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Por Eduardo Videla
 En los edificios del futuro
no habrá puertas giratorias ni molinetes. En todos los desniveles,
además de escalones, habrá rampas y la salida estará
señalizada en idioma braille. Las salas de espectáculos
tendrán un porcentaje de sus localidades reservadas para sillas
de ruedas y deberán contar con un sistema de sonorización
asistida para hipoacúsicos. Y en los campos de deportes deberán
instalarse bebederos de 75 centímetros de alto, accesibles para
niños y personas de baja estatura. Estos son algunos de los requisitos
exigidos para los edificios públicos y privados, con asistencia
masiva de personas, que se construyan de aquí en más, según
lo establece la reforma al Código de Edificación de la ciudad
de Buenos Aires –que la Legislatura prevé aprobar el jueves
próximo–, que pone especial énfasis en posibilitar
el acceso físico a las personas con discapacidad.
De a poco, Buenos Aires se irá convirtiendo en una ciudad menos
hostil a aquellos que hoy no pueden acceder, por ejemplo, a un registro
civil, una función de cine o teatro, o un espectáculo deportivo:
no videntes, hipoacúsicos y personas en silla de ruedas, pero también
mujeres que llevan un bebé en cochecito, embarazadas, ancianos
y los niños más bajitos.
La norma no será aplicada en forma inmediata a su aprobación:
debe pasar por el denominado trámite de “doble lectura”,
por lo que se debatirá en una audiencia pública, para ser
nuevamente tratada por la Legislatura. Se trata de un proyecto presentado
por el Ejecutivo en octubre de 1999, pero cuyo punto de partida fue “un
estudio realizado por el Centro de Investigaciones de Barreras Arquitectónicas
y Urbanísticas, de la Facultad de Arquitectura de la UBA”,
explicó el diputado Marcelo Vensentini, uno de los impulsores del
proyecto.
La norma establece que en los edificios públicos o privados con
concurrencia masiva “se utilizarán plataformas mecánicas
elevadoras o que se deslicen sobre una escalera para sillas de ruedas”.
Los sanitarios para discapacitados deberán instalarse no sólo
en los centros comerciales y oficinas públicas sino en salas de
espectáculos, estadios deportivos y locales bailables.
Las puertas giratorias estarán prohibidas en edificios a construir
o a remodelar. Y en el caso de las existentes, sólo podrán
permanecer si se complementan con una o más puertas comunes que
garanticen la accesibilidad. Lo mismo ocurrirá con los molinetes.
En los lugares destinados a espectáculos públicos deberá
reservarse el 2 por ciento de la capacidad total de la sala para usuarios
en silla de ruedas, en platea, planta baja o lugares equivalentes. En
los estadios deportivos, los espacios reservados se reducirán al
1 por ciento del total. En cuanto a los institutos de enseñanza,
deberán ser construidos sin ningún tipo de desnivel entre
la vía pública y el interior. Y adentro, en el caso de existir
escaleras, éstas deben ser complementadas con medios de elevación
mecánicos.
El proyecto ya tiene despacho de comisión y todo indica que será
tratado el jueves. “Las modificaciones propuestas fueron analizadas
y consensuadas con entidades como la Cámara Argentina de la Construcción,
el colegio Profesional de Ingenieros, la Comisión Pro Medios Accesibles
y la Fundación Rumbos, defensora de los derechos los discapacitados”,
dijo Vensentini a Página/12. La reforma tendrá una segunda
etapa, destinada a adecuar las áreas internas de las viviendas,
con el mismo concepto de accesibilidad.
REDUCEN
EL VALOR DE VIVIENDAS
Las cuotas que bajan
Como en el reino del revés,
las viviendas de las familias más humildes de la ciudad estaban
sobrevaluadas hasta en un 30 por ciento de su valor real: sobre 5700 familias,
la mitad ya no estaba al día con el pago de su deuda con la Comisión
Municipal de la Vivienda y sólo el 15 por ciento de ellos había
podido escriturar. Ayer, el gobierno porteño firmó un acuerdo
con los afectados para reducir el valor de las viviendas y establecer
un nuevo régimen de cuotas para que puedan afrontar su deuda.
El acuerdo fue firmado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra,
y el titular de la CMV, Eduardo Jozami, con representantes de ocho barrios
de la zona sur de la ciudad: Presidente Illia, Cardenal Samoré,
Cardenal Copello, Lafuente, Savio III, Rivadavia II, Consorcio 16 y Donizetti.
Los barrios fueron construidos en las décadas del 70 y 80 y su
valuación supera no sólo el costo real de estas casas sino
también su precio en el mercado inmobiliario.
Una comisión mixta integrada por representantes de todos los bloques
de la Legislatura y de la CMV llegó a conclusiones como ésta:
en el barrio Donizetti, los departamentos tenían una valuación
original que rondaba los 1000 pesos el metro cuadrado. Con el acuerdo
firmado ayer, el valor se redujo a 620 pesos.
La sobrevaluación tenía otros efectos sobre los vecinos,
sus viviendas y el propio gobierno: como las cuotas son altas, los vecinos
tampoco pagan las expensas, lo que produce un alto déficit de mantenimiento
de los edificios, con problemas de humedad, filtraciones y caños
rotos. Mientras tanto, la CMV debe afrontar las deudas con las administraciones.
El acuerdo firmado ayer involucra a 5719 familias. Se produjo un revalúo
retroactivo de las propiedades, de hasta un 30 por ciento y los vecinos
deberán pagar las cuotas según ese cálculo. Las deudas,
además, se cancelarán con planes financieros que contemplen
la capacidad de pago de cada familia, con plazos de hasta 30 años
e interés cero. El revalúo también será aplicado
a las cuotas que ya se pagaron.
“Los acuerdos alcanzados con los representantes de los barrios contemplan
una demanda social más que justificada: la de ajustar a la realidad
los valores que cada familia paga por su vivienda”, dijo Jozami,
tras la firma del convenio.
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