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Por Victoria Ginzberg
 El presidente Fernando de la
Rúa dio por hecho ayer por la noche que conmutará, antes
de fin de año, las penas de los presos de La Tablada. “Eso
es lo más posible”, dijo en el programa “A Dos Voces”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA
hizo un guiño al Gobierno para que avanzara en este sentido. En
una nota firmada por Robert Goldman, comisionado relator para Argentina,
la CIDH consideró que es tiempo de que el Poder Ejecutivo adopte
medidas “de carácter excepcional” y dijo varias cosas
que el Gobierno esperaba oír: destacó sus esfuerzos para
cumplir con las recomendaciones y llamó al levantamiento de la
huelga de hambre que realizan los detenidos desde hace 115 días.
“La Comisión considera que se ha arribado a las circunstancias
mencionadas por el Gobierno sobre la inevitabilidad de adoptar medidas
de carácter excepcional por parte del Poder Ejecutivo”, se
aseguró en la comunicación que recibió ayer la Cancillería.
En este párrafo el organismo internacional hizo alusión
a un escrito del Gobierno, en el que se mencionó que el Poder Ejecutivo
adoptaría “medidas de carácter excepcional” si
“la acción o inacción” de los poderes Legislativo
y Judicial desembocaran en un “irreversible incumplimiento de las
obligaciones internacionales”. La CIDH mencionó que este tipo
de solución cumpliría con la recomendación que estimó
que el Estado argentino debía “reparar” el daño
causado a los presos. Además, explícitamente citó
el caso de Guillermo Maqueda, a quien el ex presidente Carlos Menem le
conmutó la pena ante un reclamo de la CIDH.
El organismo internacional repasó las recomendaciones que hizo
al Estado argentino en 1997. Así, expresó satisfacción
porque el Gobierno impulsó la reactivación de las investigaciones
de lo ocurrido durante la toma del Regimiento de La Tablada. La CIDH concluyó
en su informe que todos los asaltantes al cuartel fueron torturados y
que nueve miembros de MTP fueron ejecutados después de la recuperación
del regimiento.
La Comisión también envió un mensaje a los presos,
ya que señaló que “no avala una huelga de hambre que
afecta la salud y arriesga la vida de personas”. Y llamó a
que “por razones humanitarias” los huelguistas reconsideren
su decisión.
En un comunicado, la Cancillería señaló que además
de la OEA hay “muchos otros actores de la comunidad internacional
que aguardan con interés una pronta solución de la cuestión”.
El ministerio informó que recibe a diario notas y telegramas de
dignatarios eclesiásticos y personalidades extranjeras apoyando
la actitud del Poder Ejecutivo en favor del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el país.
El parte médico del Servicio Penitenciario Federal indica que Roberto
Felicetti, Miguel Aguirre, Luis Alberto Díaz, Carlos Motto y Claudio
Rodríguez están “hemodinámicamente descompensados
de regular a grave” y que padecen “mareos e hipotensión
ortostática” (al levantarse). Aguirre además está
bajo tratamiento con antibióticos por una “flebitis de miembro
superior”. Enrique Gorriarán Merlo también está
medicado, en su caso debido a la anemia. El líder del MTP, que
presenta una “desnutrición moderada a grave”, fue sometido
a distintos estudios hormonales de próstata.
La carta de la CIDH era una señal que el presidente Fernando de
la Rúa esperaba para firmar la conmutación de penas de los
presos. Por eso, varios funcionarios arriesgaron que la medida sería
“inminente” pero que la decisión final depende exclusivamente
del Presidente. Los abogados de los presos se quejaron por la especulación
que indica que, después de la reducción de las condenas,
los presos no saldrían enseguida, sino que deberían esperar
más de un año para recobrar su libertad. Rodolfo Yanzón,
abogado de los miembros del Movimiento Todos por la Patria, reiteró
que de esa manera los detenidos no levantarían la huelga de hambre.
El Gobierno está tanteando a los allegados a los huelguistas, ya
que la conmutación no saldría si los presos no levantan
la medida.
CARTA
DEL SERPAJ AL PRESIDENTE
“Hay falta de coraje”
El titular del Servicio de Paz
y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, le envió una
carta el presidente Fernando de la Rúa para hacerle llegar “algunas
preocupaciones”, entre ellas la situación de los presos de
La Tablada, y recordarle que le pidió una entrevista.
“Señor Presidente, usted conoce y no puede ignorar la urgencia
de implementar políticas sociales para revertir la grave situación
de violencia social y estructural que afecta a grandes sectores del pueblo”,
dice un fragmento del texto. En otro, el Premio Nobel de la Paz lamenta
no haber tenido respuesta a un pedido de entrevista que le hizo al Presidente
“con carácter urgente”. También hay una referencia
a la situación de los presos de La Tablada: “Es lamentable
la actuación de los protagonistas oficiales (...). Actúan
con falta de coraje, están paralizados por el miedo y no se atreven
a dar un paso para la aplicación del Pacto de San José de
Costa Rica”, puede leerse.
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OPINION
Por Gustavo Beliz
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1 La inversión social en la Argentina debe ser intocable.
Intocable por los políticos que la desvían con fines
partidistas y clientelares. E intocable por los economistas, que reducen
los presupuestos públicos sociales con un criterio tecnocrático
y poniendo por delante prioridades macroeconómicas.
2 Para garantizar lo anterior, propongo crear un Banco Central
de Reservas Sociales. Que concentre todos los recursos que en materia
social gastan las provincias, los municipios y la Nación, más
los aportes de los organismos internacionales. Y que los declare intangibles
de todo vaivén coyuntural.
3 Este Banco Central de Reservas Sociales debería estar
integrado por un directorio elegido por concurso, con criterio profesional
y federal y priorizando la labor de los representantes del tercer
sector y sector social, que vienen desarrollando una tarea impecable
de solidaridad.
4 El directorio del Banco debe trascender el mandato de un
presidente, para coordinar una auténtica política de
Estado en la lucha contra la pobreza, sin interferencias electorales
ni partidistas.
5 Estos recursos económico-sociales tienen que concentrarse
en una prestación básica: un salario social y educativo
familiar. Que sea percibido por el jefe de hogar desocupado, y que
esté atado a derechos y obligaciones. Con aplicación
al reentrenamiento laboral y educación del grupo familiar y
a la libre elección de su obra social.
6 Para alcanzar lo anterior, hay que terminar con la irracionalidad
de más de 100 programas sociales malgastados en todo el país,
que convierten a la lucha contra la pobreza en un auténtico
colador. Y hay que concentrar los recursos en la gente y no en el
despilfarro burocrático. (De cada 100 pesos que gasta la ministra
Fernández Meijide en política social, 45 pesos son gastos
administrativos y de consultoría.)
7 Hay que atar la lucha contra la evasión con la lucha
contra la pobreza. Por cada 100 pesos que aumente la recaudación
en el país, 50 pesos deben ir destinados a incrementar los
fondos del Banco Central de Reserva Social.
8 Los sectores más beneficiados por el modelo económico
en vigencia deben hacer un aporte extraordinario a este Banco Central
de Reserva Social. Así como lo hicieron durante el efecto tequila
para garantizar la estabilidad financiera, lo deben hacer hoy para
garantizar la estabilidad social, sin la cual no habrá crecimiento
ni reactivación posible.
9 Hay que reactivar la economía aumentando el consumo.
De esta manera se podrían volcar en una primera etapa 5000
millones de dólares al mercado interno, concentrados en los
sectores más vulnerables. Se podría llegar a 10 millones
de argentinos con una prestación transparente y eficaz.
10 Los políticos también deben hacer lo suyo:
los fondos reservados, los gastos de representación, los
sueldos exorbitantes, las Legislaturas elefantiásicas, la
publicidad electoralista, las exenciones impositivas aberrantes,
deben ser racionalizadas y aplicar sus recursos al Banco Central
de Reserva Social. Se trata de un contrato de solidaridad básico
–un piso inmediato para la emergencia recesiva– que posibilite
que en todo hogar con dificultades laborales exista una red de mínima
protección.
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