruta
en el partido de Merlo y las asambleas en el hospital Eva Perón
del partido de San Martín.
El informe concluye con una síntesis donde los espías de
la Gendarmería realizan lo que consideran la “probable evolución
a nivel país”. Discriminan a Salta, Jujuy, Tucumán
y Neuquén como los escenarios más conflictivos por ser provincias
“con mayor cantidad de desocupados” y advierten que “podrían
ser aprovechadas por sectores disconformes para promover violencia de
variada intensidad”. Por último destacan el paro convocado
por las centrales sindicales como la causa de posibles “hechosde
alteración del orden público” fruto del “plan
de lucha en rechazo a las medidas económicas dispuestas por el
PEN y en reclamo de fuentes de trabajo para los desocupados”.
El
transporte es la llave
Gobierno y gremios tienen claro que los cortes de calles y
rutas y el transporte serán la clave del éxito o no del paro.
Moyano: Sostuvo que su central
organizó cacerolazos y ollas populares, pero no cortes de calle.
Lo que no quita que algunos gremios decidan cortar rutas.
La
ministra Patricia Bullrich tuvo un día más que agitado.
Fue la encargada de defender los argumentos contra el paro.
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Por
Laura Vales
El Gobierno y
los gremios tienen en claro que el mayor o menor éxito del paro
depende de la cuestión del transporte y de la magnitud que alcancen
los cortes de rutas y avenidas (ver página 5). Por eso ayer dedicaron
sus últimos esfuerzos a confrontar sobre el tema. El Gobierno reclamó
hasta la afonía a las centrales obreras que garanticen las prestaciones
básicas de servicios. “Si no hay colectivos y se cortan rutas,
más que paro habrá amedrentamiento”, descalificó
por anticipado la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Los gremios
insistieron en que el transporte no es un servicio básico, como
la electricidad o la provisión de agua potable. Y en que la pretensión
de obligar a colectivos, subtes y trenes a funcionar a un cuarenta por
ciento no sólo es ilógica sino que también vulnera
el derecho de huelga.
En la Casa Rosada, el argumento repetido fue el de que las cámaras
empresarias están dispuestas a cubrir con personal jerárquico
los servicios básicos, pero que necesitan la seguridad de que no
habrá piedrazos contra los parabrisas ni colectivos quemados. La
réplica de los sindicatos es que, más que agitar el fantasma
de la violencia, el Ejecutivo debería ocuparse de que no aparezcan
provocadores profesionales.
Ayer a la ministra de Trabajo, como corresponde al caso, le tocó
la parte más pesada en la cruzada oficial para desacreditar a la
medida de fuerza. Desde muy temprano en la mañana Bullrich se cruzó
en las radios con el titular de la CGT rebelde, Hugo Moyano.
Apeló a una doble estrategia: por un lado, reiteró la amenaza
de quitar la personería a los gremios que no presten los servicios
mínimos exigidos: “Al sindicato que no cumpla lo vamos a denunciar
a la Justicia”, advirtió. Con el mismo énfasis pasó
revista a las agresiones de los últimos dos días contra
líneas de colectivos y subrayó que existe preocupación
por la multiplicación de hechos similares.
Rápida de reflejos, en medio de uno de esos contrapuntos Bullrich
invitó públicamente a Moyano a una reunión conjunta.
“Le pido que venga a las tres de la tarde (al ministerio) para coordinar
que haya paz social”, desafió al aire. “Yo voy, espero
que usted esté”, replicó el convidado.
Se reunieron poco después de las cuatro de la tarde.
Bullrich lo esperó acompañada por los secretarios de Trabajo,
Anselmo Riva, y de Empleo, Horacio Viqueira. Moyano también se
presentó con los suyos: el titular de la UTA, Juan Manuel Palacios,
el dirigente Omar Viviani y el abogado Héctor Recalde. Hablaron
durante más de una hora.
Los funcionarios volvieron a la carga con el tema del transporte y los
temidos episodios de violencia, y a Palacios el comentario lo tocó
de cerca. “Pareciera que quieren demostrar que para que los colectiveros
paren hacen falta amenazas y violencia”, se quejó.
El titular de la UTA apuntó que en los últimos paros no
hubo violencia; recordó después que, tras la muerte del
piquetero Aníbal Verón en Salta, su gremio hizo un paro
con altísimo acatamiento. “Del ciento por ciento -dijo–
y no hubo un solo vidrio roto.”
Moyano consideró necesarias otras aclaraciones. Sostuvo que el
consejo directivo de su central obrera organizó cacerolazos y ollas
populares, pero no cortes ni bloqueos de calle. Lo que no quita, explicó,
que algunos de los gremios de su central obrera decidan salir a cortar
rutas.
Los hombres de la CGT rebelde sostienen que también les preocupa
la posibilidad de que se genere algún episodio de violencia, aunque
el temor tiene un origen muy distinto. Después de la represión
del 19 de abril pasado frente al Congreso, los sindicalistas aseguran
que estarán alertas ante la aparición de provocadores.
La reunión terminó con una difusa promesa de volver a encontrarse
el lunes para retomar el diálogo.
No faltó el debate televisivo. Casi a la manera de último
round, Bullrich se cruzó en el programa “A Dos Voces”
con Rodolfo Daer. El titular de la CGT oficial, que parará sólo
el viernes, descargó laresponsabilidad del paro sobre el rumbo
elegido por el Gobierno. “El impuestazo, la rebaja salarial, el robo
a los trabajadores que se jubilen a partir del primero de enero”,
enumeró.
La ministra esquivó el brete de defender tales medidas. Prefirió
tomar revancha metiendo cuña en el frente sindical: “El paro
lo hacen porque se dejaron correr por Víctor De Gennaro (CTA) y
Hugo Moyano, porque tienen una interna política”, le espetó
a un Daer sin respuestas.
No hubo diálogo, en cambio, entre el Gobierno y la CTA. “Nos
invitaron, pero no quisimos ir”, dijeron en la central obrera sobre
la reunión en el Ministerio de Trabajo. A esa misma hora, en el
edificio de la central obrera, Víctor De Genaro dio a conocer un
listado de los cortes de ruta y actos programados para acompañar
las 36 horas de paro. En total, más de doscientos, que prometen
dos días sembrados de protestas a lo largo de todo el país.
LOS
PREOCUPAN POSIBLES RECLAMOS EN SUS PROVINCIAS
Los peronistas eligen perfil bajo
Por
Fernando Almirón
El Consejo Nacional
Justicialista que preside Carlos Menem evitó ayer pronunciarse
sobre el paro general convocado –con diferencias de matices–
por las tres centrales obreras. Los gobernadores del PJ asumieron una
actitud similar ante la medida de fuerza que, si bien apunta al gobierno
nacional, en algunas provincias será aprovechada por los gremios
estatales para levantar las banderas de las reivindicaciones locales.
“Hay que tener en cuenta la realidad de algunos de nuestros gobernadores
que están presionados por los reclamos sociales en sus distritos
y no alientan la protesta”, explicó un importante dirigente
peronista para justificar el silencio de los caciques políticos
de la oposición ante la medida decretada por la dirigencia sindical.
Así y todo tanto los gobernadores como los dirigentes partidarios
del justicialismo mantienen una fluida comunicación con los jefes
cegetistas para evitar los excesos.
“A muchos les cayó muy mal la convocatoria a un paro activo,
con cortes de ruta”, explicó un mandatario justicialista que
no simpatiza con el camionero Hugo Moyano. “Moyano debería
medir las consecuencias de sacar a la gente a la calle en estos momentos”,
agregó el dirigente.
El gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, que hace un par de meses selló
un pacto político con el líder de la CGT disidente, también
se ocupó de tomar distancia de los posibles desbordes de la medida
de fuerza. “Que no haya violencia y que a ningún comerciante
le arruinen la vida, y además que a ningún hombre o mujer
que vaya con sus chicos al colegio lo perturben”, pidió.
El PJ bonaerense que preside Eduardo Duhalde evitó, al igual que
el Consejo Nacional partidario, elaborar un pronunciamiento orgánico
referido a la medida de fuerza. “No tuvimos la oportunidad de reunirnos
para analizar el paro convocado por las dos centrales obreras”, argumentó
uno de los integrantes de la conducción del peronismo bonaerense.
El mismo dirigente, diputado nacional, agregó que el duhaldismo,
tal como lo manifestó Ruckauf, teme que la movilización
de activistas para producir cortes de calles y rutas pueda derivar en
episodios de violencia que desborden la contención de los dirigentes
sindicales.
En este mismo sentido Ruckauf le encargó a su ministro de Seguridad,
Ramón Verón, desplegar un operativo de seguridad del que
participarán unos 2500 efectivos policiales destinado a garantizar
el libre tránsito por las rutas provinciales y calmar los ánimos
de los exaltados.
La única adhesión formal que los caciques sindicales recibieron
del peronismo partió del bloque de diputados, con la firma del
jefe de la bancada, Humberto Roggero, y del histórico Saúl
Ubaldini.
“Los representantes de los trabajadores están en todo su derecho
de hacer sentir sus reclamos”, es la frase que repiten calcada los
jefes del PJ que no le ponen la firma a un paro que, por lo bajo, consideran
al menos inoportuno.
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