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Por Cristian Alarcón
 El gobierno bonaerense aceptó
esta semana el pago de una indemnización de 450 mil pesos a la
familia del estudiante Miguel Bru, torturado en la comisaría novena
de La Plata y desaparecido luego por miembros de la maldita policía.
Después de siete años y medio, y a poco de que la corte
provincial dejara firme la sentencia que condena a los asesinos del joven,
la Fiscalía de Estado acordó con los abogados patrocinantes
de Rosa y Néstor Bru lo que técnicamente se denomina un
“resarcimiento por el desistimiento de la acción de derecho
contra la provincia de Buenos Aires”. Esto implica que el Estado
reconoce que no es necesario un proceso civil para demostrar su responsabilidad
por los funcionarios policiales y judiciales que actuaron en el crimen.
“En realidad lo que nosotros iniciamos es primero una demanda por
daños y perjuicios al doctor Amílcar Vara, el juez que durante
años frenó la investigación por la desaparición
de Miguel”, explicó ayer a Página/12 Rosa Schonfeld
de Bru. La madre del estudiante de periodismo había desistido de
la idea de una demanda civil porque se negaba a “ponerle un monto
a la vida de un hijo, que es algo demasiado doloroso”. Pero este
año, en mayo, ante la inminencia de que prescribía una causa
penal en la que deberían investigarse los delitos cometidos por
el ex juez Vara, Schonfeld se presentó a través de los abogados
Guillermo Peñalva y Fernanda Ruelli como demandante contra el magistrado.
A ello los patrocinantes le continuaron una presentación civil
contra los autores responsables de las “torturas seguidas de muerte”
y la desaparición de Miguel Bru. Por ambas demandas el último
responsable es el Estado provincial, ya que los delincuentes, en este
caso, estaban bajo su órbita cuando causaron el daño producido.
Miguel Bru desapareció el 17 de agosto de 1993, cuando lo vieron
por última vez pasar en bicicleta cerca de un brazo de río
en General Bavio. Miguel vivía en una casa tomada de la calle 69,
en La Plata, cerca de la comisaría novena. Fueron los hombres fuertes
de la seccional con peor prontuario de la ciudad, el ex sargento Justo
López, y el ex jefe del Servicio de Calle, Walter Abrigo, quienes
lo amenazaron durante meses, después de que el chico los denunciara
por un allanamiento ilegal y abuso de autoridad. En el juicio oral en
el que ambos fueron condenados a cadena perpetua quedó demostrado
que secuestraron al joven y lo llevaron a la seccional, donde lo golpearon
y lo sometieron al submarino seco. Durante las torturas el chico perdió
la conciencia y lo sacaron de allí en un auto. Nunca se volvió
a saber del cuerpo del estudiante. En la causa también fueron condenados
como cómplices el ex comisario Juan Domingo Ojeda y el agente que
borró el nombre de Miguel Bru en los libros de ingreso de detenidos
a la comisaría, Ramón Ceresetto.
Desde el primer día la investigación por la desaparición
del joven estuvo viciada de trabas judiciales. El magistrado de turno,
Amílcar Vara, resultó ser uno de los mejores amigos de la
Bonaerense. En un juicio político se demostró que había
cometido irregularidades en 27 causas en las que siempre benefició
a la policía. “Tanto por la policía como por el juez
–dijo ayer Rosa Schonfeld– ahora la mayor parte de ese dinero
será para poder concretar un proyecto con el que soñamos,
que es una fundación para darles asesoramiento a todas las víctimas
del Estado que no saben cómo defenderse. Ese dinero me duele –dijo
llorando–. No es algo que nosotros hayamos perseguido más
que la justicia y no reemplazará jamás a Miguel.”
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