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Por Manuel Delano
Desde
Santiago de Chile
 El ex dictador chileno Augusto
Pinochet obtuvo ayer una victoria pírrica en la Corte Suprema de
Santiago. Si bien el fallo de la segunda sala penal de la Corte confirmó
por cuatro votos contra uno la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago que anuló en primera instancia el auto de procesamiento
en contra de Pinochet y la orden de arresto domiciliario, por la falta
de declaración indagatoria del inculpado, ordenó al mismo
tiempo al juez Juan Guzmán someter a interrogatorio al desaforado
general en un plazo perentorio, antes de 20 días, es decir hasta
el 9 de enero de 2001 como máximo, independientemente de si se
han practicado o no los exámenes médicos al inculpado.
La resolución fue recibida como un triunfo por los querellantes
a pesar del término del auto de procesamiento de Pinochet, porque
abre las puertas para que el ex dictador sea nuevamente encargado reo
por el juez Guzmán, después de que interrogue al inculpado.
Pero también el fallo fue bien acogido por la defensa del desaforado
senador, que desde antes de la sentencia estaba presionando para que Pinochet
fuera sometido cuando antes a los exámenes médicos –psiquiátricos
y neurológicos– que, esperan, demostrarán que no se
encuentra en condiciones de salud para enfrentar un proceso y ni siquiera
de ser interrogado. Guzmán, poco después de conocerse la
resolución de la Corte Suprema, fijó el 22 de enero como
fecha para los exámenes mentales.
Pinochet deberá contestar por primera vez el interrogatorio de
un juez chileno por los crímenes que cometió la Caravana
de la Muerte, una comitiva militar que él envió al mando
del general Sergio Arellano Stark en octubre de 1973, un mes después
del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende,
a recorrer el país y que, para atemorizar a la población
y a las propias filas uniformadas, ejecutó a 75 prisioneros políticos
–los cuerpos de 18 de ellos no han aparecido hasta hoy y se encuentran
por tanto secuestrados–, simpatizantes del depuesto gobierno izquierdista.
Cuatro de los jueces coincidieron en que a la encargatoria de reo de Guzmán
contra Pinochet le faltó un aspecto formal, técnico, la
declaración indagatoria del inculpado. Desecharon así el
argumento de Guzmán: que el interrogatorio escrito a Pinochet,
que el magistrado envió el 4 de octubre del año pasado por
exhorto a Londres, mientras el general estaba arrestado en esa ciudad
por petición de la Justicia española, y que el ex dictador
se negó a contestar, devolviéndolo en blanco, aunque en
una carta adjunta explicatoria que cursó al juez le planteó
que no tuvo “ninguna participación” en los hechos que
le imputaban, constituyera una declaración indagatoria.
Pero la Corte Suprema no cuestionó –como tampoco lo hizo antes
la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al acoger el recurso
de amparo de la defensa– el motivo de fondo del procesamiento de
Pinochet: las presunciones fundadas de que él fue quien envió
la comitiva militar que cometió los crímenes y nombró
un delegado, al general Arellano, para que la encabezara. El temor latente
de los querellantes era que la Suprema cuestionara los fundamentos de
fondo del auto de procesamiento. Sólo uno de los magistrados de
la segunda sala del Tribunal Superior, José Luis Pérez,
votó en contra del “habeas corpus” presentado por la
defensa de Pinochet.
Uno de los abogados querellantes, Hugo Gutiérrez, resumió
que la resolución fue como “una victoria con sabor a derrota”
para la defensa del general, porque éste se encuentra ahora “casi
procesado”. En cuanto
sea interrogado Pinochet, al día siguiente, el juez puede nuevamente
someterlo a proceso por los mismos fundamentos anteriores, sostuvieron
los querellantes. “La Corte Suprema ha ratificado que lo único
que falta es ladeclaración indagatoria”, planteó Gutiérrez
y agregó que “están dadas todas las condiciones para
que Pinochet sea procesado el día 21”.
A su vez, el jefe del equipo jurídico de Pinochet, el abogado Pablo
Rodríguez, consideró positivo el fallo porque la Corte Suprema
acogió su argumento de que el procesamiento del general dictado
por Guzmán fue arbitrario, sin considerar la imprescindible declaración
indagatoria a la que tiene derecho toda persona. Agregó que Pinochet
“no está en condiciones de ser sometido a proceso” ni
a un interrogatorio por su estado de salud, por lo que debe ser examinado
cuanto antes por los médicos, lo que sólo depende de estos
últimos.
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