Judiciales del proceso

El ex fiscal Gustavo Demarchi, que fue candidato a intendente del partido General Pueyrredón por el PJ en 1983, no es el único miembro de la Justicia marplatense salpicado por sus acciones durante la última dictadura militar. Víctor Manuel Montti, actual fiscal ante la Cámara Federal de la ciudad balnearia, era en 1976 secretario del juez federal Fernando Mántaras, colaborador activo en la represión. El otro secretario del juzgado era Víctor Hermes Brusa, destituido de su cargo por haber atropellado con su lancha a un nadador y huir sin prestarle socorro. En la remoción de Brusa tuvieron mucho que ver los testimonios que varios sobrevivientes de los campos de detención santafesinos hicieron ante el Consejo de la Magistratura. Los ex detenidos relataron cómo Brusa los obligó a firmar declaraciones obtenidas en sesiones de tortura y cómo se reía y los amenazaba. Rubén Maulin declaró ante la Conadep: “Cuando nos toman declaraciones indagatorias en la seccional 4, en presencia del juez federal Mántaras y los secretarios Montti y Brusa, nos encontrábamos descalzos, mojados y con signos de haber recibido apremios de todo tipo; y como ignorando nuestro estado nos preguntaban si habíamos sido objeto de malos tratos y ante nuestra respuesta afirmativa respondieron que la habíamos sacado liviana”.

El Oral y no la Cámara

Pese a que en otras partes del país son las Cámaras Federales las que llevan adelante los Juicios por la Verdad, en Mar del Plata los organismos de derechos humanos optaron por hacer la presentación en el Tribunal Oral. Uno de los motivos que los llevaron a tomar esta decisión fue la presencia en la Cámara de Gustavo Demarchi como conjuez, lo que implicaba que si se producía una excusación o una recusación, el ex fiscal podría haber intervenido como magistrado en el juicio. Otra razón de peso para presentarse en el Tribunal Oral, fue que la Cámara Federal, donde existe una vacante disponible, se iba a completar por el juez de primera instancia Daniel Vázquez. Este magistrado tenía desde 1995 una denuncia sobre casos de desapariciones y nunca hizo un movimiento en la causa. Vázquez –según argumentaron los organismos al defender la competencia del Tribunal Oral– “negó a los denunciantes el carácter de parte, impidió la presencia de los denunciantes en audiencias testimoniales, sólo autorizó la presentación de interrogatorios por escrito y archivó la causa en menos de un año”. La Cámara Federal .-con Demarchi en las sombras, según dicen en Mar del Plata– reclamó para sí el Juicio por la Verdad, pero el Tribunal Oral ganó la pelea y confirmó que será él el encargado de investigar el destino de los desaparecidos.

Volviendo sobre La Tablada

El presidente de la Nación envió al Congreso antes de partir para España a firmar la curiosa prórroga de la explotación de Loma de la Lata, un proyecto de ley modificatorio del Código Procesal Penal que tiene implicancia directa con el caso de los condenados por el intento de copamiento del cuartel militar de La Tablada. El nuevo texto, en lo principal, copia el Proyecto del senador por San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que como se recordará, lleva varios meses en el Congreso sin poder obtener tratamiento. En parte esa responsabilidad se debió al conlicto interpretativo y de opiniones que enfrentaba al proyecto Rodríguez Saá con el del diputado Torres Molina: Rodríguez Saá agrega un inciso al recurso de revisión del Código Procesal Penal, lo que presupone que quien pueda plantear la revisión tenga la condición de condenado por sentencia firme. Torres Molina, en cambio, en un proyecto muy discutido pero que tuvo aval inicial de otros diputados, derogaba en su proyecto de ley de defensa de la democracia por la que fueron condenados y permitía que se planteara un recurso de casación.
Si una persona puede recurrir a la casación es porque se encuentra procesado y no condenado como requiere la revisión. La diferencia no es menor pues si los condenados por La Tablada fueran tenidos como procesados, el tiempo que llevan en detención se computaría por la regla del “dos por uno”. por cada día de procesado sin condena definitiva luego de los dos años iniciales, se computan dos días de detención, que en el caso de La Tablada sucedido hace 11 años, importaba la libertad automática por agotamiento de la condena. A pesar de las diferencias esenciales entre los dos proyectos la prensa y varios legisladores, como lo vienen demostrando negándose a dar quórum, los confundieron asimilándolos y negándose a pagar el costo político de una libertad que no deseaban quienes fueron condenados en plena época de gobierno constitucional.
El Proyecto del Poder Ejecutivo agrega una frase notable al inciso creado diciendo: “En todos los casos deberá considerarse el período de detención cumplido por el peticionante, como parte de la condena impuesta por sentencia firme”. Sorprendente este agregado que constituye una auténtica verdad de Perogrullo en un gobierno donde tanto el presidente de la Nación como el actual ministro de Justicia son dos reconocidos procesalistas: lo expuesto equivale a decir “en caso de condena, el tiempo cumplido en condena debe tenerse como parte de la condena”. Flaco favor este agregado a un texto que no puede ser entendido de otra manera. Pero en nuestro país la política y sus costos hasta dominan el lenguaje de las leyes que suele ser más preciso y con tal de que nadie entienda lo que es imposible no entender, el proyecto del Ejecutivo regala esta aclaración adicional.
En 1994 con la reforma de la Constitución se le concedió jerarquía constitucional a varias Convenciones de Derechos Humanos como sucede con el Pacto de San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana de dicho pacto, que recibe denuncias de particulares cuando agotaron los recursos internos en los estados miembros, y que se encuentra compuesta por reconocidos juristas en derecho internacional como los profesores de la American University Claudio Grossman y Bob Goldman, el profesor de Notre Dame Juan Méndez, entre otros, declaró reiteradamente que Argentina violó el Pacto con relación al procedimiento instaurado por la Ley de Defensa de la Democracia nº 23.077. En efecto, el Pacto de San José reconoce entre las garantías judiciales la posibilidad de recurrir el fallo, y la ley por la que los implicados en el copamiento de La Tablada fueron condenados establece una única instancia. Es claro que el texto de la ley contraria al Pacto. La comisión no dice que nadie deba ser libertado sino merece, o que se aplique el famoso “dos por uno”. La comisión que controla el cumplimiento del Pacto al que nos hemos obligado internacionalmente reclama que se de posibilidad de doble instancia. La revisión del caso tanto por el proyecto de Rodríguez Saá como por el del presidente De laRúa conceden la revisión y no disponen ninguna libertad. Esto queda reservado para los jueces. Pero el Congreso no puede seguir jugando a las escondidas.
La última instancia la ha jugado el poder judicial, donde tanto la Cámara de Casación en una decisión anterior como el martes la Corte Suprema, con la disidencia del ministro Petracchi, rechazando un hábeas corpus presentado, se negaron a declarar admisible una revisión que gracias a la inacción de los legisladores, no se encuentra aún prevista en el procedimiento penal vigente. Otro flaco favor a la justicia. Cuando la política impone el ritmo con el que se deben tomar las decisiones, los jueces del máximo tribunal demostraron poder dar libre rienda a su imaginación con creaciones como la del per saltum, sin lugar a dudas, mucho más dudosa que habilitar en el caso que comentamos una segunda instancia ante compromisos internacionales asumidos. Pero ya que somos tan imaginativos, ¿no habrá llegado la hora de considerar un decreto de necesidad y urgencia que solucione la ausencia en el recinto de los legisladores del propio partido gobernante? Estaremos quizás aburridos o dominados, pero se espera de un estadista que no nos deje perdurar en el incumplimiento de las obligaciones internacionales y que de los pasos para habilitar la segunda instancia que reiteradamente, con vergüenza ajena se nos viene reclamando.
Argentina se ha comprometido a respetar los derechos concedidos en el Pacto y a garantizar su ejercicio y ha recibido claras recomendaciones de la Comisión que debería seguir, tanto por ser las mismas vinculantes como organismo de verificación de incumplimiento constatado de forma irrebatible, como por ser anticipo de una segura condena judicial de la Corte de San José. Perseverando en el incumplimiento de las obligaciones internacionales Argentina sólo incrementa su responsabilidad. Eso significa que la inacción de los que nos representan terminaremos pagándola todos.

* Doctor en Derecho, Universidad del Sarre (R.F.A.). Profesor U.B.A.