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 “Me sorprenden esos reclamos,
pues estamos trabajando juntos y muchos de ellos ya están en marcha.
Estamos en el mismo camino. Yo no hago reproches”, le contestó
el presidente Fernando de la Rúa al titular de la poderosa cámara
de la Industria Alimentaria, Alberto Alvarez Gaiani, quien minutos antes
–durante los festejos del 25º aniversario de la Copal en la
Rural– había desgranado un rosario de reclamos empresariales
para salir de la recesión. Otro empresario que le recordó
al gobierno que los mercados financieros no deben ser el único
motivo de los desvelos oficiales fue el titular de la Unión Industrial
Argentina, Osvaldo Rial, quien sugirió que al “blindaje financiero”
que se negocia con el FMI habría que sumarle “préstamos
por 5000 millones de dólares para reactivar la producción
y atender la situación social”, e insistió con que
la entidad iría a Washington para plantearle el tema al Fondo Monetario.
“Es necesario conformar la real Alianza entre la Producción,
el Estado y el Trabajo”, aseguró De la Rúa, durante
la celebración de la Copal, que nuclea a las principales multinacionales
de alimentos que operan en el país. Y se ilusionó con que
las exportaciones alimenticias crezcan un 50 por ciento y que “sean
la llave para volver a crecer”.
Poco antes, Alvarez Gaiani había desglosado los reclamos del sector.
“Debe intensificarse un fuerte ataque a la política internacional
de subsidios y protecciones paraarancelarias que perjudican a nuestra
nación, coordinando y mejorando la acción conjunta de gobierno
y empresarios en las negociaciones internacionales”, dijo Gaiani.
Y agregó que también era necesario seguir avanzando “en
medidas de reducción del gasto público, no en base al recorte
de salarios y jubilaciones, por su consecuente caída del poder
adquisitivo”. En cambio, pidió, entre otras cosas, “la
reducción de sueldos de funcionarios y la eliminación de
las jubilaciones de privilegio”. En tanto que advirtió que
“si los políticos siguen con sus mezquindades”, la situación
económica del país “será a corto plazo muy difícil”:
“es impensable la coexistencia de argentinos sin recursos suficientes
para necesidades básicas con funcionarios políticos con
ingresos superiores a los de otros países mucho más desarrollados”,
aseguró.
Para salir de la recesión, Gaiani solicitó “activar
cuanto antes el plan de obras públicas”; desgravar de Ganancias
los aumentos de importaciones en relación a este año, “con
la condición de que ese ahorro impositivo sea invertido en el país”;
y la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta,
a los intereses pagados por las empresas, Sellos e Ingresos Brutos en
las provincias. También propuso la generalización completa
del IVA y una reducción de la alícuota del 21 al 18 por
ciento.
“Muchos de esos reclamos ya están en marcha”, respondió
De la Rúa y destacó que el acuerdo con las provincias permitirá
“lograr ahorros, buscar competitividad, conseguir inversiones, incrementar
las exportaciones y generar trabajo”, porque “hará que
el Estado necesite menos financiamiento”.
Por su parte, Rial, titular de la UIA, dijo desde España, donde
se encuentra participando de un seminario empresario, que “hemos
tenido la oportunidad de acceder a un blindaje, pero no es la solución
de fondo”. Y recordó que “el staff del FMI plantea sólo
el ajuste. Pero creemos que con claridad de nuestra parte y demostrando
la viabilidad de nuestras propuestas podemos llegar a un acuerdo para
poner en marcha un plan de reactivación y crecimiento”, afirmó.
Los dirigentes de la Unión Industrial piensan conformar una comisión
especial que viajaría a Washington para reclamar ante el Fondo
por medidas reactivantes. Y en esa línea, Rial sostuvo ayer que
sería necesario un “blindaje adicional” de unos 5000
millones de dólares en préstamos para atender los reclamos
sociales y de los sectores productivos.
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La caída fue
mayor
El INdEC corrigió ayer las cifras del Estimador Mensual
Industrial (EMI), dando por resultado que la caída de la
producción durante octubre fue mayor a la anticipada hace
una semana, al alcanzar el 3,5 por ciento respecto a igual mes del
año pasado y un 1,4 respecto a septiembre. Hace diez días
la Secretaría de Programación Económica había
adelantado que la actividad industrial había caído
durante octubre un 1,2 por ciento respecto a septiembre y un 3,3
por ciento en relación a octubre de 1999. A pesar de esta
corrección negativa, el EMI mantiene para los primeros diez
meses del año un incremento del 0,8 por ciento respecto a
igual período de 1999.
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ADEFA
NO ESTA CONFORME CON EL ACUERDO AUTOMOTOR
Tienen mucho y quieren más
Por Claudio Scaletta
El acuerdo intergubernamental
para destrabar la entrada en vigencia de la política automotriz
bilateral entre Brasil y la Argentina fue rechazado por las terminales
locales agrupadas en Adefa. Aunque la firma del convenio alcanzado a última
hora del martes pareció poner fin a la comedia de enredos sobre
el contenido de piezas locales, los funcionarios se desayunaron con el
enojo de los fabricantes de automóviles. En un comunicado Adefa
sostuvo que el texto acordado “no respeta lo conversado” y “perjudicará
gravemente los intereses” de la mayoría de las terminales.
Para el secretario de Industria, Javier Tizado, “el acuerdo permitirá
una mayor integración local” de piezas. Las autopartistas,
en tanto, confiaron en que en la reunión que mantendrán
empresarios y gobiernos se aclararán las disputas.
La causa del enojo, que por las idas y venidas en las negociaciones ya
está cerca del papelón, fue la persistencia en el ánimo
de la Secretaría de Industria de llevar adelante una tenue política
industrial. Se supone que frente a la definición de la integración
productiva regional en un sector como el automotor, donde son prácticamente
las mismas firmas las que se encuentran a ambos lados de la mesa de negociación,
después del acuerdo entre privados sigue la convalidación
jurídica de los gobiernos.
Algo de esto pareció haber sucedido durante el pasado martes, cuando
los negociadores máximos designados por ambos gobiernos, Javier
Tizado y el ministro especial para el Mercosur de Brasil, José
Botafogo Goncalves, firmaron un acuerdo en el que esmerilaban el odioso,
para las terminales, punto que establecía la medición del
nivel mínimo de piezas locales.
Según lo convenido, la nueva forma de medición permitiría
optar entre el viejo sistema “pieza por pieza” o, como demandaban
las automotrices, “por procesos” o conjuntos fabricados. En
este caso, se eleva el porcentaje del 30 al 44 por ciento para automóviles
y utilitarios livianos y 37 por ciento para el resto de los vehículos.
Aunque fuentes de Adefa consideraron que la convivencia de dos sistemas
era “desprolijo”, no fue éste el punto que motivó
el rechazo sino algunos otros “deslices” de los funcionarios.
La tenue voluntad de política industrial para lograr mayores niveles
de integración local introdujo subrepticiamente en la letra del
acuerdo algunos puntos que se apartan de la voluntad de las terminales.
Entre ellos, principalmente, el fijar un máximo del 32,5 por ciento
(sobre el citado 44) de contenido importado. Las terminales quedaron así
abiertamente enfrentadas con el secretario Tizado, quien declaró
que “el actual nivel de integración “es un piso”
sobre el cual “plantear un objetivo de crecimiento para esa integración
en un plazo razonable de un par de años”, un objetivo al que
se oponen empresas que han trasladado al exterior su producción
de líneas completas de componentes, con la consecuente desestructuración
industrial local.
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