|
El presidente Fernando de la Rúa anunciará hoy los alcances
del decreto de conmutación de penas de los presos de La Tablada.
Ayer por la noche el escrito ya tenía la firma al menos de los
ministros de Justicia, Jorge de la Rúa, y de Interior, Federico
Storani. Los detenidos del Movimiento Todos por la Patria (MTP) deberán
decidir si levantan la huelga que realizan hace 115 días. La medida
del Gobierno no implicaría su liberación inmediata, aunque
la mayoría podría acceder a salidas transitorias.
El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, aseguró ayer que
el Presidente “se reserva hasta último momento la decisión
sobre el grado de reducción” de las penas. Lo mismo expresó
la viceministra de Interior, Nilda Garré, durante una entrevista
que mantuvo con representantes de organismos de derechos humanos y los
diputados brasileños Luis Eduardo Greendhau y Renato Simoes, que
vinieron a reclamar por la liberación de los miembros del MTP.
Sin embargo, distintos funcionarios aseguraban que el decreto ya tenía,
por lo menos, las firmas de los ministros de Interior, Federico Storani,
y de Justicia, Jorge de la Rúa.
Todo parece indicar que la prisión perpetua de Miguel Aguirre,
Luis Alberto Díaz, Carlos Motto, Claudio Rodríguez, María
Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Sergio
Paz y Claudio Veiga se reduciría a 20 años. Así,
si el juez de ejecución de la causa, Daniel Cisneros, los deja
en libertad cuando se cumplan los dos tercios de la condena, saldrían
en mayo del 2002. Pero ya estarían en condición de acceder
a las salidas transitorias o laborales.
Los casos que quedarían por resolver son los de Claudia Acosta,
quien recibió la pena de reclusión perpetua, y Roberto Felicetti,
condenado a reclusión perpetua con la accesoria de reclusión
por tiempo indeterminado.
Daniel Gabioud, actualmente en libertad condicional, aseguró que
los magistrados que juzgaron a los atacantes al cuartel consideraron que
Felicetti tenía antecedentes por haber estado preso durante la
última dictadura militar.
Acosta y Felicetti podrían acceder a la libertad condicional entre
el 2003 y el 2005. Sin embargo, su situación no está clara.
Un funcionario estimó que “los cabecillas”, en alusión
a Felicetti y Acosta, podrían quedar afuera de la conmutación.
Sin embargo, otros miembros del Ejecutivo rebatieron esta hipótesis,
ya que ambos presos están incluidos en el informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que denunció ante
el Estado argentino varias irregularidades cometidas con los presos de
La Tablada. Los que estarán excluidos del decreto presidencial
son el líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y su mujer,
Ana María Sívori.
Gorriarán fue apresado en México en 1995 y extraditado para
ser sometido a juicio, que recién se realizó en 1997, junto
a Sívori. Sus condenas –él recibió perpetua
más accesorias, ella 18 años– fueron revisadas por
orden de la Corte Suprema, y dejadas en firmes. Ellos, que contaron con
el beneficio de la doble instancia que les fue negado a los otros asaltantes,
no están incluidos en el informe de la CIDH.
El organismo internacional consideró probado en 1997, después
de realizar una investigación, que nueve miembros del MTP fueron
ejecutados después de su rendición y que todos los apresados
fueron torturados. Por esta situación recomendó que se realizará
una pesquisa sobre los hechos y que los detenidos fueran “reparados”.
La CIDH consideró además que la Ley de Defensa de la Democracia,
por la que fueron juzgados, era contraria a la Convención Americana
de Derechos Humanos por no permitir la apelación del fallo. En
este punto pidieron que se garantizara el acceso a ese derecho.
Apoyándose en la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales
el Gobierno intentó que el Congreso modificara la norma cuestionada,
pero no lo logró. Luego, la Corte rechazó la vía
judicial para solucionar este tema y –aunque al principio la decisión
fue no tomar ninguna medida– finalmente el Presidente anunciará
hoy la conmutación depenas. En los fundamentos del decreto se mencionará
el deber de satisfacer las sugerencias de la CIDH y observar los pactos
internacionales.
Ayer, el abogado Luis Llaneza denunció al Presidente, los nueve
ministros de la Corte Suprema y los legisladores nacionales de ambas cámaras
por “privación ilegal de la libertad” en perjuicio de
los presos de La Tablada.
Hoy, después de que sepan oficialmente cuáles son los montos
de las reducciones de sus condenas, los detenidos decidirán si
continúan con la huelga de hambre que los mantiene en un estado
de salud crítico e internados en los hospitales Fernández
y Santojanni. “Será una determinación de los presos
y lo van a resolver sólo cuando sepan cuál es la decisión
del Gobierno”, aseguraron allegados a los huelguistas.
|
