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Por Eduardo Tagliaferro
 Un día después
de haber renunciado al juzgado que tenía a su cargo, Pablo Bruno,
acusado de haber tolerado torturas a un grupo de detenidos involucrados
en el denominado “Robo del Siglo”, fue incorporado oficialmente
al plantel de la SIDE. Anteayer, en un expeditivo trámite, el gobierno
nacional aceptó la renuncia de Bruno al Juzgado de Instrucción
Nº 28 y con ello lo liberó de defenderse frente al Consejo
de la Magistratura que tramitaba su destitución. Ayer fue designado
responsable de la estratégica repartición Asuntos Internos,
encargada de controlar a los espías nativos.
Un destacado funcionario de la SIDE ratificó ayer a Página/12
que el nombramiento de Bruno “respondía a la necesidad de
cubrir un puesto que históricamente estaba vacante” y que
“es imprescindible cubrir en toda fuerza que participa de actividades
tan sensibles como la investigación de hechos casi siempre conectados
con el delito”.
Hombres de la SIDE sugirieron a este diario que la incorporación
de Bruno estaba destinada a poner fin a “algunos comportamientos
de agentes de dudosa filiación democrática”. Si bien
el nombramiento de Bruno se efectivizó ayer, hace varios días
que se podía ver al ex juez deambular por las oficinas de la central
de inteligencia.
De buenos contactos con la Policía Federal, Bruno se caracteriza
por tener una fluida relación con el operador radical Enrique “Coti”
Nosiglia. Esa misma relación le permitió entablar estrechos
contactos con el ex titular de la SIDE, el menemista Hugo Anzorreguy.
De esa relación dio cuenta este diario cuando registró el
encuentro de Bruno con Anzorreguy y Nosiglia, en el paquete café
porteño La Biela.
Algunos colaboradores que acompañaron a Nosiglia en su paso por
el Ministerio del Interior recordaron a Página/12 que para esclarecer
el secuestro del empresario Osvaldo Sivak, el hoy secretario general del
radicalismo contó con la ayuda de un oficial de inteligencia de
la Policía Federal, precisamente el padre del nuevo funcionario
de la SIDE.
“Es una etapa superada en mi vida”, dijo Bruno al fundamentar
su alejamiento de la Justicia. Su carrera había comenzado hace
muchos años y una de las actuaciones que lo pondría en la
primera plana de los diarios fue la detención de Aníbal
Gordon, jefe de la banda parapolicial Triple A, que durante el gobierno
de Isabel Perón operaba desde las mismas oficinas de la SIDE que
desde hoy el ex juez ocupará oficialmente.
En esa ocasión, Bruno se desempeñaba como secretario del
juez Lucio Somoza y apareció fotografiado junto a Gordon y a un
oficial de inteligencia de la Policía Federal que lo llevaba esposado.
El oficial se llamaba Carmelo Spataro. Una curiosidad de la historia volvió
a reunir a Spataro y a Bruno en un expediente judicial. Fue diecisiete
años después, cuando el Tribunal Oral Nº 9 lo acusó
a Bruno de haber tolerado la tortura de los detenidos por el asalto a
la empresa transportadora de caudales Firme SA, cuyo titular era, curiosamente,
Carmelo Spataro.
Esta extraña amistad tal vez explique la “diligencia”
puesta de manifiesto por el magistrado en la búsqueda de los 14
millones robados a la empresa de caudales. “Media Policía
Federal argentina se movilizó junto a dos jueces y secretarios,
cuando apareció parte del dinero”, dijo en ocasión
del juicio oral, el fiscal general del Tribunal Nº 9. Bruno también
había sido acusado por “tortura psicológica” durante
una declaración indagatoria por Carmen Lapacó, integrante
de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien había
denunciado ante su juzgado un robo en el Centro de Estudios Legales y
Sociales.
Fuentes de la SIDE consultadas por este diario minimizaron los antecedentes
de Bruno y, descalificando la acusación que el ex juez tiene por
haber presenciado torturas, dijeron que “la denuncia la hacen quienes
precisamente son acusados de participar en el ‘Robo del Siglo’”.
A la hora de las especulaciones, los hombres de la SIDE señalaron
su malestar por la difusión de la noticia y responsabilizaron por
la filtración a “algunosespías molestos por la designación
de quien de ahora en más deberá controlarlos”.
{ITALIA
PIDIO UN RESARCIMIENTO PARA LAS VICTIMAS
Para que los genocidas además paguen
Laura
Termine
Desde Roma
Un abogado del gobierno italiano
pidió ayer a una Corte de Roma diez mil millones de liras –alrededor
de cinco millones de dólares– de resarcimiento moral por los
asesinatos de siete ciudadanos italoargentinos y la desaparición
de un bebé durante los años de la dictadura y la cadena
perpetua para los ex generales Guillermo Suárez Mason y Santiago
Riveros imputados en Italia por esos crímenes. Giovanni Piero De
Figueredo, que representa al primer ministro italiano en el juicio contra
los ex generales y cinco militares subordinados de Riveros, solicitó
al Segundo Tribunal Criminal de Roma alrededor de 500.000 mil dólares
por cada una de las víctimas y cerca de un millón y medio
de dólares por el secuestro y cambio de identidad del hijo de Laura
Carlotto, nacido en cautiverio.
Sin embargo, será casi imposible que los imputados deban erogar
esa suma a las arcas del Estado italiano, ya que no existen herramientas
legales para hacer cumplir una eventual sentencia favorable, tratándose
de un juicio cuyos imputados son de otra nacionalidad.
De Figueredo pidió también cadena perpetua para el resto
de los imputados. “Sean despiadados como fueron despiadados estos
siete imputados contra nuestros conciudadanos, pero aplicando el derecho”,
les dijo el abogado a los miembros de la Corte de Assise después
de pedir las condenas.
Durante su alegato de cuatro horas, De Figueredo jugó a proponer
los posibles argumentos de la defensa y uno a uno los fue desacreditando,
ante la mirada incrédula de los defensores de Suárez Mason
y Riveros, que actúan de oficio. El abogado del gobierno resumió
los años de “piombo” en Italia recordando algunos de
los atentados terroristas más sangrientos, como la masacre de Piazza
Fontana, negando que la existencia de la subversión pueda justificar
la represión desenfrenada de Estado. “En Italia todo esto
no generó una dictadura militar, no hubo centros clandestinos de
detención, ni torturas, ni desaparecidos”, sentenció.
Después desestimó la posibilidad de que los ex generales
actuaran sólo obedeciendo órdenes superiores.
“Suárez Mason y Riveros participaron del golpe del ‘76,
tuvieron puestos de comando importantes que no se le darían a cualquiera,
no eran obligados a obedecer órdenes de todo tipo, podían
jubilarse”, ironizó. Dirigiéndose a los nueve jurados
populares, el abogado del Estado italiano reconoció la falta de
pruebas directas contra los militares, “Suárez Mason y Riveros
no empuñaron el arma homicida y nadie los vio dar las órdenes
de matar a las víctimas de este juicio”, dijo De Figueredo,
e inmediatamente recordó el artículo 110 del Código
Penal que prevé la condena a quienes participen de un delito como
mandantes u organizadores.
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