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Por Carlos Rodríguez
 “Le diría a la
sociedad que siga pidiendo Justicia, como lo hizo en su momento, porque
con nuestra condena lo que hicieron fue cerrar una causa como si fuera
un paquete, pero les entregaron un paquete vacío.” Después
de estar más de seis años preso, Cristian Suárez,
condenado a diez años de prisión por el crimen del soldado
Omar Carrasco, insistió ayer en declarar su inocencia al salir
en libertad condicional junto con el ex conscripto Víctor Salazar,
quien había recibido la misma pena. “La gente no se va a olvidar
del caso Carrasco porque terminó con el servicio militar y lo que
nosotros esperamos es que no nos vean como los asesinos, porque no lo
somos”, puntualizó Suárez en diálogo telefónico
con Página/12, mientras llegaba en automóvil a su casa de
la localidad neuquina de Plaza Huincul, a 100 kilómetros de Neuquén
capital, acompañado por las bocinas de una caravana de autos. “Es
una forma de apoyarnos y respaldar lo que venimos diciendo acerca de nuestra
inocencia”, interpretó Suárez.
La libertad condicional de los dos ex soldados fue firmada ayer por la
tarde por la jueza Aydée Vasquez Villar, integrante del Tribunal
Oral que los había condenado el 31 de enero de 1996, a casi dos
años del crimen ocurrido en marzo de 1994. En ese juicio también
se dictó la condena a 15 años de prisión del subteniente
Ignacio Canevaro, preso en Ezeiza. Para dictar la condicional se tuvo
en cuenta la ley del “dos por uno”, pero apenas significó
una reducción de cuatro meses y 18 días. El pedido para
que fueran dejados en libertad fue avalado por el fiscal Manuel de Reyes
Balboa, el mismo que los había considerado culpables del homicidio.
“Lo que sigue pendiente es demostrar que somos inocentes y que el
caso Carrasco no está cerrado con las condenas que nos aplicaron”,
dijo Víctor Salazar a los periodistas que esperaron la salida de
los ex conscriptos en la puerta de la Unidad 12 de la Policía de
Neuquén, en las proximidades del aeropuerto de esa ciudad. “Esto
fue una injusticia que todavía puede quedar al desnudo si se hace
el juicio por el encubrimiento del crimen, que está siendo demorado
por el escándalo que podría generar”, opinó
Salazar. Esa causa, que tiene más de dos años de postergación
luego de su pedido de elevación a juicio, involucra a cerca de
una decena de altos jefes militares que tenían mando cuando ocurrieron
los hechos.
“Estar de vuelta en la calle parece un sueño”, fue la
primera frase que pudo armar Cristian, abrazado a su madre, Berta, quien
ahora espera “recuperar el tiempo que me robaron de la juventud de
mi hijo”. El joven ingresó al servicio militar a los 19 años,
fue detenido el 20 de junio de 1994 y condenado en enero de 1996. Ahora
tiene 27 años y un objetivo que se parece mucho a una obsesión:
“Para nosotros fueron años de sacrificio, de saber que nos
estábamos comiendo un garrón, de luchar desde adentro para
tratar de decir que éramos inocentes y ahora, en libertad, vamos
a seguir el mismo camino”.
La idea fija parece involucrar a toda la familia, incluida la menor de
los Suárez, que tenía 12 años cuando le “arrebataron”
–así lo expresa ella– a su hermano. Silvina Suárez,
que ahora tiene 18, es estudiante de abogacía porque quiere “estar
capacitada para demostrar algún día que Cristian es inocente”.
Aseguró que sus compañeros de estudio nunca la discriminaron:
“Jamás me dijeron ‘sos la hermana de un asesino’,
me apoyaron y acompañaron en el dolor de saber que había
una injusticia”.
Cristian Suárez aseguró que está bien en Plaza Huincul.
“Teníamos miedo con Víctor sobre cómo nos recibirían,
pero en las salidas transitorias (de las que gozan desde hace más
de un año) siempre hemos sido bien tratados porque creo que se
dan cuenta que no somos dos asesinos”. Mientras Suárez está
en el segundo año de Administración de Empresas, una carrera
de tres, Víctor Salazar está completando sus estudios secundarios
y ayer regresó a su pueblito de Godoy, en Río Negro, a 100
kilómetros de Neuquén. “Lo más fácil
era decir que nosotros fuimos los asesinos, en vez de investigar a fondo
y descubrir una verdad mucho más oscura”, sostuvo Suárez.
“Es cierto, ahora soy otra persona. Era muy mamero y tuve que aprender
a defenderme porque en la cárcel es muy duro todo”, admitió
refiriéndose a un evidente cambio en su personalidad. Marcelo Inaudi
y Daniel Valencia, abogados de Suárez y Salazar, están convencidos
de que el juicio por el encubrimiento “puede llegar a la verdad,
si es que se hace de una buena vez”. En la causa hay elementos que
hacen sospechar que Carrasco pudo haber muerto por mala asistencia médica
en el Hospital Militar del Cuartel de Zapala, donde ocurrió el
crimen. Eso reduciría la responsabilidad de los dos condenados,
aún cuando se mantenga la hipótesis que se dio por cierta
en el juicio y que indicó que ellos golpearon a Carrasco.
AUTORIZAN
EL MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO
Buenas noticias para Constantini
Por Eduardo Videla
El Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires (Malba), que construye en Palermo el empresario Eduardo
Constantini, ya tiene el visto bueno de la Legislatura porteña.
Tal como adelantó Página/12, la Comisión de Planeamiento
Urbano aprobó ayer el dictamen que avala tanto la construcción
del edificio como su ampliación fuera de las normas del Código
de Planeamiento Urbano, y sería sancionado por el cuerpo antes
del 15 de diciembre. Sin embargo, Constantini deberá esperar un
tiempo más para exhibir allí su colección: como toda
excepción, debe someterse a una audiencia pública y a una
nueva votación de los diputados.
El controvertido edificio, que se levanta en la avenida Figueroa Alcorta
y San Martín de Tours, ya está prácticamente terminado,
pero como Constantini pidió un permiso para techar la terraza y
habilitar así un nuevo salón, supeditó la inauguración
a la aprobación de ese trámite. La Legislatura debía,
además, salvar otra omisión: el Código sólo
autoriza en esa zona la habilitación de museos en edificios históricos,
preexistentes, y no en nuevas construcciones.
En el dictamen, se le impuso a Constantini una sola condición:
“Que el museo tenga acceso libre y gratuito para todos los estudiantes
del sistema público”, dijo a Página/12 el titular de
la comisión, Marcelo Vensentini.
Constantini construyó el museo para reunir allí su colección
de obras de artistas latinoamericanos, una de las más importantes
del mundo: son más de 200 obras de unos 60 autores, entre ellos,
Antonio Berni, Frida Khalo, Cándido Portinari, Xul Solar y Guillermo
Kuitca. La propuesta cosechó el apoyo de todo el espectro de la
cultura local, pero generó encontronazos entre los vecinos: mientras
unos lo apoyan, otros lo critican porque dicen que provocará un
importante impacto ambiental en el barrio.
La aprobación del proyecto no respetó colores partidarios:
lo apoyaron Vensentini, Clori Yelicic y Ricardo Bussaca (de la Alianza)
e Irene López de Castro (Encuentro por la Ciudad), mientras que
se abstuvieron Miguel Doy (Encuentro), Antonio Crespo Campos (Alianza)
y Eduardo Valdez (PJ).
Los legisladores también acordaron suprimir del Código de
Planeamiento Urbano toda restricción a la habilitación de
museos en la ciudad”, de acuerdo con un proyecto presentado por las
diputadas López de Castro y Pimpi Colombo, de Encuentro por la
Ciudad.
“No queremos que se siente un precedente”, rebatió por
su parte Miguel Doy, tras fundamentar su abstención en “las
irregularidades que detectamos en el expediente, ya que un funcionario
del Ejecutivo autorizó el museo cuando ese trámite debió
hacerlo la Legislatura”. Se refería al director de Interpretación
Urbanística, Francisco Prati, denunciado ante la Justicia por un
grupo de vecinos, por mal desempeño de sus funciones.
Los legisladores, finalmente, desestimaron la posibilidad de aprobar la
norma a cambio de una contraprestación de Constantini para financiar
mejoras en edificios del área de la Secretaría de Cultura,
como se pensó en un principio. “Lo aprobamos porque el proyecto
es bueno para la ciudad desde el punto de vista urbanístico”,
concluyó Vensentini.
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